Usuario:Paula Cuba/Taller

El cuartel Domingo Ayarza Nº 51 denominado como “Los Cabitos” establecido en Huamanga, Ayacucho fue un centro militar donde se ordenaron, permitieron y cometieron violaciones de derechos humanos a por lo menos 136 personas. Fueron las detenciones ilegales, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales durante los años de 1983 a 1985 las respuestas estatales a las acciones subversivas durante el Conflicto Armado Interno vivido en el Perú como una práctica sistemática, como lo data el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).

En el 2017, tras 34 años de búsqueda de justicia por parte de los familiares de las víctimas, se ha podido dictar sentencia a los culpables. El proceso legal duró 12 años y resolvió una condena de pena privativa de libertad de 30 y 23 años a Humberto Bari Orbegozo Talavera (75) y Pedro Edgar Paz Avendaño (79), respectivamente, por ser considerados responsables de 53 muertes en dicho cuartel.​

CONTEXTO El Conflicto Armado Interno se desarrolló en el Perú entre los años de 1980 al 2000 y tuvo como principal escenario la ciudad de Ayacucho ubicada en la serranía peruana. En este departamento el grupo subversivo Sendero Luminoso inició su ataque contra la población. Posteriormente, el Estado peruano declaró a Ayacucho en estado de emergencia poniéndolo bajo el amparo militar. Esto originó tensiones en la sociedad ayacuchana. Ante ello, las Fuerzas Armadas ubicadas en la zona de emergencia en Ayacucho eran superiores en número a la población residente, lo cual favoreció a la violación sistemática de derechos humanos. Llegándose a instalar un total de 60 bases militares. En Huamanga, se instaló el cuartel Los Cabitos en donde se operaron diversos crímenes contra los pobladores de forma represiva hacia ellos sin distinción alguna. Este cuartel operó durante los años 1983 y 1984 dejando un saldo de 136 ciudadanos, aproximadamente, según lo recogido por la CVR en su Informe Final.

MODUS OPERANDI Las denuncias sobre lo que realizaban los agentes del orden presentadas al Ministerio Público y los testimonios recogidos por la CVR por parte de las víctimas y familiares, se señalan, como perpetradores, a personas vestidas con uniforme policial o militar que portaban armas largas, ingresaban a las viviendas por la madrugada, no se identificaban, golpeaban a las personas y se las llevaban a lugares desconocidos. En total, se han documentado y analizado 138 casos de personas que fueron secuestradas, torturadas o asesinadas en referencia al caso de Los Cabitos por actuación militar.

La operación en Los Cabitos consistía en reconocer y ubicar subversivos, y esto se podía lograr mediante las detenciones arbitrarias gracias a la información recibida de informantes o arrancadas bajo tortura cometido en la instalación militar. Luego, se definía su organización y mandos, es decir, el puesto que ocupaban y las acciones que debían ejercer y posteriormente, se delimitaban las zonas y sectores de su actuación o influencia para poder reclutar a los otros. Si es que no se les encontraba cómplices de la lucha subversiva podían ser liberados, ejecutados extrajudicialmente o desaparecidos, el desenlace dependía del proceso de selectividad. Solo 19 fueron liberados. Simultáneamente, se llevaban a cabo acciones militares con el criterio de ejercer control sobre la población. Para ello identificaban a los líderes vecinales y gremiales que, según el razonamiento del Ejército, tenían ligazón con el senderismo. Asimismo, reclutaban a personas que trabajaban en entidades públicas o dentro de la sociedad civil para que sirvieran de colaboradores en la identificación de posibles sospechosos para facilitar la coordinación con las autoridades. Esta red de colaboradores se montó bajo la responsabilidad del mayor EP José Bertarelli Rodríguez. Este militar, según su informe de eficiencia, llegó a participar en operaciones especiales de inteligencia que incluían la eliminación de presuntos subversivos.

