Ley de drogas (Chile)

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La Ley Nº 20.000,[nota 1] también conocida como Ley de drogas,[1] [2] es una ley penal de Chile que tipifica delitos y faltas relacionados a la venta y consumo de drogas y confiere facultades especiales de investigación a la autoridad. Fue promulgada el 2 de febrero de 2005.

Historia de la ley[editar]

Legislación previa[editar]

Los antecedentes de esta ley fueron:

  • Ley Nº 17.934, Reprime tráfico de Estupefacientes, del 16 de mayo de 1973.
  • Ley Nº 18.403, Sanciona el tráfico ilícito de drogas y estupefacientes y deroga la Ley Nº 17.934, del 4 de marzo de 1985.
  • Ley Nº 19.366, Sanciona el trafico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, dicta y modifica diversas disposiciones legales y deroga ley N° 18.403, del 29 de septiembre de 1994.

Tramitación[editar]

La ley 20.000 se generó en el mensaje Nº 232-341 del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, fechado al 2 de diciembre de 1999, en el que se destacan los avances logrados con la ley Nº 19.366, pero se plantea la necesidad de actualizar la normativa a la realidad de esa época.[3]

La propia aplicación de dicha ley ha determinado la necesidad de adecuarla a las actuales exigencias de la realidad nacional. A ello ha contribuido también la experiencia judicial y policial, el dinamismo con que se desarrollan estos delitos y los resultados de los permanentes estudios que efectúan el Gobierno, a través del Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes y de otros servicios públicos, como también, de las Comisiones Especial de Drogas y de Constitución, Legislación y Justicia de la H. Cámara de Diputados, y de algunas instituciones privadas.

Mensaje de S.E. el Presidente de la República con el que inicia un Proyecto de Ley que sustituye la ley N° 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, 2 de diciembre de 1999.[3]

La ley ingresó a la Cámara de Diputados, la cual ofició su texto aprobado al Senado el 24 de enero de 2002. El Senado envió su texto revisado a la cámara de origen el 18 de agosto de 2004, siendo aprobadas las enmiendas del Senado por oficio del 5 de octubre de ese año. El 2 de noviembre de 2004 el proyecto pasó a la Comisión Mixta, cuyas observaciones fueron aprobadas por el Senado el 17 de ese mes, y la envió al presidente de la República —en ese entonces Ricardo Lagos— el 30 de noviembre de 2004.[3]

Tras pasar por el Tribunal Constitucional, la ley fue finalmente promulgada por el Congreso Nacional el 2 de febrero de 2005, y publicada el 16 de febrero en el Diario Oficial.[4]

Reglamentos y reformas[editar]

El reglamento de la ley 20.000, que complementa a la ley de drogas, se aprobó por Decreto 867,[nota 2] del 8 de agosto de 2007, durante el gobierno de Michelle Bachelet.[5] Otras normas complementarias han sido dictadas en virtud de esta ley, como el Decreto 1.215 del 31 de octubre de 2006, que establece normas que regulan las medidas de prevención del consumo de drogas en los órganos estatales, y el Decreto 1.358 del 22 de diciembre de 2006, que establece normas que regulan las medidas de control de precursores y sustancias químicas esenciales mediante un Registro Especial de Usuarios.[6]

El texto de la ley 20.000 ha sido modificado por las siguientes leyes:[7]

Otros proyectos de ley que han sido presentados en el Congreso Nacional para reformar esta ley no fueron aprobados o están en trámite, entre ellos los que buscan autorizar el uso terapéutico de la cannabis y la despenalización de su consumo.[2]

Contenido[editar]

Estructura[editar]

