Usuaria:Jaluj/Taller/Ingreso Ciudadano para la Niñez

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El Ingreso Ciudadano para la Niñez (INCINI) fue un proyecto de ley argentino relacionado con la renta básica universal que proponía una "asignación monetaria" mensual para todos los menores de 18 años que tuvieran nacionalidad argentina. Su postulación más conocida fue la realizada en 1997 por las legisladoras de la Unión Cívica Radical, Elisa Carrió y Elisa Carca, retomada luego por el partido posterior de Carrió, la Coalición Cívica ARI.[1]​ También hubo proyectos similares presentados posteriormente por otros legisladores de diferentes partidos políticos, como Claudio Lozano, y sostenidos por otras organizaciones, como la Central de Trabajadores Argentinos.

Antecedentes[editar]

En 1872, en Inglaterra, el sociólogo John Ruskin argumentaba que «el primer deber de todo Estado es que todo niño que nace sea bien alimentado, vestido y educado hasta alcanzar la mayoría de edad». En 1918, el filósofo inglés Bertrand Russell escribió que «un ingreso mínimo, suficiente para afrontar las necesidades, debería estar al alcance de todos los habitantes, independientemente de si trabajen o no». En 1948 la Declaración Universal de Principios de las Naciones Unidas estableció en su artículo 25 un concepto similar al de un ingreso mínimo universal para enfrentar las necesidades básicas.[2]​ En el libro La razón de mi vida de Eva Perón, publicado en 1951, la primera dama propone dotar a las mujeres argentinas de un ingreso desde el día de su casamiento, con el objetivo de reforzar los lazos de la familia y el matrimonio, planteando también la posibilidad de asignar otro monto a las mujeres por cada hijo nacido.[3]

Durante el siglo XX, varios economistas destacados, entre ellos los galardonados con el Premio Nobel de Economía, John Kenneth Galbraith, James Tobin y James Meade, suscribieron la idea de un ingreso mínimo para todos los ciudadanos. El liberal Milton Friedman, por su parte, propuso un impuesto negativo al ingreso: el Estado compensaría monetariamente a quienes quedaran por debajo de un ingreso mínimo.[2]

En 1994, los economistas del Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas (CIEPP), Alberto Barbeito y Rubén Lo Vuolo, junto con las legisladoras de la Unión Cívica Radical, Elisa Carrió y Elisa Carca, crearon un proyecto de ley de ingreso ciudadano para los niños, niñas y adolescentes, basado en los trabajos anteriores de los economistas.[4][5][6][7]El concepto estaba inspirado en el modelo de renta mínima de los países escandinavos y era percibido como un derecho de todos los ciudadanos a cobrar una cuota mensual del Estado[cita requerida]. El proyecto proponía, en el caso de los niños, generar un ingreso que provendría del Estado y que debía ser independiente del trabajo realizado e independientemente de los ingresos que tuvieran sus padres.[4]

Esta idea de un ingreso para todos los niños que fueran ciudadanos argentinos, según quienes la postulaban, consistía en garantizar el derecho de todas las niñas, niños y adolescentes a recibir de forma universal e incondicional un ingreso en forma permanente.[4]​ Los defensores de este tipo de políticas afirman asimismo que se trata de una medida que podría acabar con la pobreza y que, además, podría generar una mayor libertad a la hora de buscar trabajo, porque le permitiría al ciudadano buscar un empleo que sea más acorde con su formación sin verse obligado a aceptar condiciones de trabajo miserables.[8]

Los argumentos centrales para defender como primer paso el Ingreso Ciudadano (IC) a la infancia sostienen que, en Argentina y en América Latina, “la mayoría de los pobres son niños y la mayoría de los niños son pobres”. Gran parte de la pobreza individual se explica por el mayor tamaño de los hogares y por la mayor proporción de personas económicamente dependientes (menores, ancianos) en los mismos, situación que aumenta la presión sobre el ingreso de los miembros económicamente activos. La ausencia de mínimas redes de seguridad social hace que la única salida que tienen estos hogares para mejorar sus ingresos sea lanzar a más miembros a la búsqueda de alguna actividad remunerada.

