Criminalización de la protesta social

De Wikipedia, la enciclopedia libre
Saltar a: navegación, búsqueda

La expresión criminalización de la protesta social o criminalización del activismo social es utilizada por algunos investigadores y sectores sociales para referirse a la aplicación del código penal y los delitos y penas que el mismo contempla, a modalidades del activismo y de la protesta social, con el fin de debilitarla o desorganizarla.[1] La misma se encuentra relacionada con un debate en el seno de la sociedad,[2] sobre los límites de los actos de protesta y sobre todo las medidas de acción directa, vistos como ejercicio de la libertad de asociación y la libertad de expresión, y su posible colisión con ciertos derechos individuales de otras personas.

Antecedentes[editar]

La criminalización de la protesta social en las sociedades modernas tiene su origen en la prohibición de los sindicatos y luego la huelga en los países europeos, a fines del siglo XVIII y gran parte del sigo XIX, donde en muchos de estos casos la legislación se dirigía en contra de la libertad de asociación en el ámbito laboral (libertad sindical).[3] Algunos casos de resonancia mundial como las condenas a muerte en los Estados Unidos de los llamados Mártires de Chicago y de Sacco y Vanzetti.

Estrategia gubernamental[editar]

La criminalización de la protesta o el activismo social es una estrategia del Estado, aplicado por gobiernos o la fuerza pública, que implicaría la modificación y el uso de las leyes para detener y condenar con altas penas a los llamados activistas sociales, manifiestándose también en otras medidas que —fuera de la ley y gradualmente— consistirían en señalar, hostigar, perseguir, encarcelar, y hasta torturar y asesinar a quienes actúan motivados por opciones de vida políticas, comparándolos con delincuentes y/o terroristas.[4] [5]

Desde este punto de vista, la detención de activistas pretendería inhibir la protesta social; en sus manifestaciones más extremas constituiría una forma de terrorismo de Estado. Quienes estarían a cargo de inducir a la deslegitimación de los activistas y movimientos sociales serían políticos, jueces , policías y medios de comunicación.

Véase también[editar]

Referencias[editar]

Enlaces externos[editar]