Impuesto sobre el Patrimonio

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El impuesto sobre el Patrimonio es un tributo correspondiente al sistema tributario español, de devengo anual, carácter directo y naturaleza personal que grava el patrimonio neto del que fuesen titulares las personas físicas a fecha de 31 de diciembre de cada año.

El Impuesto sobre el Patrimonio ha sido suprimido con vigencia desde el 1 de enero de 2008 por la Ley 4/2008, esta norma dispone la eliminación del gravamen sobre el patrimonio, técnicamente se ha establecido una bonificación general del cien por cien de la cuota, sin eliminar el impuesto. También se ha suprimido la obligación de presentar la declaración correspondiente a este impuesto.^[1]

Nació en virtud de la Ley 50/1977, de 14 de noviembre, con la reforma tributaria que estableció el Impuesto sobre la renta de las personas físicas, aunque actualmente la normativa básica del tributo en España descansa en la Ley 19/1991, de 6 de junio, reformada con la mencionada Ley 4/2008.

El hecho imponible, según el artículo 3 de la Ley 19/1991, es la "titularidad por el sujeto pasivo en el momento del devengo del patrimonio neto". Así pues, la base imponible será el valor del patrimonio neto del sujeto pasivo, entendiendo por patrimonio neto al conjunto de los bienes y derechos con contenido económico de los que sea titular el sujeto pasivo, una vez se le reste el valor de las cargas y gravámenes que recaigan sobre los bienes, así como las deudas u obligaciones personales de las que deba responder.

El impuesto sobre el Patrimonio está cedido a las autonomías, de manera que éstas obtienen el total de la recaudación, se encargan de su gestión y pueden regular su mínimo exento, su tarifa y sus deducciones.

Se trata de una de las figuras impositivas más criticadas, afirmando que produce múltiples casos de doble imposición, y que supone una penalización del ahorro. Todo ello, junto con su escasa capacidad recaudatoria, hacen que se trate de una figura susceptible de ser suprimida a nivel estatal. En este sentido, muchas comunidades autónomas, que se benefician de la cesión que el Estado hace del tributo, ya lo han derogado de facto.