Barbeito y Lo Vuolo (2003): El “ingreso ciudadano” en la agenda de políticas públicas de la Argentina[7]

Proyecto de 1997 y posteriores[editar]

En 1997, las entonces diputadas Elisa Carrió y Elisa Carca, de la Unión Cívica Radical, presentaron el proyecto de ley del Fondo del Ingreso Ciudadano de la Niñez (FINCINI) ante el Congreso de la Nación. El mismo consistía en la creación de un fondo para la creación e implementación del Ingreso Ciudadano para la Niñez, la Atención Prenatal y de las Personas con Discapacidad (INCINI), al Beneficio por Maternidad y a los Beneficios por Nacimiento y Adopción. El INCINI significaba la extensión del beneficio pagado por el programa de asignaciones familiares instrumentadas a través del ANSES, a la totalidad de los niños del país, con independencia del estatus laboral y del ingreso de los padres.[9]​ Asimismo, el proyecto planteaba que los recursos para el fondo serían: el programa de asignaciones familiares, para lo cual se mantendría en vigencia la tasa contributiva que grava a los salarios; la reforma del impuesto a las ganancias de las personas físicas, que contemplaba la eliminación de las exenciones fiscales de determinadas rentas (principalmente, la inclusión como sujeto impositivo de las rentas financieras y los dividendos distribuidos por las sociedades de capital); la eliminación de las deducciones por cargas de familia del impuesto a las ganancias de las personas físicas; el co-financiamiento de las provincias, atento a que, como resultado del INCINI, éstas verían disminuir las demandas asistenciales por parte de las familias. En los hechos, el aporte provincial consistiría en la aplicación parcial de transferencias fiscales que el gobierno nacional les destinaba para atender situaciones de emergencia social.[10]

En la justificación del proyecto de ley se mencionaba «la necesidad de otorgarle a los argentinos una red de seguridad en los ingresos, especialmente a los niños».[11]​ Así, la propuesta del proyecto era que «en lugar de continuar profundizando programas discrecionales que buscan focalizar la asistencia en aquellas personas y/o grupos familiares con determinadas privaciones, debería tenderse a desarrollar intervenciones de carácter universal y preventivo».[12]​ Se lo consideraba un sistema de ingreso universal concebido como un derecho, una política de carácter universal para favorecer la integración y disminuir la pobreza, y no como una dádiva estatal.[13]

En 1997 asumimos la propuesta como una suerte de utopía cuya intención principal era instalar la discusión del tema y, de paso, señalar que el modelo social que se venía implantando era un colosal proceso de transferencia de los sectores medios y bajos de la sociedad hacia los más ricos... hoy día lo asumimos y planteamos como una necesidad.

Elisa Carrió[14]

Se presentó como destinado a niños menores de dieciocho años sin distinción de clases sociales. Esto último introducía la novedad y también la polémica: no iba dirigido sólo a los niños pobres.[15]

La escritora Laura Di Marco sostiene que el proyecto no prosperó porque la mayor parte del peronismo se opuso, y afirma también que la resistencia de éstos se debía a que un ingreso universal apuntaba a desactivar el clientelismo político, ya que su otorgamiento no dependía de la evaluación de un funcionario o de un puntero político, sino que la otorgaba el estado directamente. Según la misma autora, el proyecto significaba pasar del concepto de «dádiva personalista» al de «ampliación de derechos».[15]

A partir del año 1997 se fueron presentando distintos proyectos en el Congreso de la Nación de Ingreso Ciudadano para la Niñez. La Red Argentina de Ingreso Ciudadano lo impulsaba a partir del Frente Nacional contra la Pobreza.[16][17]

