Comisión de la Verdad y Reconciliación (Perú)

La Comisión de la Verdad y de la Reconciliación (CVR) fue una comisión peruana encargada principalmente de elaborar un informe sobre la violencia armada interna, vivida en el Perú durante el periodo entre los años 1980 y 2000. Fue creada en junio de 2001 por el presidente provisional Valentín Paniagua, convocando a diferentes miembros de la sociedad civil. Fue presidida por Salomón Lerner Febres, entonces rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además de la investigación de la violencia terrorista de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), intentó profundizar en las causas de esa violencia y en la dura represión militar contra estos movimientos terroristas, que cobró principalmente víctimas civiles en este fuego cruzado. Para ello, recogió el testimonio de 16985 personas y organizó 21 audiencias con las víctimas de la violencia, a las que asistieron más de 9500 personas. El Informe Final se hizo público el 28 de agosto del 2003, ante el presidente peruano Alejandro Toledo.

Integrantes

• Dr. Salomón Lerner Febres - Presidente de la CVR. Doctor en Filosofía y rector emérito de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
• Dr. Beatriz Alva Hart - Abogada y ex congresista de la república.
• Dr. Rolando Ames Cobaián - Sociólogo, investigador y analísta político. Ex senador de la República.
• Monseñor José Antúnez de Mayolo - Sacerdote salesiano, ex administrador Apostólico de la Arquidiócesis de Ayacucho.
• Tnte. Gral. FAP (r) Luis Arias Grazziani - Experto en temas de seguridad nacional.
• Dr. Enrique Bernales Ballesteros - Doctor en Derecho, constitucionalista, Director Ejecutivo de la ONG Comisión Andina de Juristas. Ex Congresista de la República
• Dr. Carlos Iván Degregori Caso - Antropólogo, profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, miembro del Instituto de Estudios Peruanos.
• Padre Gastón Garatea Yori - Sacerdote de los Sagrados Corazones y Presidente de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza.
• Pastor Humberto Lay Sun - Arquitecto, líder de las Asambleas de Dios, denominación evangélica del Concilio Nacional Evangélico CONEP.
• Sra. Sofía Macher Batanero - Socióloga, ex Secretaria Ejecutiva de la ONG Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
• Ing. Alberto Morote Sánchez - Ex Rector de la Universidad San Cristóbal de Huamanga.
• Ing. Carlos Tapia García - Investigador y analista político. Ex Diputado de la República.
• Monseñor Luis Bambarén Gastelumendi en calidad de observador - Obispo de Chimbote y ex Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana.

El informe

El informe final se presentó en Champagnat el 28 de agosto del 2003 en una ceremonia realizada en el Palacio de Gobierno. Este consta de nueve tomos donde se detallan los hechos sucedidos durante los veinte años que cubre el informe. Consta de tres partes principales: La primera donde se relata el proceso, los hechos y las víctimas. La segunda, que relata los factores que permitieron que se desarrolle el conflicto. Y la tercera que explica las secuelas del conflicto y se postulan las recomendaciones para que estos eventos no se repitan. A pesar de los esfuerzos de la CVR, la sociedad civil ha sido muy indiferente a esta iniciativa.

La magnitud y extensión del conflicto

El conflicto armado producido entre 1980 y el 2000 es el conflicto de mayor duración, impacto y el de mayor costo, tanto humano como económico, en la historia del Perú. El costo estimado en vidas humanas es aproximadamente 69,280 personas,​ entre muertos y desaparecidos. La causa del conflicto fue la decisión del Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso (PCP-SL) de iniciar una guerra popular contra el Estado peruano. Esta guerra se produjo en el momento en que la sociedad peruana iniciaba una transición democrática, luego de doce años de una dictadura militar, que era respaldada por la mayoría de la población y los principales partidos políticos.

