Anexo:Casos de corrupción política en Perú

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Esta es una lista de casos de corrupción política de Perú, en investigación o finalizados por institución involucrada. Según la Defensoría del Pueblo de cada mil habitantes existen 27 casos de corrupción en trámite entre el 2017 y 2020.[1]​ Mientras que Procuraduría Anticorrupción en 2021 señala de que los 57 casos emblemáticos por resolverse, 13 corresponde en agravio al Estado.[2]​ Algunos de los más renombrados están divididos entre Nacional, Regional y Local, incluido casos que solo corresponden a interinos de las entidades, y son:

Casos nacionales[editar]

Entidad Caso y descripción Fecha Ámbito
Gobierno del Perú Caso de la consolidación de la deuda a partir de los ingresos de la Era del Guano (se estima que ocurrió entre 1840 y 1880).[3]​[4]​ Es considerado como uno de las más importantes desde su formación como república, en donde el comercio de recursos del guano y salitres sobresalieron los escándalos de corrupción.[5]​[6]​ Se recaudaron durante ese periodo 750 millones de pesos[3]​ Años 1840 a 1880 Nacional
Caso de la consolidación de la deuda, que favoreció a la clase alta.[3]​ Entre varias estrategias, incluye la poseción de la consolidación a comerciantes.[7]​
Monopolización del comercio con la firma del contrato Dreyfus;[3]​ según Shane Hunt, para 1876 el dinero ilícito asemejó al producto nacional bruto de ese año y equivale al producto bruto interno obtenido en 2008.[5]​
Caso Leguía. Con su cambio de perspectiva política característica de su gobierno, de toque personalista,[4]​ parte del dinero se usó en un eventual proyecto Pampas de Olmos, que nunca se construyó.[8]​ Se creó el Tribunal de Sanción Nacional durante la Junta Militar de Gobierno de 1930 para denunciar eventos de aprovechamiento personal en su gobierno.[9]​ Es el primer antecedente en realizar un juicio político.[10]​ 1930-1931
Caso Página 11, durante el primer gobierno de Fernando Belaúnde, en que salió beneficiada la International Petroleum Company a partir de una serie de cláusulas que permanecieron en secreto. En consecuencia el Golpe de Estado concretó la toma de La Brea y Pariñas. 1968-1970
Caso Sergio Siragusa, representante del consorcio Tralima quien declaró la existencia ante las autoridades italianas y también la fiscal peruana Flor de María Maita.[11]​[12]​ Fue el antecedente del futuro Metro de Lima.[13]​ En 1993, el mandatario Alan García fue incluido como ficha roja.[14]​ Sin embargo, el gobierno de Alberto Fujimori decretó la ley de contumacia en 1994, norma para realizar investigaciones sin sustento y que fue criticada por ser una estrategia para perseguir opositores.[15]​ 1993-2001
Caso Fonavi. Se reveló un desfalco de dinero,[16]​ en que parte del mismo se desvió a otras instituciones en lugar de realizar construcciones de viviendas.[17]​ Años 2000
Caso Fujimori-Montesinos. Una red instalada que involucró a políticos, medios de comunicación y jueces. El escándalo se visibilizó con los vladivideos. 1992-2009[n 1]​
Caso César Almeyda. El entonces asesor de Alejandro Toledo aprovechó su confianza para realizar actos de corrupción en su gobierno. Tenía vínculos con el general retirado Oscar Villanueva, quien formó parte de la red de corrupción en el gobierno de Alberto Fujimori.[18]​ En 2006, Almeyda fue excarcelado para cumplir su condena bajo arraigo domiciliario.[19]​ 2001-2004[20]​ Interino
Casos Narcoindultos y Agua para todos. Realizado por la Comisión Investigadora de la gestión del gobierno de Alan García. 2015 Nacional
Odebrecht en Perú. Destacan casos varios como financiamiento en campañas presidenciales, el caso Interoceánica, la finalización del metro de Lima, Gasoducto Sur Peruano, Costa Verde, etcétera.[21]​ Para 2023 se estimó que las obras comprometidas del Estado, generaron pérdidas de 17 mil millones de dólares.[22]​ 2016-presente
Caso Petroaudios. 2008
Caso Chinchero, en que se detectó irregularidades por la constructora Kuntur Wasi.[21]​[23]​ 2017
Club de la construcción (incluye a OAS). 2017
Caso Mamanivideos. 2018 Interino
Caso Gabinete en la sombra y afines. En investigación por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, oficializado por Patricia Benavides.[24]​ 2021-presente
Caso Los Intocables de la Corrupción. Destaca investigaciones de funcionarios en el gobierno de Martín Vizcarra.[25]​ Se revelaron audios sobre movimientos fuera de Lima.[26]​ Uno de los exfuncionario de Martín Vizcarra se acogió a la colaboración eficaz y entregó hoy medio millón de soles en efectivo a la Fiscalía.[27]​ El recibo de dinero por obras continuó tras la salida de Vizcarra.[28]​ 2017-2024