Se trataba de un tema que había comenzado en ámbito académico, a partir del reclamo de movimientos sociales y de diversas organizaciones independientes, como el Frente Nacional contra la Pobreza (FRENAPO), para llegar a ser tomado por el ámbito político que fue el que lo impulsó como proyecto de ley. Según el planteo de Rubén Lo Vuolo, todas las personas tendrían que tener el derecho a un ingreso de manera incondicional. Los miembros de REDAIC (Red Argentina de Ingreso Ciudadano) fueron los primeros en sostener en los congresos de la red internacional que, en América Latina, el camino hacia el ingreso ciudadano debería comenzar por la garantía de un ingreso a la niñez.[18]

Está comprobado que medidas como el Ingreso Ciudadano para la Niñez «tienen consecuencias muy positivas porque mejoran la integración social y la permanencia de los niños dentro del sistema educativo».[19]

La crisis del 2001 y el Plan Jefes de Hogar[editar]

Durante el mandato del presidente Fernando de la Rúa se anunció un «salario de ciudadanía» o «salario de inserción», condicionado a contraprestaciones laborales, formación educativa y técnica y atención sanitaria de los niños, y se concretó con grupos reducidos, considerados vulnerables, a los cuales se les otorgaba un ingreso monetario por un período de tiempo limitado.[7]​ Antes de dejar el gobierno de forma traumática e imprevista, De la Rúa anunció a través del Decreto del Poder Ejecutivo Nº 1382 de noviembre de 2001 que, a partir de enero de 2002, regiría una «garantía de ingreso básico familiar» denominada «Sistema Integrado de Protección a la Familia» (SIPROF), que consistiría en una asignación por hijo, pagadera mensualmente a las familias, con independencia de la condición laboral de los padres. Sin embargo, el decreto fue derogado antes del plazo legal previsto para su entrada en vigencia.[20][7]

A fines de 2000 se recolectaron firmas de adhesión a un petitorio para que el Poder Ejecutivo convocara a una Consulta Popular para peticionar el dictado de la ley de Ingreso Ciudadano pero, a pesar de que se consiguieron la cantidad de firmas necesarias según la reforma constitucional de 1994, el gobierno no escuchó la petición. El FreNaPo (Frente Nacional Contra la Pobreza), realizó, en 2001, una consulta popular no oficial en la que más de 3 millones de ciudadanos votaron por el «SI».[7]

En 2001, Elisa Carrió, que ya había creado el ARI, decidió presentar nuevamente el proyecto de ley de Ingreso Ciudadano para la Niñez, pero éste ni siquiera llegó a tratarse en el Congreso. Incluso los políticos del ARI llevaron el proyecto a varios obispados buscando el apoyo necesario para promoverlo, sin éxito.[15]

En 2002, justo después de la crisis del 2001, el presidente peronista Eduardo Duhalde firmó el decreto 565/021 que reglamentó el Programa de Jefes de Hogar, también denominado Derecho Familiar de Inclusión Social: Plan Jefes y Jefas Desocupados. Este plan asistencial, que consistía en una ayuda financiera mensual no remunerativa de 150 pesos argentinos a las familias más necesitadas que estaban viviendo la crisis a cambio de una serie de contraprestaciones que debían realizar los llamados «beneficiarios del plan», que eran los jefes o jefas de hogar desocupados con hijos menores a cargo, era un instrumento necesario en ese momento de crisis para «para apaciguar un conflicto social de características inéditas que ponía en juego la continuidad del sistema político institucional».[21]

Existen fuertes diferencias entre una ayuda financiera como política de un gobierno, y una política de Estado; los decretos no son permanentes. Según Lo Vuolo, «siempre un ingreso para la niñez que sea incondicional y universal es mejor que uno condicionado y focalizado».[18]​ De acuerdo con un estudio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el objetivo de las instituciones de política social basada en la ley formal es «proteger al ciudadano de las inseguridades materiales individuales como enfermedades, falta de trabajo, ausencia del sostén del hogar, falta de ingresos para afrontar la maternidad, la discapacidad física o psíquicas o la vida pasiva en la vejez.» En cambio, el objetivo de las políticas asistenciales es asistir a desocupados a cambio del desempeño de un empleo, o bien asistir «directamente a las familias y a las personas, reclamando como contraprestación el cumplimiento de ciertas características personales.»[21]

