Joaquín Fernández Gálvez
Joaquín Fernández Gálvez fue un Capitán de Infantería, destinado en Melilla durante el Golpe de Estado del General Franco del 18 de julio de 1936, que se mantuvo fiel al Gobierno legítimo de la República, y por ello fue fusilado junto con el Capitán Virgilio Leret, y otros oficiales, el 23 de julio de 1936. Fue uno de los primeros oficiales del ejército español fusilados por las fuerzas rebeldes.[1]
Historia
El 17 de julio de 1936, un grupo de tropas moras de Regulares apoyadas por una sección de infantería, se lanzaron al asalto, por sorpresa, de la base de hidroaviones de El Atalayón, próxima a Melilla. El capitán de Aviación D. Virgilio Leret Ruiz, jefe accidental de la Base, opuso fuerte resistencia, al frente de un pequeño grupo de oficiales, suboficiales y soldados que se rindieron cuando se agotaron las municiones.
En la tarde del 23 de julio el capitán D. Joaquín Fernández Gálvez, del Regimiento de Cazadores núm. 7,[2] fue fusilado en la explanada del Fuerte de Rostrogordo en Melilla en compañía de D. Virgilio Leret Ruiz, dos de sus subordinados, los alféreces de Aviación D. Armando González Corral y D. Luis Calvo Calavia, y del capitán D. Luis Casado Escudero, de Infantería.
El capitán Luis Casado Escudero, fusilado junto a Joaquín Fernández Gálvez, era natural de Pontevedra, superviviente de Igueriben en 1921, militar de ideas avanzadas, abogado, propuesto para la Cruz Laureada de San Fernando, concesión que fue rechazada porque los militares africanistas, profundamente resentidos por los sucesos de Annual, se la negaron, como al Regimiento de Cazadores de Alcántara.[3]
Fusilamiento sin proceso previo
Según el auto de nueve de julio de 2007 de la Sala Quinta del Tribunal Supremo, dictado en el proceso de revisión de la condena del Capitán Casado, dichos oficiales fueron fusilados sin proceso previo. No hubo sentencia sino un "Acta" que se limita a recoger por escrito la reunión, celebrada en Melilla el 23 de julio de 1936, en el despacho del Jefe de la Circunscripción Oriental, de catorce Jefes militares. En el Acta que acuerda el fusilamiento no se invoca ningún precepto del entonces vigente Código de Justicia militar, ni se cumple trámite procesal alguno, ni intervino el Ministerio Público, ni se contó con una mínima defensa, aunque fuese no letrada, ni tan siquiera consta que fuera oído el acusado por quienes se concertaron para suscribir el "Acta".
En consecuencia, el fusilamiento, dice el Alto Tribunal, constituye "un acto de fuerza de extrema violencia, enmarcado en unas actuaciones que ni tan siquiera pueden ser calificadas de simulacro judicial, y en las que en ningún momento se valoraron jurídicamente los hechos subsumiendo la conducta del ejecutado en algún tipo penal. No se siguió por los reunidos procedimiento judicial alguno, que pudiera servir de mínima cobertura a la ejecución que decidieron realizar por vía de hecho".
Participación en la Guerra del Rif.
Siendo Teniente de regulares don Joaquín Fernández Gálvez, que mandaba una compañía el 5 de julio de 1924, sostuvo un violento combate con los rifeños en el paso del río Ibujaran. El teniente Fernández Gálvez pasó el río bajo el fuego enemigo y protegió eficazmente los flancos del grueso de las fuerzas. Pero se vieron acometidos por un numeroso grupo de rifeños que se hallaban emboscados. La sorpresa fue sangrienta y murieron en ella todos los oficiales que iban en la compañía menos el teniente Gálvez que, herido de gravedad, logró salvar la situación hasta la llegada de otras fuerzas. Por esta acción en la Orden General de la Comandancia de Tetuán de enero de 1926, se dispuso la apertura de juicio contradictorio para la concesión de la Laureada de San Fernando.[4]