Las víctimas Los sobrevivientes han relatado que sufrieron torturas durante los interrogatorios para tratar que se auto inculpen. Varios de ellos fueron testigos de la ejecución de otros detenidos, así como de los ruegos y lamentos de las mujeres que eran violadas por sus captores. De las 53 víctimas que analizó el Poder Judicial, 33 están en condición de desaparecidos, 16 fueron torturados, 3 mujeres sufrieron violencia sexual y 1 fue ejecutado de forma extrajudicial. Y los otros casos no fueron aceptados por insuficiencia de prueba. La Comisión de la Verdad y Reconciliación constató en su Informe Final el registro de 109 personas más secuestradas y desaparecidas. A continuación se mencionan los nombres de las víctimas: Jaime Gamarra Gutiérrez, Zósimo Tenorio Prado, Gregorio Prisciliano Canchari, Ayala, Juan Darío Cuya Layme, Juan Huayhua Pariona, Marcelino Vargas Vilcamiche, Alejandro Huaña Huaña, Adrián Yupanqui Pilmihuamán, Bibiano Huayhua Pariona, Antonio Palomino Ochoa, Isidoro Bedoya Gutiérrez, Cesar Arturo Lozano Cuba, Julio Constantino Laurente Cisneros, Raúl Palomino Ventura, Simón Fidel Mendoza Auqui, Domingo Leonardo Mendoza Auqui, Luis Henry Medina Quispe, Juan Ranulfo Castro Rojas, Manuel Nalvarte Loayza, Jesús Teodosio Borda Chipana, Feliciano Coronel Romero, Rufino Rosalino Coronel Romero, Jorge Edilberto Cervantes Navarro, Luis Flores Galindo, Mario Joaquín López Peralta, Guadalupe Quispe Curi, Máximo Leoncio Jaime Peralta, José Rudy Jaime Peralta, Celestino Vicente Lozano Cuba, Norma Matiaza Cordero Martinelly, Bruno Pérez Melgar, Agustín Ramírez Espinoza, Fortunato Ramírez Espinoza, Carlos Fernando Janampa Quispe, Severino Huamancusi Quispe, Luis Alberto Córdova Ascona, Gabriel Dionisio Huamán Juárez, Cirilo Torres Soto, Pablo Gerardo Alvites Pariona, Jesús Ángel Bruno Cuadros, Juan Santiago Huamán, Marcelino Cconislla Aramburú, Gilberto Silvera Flores, Paulino Barboza López, Faustino Fernández Inga, Antonio Amao Godoy, Fredy Godoy García, Santiago Huicho Coras, Nemesio Lozano Alvarado, Cesáreo Cueto Gastelú, 10 CVR. Unidad de Investigaciones Especiales. Ayacucho, 2 de junio del 2003. Declaración testimonial de Ana María Ascarza Mendoza. 76 Edy Roberto Sulca Gómez, Marina Rojas Quichca, Maximiliana Allca Huamaní, Tito Arturo Cordero De La Cruz, Felipe Huamán Palomino, Carlos Rojas Gamboa, Alfredo Ramos Huamaní, Juan Llactahuamán Arango, Andrés Ochoa Quispe, Susana Pacheco Orcón, Ernesto Mota Orcón, Roberto Coras Rojas, Mauro Quispe Chumbes, Damián Pariona Fernández, Gilberto Delgadillo Yaranga, Arturo Humberto Alanya Arango, Artemio Espinoza Zavaleta, Ricardo Carrión Jaulis, Vicente Javier Tito, Amalquino Amador Conga Ataucusi, Severino Díaz Quispe, Eloy Barrón Barzola, Silvestre Quispe De La Cruz, Edilberto Salcedo Chocce, Víctor Ayala Cisneros, Feliciano Gómez Hinostroza, Julián Durand Huayanay, Valentín Quispe Gutiérrez, Agustín Toledo Vilca, Walter Gómez Flores, Agusto De La Cruz Cisneros, Eusebio Felices Poma Canchari, Teófilo Casavilca Rocha, Julio Gamboa Mendoza, Narciso Mendoza García, Alfredo Valencia Gómez, Jesús Salvatierra De La Cruz, Félix Mendoza Alarcón, Agustín Cárdenas Pariona, Celestino Quispe Mendoza, Luis Alberto Huamán Leche, Carlos Gamboa Mendoza, Lucio Constantino Anaya Apayco, Teodoro Huayta López, Evaristo Jaime Huacachi, Leonardo Domingo Mendoza Auqui, Jaime Meneses Quispe, Juan Américo Mendoza Bustamante, Antonio Gonzales Aparicio, Francisco Chaccere Yupa, Juan Ciprián Quispe, Mauro Ciprián Quispe, Víctor Auqui Pariona, Guillermo Carrión Quispe, Balbín Sicha Palomino, Félix Garamendi Salvatierra, Eleoterio Garamendi Huaytalla, Benjamín Vizcarra Ayala, Eugenio Vizcarra Arango.