Este tipo de planes sociales fueron muy criticados desde la oposición porque éste afirmaba que solían ser utilizados con fines políticos y que favorecían el clientelismo político y la corrupción.[22][23]​ Según el CELS, «lejos de la pretensión de consagrar un derecho, el plan se limita a distribuir beneficios asistenciales precarios, que no alcanzan a cubrir las necesidades mínimas de la población en situación de indigencia».[21]

El Plan Jefes y Jefas recibió muchas denuncias de corrupción debido al uso de mecanismos clientelares: en muchos casos, los «beneficiarios» debían dejar el 20% al puntero políticos que se los otorgaba. Además afectaba los principios de universalidad e igualdad porque discriminaba personas que estaban en la misma situación que los beneficiarios pero no recibían el plan, por ejemplo, los jóvenes desocupados, los jefes y jefas de hogar desocupados sin hijos o con hijos mayores, y las personas mayores sin cobertura previsional no podían acceder al «beneficio».[24][21]​ Otra crítica era que las supuestas contraprestaciones no se cumplían.[25]​ Se lo criticaba por su carácter asistencialista y prebendario, y por los problemas de asignación, control y manipulaciones políticas. Incluso el Consejo Consultivo Nacional de Políticas Sociales llegó a criticar el manejo discrecional del dinero, y solicitó que «el beneficio alcance a todas las familias que se encuentran por debajo de la línea de la pobreza y la indigencia, sin discriminación alguna».[24]​ Además, no se lograba monitorear el cumplimiento de las contraprestaciones ni había sanciones para las irregularidades detectadas.[7]

Insistencia del ARI con el Ingreso Ciudadano para la Niñez[editar]

En 2002, Elisa Carrió aseguró:

Será nuestra prioridad, porque es el camino para recuperar la familia y darle ciudadanía a la niñez y a la vejez. Con el Ingreso Ciudadano cambia el mapa de la pobreza y la indigencia en la Argentina.[26]

En 2003, durante su campaña presidencial con el ARI, Elisa Carrió prometió que su primera medida, si ganaba las elecciones y llegaba a ser presidenta, iba a ser crear el «Ingreso Ciudadano para la Niñez, 100 pesos por chico, que va a traer paz».[27][28]

Cuando Elisa Carrió y Elisa Carca formaban parte del ARI volvieron a presentar el proyecto ante el Congreso, otra vez sin éxito.[29]​ Tanto la UCR, como el ARI, como Recrear, apoyaban la idea de imponer un sistema de ingreso universal concebido como un derecho, no como una dádiva pero las diferencias aparecían cuando se discutía si el beneficio debía alcanzar a todos, sin importar su condición económica, o sólo a los sectores más empobrecidos.[24]

El 22 de octubre de 2004 el ARI propuso «una consulta popular para que la gente apruebe el Ingreso Ciudadano para la Niñez». Marta Maffei, autora del proyecto y Eduardo Macaluse, entonces presidente del bloque ARI acompañaron la iniciativa.[30]

Se trataba de una asignación mensual para ser administrada por las madres para garantizar prestaciones de salud y alimentos para sus hijos.[31]​ Pero la Ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, no quería que se desmantelaran los planes asistenciales Jefes y Jefas de Hogar, cuyos fondos manejaba el Ministerio a su cargo.[24]​ En ese momento el Plan Jefes y Jefas sumaba 1 400 000 beneficiarios.[25]

En 2006, el presidente Néstor Kirchner propuso la creación del Plan Familias, un nuevo plan asistencial que incluiría contraprestaciones laborales y obligaciones en salud y educación y que sería monitoreado por el Gobierno, pero conducido desde los municipios, y que se financiaría con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de 700 millones de dólares a los que el Estado nacional agregaría otros 300 millones, para terminar con los planes sociales de su predecesor, Eduardo Duhalde.[25]