El PCP-SL causó el 54% de las víctimas fatales reportadas a la CVR.​ Su estrategia de combate implicó el uso sistemático y masivo de métodos de extrema violencia y terror. El Estado peruano, no tuvo capacidad para contener el avance de la subversión y los gobiernos civiles dejaron que el conflicto se militarice al dejar la conducción de la lucha contrasubversiva en manos de las Fuerzas Armadas. La CVR concluyó que la lucha contrasubversiva se realizó sin tomar las precauciones necesarias para evitar el atropello de los derechos fundamentales de la población civil. Incluso, las autoridades desatendieron las denuncias de violación de los Derechos Humanos y se llegó a facilitar la impunidad de los responsables. Las Fuerzas Armadas son responsables del 37% de los muertos y desaparecidos reportados a la CVR​.

Otro factor a considerar es la aparición del fenómeno del narcotráfico durante el mismo periodo. La magnitud de éste y la respuesta de las Fuerzas Armadas provocó que la zona del Alto Huallaga fuese uno de los mayores escenarios del conflicto interno.

La distribución geográfica del conflicto, el cual se concentró en las zonas más pobres del Perú, provocó una sensación de exclusión e indiferencia. Las principales ciudades, en especial las de la costa, no estuvieron en el centro del conflicto​ Fueron las zonas rurales y las más pobres las que tienen el mayor costo en vidas humanas. Esto no significa que la pobreza sea la causa del conflicto sino que son los sectores más pobres los más vulnerables a la violencia armada.

La violencia tampoco se distribuyó equitativamente a lo largo de los años. Existen dos picos que marcan diferentes etapas del conflicto armado. El primero, 1984 corresponde con el momento de mayor intensidad y de mayor número de muertos. Éste representa el inicio del conflicto y se centra esencialmente en el departamento de Ayacucho. El segundo, 1989, corresponde con un recrudecimiento de la violencia, luego de un periodo entre 1986 y 1987 de mediana calma, a partir del cual se mantiene una violencia casi constante hasta 1992, año de la captura de Abimael Guzmán Reynoso. Durante esta fase, a pesar de que la violencia no llegó a los mismos niveles de 1984, si se expandió a la mayor parte del país.

Las organizaciones terroristas

Sendero Luminoso

La organización subversiva y terrorista autodenominada Partido Comunista del Perú fue la iniciadora y principal causante de la violencia durante el periodo de 1980 y 2000. Fue responsable del 54% de los muertos y desaparecidos reportados a la CVR. Se estima que la cifra total de víctimas fatales ocasionadas por Sendero asciende a 31,331 personas, lo que representa aproximadamente el 46% de víctimas fatales de este conflicto.​

Sendero Luminoso surgió como una facción de la tradición marxista leninista en el Perú producto de las sucesivas rupturas ideológicas del movimiento comunista internacional. Un hito fundamental fue el debate acerca del uso de la violencia como medio para la revolución entre el movimiento chino y el movimiento soviético. En el Perú este debate se expresó con la división del Partido Comunista Peruano entre Unidad (pro-soviético) y Bandera Roja (pro-chino). Abimael Guzmán tomó partido, en ese entonces por Bandera Roja.

La ideología de Sendero tomaba supuestamente como base las obras de José Carlos Mariátegui, quien era considerado como un precursor del Maoísmo. Otro aspecto importante de la ideología senderista era que mantenían la verticalidad como principio. Es decir, su estructura organizacional estaba conformada por pequeños núcleos cohesionados ideológicamente, los cuales eran fuertemente dependientes del Partido (Sendero Lumninoso).

El Movimiento Revolucionario Tupac Amaru

El Movimiento Revolucionario Tupac Amaru también fue responsable de la violencia sufrida en el Peru durante las últimas décadas del siglo XX. Esta organización subversiva desato una guerra revolucionaria en 1984, momento en el cual el Peru se encontraba consolidando un proceso democrático que era apoyado por la mayoría de la población. El MRTA es responsable del 1.8% de las muertes producidas durante ese periodo.​ El MRTA organizo el Ejército Popular Tupacamarista el cual estaba conformado por columnas de guerrilleros uniformados y con armamento de guerra. A pesar de proclamar que respetarían las Convenciones de Ginebra ^{[cita requerida]} en sus acciones armadas, el MRTA cometió graves violaciones a los derechos humanos, como asesinatos y secuestros.

