Masacre de El Mozote

La Masacre del Mozote es el nombre que reciben un conjunto de masacres contra población civil cometidos por el Batallón Atlacatl de la Fuerza Armada de El Salvador, durante un operativo de contrainsurgencia, realizado los días 10, 11 y 12 de diciembre de 1981, en los cantones (aldeas) de El Mozote, La Joya y Los Toriles, en el norte del departamento de Morazán, en El Salvador.

Según las investigaciones posteriores de la Comisión de la Verdad, (el organismo de la ONU, creado para investigar los hechos de violencia cometidos durante la guerra civil salvadoreña) aproximadamente 900 campesinos salvadoreños fueron asesinados en El Mozote y los cantones aledaños. Se la considera no sólo el mayor acto de violencia contra población civil cometida por agentes gubernamentales, durante la Guerra Civil de El Salvador, sino también la peor masacre en el Hemisferio Occidental, en tiempos modernos.

Los hechos del Mozote

En la tarde del 10 de diciembre de 1981, unidades del Batallón Atlacatl del ejército salvadoreño llegaron al alejado cantón de El Mozote en busca de insurgentes del FMLN. El Mozote era una pequeña población rural con cerca de veinticinco casas situadas alrededor de una plaza, además de una iglesia católica y, detrás de ella, un edificio pequeño conocido como "el convento", que usaba el sacerdote durante sus visitas a la población. Cerca de la aldea había una pequeña escuela. A su llegada, los soldados no solamente encontraron a los residentes del cantón sino también a muchos de los insurgentes que buscaron refugio en dicho lugar. ^{[cita requerida]} Las tropas ordenaron a los pobladores que salieran de sus casas y se formaran en la plaza. Allí les pidieron información sobre las actividades de la guerrilla y luego les ordenaron que volvieran a sus casas y permanecieran encerrados hasta el día siguiente,^{[cita requerida]} advirtiendo que dispararían contra cualquier persona que saliera, medida optada para proteger la vida de los pobladores civiles.^{[cita requerida]} Las Tropas permanecieron en el aldea durante toda la noche.

A la mañana siguiente personal de inteligencia militar reunió a la población entera en la plaza. Separaron a los hombres de las mujeres y de los niños para evitar traumas sicológicos ^{[cita requerida]} y los llevaron en grupos separados a la iglesia, el convento y a varias casas. Durante la mañana, procedieron a interrogar, a los hombres sin hacer distinción alguna, entre ellos. ^{[cita requerida]} Alrededor del mediodía, los delvolvieron con sus familiares. ^{[cita requerida]} Después de pasar la noche encerrados en las casas, el día siguiente, 11 de diciembre, fueron ejecutados deliberada y sistemáticamente, por grupos. Primero fueron torturados y ejecutados los hombres, luego fueron ejecutadas las mujeres y, finalmente, los niños en el mismo lugar donde se encontraban encerrados. El número de víctimas identificadas excedió de doscientas. ^{[cita requerida]} La cifra aumenta si se toman en cuenta las demás víctimas no identificadas.

Estos hechos ocurrieron en el transcurso de una acción antiguerrillera denominada "Operación Rescate", en la cual, además del Batallón Atlacatl, participaron unidades de la Tercera Brigada de Infantería y del Centro de Instrucción de Comandos de San Francisco Gotera. ^{[cita requerida]}

En el curso de la Operación Rescate, se efectuaron, además, masacres de la población civil en los siguientes lugares: el día 11, más de veinte personas en el cantón La Joya; el día 12, unas treinta personas en el caserío La Ranchería; el mismo día, por unidades del Batallón Atlacatl, los moradores del caserío Los Toriles; y el día 13, a los pobladores del caserío Jocote Amarillo y del cantón Cerro Pando. Más de quinientas víctimas identificadas perecieron en El Mozote y en los demás caseríos. Muchas víctimas más no han sido identificadas.

De estas masacres existe el relato de testigos que las presenciaron, así como de otros que posteriormente vieron los cadáveres, que fueron dejados insepultos. En el caso de El Mozote, fue plenamente comprobada, además, por los resultados de la exhumación de cadáveres practicada en 1992, realizada por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

A pesar de las denuncias públicas del hecho, de las fotografías de Susan Meiselas y de un enorme cúmulo de pruebas, las autoridades salvadoreñas no ordenaron ninguna averiguación y negaron permanentemente la existencia de la masacre.

El Ministro de la Defensa y el Jefe del Estado mayor han negado a la Comisión de la Verdad tener información que permita identificar a las unidades y oficiales que participaron en la Operación Rescate. Han expresado que no existen archivos de la época.

El Presidente de la Corte Suprema ha tenido una injerencia parcializada y política en el proceso judicial iniciado sobre la masacre en 1990.

Los hechos en los cantones cercanos a El Mozote

El día siguiente, 12 de diciembre, los soldados del Batallón Atlacatl se desplazaron al cantón Los Toriles, a 2 km del Mozote. Varios de los habitantes del cantón intentaron escapar. Igual que en El Mozote, los hombres, las mujeres y los niños fueron obligados a salir de sus hogares, alineados en la plaza y asesinados. Miembros del Batallón Atlacatl realizaron acciones similares repetidas en los cantones de La Joya, el 11 de diciembre, Jocote Amarillo y de Cerro Pando, el 13 de diciembre.