En 2006, Elisa Carrió volvió a presentar, junto al diputado Adrián Pérez, su propuesta de Ingreso Ciudadano de la Niñez al Congreso, con el objetivo de impulsar políticas sociales universales en vez de continuar creando planes focalizados, otra vez sin resultados.[32]​ El proyecto de Ingreso Ciudadano a la Niñez ya incluía la obligación de asistencia a la educación formal y la demostración de controles médicos y vacunación al día.[11]​ En mayo de 2008, se presentó nuevamente el proyecto de ley que contemplaba la creación del Fondo para el Ingreso Ciudadano de la Niñez (INCINI).[33]​ Se trataba de la garantía del derecho a un ingreso básico, universal e incondicional para todas las personas menores de una determinada edad. La crítica al gobierno kirchnerista apuntaba a que la gente estaba atrapada en múltiples programas asistenciales que exigían demostrar que no se tenían empleo ni ingresos suficientes para poder recibir un beneficio o subsidio por parte del Estado.[34]

La Asignación Universal por Hijo[editar]

En 2009 se habían presentado 11 proyectos de ley sobre el tema del Ingreso Ciudadano en el Congreso, por lo que se esperaba una larga discusión parlamentaria.[35]​ Las diferencias fundamentales que se discutieron fue si el beneficio debía alcanzar a todos, sin importar su condición económica, o sólo a los sectores más empobrecidos.[24]

El 29 de octubre de 2009, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó el decreto 1602/09, que dispuso una Asignación Universal por Hijo, consistente en un ingreso de 180 pesos mensuales para menores de 18 años que pertenezcan a familias que no cuenten con cobertura social y se encuentren en situación de vulnerabilidad, hasta un límite de cinco hijos por grupo familiar. Según Mora Straschnoy, la decisión de promulgar esta norma por decreto se debió a que su gobierno se encontraba presionado por la crisis internacional y argentina, por el límite del modelo económico de su gobierno.[16]​ Al firmar el decreto que creaba la Asignación Universal por Hijo (AUH), la presidenta Kirchner no mencionó ninguno de los proyectos que le precedieron.[29]

Elisa Carrió y su partido cuestionaron que la medida se hubiera tomado con base en un decreto presidencial y no con base en una ley permanente del Congreso.[23]​ Según el ARI, «el problema en la Argentina con los planes sociales es el clientelismo político, que en vez de liberar a los necesitados, los controla, con el objetivo concreto de que respondan al poder político de turno».[36]

No fueron los únicos en reclamar que la asignación se transformase en ley para, de esa manera, convertirse en una política de Estado y no de gobierno.[cita requerida] En 2011 Lo Vuolo cuestionó que la Asignación Universal por Hijo no tuviera fuerza de ley y fuera financiada por fondos no específicos, lo cual la convertía en una política muy endeble. También criticó que utilizara fondos del ANSES.[37]

Proyectos posteriores a la Asignación por Hijo[editar]

En 2010, cuestionando que la Asignación Universal por Hijo no era universal ni para todos los hijos, se volvió a presentar el proyecto. A diferencia de la Asignación Universal por Hijo, se sostenía que debían cobrar la totalidad de los niños y niñas argentinos hasta los 18 años, fueran ricos o pobres.[33]

Se han presentado varios proyectos al respecto, entre ellos uno del Partido Socialista (diputada Silvia Augsburger), dos del Frente para la Victoria (senadora Elena Corregido y diputado Héctor Recalde), de la Unión Cívica Radical (senador Ernesto Sanz), Encuentro Social y Popular (diputada Merchán), y Buenos Aires para Todos (diputado Claudio Lozano). En este sentido, el Centro de Estudios por la Igualdad (CEPI) de la juventud del ARI, hizo una comparación de las diferencias sustanciales entre los distintos proyectos presentados con respecto al Ingreso Universal.[38][24]