Judicialización

Pese a que las denuncias recopiladas en la Defensoría del Pueblo y los testimonios recogidos por el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconcialiación, datan de 1983, es en el 2005 que se inicia un proceso judicial por desaparición forzada de 53 personas, de las cuales 33 siguen desaparecidas y el cuerpo de uno fue exhumado en el campo de tiro conocido como La Hoyada.​

Demanda

En el 2005 se inicia el proceso judicial llevado por los familiares de víctimas de personas desaparecidas con la asesoría legal de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH),  contra militares a cargo del cuartel Los Cabitos en el período 1983-1984: Pedro Edgar Paz Avedaño, jefe de inteligencia del centro de operaciones La casa Rosada; Humberto Bari Obergoso Talavera, Jefe del  Cuartel Los Cabitos; Carlos Arnaldo Briceño Zevallos,ex Comandante General de las Fuerzas Armadas; Carlos Millones D’stefano, ex jefe de Estado Mayor Operativo y Julio Carbajal D’Angelo, coronel  en retiro​ . En el año 2011 se da inicio al juicio oral que recoge testimonios de violaciones sexuales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas de personas detenidas y conducidas al cuartel Los Cabitos en 1983 .​

Sentencia

La madrugada del  18 de agosto 2017, el Colegiado “B” de la Sala Penal Nacional condenó a los militares en retiro Humberto Bari de Orbegozo Talavera (75) y Pedro Edgar Avedaño (79) a 30 y 23 años de pena privativa de la libertad efectiva, respectivamente. Ambos militares fueron encontrados culpables de los delitos de asesinato, abuso de autoridad agravada y detenciones arbitrarias cometidos en el cuartel Los Cabitos en 1983.  

El tribunal fue presidido por el juez Ricardo Brousset Salas e integran los magistrados María Vidal La Rosa Sanchez y Marco Cerna Bazán, también reservó la sentencia de los militares Carlos Millones Destefano (86) y Carlos Briceño Zevallos (90), por temas de salud mental; así como el juzgamiento de  Arturo Mores reno Alcántara, por encontrarse prófugo en Chile hasta que sea habido y puesto a disposición de la sala para lo cual se solicitará cada cuatro meses su ubicación y captura a nivel nacional e internacional.

El tribunal absolvió al coronel EP en retiro Roberto Saldaña Vásquez, ex jefe del Estado Mayor Administrativo del Cuartel Los Cabitos, por insuficiencia de pruebas en su contra.

La sentencia dispone también pagos por reparación civil de S/.250 mil, S/.200 mil y S/. 150 mil que deberán ser abonados de manera solidaria por los condenados, además del Estado, en favor de los herederos legales y familiares de cada una de las 53 víctimas de estos luctuosos hechos ocurridos hace 34 años.​

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LOS CABITOS

El cuartel Domingo Ayarza Nº 51 denominado como “Los Cabitos” establecido en Huamanga, Ayacucho fue un centro militar donde se ordenaron, permitieron y cometieron violaciones de derechos humanos a por lo menos 136 personas. Fueron las detenciones ilegales, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales durante los años de 1983 a 1985 las respuestas estatales a las acciones subversivas durante el Conflicto Armado Interno vivido en el Perú como una práctica sistemática, como lo data el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).​

En el 2017, tras 34 años de búsqueda de justicia por parte de los familiares de las víctimas, el Poder Judicial ha podido dictar sentencia a los culpables. El proceso legal duró 12 años y resolvió una condena de pena privativa de libertad de 30 y 23 años a Humberto Bari Orbegozo Talavera (75) y Pedro Edgar Paz Avendaño (79), respectivamente, por ser considerados responsables de 53 muertes en dicho cuartel.

