Publicidad oficial en México

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La publicidad oficial en México se refiere a la compra de espacios publicitarios que realizan los distintos niveles de gobierno en medios de comunicación de ese país.[1]​ Tal actividad está determinada y justificada por el derecho a saber y el derecho de acceso a la información que tienen las y los ciudadanos, las obligaciones de transparencia del gobierno hacia la misma[2]​ y la necesidad de los gobiernos de informar y de publicitar el uso del presupuesto y las acciones derivadas de la administración pública, entre otras.[3]

En oposición, académicos, organizaciones no gubernamentales y de derechos humanos mexicanas y de otros países han señalado el uso de las compras de espacios como método de coerción, censura sutil y control de los contenidos y las posturas de los medios, en vehículo de propaganda política y de difusión de los funcionarios a nivel personal -especialmente en temporadas electorales- así como la concentración de las compras publicitarias o en pocas empresas de medios de comunicación, especialmente las de comunicación masiva como la televisión.[1]​ Incluso, algunas investigaciones han revelado cómo, en el pasado, la publicidad oficial mexicana ha sido empleada como herramienta comunicativa para legitimar y justificar la fallida guerra al narcotráfico.[4]

Referencias históricas[editar]

Durante el siglo XX los diferentes gobiernos emanados del Partido Revolucionario Institucional hicieron un uso de control y censura tanto con la publicidad oficial como con recursos jurídicos asociados a la comunicación.[5]

En la gestión de Gustavo Díaz Ordaz parte de la estrategia de terrorismo de estado se asoció a la coerción y a la censura de los principales medios de comunicación con el fin de comunicar tanto el discurso oficial del gobierno hacia el movimiento de 1968 como con la confirmación de las discursivas ordenadas por el poder ejecutivo.[6]​ En 1969 como represalia a los medios que dieron voz a los protagonistas del movimiento como estudiantes, profesores y expertos, fue promulgado un impuesto el 25% a los ingresos publicitarios de los medios de comunicación. Negociaciones de los empresarios de los medios de comunicación con Díaz Ordaz lograron reducirlo al 12.5% y que el pago de dicho impuesto se hiciera en especie, es decir, con tiempo de transmisión gratuita para el gobierno.[5]

Luis Echeverría Álvarez, por su parte, realizaría distintas maniobras políticas para conservar el control de los medios de comunicación, por ejemplo, el retiro de publicidad oficial a medios críticos o no alineados al gobierno y la influencia en empresas para retirarles a estos contrataciones de anuncios privados. El culmen de dichas intervenciones se vería en la influencia jugada en el gobierno de México en el golpe a Excélsior en 1976.[5]

En los años 80 se hizo del conocimiento público la frase del entonces presidente José López Portillo "No te pago para que me pegues" dicha al periodista Francisco Martínez de la Vega en una comida a periodistas por el Día Mundial de la Libertad de Prensa el 7 de junio de 1982, usada para denostar a los medios que publicaron noticias o materiales adversos a la postura gubernamental y que recibían publicidad oficial.[7]

Características[editar]

La publicidad oficial es la contratación directa de espacios publicitarios como el presupuesto de comunicación social del gobierno federal, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales e incluso dependencias específicas que cuentan con ello (direcciones, secretarías y subsecretarías federales, estatales y municipales).[2]

La publicidad oficial en México es el ingreso principal de los medios de comunicación mexicanos y puede llegar a ser la única forma de subsistencia de muchos.[8]​ Las reducciones presupuestales en publicidad oficial tras la elección de Andrés Manuel López Obrador como presidente del país podría estar relacionada con una ola de despidos en distintos medios mexicanos en 2018 y 2019.[9]

En algunos casos la publicidad oficial se expresa no en forma de anuncios explícitos sino en la gestión del contenido de manera sesgada,[10]​ existiendo medios de comunicación que reciben publicidad oficial y están enteramente dedicados a la reseña de actos y noticias de los gobernantes en turno sin mediar ningún recurso que así lo indique como las leyendas "inserción pagada" o marcas editoriales que indiquen que la información es pagada por un agente externo. De este modo recae en el medio la responsabilidad de la publicación y no en el contratante y esto se hace con el fin de eludir el cumplimiento del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que indica:

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.
Artículo 134 de la Constitución


Uso político de la publicidad oficial[editar]

Entre los usos políticos de la publicidad oficial como censura sutil o indirecta se encuentran:[2]

  • El otorgamiento o retiro discrecional de la publicidad como método ya sea de premiación o de represalia.[11]
  • La influencia en la línea editorial de los medios de comunicación para hacerlos más complacientes o críticos según la coyuntura
  • La censura abierta de ciertos contenidos
  • La concentración en ciertas compañías o personas que tienen un comportamiento complaciente o crítico a corto, mediano y largo plazo
  • El otorgamiento o retiro de concesiones gubernamentales para empresas de medios

Ley General de Comunicación Social[editar]

Con el fin de regular el gasto en esta materia, organizaciones y activistas promovieron la Ley General de Comunicación Social, una serie de disposiciones para regular el gasto público en publicidad oficial.[12]

Enlaces externos[editar]

Referencias[editar]

  1. a b «Publicidad oficial». Media Ownership Monitor. Consultado el 5 de octubre de 2019. 
  2. a b c ARTICLE 19 / Fundar, Centro de Análisis e Investigación, ed. (2013). Índice de acceso al gasto en publicidad oficial en las entidades federativas. México. 
  3. Fundar. «Publicidad oficial en México: la censura estructural». 
  4. Prieto Mora, Hermes Ulises. La publicidad oficial en México. Tirant. ISBN 9788418656743. 
  5. a b c Martínez Sánchez, Omar (2016). Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal, ed. Ética y autoregulación periodística en México. México. 
  6. Serna, Ana María (2014-6). «La vida periodística mexicana y el movimiento estudiantil de 1968». Signos históricos 16 (31): 117-159. ISSN 1665-4420. Consultado el 3 de octubre de 2019. 
  7. Jesús Ramírez Cuevas. «La relación prensa-poder vista desde las regiones. No pago para que me peguen, divisa vigente». www.jornada.com.mx. Consultado el 5 de octubre de 2019. 
  8. Ahmed, Azam (25 de diciembre de 2017). «Con su enorme presupuesto de publicidad, el gobierno mexicano controla los medios de comunicación». The New York Times. ISSN 0362-4331. Consultado el 5 de octubre de 2019. 
  9. Beauregard, Luis Pablo (3 de mayo de 2019). «Fin de ciclo para la prensa mexicana». El País. ISSN 1134-6582. Consultado el 5 de octubre de 2019. 
  10. «Gobierno de EPN gasta 1 mdp por hora en publicidad». Animal Político. 5 de septiembre de 2017. Consultado el 5 de octubre de 2019. 
  11. «La regulación de la publicidad oficial en México: la vieja relación entre gobierno, medios y sociedad - Revista Zocalo». www.revistazocalo.com.mx. Consultado el 5 de octubre de 2019. 
  12. Villegas, Paulina (17 de abril de 2018). «La ley de publicidad oficial en México que los críticos tildan de inútil». The New York Times. ISSN 0362-4331. Consultado el 5 de octubre de 2019.