Véase también[editar]

Referencias[editar]

  1. Marta Dillon y Florencia Gemetro (2002). Santa Lilita: biografía de una mujer ingobernable. Buenos Aires: Grupo Editorial Norma. ISBN 9789875450806. Consultado el 15 de abril de 2016. 
  2. a b Prat Gay, Alfonso (25 de octubre de 2009). «Avancemos hacia un ingreso universal a la niñez». Diario Crítica de la Argentina. 
  3. Perón, Eva (1951). La razón de mi vida. Buenos Aires: Peuser. p. 48. ISBN 9781851589449. Consultado el 2 de marzo de 2013. 
  4. a b c Bruschtein, Luis (1997). «Los únicos privilegiados». Página 12. Consultado el 14 de abril de 2016. 
  5. Claudio Lozano y Rubén M. Lo Vuolo (1 de noviembre de 2009). «Dossier: la encrucijada del Ingreso Ciudadano Universal en la Argentina». Revista Sin Permiso. Consultado el 13 de abril de 2016. 
  6. Lo Vuolo, R. y otros (1999). La Pobreza de las políticas contra la pobreza. Madrid (España): Ciepp/Miño y Dávila Editores. 
  7. a b c d e f «El “ingreso ciudadano” en la agenda de políticas públicas de la Argentina. La Renta Básica en la Agentina: Objetivos y Posibilidades del Ingreso Ciudadano». Buenos Aires, 27 de mayo de 2003. Consultado el 24 de abril de 2016. 
  8. Reventós, Daniel (2 de febrero de 2014). «Una renta básica para la ciudadanía acabaría con la pobreza y nos sacaría de la crisis, pp. 33». Sin Permiso. Consultado el 14 de abril de 2016. 
  9. «El “ingreso ciudadano” en la agenda de políticas públicas de la Argentina. La Renta Básica en la Agentina: Objetivos y Posibilidades del Ingreso Ciudadano». Buenos Aires, 27 de mayo de 2003. Consultado el 24 de abril de 2016. 
  10. «Ingreso Ciudadano». 
  11. a b «Proyecto de Ley: FONDO PARA EL INGRESO CIUDADANO DE LA NIÑEZ». Archivado desde el original el 18 de septiembre de 2011. Consultado el 23 de abril de 2016. 
  12. «Proyecto de Ley: Ingreso Ciudadano para la Niñez (INCINI)». Coalición Cívica ARI en Diputados. 18 de marzo de 2014. 
  13. Varela, María de Rosario (2008). Paradigmas, debates, tensiones en politicas de niñez: aportes para una transición. Buenos Aires: Espacio Editorial. Consultado el 14 de abril de 2016. 
  14. Barbeito, Alberto; y Lo Vuolo, Rubén: «Breve historia: El “ingreso ciudadano” en la agenda de políticas públicas de la Argentina»
  15. a b c Di Marco, Laura (2014). Cristina Fernández: La verdadera historia. Buenos Aires: Sudamericana. ISBN 9789500748353. Consultado el 14 de abril de 2016. 
  16. a b Mora Straschnoy (2011). «Asignación Universal por Hijo para Protección Social y Nuevo Régimen de asignaciones Familiares: un análisis comparativo de los casos de Argentina y Uruguay». Revista Cátedra Paralela (8): 115. ISSN 1669-8843. Consultado el 14 de abril de 2016. 
  17. Pilar Arcidiácono, Verónica Carmona Barrenechea y Mora Straschnoy (junio de 2011). «La asignación universal por hijo para protección social: rupturas y continuidades, ¿hacia un esquema universal?». Margen Nº 61. Consultado el 14 de abril de 2016. 
  18. a b «Asignación Universal por Hijo». UNICEF. agosto de 2010. Consultado el 14 de abril de 2016. 
  19. Irma Arriagada y Francisca Miranda. Capital social de los y las jóvenes: propuestas para programas y proyectos. Vol. 2, pág. 41. Santiago de Chile Naciones Unidas, CEPAL, Div. de Desarrollo Social. ISBN 9789213222638. Consultado el 14 de abril de 2016. 