Casos municipales y regionales[editar]

Entidad Caso y descripción Fecha Ámbito
Municipalidad de Lima Caso Lucchetti. Ocurrieron durante la gestión de Alberto Andrade. Años 2000 Municipal
Casos Lima Amarilla (supuesta licitación de obras por OAS) y Comunicore (para pagar deudas de los años 1990, en que fueron sentenciados en 2017).[29]​[30]​ Ocurrieron en la gestión de Luis Castañeda.[31]​[32]​ Años 2000 y 2010
Caso «No a la Revocatoria» y reelección, durante la administración de Susana Villarán. Vinculado a Odebrecht.[21]​ Años 2010
Caso Emmsa. En 2014 se evidenció una grabación en que un funcionario recibió coimas de comerciantes del Mercado Mayorista de Santa Anita.[33]​ En 2019, al mostrarse cobros irregulares para tomar puestos de negocios en el lugar,[34]​ el entonces acalde Jorge Muñoz confirmó la existencia de la Empresa Municipal de Mercados y tomó medidas para erradicarlo.[35]​

Otro similar ocurrió en 2014 en una denuncia un abritaje irregular de millones de soles sin un contrato de por medio con la entonces empresa Relima para tareas de limpieza del mencionado mercado.[36]​[37]​ Relima (posteriormente renombrado como Innova Ambiental) tuvo licitaciones en operar el servicio de limpieza entre 2005 y 2015, que mantuvo operando para el municipio sin autorización hasta 2022.[38]​

Municipalidad Provincial de Arequipa Casos varios, vinculados a las gestiones de Omar Candia, Manuel Vera y Gilmar Luna. Los señalados pasaron a las clandestinidad luego de investigaciones y sentencias en su contra.[39]​ Años 2010-2020
Gobierno Regional de Arequipa Caso Oncoserv,[40]​ operado por Rodolfo Orellana para adquisición de terrenos. Entre sus modalidades fueron el laudo arbitral para despojar a los privados de sus propiedades, la creación de liquidadoras que levantaban las hipotecas de los bancos y la emisión de las cartas-fianza de una cooperativa propia que garantizaba la solvencia en las compras.[41]​ Por esto último, que se llamó Coopex y fue formada en el 2008,[42]​ Orellana recibió una sentencia en 2017,[43]​ y su pena se extendió en 2023.[44]​ Años 2000 y 2010 Regional
Gobierno Regional de Áncash Caso La centralita,[21]​ vinculado al gobernador César Álvarez Aguilar, quien estuvo al cargo entre 2007 y 2014;[45]​[46]​ el Ministerio Público estimó que hay 1.200 denuncias a funcionarios al finalizar su cargo,[47]​ y que la Contraloría calculó pérdidas de 200 millones de soles entre 2009 y 2015.[48]​ Además otros tres sucesores del gobernador de Áncash (incluido Waldo Ríos Salcedo) también fueron acusados de corrupción.[49]​ Debido a su impacto, para diciembre de 2021 la región cuenta con 21 fiscales y 7 peritos.[50]​

El caso fue inicialmente archivado en 2013, a pesar de contar pruebas.[51]​ Previo a la formulación, varios denunciantes fueron asesinados o amenazados por miembros del sicariato.[52]​

