Impuesto sobre el patrimonio

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El impuesto sobre el Patrimonio es un impuesto que se aplica individualmente, no sobre los ingresos o transacciones, sino sobre el patrimonio personal de las personas físicas, y se calcula basándose en el valor de todos los bienes del sujeto pasivo. Se aplica a nivel nacional en algunos países del mundo. Sus partidarios alegan que ayuda a la redistribución de la riqueza, mientras que sus detractores señalan que no logra este objetivo y con frecuencia empobrece a los países por la expatriación de los capitales.

Existe en algunos estados europeos, como Suiza, Noruega, España y Francia.

Países que lo aplican[editar]

  • Europeos:
    • España, se cobra a partir de 700.000€ con una exención por patrimonio inmobiliario de 300.000€ y con tasa entre 0,2% y 2,5%
    • Francia, mediante el Impuesto de Solidaridad de Fortunas, con tasa de 5,55% a 1,80% y techo de 790000 €;
    • Liechtenstein, con tasa de 0,07%
    • Noruega, con tasas entre 0,9% y 1,1%[1]
    • Suiza, a nivel de algunos cantones y comunas[2]
  • Otros países:
    • en India, únicamente se aplica sobre bienes no productivos de renta (vehículos, joyas, inmuebles no alquilados, etc.)[3]

Países que lo han suprimido[editar]

Algunos países disponían de algún impuesto de este tipo que ha sido suprimido:

  • Japón en 1953
  • Italia en 1992 el ISF se convirtió en un impuesto sobre inmuebles, a excepcion de la residencia principal y los terrenos agrícolas.
  • Austria en 1994
  • Irlanda en 1997
  • Dinamarca en 1997
  • Alemania en 1997
  • Luxemburgo en 2016[4]
  • Finlandia en 2006[5]
  • Suecia, el impuesto a fortunas de 1947 desaparece en 2007[6]
  • España en 2008 (no se suprime, se bonifica al 100%), aunque se ha restablecido exclusivamente para los años 2011 y 2012 debido a la crisis económica.

Artículo principal: Impuesto sobre el Patrimonio en España

Argumentos a favor[editar]

En general, existen cuatro argumentos a favor del impuesto: hace más justo el sistema fiscal, aumenta los ingresos del Estado, puede estimular el crecimiento económico(a corto plazo) y podría tener efectos sociales positivos al reducir la desigualdad.

Por lo que respecta a la justicia del sistema, en general se piensa que los impuestos que paga un ciudadano deben tener relación con su capacidad de pagarlos y el valor de sus propiedades suele reflejar su estatus socioeconómico. Puede además sustituir en parte a otros impuestos que son regresivos, como el impuesto al valor agregado (o impuesto sobre el valor añadido): este impuesto, por ejemplo, es siempre el mismo independientemente de que represente menos esfuerzo para un comprador que tiene mayores ingresos. Y, además, viene a sustituir al Impuesto sobre la Renta en personas con grandes patrimonios pero sin una renta como puede ser una nómina.

A favor del impuesto está también la idea de que el patrimonio neto de una persona es también una buena medida del grado en que se ha beneficiado de la infraestructura económica promovida y alimentada por las instituciones, que sustentan todos los contribuyentes. Por ejemplo, se puede afirmar que un rico inversionista o dueño de un negocio se ha beneficiado más que un ciudadano medio de la educación pública (tiene trabajadores cualificados), carreteras (para trasladar sus mercancías), pensiones y otros salarios sociales (para que haya capacidad de consumir sus productos), un poder judicial (que hace cumplir los acuerdos comerciales), la regulación financiera, los subsidios gubernamentales y rescates de empresas, etc...[7]

Argumentos en contra[editar]

En un artículo de Molly Moore para The Washington Post titulado "Old Money, New Money Flee France and Its Wealth Tax" se aducen los siguientes daños causados por el impuesto al Patrimonio en Francia: fuga de capitales, fuga de cerebros, pérdida de empleos y, finalmente, una menor recaudación de impuestos. En dicho artículo se cita a Eric Pichet, el cual estima que los ingresos por este gravámen son de 2.600 millones al año, pero le cuestan a Francia más de 125.000 millones de dólares en fuga de capitales desde 1998.[8]

Las principales objeciones al impuesto al patrimonio son: la valoración de activos iliquidos como inmuebles, negocios privados, antigüedades, etc. puede ser arbitraria, las fluctuaciones de la riqueza en el tiempo, la posibilidad de que los gobiernos usen la inflación como medio para aumentar la recaudación de impuestos y que los contribuyentes de edad avanzada con ingresos menores a sus activos que no generan renta se enfrentan a la imposibilidad de pagar sus impuestos sin liquidar activos. Otra objeción que se hace a este impuesto es que se gravan bienes o capitales por los que ya se satisficieron impuestos en el momento de su adquisición.

Como consecuencia de las dificultades en la valoración del patrimonio y su administración, los impuestos al patrimonio tienen cierto coste de gestión. En el caso holandés, el coste porcentual que conlleva la gestión es de un 26% de los ingresos obtenidos, aproximadamente cinco veces mayor que en el caso del impuesto sobre la renta.[9]

Véase también[editar]

Referencias[editar]