Las Fuerzas de seguridad del Estado

Los gobiernos de la década de 1980 fracasaron al organizar una estrategia contrasubversiva eficaz, que pudiera derrotar a las organizaciones terroristas y que respetara los derechos humanos. Se cometieron errores de diagnostico y de estrategia. Recién a finales de la década de 1980 se logró establecer una estrategia que privilegiara la colaboración con la población civil y el uso de la inteligencia, lo que llevo a la derrota de las organizaciones subversivas.

Los cuerpos policiales

Fueron los primeros blancos de ataques de sendero luminoso, ya que en algunas comunidades de los andes eran los únicos representantes del estado. Al eliminarlos SL buscaba crear un nuevo poder. El estado respondió organizando patrullas contrasubversivas, comandos especializados en destruir al enemigo antes que en proteger a la población. Durante este proceso la Policía Nacional se sometió al mando de las Fuerzas Armadas. De esta manera se conviertieron en una fuerza auxiliar. A partir de finales de la década de 1980, priviligiaron las tareas de investigación. Esto contribuyó de manera significativa al fin de la guerra interna, al permitir la captura de la cupula de Sendero Luminoso.

Consecuencias del Conflicto y Recomendaciones de la CVR

Se concluyó que durante los años de guerra murieron alrededor de 70 mil personas,​ de las cuales más de 20 mil resultaron ser víctimas de las fuerzas armadas.^{[cita requerida]} Los gobiernos de Fernando Belaúnde, Alan García y Alberto Fujimori tenían responsabilidad en la represión, aunque la mayoría de las violaciones de derechos humanos, y las más atroces, se produjeron durante los dos primeros gobiernos.​

Críticas

• Existe controversia en torno a la cifra de muertos y desaparecidos presentada en el Informe Final. Algunos detractores critican el hecho de que se haya presentado una estimación estadística en lugar de un conteo simple, mientras que otros opinan que la estimación es incorrecta^{[cita requerida]}. La cifra de muertos y desaparecidos reportados a la CVR es de 23,969 personas ^{[cita requerida]} y la estimación obtenida mediante la técnica de Estimación de Mútiples Sistemas es de 69,280 (intervalo de confianza al 95% entre 61,007 y 77,552).​ En [1] se puede encontrar respuestas éstas y otras críticas similares.
• Algunas personas acusan a los miembros de la CVR de ser antiguos "simpatizantes de la izquierda" y de haber "pertenecido a movimientos violentistas"^{[cita requerida]}.
• Se ha acusado a la CVR de tener un sesgo antimilitarista^{[cita requerida]}.
• Se ha acusado a la CVR de tener un sesgo pro-militarista^{[cita requerida]}.
• Algunos detractores consideran que el informe equipara la acción de un grupo terrorista con las fuerzas del orden de un Estado Democrático^{[cita requerida]}.
• El gobierno peruano, a pesar de que fue quien creó esta comisión, no ha aplicado las recomendaciones hechas por la CVR.

Su repercusión en la actualidad

• Se conformó el movimiento ciudadano Para Que no se Repita, para realizar un seguimiento al desarrollo y aplicación de las recomendaciones de la CVR.

• En el transcurso de las pasadas elecciones presidenciales, el ex candidato Ollanta Humala anuncio que iba a seguir las recomendaciones de la Comisión​(a pesar de estar siendo juzgado por los indicios de su implicación en violaciones a los derechos humanos en la zona de Madre Mia),​ mientras que Alan García ha mostrado una actitud menos receptiva ^{[cita requerida]}, incluyendo como candidato a la vicepresidencia al vicealmirante Luis Giampetri, implicado en la matanza de las prisiones en 1986, de la que también es acusado el propio García por dar la orden de represión de los presos amotinados.

• La elección como presidente de Alan García, muchas veces acusado con respecto a violaciones a los derechos humanos durante su gobierno de 1985 a 1990 ha puesto en tela de juicio la aplicación de las recomendaciones de la comisión; dado que existe la posibilidad que en su nuevo gobierno se dé una amnistía general hacia los militares juzgados por crímenes de lesa humanidad.^{[cita requerida]}

Bibliografía

• Comisión de la Verdad y Reconciliación (2004). Hatun Willakuy: Versión abreviada del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. IBSN 9972-9816-4-9. 

Enlaces externos

• Página oficial de la Comisión de la Verdad y Reconciliación