  20. Decreto del Poder Ejecutivo Nº 1382 de noviembre de 2001
  21. a b c d Laura Pautassi; Julieta Rossi; Luis Campos (Mayo de 2003). «Plan Jefes y Jefas ¿Derecho social o beneficio sin derechos?». Centro de Estudios legales y Sociales (CELS). Archivado desde el original el 17 de abril de 2017. 
  22. Oppenheimer, Andrés (28 de abril de 2005). «Analiza el Gobierno reemplazar los planes Jefes y Jefas de Hogar». La nación. Consultado el 14 de abril de 2016. 
  23. a b «El gobierno hace clientelismo fino con la Asignación Universal por Hijo». Infonews. 29 de julio de 2015. Consultado el 23 de abril de 2016. 
  24. a b c d e f Serra, Laura (7 de septiembre de 2005). «Proponen cambios a la política asistencial». LA NACION. Consultado el 14 de abril de 2016. 
  25. a b c «Fuerte cambio en los planes sociales». La Nación. 14 de febrero de 2006. Consultado el 24 de abril de 2016. 
  26. «Kirchner quiere hacer renovador a lo más viejo». Página 12. 18 de enero de 2003. 
  27. García Beaudoux, Virginia; D'Adamo, Orlando; Slavinsky, Gabriel (2005). «3.2. Los temas de la campaña 2003». Comunicación política y campañas electorales: estrategias en elecciones presidenciales. Barcelona: Gedisa. p. 93. ISBN 9788497841115. 
  28. Majul, Luis (2002). La iluminada: vida personal y política de Elisa Carrió. Buenos Aires: Editorial Sudamericana. ISBN 9789500722308. Consultado el 15 de abril de 2016. 
  29. a b Sietecase, Reynaldo (2012). Kamikazes: Los mejores peores años de la Argentina. Buenos Aires: Aguilar. ISBN 9789870426837. Consultado el 14 de abril de 2016. 
  30. «Carrió quiere un Ingreso Ciudadano para la Niñez». Noticias urbanas. 22 de octubre de 2004. Archivado desde el original el 26 de abril de 2016. 
  31. Rosemberg, Jaime (24 de noviembre de 2002). «ARI promete fondos para la niñez». La Nación. Consultado el 14 de abril de 2016. 
  32. «A un año de asumir su banca Elisa Carrió rinde cuentas de su gestión». Diciembre de 2006. Archivado desde el original el 8 de agosto de 2007. 
  33. a b «La oposición presentará el Ingreso Ciudadano para la Niñez». 12 de marzo de 2010. Consultado el 14 de abril de 2016. 
  34. Lo Vuolo, Rubén (26 de octubre de 2009). «Ingreso para la niñez y mentiras». Clarín. Consultado el 14 de abril de 2016. 
  35. Claudio Lozano y Rubén M. Lo Vuolo (1 de noviembre de 2009). «Dossier: la encrucijada del Ingreso Ciudadano Universal en la Argentina». Revista Sin Permiso. Consultado el 13 de abril de 2016. 
  36. «Proyecto del ARI para la niñez». Parlamentario. 11 de marzo de 2004. Consultado el 14 de abril de 2016. 
  37. Agustina Ordoqui (16 de agosto de 2011). «¿Asignación o ingreso?». Revista Dínamo. Consultado el 13 de abril de 2016. 
  38. Baldiviezo, Jonatan; Carrasco, Maximiliano; Haiuk, Guillermo; Otegui Álvarez, José María Francisco; Semadeni, Pablo (Agosto de 2009). «Análisis de proyectos legislativos sobre ingreso ciudadano para niños, niñas y adolescentes». Documento de trabajo del CEPI Número 1. Archivado desde el original el 1 de diciembre de 2009. 

Enlaces externos[editar]

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