Anteriormente, el 9 de diciembre, después de un enfrentamiento entre las tropas del Gobierno y los guerrilleros, una compañía del Batallón Atlacatl entró en el pueblo de Arambala. Obligaron a los pobladores a salir a la plaza del pueblo, luego separaron a hombres de las mujeres y de los niños. Encerraron a las mujeres y a niños en la iglesia y ordenaron a hombres permanecer en la plaza, luego acusaron a varios hombres de ser colaboradores de la guerrilla, los ataron, torturaron y se los llevaron detenidos. Los pobladores de Arambala, encontraron más adelante los cuerpos de tres de los detenidos. El 10 de diciembre, otra unidad del Batallón Atlacatl ocupó el cantón Cumaro, donde también obligaron a los habitantes a salir a la plaza del cantón y los interrogaron pero nadie fue asesinado en esa población.

La búsqueda por justicia

El 27 de enero de 1982, un mes y medio después de la masacre, el New York Times publicó una nota del periodista Raymond Bonner, corresponsal de ese periódico en América Central, con fotografías de Susan Meiselas, que aseguraba que en El Mozote se había cometido una gran matanza de civiles indefensos, y que el principal responsable era el éjército. Ese mismo día, otro reportaje, obra de la periodista mexicana Alma Guillermo Prieto, apareció en el Washington Post y afirmaba que una masacre de grandes proporciones se había llevado a cabo en un pequeño caserío del norte de Morazán, y los pocos supervivientes aseguraban que la única responsable era la Fuerza Armada salvadoreña. Guillermo Prieto recogió el relato de una campesina de unos 30 años, Rufina Amaya, que sobrevivió la masacre.

Bonner y Guillermo Prieto fueron tildados de mentirosos^[1]^[2]por la Casa Blanca y por legisladores del Congreso estadounidense, que pocos días después, el 1 de febrero de 1982, aprobó un nuevo aumento en la ayuda norteamericana al gobierno salvadoreño. El conservador Wall Street Journal también puso en duda la veracidad de la información.

El gobierno salvadoreño, por su parte, negó la masacre durante años. Los presidentes de la Junta Revolucionaria (1979 - 1982), Álvaro Fortìn Magaña (1982 - 1984) y José Napoleón Duarte (1984 - 1989) negaron rotundamente los rumores de una matanza en El Mozote y los atribuyeron a periodistas de tendencia comunista, deseosos de perjudicar la imagen de El Salvador.

El 26 de octubre de 1990, un campesino llamado Pedro Chicas Romero, que perdió a toda su familia en la masacre, presentó una denuncia, asesorado por la ONU, ante la justicia de El Salvador. El 30 de octubre de 1990, la Oficina de Tutela legal del Arzobispado de San Salvador presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que se alega la responsabilidad internacional de la República de El Salvador por violaciones a los derechos humanos de 765 personas, ejecutadas extrajudicialmente durante el operativo militar realizado por las Fuerzas Armadas de El Salvador en los cantones de La Joya y Cerro Pando y los caseríos de El Mozote, Jocote Amarillo, Ranchería y Los Toriles en el mes de diciembre de 1981.

Alfredo Cristiani (1989 - 1994) continuó negando la existencia de la masacre hasta 1992, cuando el Equipo Argentino de Antropología Forense empezó a hacer excavaciones en el lugar. Altamente experimentados por su labor exhumando víctimas de la dictadura militar argentina (1976-1983), los antropólogos argentinos desenterraron numerosas osamentas y estudiaron, entre otros datos, los orificios de bala, la trayectoria de las balas, las fracturas que mostraban los huesos y la posición en que quedaron los cuerpos, y tras rigurosos análisis, corroboraron todo cuanto relató Rufina Amaya a la periodista Alma Guillermo Prieto en 1982.

El 6 de marzo de 2007, Amaya falleció^[3] sin haber visto justicia para sus cuatro hijos, su esposo y sus vecinos asesinados en El Mozote.

El gobierno de El Salvador ya no niega la masacre, pero afirma que los archivos militares de aquella época se han extraviado o han desaparecido, y que es imposible establecer quién o quiénes ordenaron la masacre, y que aunque se lograra determinar responsables, éstos están amparados por la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz de 1993, y que, por lo tanto, no pueden ser juzgados.

Reconocimiento del Estado salvadoreño

El día 16 de enero de 2012, en el marco del veinte aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz de Chapultepec y en nombre del Estado y en su calidad de comandante general de la fuerza armada salvadoreña, el presidente Mauricio Funes pidió perdón a los familiares de las víctimas por los hechos ocurridos durante la masacre, y mencionó como responsables de la matanza al teniente coronel Domingo Monterrosa Barrios, el lugarteniente José Azmitia y el teniente coronel Natividad de Jesús Cáceres, causando un cierto nivel de repudio dentro de la Fuerza Armada. Además anunció una serie de medidas para la reparación moral y económica en favor de los habitantes del asentamiento, y su reconocimiento como “Bien Cultural” del país.^[4]^[5]^[6]

Véase también

Referencias

Enlaces externos

[1] Nota de Guillermo prieto en el Washington Post (en inglés).

[2] La misma nota de Guillermo Prieto, traducción libre al español.

[3] Artículo en GüeGüe sobre el fallecimiento de Rufina Amaya.

[4] Telesur: Presidente Funes pidió perdón a familiares de las víctimas de la masacre de El Mozote

[5] La Prensa Gráfica: Funes pide perdón por masacre El Mozote y anuncia medidas de reparación

[6] CoLatino: “Este pedido de perdón no pretende borrar el dolor”: Presidente Funes

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