Títulos Párrafos Artículos
Título I: De los delitos y sanciones Párrafo 1º: De los crímenes y simples delitos Artículos 1-18
Párrafo 2º: De las circunstancias agravantes Artículos 19-21
Párrafo 3º: De la cooperación eficaz Artículo 22
Título II: De las técnicas de investigación Párrafo 1º: De las entregas vigiladas o controladas Artículo 23
Párrafo 2º: De la restricción de las comunicaciones y otros medios técnicos de investigación Artículo 24
Párrafo 3º: Del agente encubierto, el agente revelador y el informante Artículo 25
Título III: De la competencia del
Ministerio Público
Párrafo 1º: De la investigación Artículos 26-29 bis
Párrafo 2º: De las medidas de protección a testigos, peritos, agentes encubiertos,
reveladores, informantes y cooperador eficaz
Artículos 30-37
Párrafo 3º: De las medidas para asegurar el mejor resultado de la Investigación Artículos 38-46
Párrafo 4º: De la Cooperación Internacional Artículos 47-49
Título IV: De las faltas Párrafo 1º: De las faltas Artículo 50
Párrafo 2º: De las faltas especiales Artículo 51
Párrafo 3º: De la aplicación de la pena Artículos 52-54
Título V: De las medidas de control de precursores y sustancias químicas esenciales Artículos 55-60
Título VI: Disposiciones varias Artículos 61-76

Eficacia[editar]

La Policia de Investigaciones de Chile informando del desbaratamiento de una banda de narcotraficantes.

La ley de drogas encarga a las fuerzas de policía —Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones— la realización de los procedimientos relativos a delitos y faltas de esta ley. Así mismo, otorga facultades limitadas a Gendarmería de Chile, cuando los delitos son cometidos dentro de los recintos penitenciarios, y al Servicio Nacional de Aduanas, cuando las pruebas del delito se encuentran en zonas sujetas a la potestad aduanera.

En el año 2012, se informaron 85.023 detenciones por infracciones a esta ley, de las cuales un 63,79% fue por porte o tenencia (54.233 personas), un 18,27% por tráfico (15.530 personas), un 13,85% por consumo (11.774 personas) y un 1,95% por cultivo (1.654 personas). Los principales decomisos de droga ese mismo año se realizaron por marihuana procesada (14.514,85 kilos), pasta base (9.572,89 kilos) y clorhidrato de cocaína (2.438,79 kilos).[8]

Procedimientos por ley de drogas en Chile[8]
Año Cantidad Detenciones
2010 49.406 74.945
2011 51.273 77.987
2012 55.586 85.023

Críticas[editar]

En los últimos años la ley ha sido cuestionada por diversos actores de la sociedad civil.[9] [10] [11]

Regulación del consumo de drogas[editar]

Los activistas califican esta ley como de «aplicación subjetiva y azarosa», dado que ésta no especifica cantidades para distinguir la legitima posesión «para el consumo personal y próximo en el tiempo» y la figura penal del microtráfico. Así mismo, la Fiscalía tampoco dispone de criterios públicos que transparenten su disposición a formalizar esta figura penal.[12]

El párrafo ante-penúltimo del artículo 50, tipifica una figura llamada «consumo concertado».[4] Múltiples organizaciones pro-reforma de la ley 20.000 lo califican como atentatoria contra el principio de libre asociación, contra la misma naturaleza humana de animal gregario, y la naturaleza del acto de consumo como un hábito social aceptado (ej: mate, café).[13]

Uso de cannabis[editar]

Cannabis sobre una copia de la ley de drogas, la cual castiga su cultivo, posesión, porte y distribución.

Como aplicación de la ley 20.000, a través del reglamento 867, el cannabis es clasificado en lista 1, como «sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas, productoras de dependencia física o síquica, capaces de provocar graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud».

Los crítcos de la ley, plantean que existe suficiente evidencia científica que refuta esta clasificación, lo que ha derivado en múltiples solicitudes de reclasificación que existen en la actualidad.[14] [15] Otros incluso sostienen que el actual control político por parte del ejecutivo de esta lista es un vicio del sistema que se requiere una nueva orgánica independiente de naturaleza técnica y aislada de la política contingente de corto e inmediato plazo. En algunos documentos por ejemplo proponen como referencia el caso del Drug Committee en el Reino Unido.