Contexto

El Conflicto Armado Interno se desarrolló en el Perú entre los años de 1980 al 2000 y tuvo como principal escenario la ciudad de Ayacucho ubicada en la serranía peruana. En este departamento el grupo subversivo Sendero Luminoso inició su ataque contra la población. Posteriormente, el gobierno de turno declaró a Ayacucho en estado de emergencia poniéndolo bajo el amparo militar. Esto originó tensiones en la sociedad ayacuchana.

Ante ello, las Fuerzas Armadas ubicadas en la zona de emergencia en Ayacucho eran superiores en número a la población residente, lo cual favoreció a la violación sistemática de derechos humanos. Llegándose a instalar un total de 60 bases militares. En Huamanga, se instaló el cuartel Los Cabitos en donde se operaron diversos crímenes contra los pobladores de forma represiva hacia ellos sin distinción alguna. Este cuartel operó durante los años 1983 y 1984 dejando un saldo de 136 ciudadanos, aproximadamente, según lo recogido por la CVR en su Informe Final.

Modus Operandi

Las denuncias sobre lo que realizaban los agentes del orden presentadas al Ministerio Público y los testimonios recogidos por la CVR por parte de las víctimas y familiares, se señalan, como perpetradores, a personas vestidas con uniforme policial o militar que portaban armas largas, ingresaban a las viviendas por la madrugada, no se identificaban, golpeaban a las personas y se las llevaban a lugares desconocidos. En total, se han documentado y analizado 138 casos de personas que fueron secuestradas, torturadas o asesinadas en referencia al caso de Los Cabitos por actuación militar.

La operación en Los Cabitos consistía en reconocer y ubicar subversivos, y esto se podía lograr mediante las detenciones arbitrarias gracias a la información recibida de informantes o arrancadas bajo tortura cometido en la instalación militar. Luego, se definía su organización y mandos, es decir, el puesto que ocupaban y las acciones que debían ejercer y posteriormente, se delimitaban las zonas y sectores de su actuación o influencia para poder reclutar a los otros. Si es que no se les encontraba cómplices de la lucha subversiva podían ser liberados, ejecutados extrajudicialmente o desaparecidos, el desenlace dependía del proceso de selectividad. Solo 19 fueron liberados.

Simultáneamente, se llevaban a cabo acciones militares con el criterio de ejercer control sobre la población. Para ello identificaban a los líderes vecinales y gremiales que, según el razonamiento del Ejército, tenían ligazón con el senderismo.

Asimismo, reclutaban a personas que trabajaban en entidades públicas o dentro de la sociedad civil para que sirvieran de colaboradores en la identificación de posibles sospechosos para facilitar la coordinación con las autoridades.

Esta red de colaboradores se montó bajo la responsabilidad del mayor EP José Bertarelli Rodríguez. Este militar, según su informe de eficiencia, llegó a participar en operaciones especiales de inteligencia que incluían la eliminación de presuntos subversivos.

Las víctimas

Los sobrevivientes han relatado que sufrieron torturas durante los interrogatorios para tratar que se auto inculpen. Varios de ellos fueron testigos de la ejecución de otros detenidos, así como de los ruegos y lamentos de las mujeres que eran violadas por sus captores.

