Desastre de Aznalcóllar

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Río Agrio a la altura del casco municipal de Aznalcóllar que queda a la izquierda de la imagen y fuera de ella. A la derecha están las escombreras de las antiguas minas de pirita. El color turquesa es debido a la contaminación residual que proviene de las escorrentías de las escombreras.
Imagen que muestra el nivel de los lodos alcanzados en el vertido de la mina de Aznalcóllar en la rivera del Guadiamar.
Logo de la empresa minera Boliden

El desastre de Aznalcóllar es un desastre ecológico producido por un vertido de residuos tóxicos en el Parque nacional y natural de Doñana, en Andalucía, España, en 1998, causado por la rotura de la presa de la balsa de la mina de Aznalcóllar, propiedad de la empresa sueca Boliden. De ahí que también se conozca con el nombre de caso Boliden.

Introducción. El Guadiamar y su Corredor Verde[editar]

El Guadiamar es el último gran afluente del Guadalquivir antes de su desembocadura, cerca del municipio del Castillo de las Guardas, en Sierra Morena. Más adelante, recorre el Aljarafe sevillano y discurre por los municipios de Ribadeo, Aznalcóllar, Benacazón, Huevar, Olivares, Sanlúcar La Mayor y Villamanrique de La Condesa, para terminar en las marismas de Doñana. En 1998, el desastre minero de Aznalcóllar propició el vertido de grandes cantidades de minerales al río y a las tierras dedicadas a la agricultura que se encuentran en las inmediaciones del mismo. Tras las principales tareas de reconstrucción de la zona, en 2003, el Corredor Verde del Guadiamar entró a formar parte de la Red de Espacios Protegidos. El corredor es también nexo de unión entre Sierra Morena y Doñana, permitiendo el intercambio de especies entre ambos espacios.

El desastre minero[editar]

La madrugada del 25 de abril de 1998, una balsa de residuos de metales pesados muy contaminantes de 8 hm³, procedentes de una mina de la empresa de capital sueco Boliden-Apirsa, situada en la localidad de Aznalcóllar, se rompió por dos de sus lados, liberando gran cantidad de líquido de muy bajo pH (alta acidez).

El vertido producido en el río Agrio llegó rápidamente al Guadiamar, que fluye hacia el Parque natural de Doñana y preparque, donde fue frenado y desviado mediante diques para que llegara con más rapidez al Guadalquivir y hasta llegar al mar.

Pasados varios años, sin que se supiera de quién era la responsabilidad y después de haber gastado varias administraciones públicas muchos millones de euros intentando dejar relativamente medio-limpia la zona contaminada. Sobre la zona dañada y sobre el terreno circundante expropiado, contaminado indefinidamente, se ha creado la figura de protección natural del Corredor Verde para la unión de Sierra Morena y Doñana. En dicho corredor, se encuentra prohibida la pesca, el transporte de aves muertas, el pastoreo y la recolección; continuando las actividades de reforestación y conservación, se han construido varios observatorios ornitológicos y algunas zonas para el ocio y recreo.

El 22 de noviembre de 2004 la Sala 3ª del Tribunal Supremo condenó a Boliden-Apirsa al pago de unos 45 millones de euros en concepto de indemnización por los daños causados. Boliden anunció que no piensa pagarlo por tratarse de un "factor externo"[1]

El 1 de febrero de 2008 comienza una exposición divulgativa "[2] organizada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en la que se muestran al público datos de la que es la mayor catástrofe ambiental de España.

Posicionamiento de reputados periodistas ante la castástrofe[editar]

Rogelio Fernández Reyes —Doctor en Periodismo con la tesis Periodismo Ambiental y Ecologismo: Tratamiento informativo del vertido de Aznalcóllar en el diario El País (1998-1999), edición Andalucía— recoge en su libro Aproximación al movimiento ecologista andaluz. Hacia la reconciliación con la naturaleza en Andalucía que “investigadores del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología (IRNAS), dependiente del CSIC, habían señalado en numerosos trabajos, publicados en los años 80 y 90, la existencia de significativos niveles de metales pesados en el cauce del Guadiamar (procedentes de las explotaciones mineras), y habían advertido del riesgo que suponía para el Parque Nacional de Doñana la existencia de una balsa de residuos, de tales dimensiones, en la cabecera del cauce que regaba las marismas del Guadalquivir”.[3]

En este mismo punto coincide también el periodista Joaquín Fernández quien en El ecologismo español llega a afirmar que “lo sorprendente, sin embargo, es que ante la permisividad de las administraciones y la irresponsabilidad de las empresas, no ocurran [este tipo de desastres] con mayor frecuencia. De hecho, pocos días después de esta catástrofe, estalló otra balsa en Cádiz sin mayores consecuencias afortunadamente. Las denuncias sobre el impacto de la minería a cielo abierto han sido frecuentes así como los riesgos derivados de balsas o de escombreras de estériles”. Y para más inri, Fernández señala que “lo sucedido en apenas unos minutos tras la rotura de la balsa de lodos de las minas de Aznalcóllar ha venido ocurriendo en la bahía de Portmán (Cartagena), día a día, durante más de treinta años”.[4]

Proceso judicial[editar]

En 2002 se cerró la vía penal —21 técnicos imputados fueron absueltos—, por lo que la Junta de Andalucía demandó a Boliden para recuperar los 89 millones invertidos en la limpieza de residuos, pero el Juzgado de Primera Instancia nº 11 de Sevilla se declaró incompetente, decisión que fue ratificada en 2003 por la Audiencia de Sevilla y en 2007 por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Entonces la Junta presentó un recurso ante el Tribunal Supremo, que en 2012 ordenó que el caso, después del «indeseable peregrinaje sufrido», regresara al mismo juzgado sevillano de primera instancia que se inhibió una década antes. En 2013 ese juzgado inició las diligencias para determinar a quién corresponde pagar la limpieza de los seis millones de metros cúbicos de lodos tóxicos que afectaron a 4.634 hectáreas en el entorno del parque de Doñana. Sin embargo, en su última memoria anual, la compañía sueca indicaba que sus abogados en España no prevén «sufrir ningún daño económico como resultado del proceso legal, por lo que no ha hecho provisiones monetarias».[5]

Véase también[editar]

Referencias[editar]

  1. Boliden dice que no pagará la multa por el desastre ecológico de Doñana
  2. Garrido, H. (Coord.) Guadiamar, ciencia, técnica y restauración. El accidente minero diez años después. CSIC (2008)
  3. Fernández Reyes, Rogelio: Aproximación al movimiento ecologista andaluz. Hacia la reconciliación con la naturaleza en Andalucía. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía, Sevilla, 2005, página 170.
  4. Fernández, Joaquín: El ecologismo español. Alianza Editorial S.A., Madrid, 1999, página 218.
  5. Javier Martín-Arroyo (27 de abril de 2013). «La justicia reinicia el 'caso Boliden' 15 años después de la catástrofe». El País. 

Enlaces externos[editar]




Coordenadas: 37°31′00″N 6°15′00″O / 37.51667, -6.25000