Bajo la antigua Ley 19.366 se excluyó de sanción en tribunales a dos cultivadores que contaban con recomendación de su médico.[cita requerida] La ley insinúa la legitimidad de utilizar sustancias prohibidas bajo una autorización médica, al excluir de sanción a lo uniformados que así lo hagan en su Art. 14.[4] El cannabis y sus componentes activos son invalidados para uso clínico en los decretos 867, 405 y 404. El Código Sanitario parece no especificar sanciones para los médicos que la receten, sin embargo no existe jurisprudencia al respecto.[cita requerida]

Permisos de cultivo[editar]

La Ley 20.000 en sus artículos 8 al 11 permite el cultivo de cannabis, estableciendo requisitos y penas por sus incumplimientos. El específico de estos permisos se explicita en el reglamento 867, en su título tercero; artículos 6º a 8º.[4]

En marzo del 2011, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) autorizó la primera plantación legal de cannabis para la empresa Agrofuturo.[16]

En el primer juicio al Dr. Milton Flores la defensa argumentó que él se encontraba facultado constitucionalmente para el cultivo de cannabis. Fiscalía no reconoció ese argumento aludiendo que la facultad constitucional se encontraba reglamentada en la ley 20.000 y decreto 867 específicamente. De esta manera se llamó a testificar a un abogado del SAG que declaró que el Dr. Flores no contaba con el permiso a razón de no haberlo solicitado. Cuando la defensa le preguntó al testigo, con qué frecuencia se emitían aquellos permisos, el testigo dijo simplemente no saber.[cita requerida]

Como explica el SAG en su carta 918/2013, a fecha 24 de abril de 2013, éste permiso ha sido emitido solo una vez -a Agrofuturo- y que se encuentra en tramite de invalidación.[17]

«Lista negra» de abogados[editar]

El artículo 61 establece un registro en la Contraloría de los abogados que concurran a juicio en representación de imputado por ley de drogas, para denegar o despedir a éstos de cualquier trabajo ante cualquier institución del Estado, incluso tratándose de profesores de derecho en universidades públicas.[18] Esta práctica sería una discriminación arbitraria, que vulneraría el debido proceso, la igualdad ante la ley, la libertad de trabajo y otras garantías fundamentales resguardadas en la constitución y los tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile.[13]

Véase también[editar]

Referencias[editar]

  1. «Ley de Drogas». SENDA. Consultado el 03-12-2013.
  2. a b «Marihuana en Chile: lo que dice la Ley 20.000 y la situación en otros países». BCN (18 de junio de 2013). Consultado el 03-12-2013.
  3. a b c «Historia de la ley 20.000». Ley Chile. Consultado el 03-12-2013.
  4. a b c d «Ley 20.000». Ley Chile. Consultado el 03-12-2013.
  5. «Decreto 867». LeyChile. Consultado el 03-12-2013.
  6. «Reglamentos de Ley Nº 20.000». SENDA. Consultado el 03-12-2013.
  7. «Modificaciones Ley 20.000». Ley Chile. Consultado el 03-12-2013.
  8. a b Subsecretaría de Prevención del Delito, Ministerio del Interior y Seguridad pública, Gobierno de Chile (enero de 2013). «Informe Nacional procedimientos policiales por infracción a la ley de drogas nº 20.000 año 2012» (pdf). seguridadciudadana.gob.cl. Consultado el 03-12-2013.
  9. Diario El Día. «ley 20.000 en cuestionamiento».
  10. EMOL. «Senadora Rincón sobre Ley 20.000: "Hay un problema y no podemos seguir ocultándolo"».
  11. 24 Horas. «Diputados piden revisar Ley 20.000 de drogas».
  12. Open Cannabis. «Carta al Fiscal».
  13. a b Comisión Legalidad 1º Congreso Nacional del Cannabis. «Resumen Ejecutivo Informe Legalidad».
  14. Marco Enriquez-Ominami. «Políticas públicas de drogas».
  15. Andrés Velasco. «Propuestas » Derechos Civiles » Tenencia y autocultivo de marihuana». Consultado el 30 de junio de 2013.
  16. EMOL. «Corte Suprema acoge recurso que autoriza a empresa a cultivar marihuana».
  17. Servicio Agrícola y Ganadero. «Carta Nº 918/2013».
  18. TVN. «Informe Especial».

Notas[editar]

  1. Oficialmente «Ley Núm. 20.000, Sustituye la ley N° 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas».
  2. Oficialmente «Aprueba Reglamento de la Ley Nº 20.000 que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas y sustituye la Ley Nº 19.366».

Enlaces externos[editar]