De las 53 víctimas que analizó el Poder Judicial, 33 están en condición de desaparecidos, 16 fueron torturados, 3 mujeres sufrieron violencia sexual y 1 fue ejecutado de forma extrajudicial. Y los otros casos no fueron aceptados por insuficiencia de prueba.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación constató en su Informe Final el registro de 109 personas más secuestradas y desaparecidas. A continuación se mencionan los nombres de las víctimas: Jaime Gamarra Gutiérrez, Zósimo Tenorio Prado, Gregorio Prisciliano Canchari, Ayala, Juan Darío Cuya Layme, Juan Huayhua Pariona, Marcelino Vargas Vilcamiche, Alejandro Huaña Huaña, Adrián Yupanqui Pilmihuamán, Bibiano Huayhua Pariona, Antonio Palomino Ochoa, Isidoro Bedoya Gutiérrez, Cesar Arturo Lozano Cuba, Julio Constantino Laurente Cisneros, Raúl Palomino Ventura, Simón Fidel Mendoza Auqui, Domingo Leonardo Mendoza Auqui, Luis Henry Medina Quispe, Juan Ranulfo Castro Rojas, Manuel Nalvarte Loayza, Jesús Teodosio Borda Chipana, Feliciano Coronel Romero, Rufino Rosalino Coronel Romero, Jorge Edilberto Cervantes Navarro, Luis Flores Galindo, Mario Joaquín López Peralta, Guadalupe Quispe Curi, Máximo Leoncio Jaime Peralta, José Rudy Jaime Peralta, Celestino Vicente Lozano Cuba, Norma Matiaza Cordero Martinelly, Bruno Pérez Melgar, Agustín Ramírez Espinoza, Fortunato Ramírez Espinoza, Carlos Fernando Janampa Quispe, Severino Huamancusi Quispe, Luis Alberto Córdova Ascona, Gabriel Dionisio Huamán Juárez, Cirilo Torres Soto, Pablo Gerardo Alvites Pariona, Jesús Ángel Bruno Cuadros, Juan Santiago Huamán, Marcelino Cconislla Aramburú, Gilberto Silvera Flores, Paulino Barboza López, Faustino Fernández Inga, Antonio Amao Godoy, Fredy Godoy García, Santiago Huicho Coras, Nemesio Lozano Alvarado, Cesáreo Cueto Gastelú, 10 CVR. Unidad de Investigaciones Especiales. Ayacucho, 2 de junio del 2003. Declaración testimonial de Ana María Ascarza Mendoza. 76 Edy Roberto Sulca Gómez, Marina Rojas Quichca, Maximiliana Allca Huamaní, Tito Arturo Cordero De La Cruz, Felipe Huamán Palomino, Carlos Rojas Gamboa, Alfredo Ramos Huamaní, Juan Llactahuamán Arango, Andrés Ochoa Quispe, Susana Pacheco Orcón, Ernesto Mota Orcón, Roberto Coras Rojas, Mauro Quispe Chumbes, Damián Pariona Fernández, Gilberto Delgadillo Yaranga, Arturo Humberto Alanya Arango, Artemio Espinoza Zavaleta, Ricardo Carrión Jaulis, Vicente Javier Tito, Amalquino Amador Conga Ataucusi, Severino Díaz Quispe, Eloy Barrón Barzola, Silvestre Quispe De La Cruz, Edilberto Salcedo Chocce, Víctor Ayala Cisneros, Feliciano Gómez Hinostroza, Julián Durand Huayanay, Valentín Quispe Gutiérrez, Agustín Toledo Vilca, Walter Gómez Flores, Agusto De La Cruz Cisneros, Eusebio Felices Poma Canchari, Teófilo Casavilca Rocha, Julio Gamboa Mendoza, Narciso Mendoza García, Alfredo Valencia Gómez, Jesús Salvatierra De La Cruz, Félix Mendoza Alarcón, Agustín Cárdenas Pariona, Celestino Quispe Mendoza, Luis Alberto Huamán Leche, Carlos Gamboa Mendoza, Lucio Constantino Anaya Apayco, Teodoro Huayta López, Evaristo Jaime Huacachi, Leonardo Domingo Mendoza Auqui, Jaime Meneses Quispe, Juan Américo Mendoza Bustamante, Antonio Gonzales Aparicio, Francisco Chaccere Yupa, Juan Ciprián Quispe, Mauro Ciprián Quispe, Víctor Auqui Pariona, Guillermo Carrión Quispe, Balbín Sicha Palomino, Félix Garamendi Salvatierra, Eleoterio Garamendi Huaytalla, Benjamín Vizcarra Ayala, Eugenio Vizcarra Arango.