Comisión de Venecia

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La Comisión de Venecia es un órgano consultivo del Consejo de Europa, formado por expertos independientes en el campo del derecho constitucional. Fue creado en 1990 tras la caída del muro de Berlín, en un momento de necesidad urgente de asistencia constitucional en Europa central y oriental. El nombre oficial de la comisión es Comisión Europea para la Democracia por el Derecho,[1]​ pero debido a su punto de encuentro en Venecia, donde las sesiones se realizan cuatro veces al año,-marzo, julio, octubre y diciembre-se conoce generalmente como la Comisión de Venecia.

Instituciones democráticas y derechos fundamentales[editar]

La tarea primaria de la Comisión de Venecia es asistir y aconsejar a países en asuntos constitucionales para mejorar el funcionamiento de las instituciones democráticas y la protección de derechos humanos. En 1991 la Comisión ayudó a la creación de la primera Constitución democrática de Rumania desde 1947. En 2012, en condición de invitado a opinar, la Comisión de Venecia expresó varias críticas sobre legislación relacionada con la iglesia dentro de Hungría.[2]

Forma de actuación[editar]

La metodología de trabajo de la Comisión para emitir sus recomendaciones es crear un grupo de trabajo de informantes (principalmente entre sus miembros) que aconseja las autoridades nacionales en la preparación de la ley pertinente. Después de que discusiones con las autoridades nacionales y otros actores clave del país, el grupo prepara un borrador de recomendación sobre el grado de cumplimiento de los estándares democráticos de la ley o temática analizada con recomendaciones sobre cómo mejorar a partir de la experiencia común. El borrador es debatido y adoptado por la Comisión de Venecia durante una sesión plenaria, normalmente en presencia de representantes de ese país. Tras su adopción, la recomendación se convierte pública y es enviada al solicitante o responsable de la ejecución.

Propuestas no ejecutivas[editar]

Aunque generalmente sus recomendaciones acaban recogidas en la legislación afectada, la Comisión de Venecia no impone sus soluciones, sino que realiza propuestas no ejecutivas desplegables a partir del diálogo. Por esta razón, el grupo de trabajo suele visitar el país concernido y conocer el asunto directamente con los diferentes actores políticos implicados con el fin de asegurar una observación más objetiva de la situación.

Resolución de conflicto mediante asesoramiento legal[editar]

Un acuerdo político que resuelve un conflicto debería tener la cobertura de un texto legal viable. También puede ser posible la adopción de un texto legal como solución política. Por esta razón la Comisión de Venecia presta particular atención a los países que están pasando o han pasado por conflictos étnico-políticos. En este contexto, a petición de la Unión Europea, la Comisión de Venecia ha jugado un importante papel en el desarrollo e interpretación del texto constitucional de Bosnia-Herzegovina, Macedonia, Serbia y Montenegro así como el de Kosovo. También ha sido implicada en los intentos para resolver los conflictos en el estado de Abjasia y de Osetia del Sur en Georgia, y de Transnistria en Moldavia.

La Comisión realiza recomendaciones, inicia estudios y organiza conferencias inter alia sobre:

  • Reformas constitucionales
  • Gobiernos de emergencia
  • Federalismo y regionalismo
  • Asuntos de ley internacional
  • Servicios de seguridad interna y fuerzas armadas
  • Protección de derechos fundamentales incluyendo la libertad de culto, la libertad de reunión y asociación
  • Protección de las minorías y la prohibición de discriminación
  • Funcionamiento de parlamentos y órganos judiciales

Intervenciones en España[editar]

La Comisión pidió explicaciones al Gobierno de España en relación a los recursos de inconstitucionalidad presentados en 2016 por el Gobierno Vasco[3]​ y en 2017 por la Generalitat de Cataluña[4]​ contra la ley 15/2015 de modificación de las competencias del Tribunal constitucional, que otorga la capacidad de ejecución de sus sentencias.[5]

El 11 de marzo de 2017 la Comisión emitió un informe en el que avalaba la reforma del Tribunal Constitucional de España,[6][7]​ al considerar que dichas medidas no contradecían las normas europeas. No obstante, se instó al gobierno español a mejorar algunas de ellas, en referencia a la capacidad de destituir a un presidente autonómico.[8]

Referencias[editar]