2007-años 2010
Gobierno Regional de Madre de Dios Casos relacionados con el gobernador Luis Hidalgo Okimura, cuyo posible beneficiado fue la minería informal, con 46 mil trabajadores,[53]​ que algunos de ellos permanecieron actividades ilegales con funcionarios del sector regional.[54]​ Se destaca el caso Los hostiles de la Amazonía por tráfico de madera y que involucró a otros funcionarios,[55]​ y el arresto de su gobernador Okimura. Años 2010
Gobierno Regional del Callao Caso relacionado al movimiento regional Chim Pum Callao.[56]​[57]​ Años 2010
Gobierno Regional de Junín Caso los Dinámicos del Centro, en que se hicieron pedidos clandestinos de brevetes a cambio de dinero.[58]​[59]​ Años 2010
Gobierno Regional de Tumbes Caso Gerardo Viñas Dioses. Sentenciado por descalfar en su segundo gobierno regional. 2014
Gobierno Regional de Pasco Caso Kléver Meléndez Gamarra. Sentenciado por beneficiar a una empresa en una licitación pública. 2014-2017
Gobierno Regional de Loreto Caso Yván Vásquez. Sentenciado por irregularidades en la construcción de cuatro embarcaciones fluviales. 2014-2016
Municipalidad provincial de Tacna Organización criminal Los Limpios de Tacna, relacionado al tráfico de terrenos durante el gobierno municipal de Luis Torres Robledo.[60]​[61]​ 2018-2022 Municipal
Municipalidad de Punta Negra Caso Los Charlys del Sur, vinculado a corrupción de funcionarios y usurpación agravada.[62]​[63]​ Un fiscal que favoreció al exacalde del lugar fue sentenciado en 2021.[64]​ 2018
Municipalidad de Anguía Irregularidades en las licitaciones detectadas en 2022, en que se aceleró la construcción de obras.[65]​ 2021
Gobierno Regional de Ucayali Caso Panchos de Villa, en que se realizaron entrega de dinero de las arcas a los financistas de la campaña de Francisco Pezo Torres entre 2019 y 2021.[66]​[67]​[68]​ 2021 Regional

Otros casos no relacionados con la administración ejecutiva[editar]

Entidad(es) Caso y descripción Fecha Ámbito
Fondo de la Reconstrucción del Sur Tras los sucesos del terremoto de Pisco, se estableció el Fondo de la Reconstrucción del Sur. En 2009 la Contraloría encontró evidencias de corrupción.[69]​ En 2010 se estimó pérdidas de cuatro millones de soles.[70]​ Aunque en 2011 se tomó la decisión de desactivar la institución,[71]​ en 2012 el presidente de la comisión parlamentaria investigadora, Rogelio Canches, confirmó la existencia de cuatro obras sobrevaloradas.[72]​ Finalmente, en 2013, la comisión validó las denuncias de irregularidad de obras que fueron inconclusas o mal financiadas.[73]​ 2008-2011 Regional
Consejo Nacional de la Magistratura Caso Los Cuellos Blancos del Puerto. Debido a la red en el Poder Judicial, se realizó la desmantelación de la institución. 2008 Nacional
Policía Nacional del Perú Caso Fotopapeletas. Se apropiaron indebidamente parte de los fondos obtenidos por sus infractores para transferirse al Gobierno Regional de Callao.[74]​[75]​ 2010 Regional
Caso Los Elegantes de la Municipalidad de Arequipa. La organización fue una mafia que cancelaba las infracciones por consumo de alcohol a cambio de sobornos.[76]​[77]​ 2020
Ministerio de Salud y Sinopharm Caso Vacunagate. 2021 Institucional
Varias municipalidades Caso Los Incorregibles.[78]​ Esta organización aprovechó las vulnerabilidades en Sistema Integrado de Administración Financiera, en que se registraban transferencias fraudulentas a empresas no licitadas, en que se denominan «pagos fantasmas». Se usaron en la municipalidad provincial de Padre Abad cuyas pérdidas alcanzaron los 10 millones de soles y la municipalidad distrital de Callayuc, que alcanzó los 8 millones de soles.[79]​[80]​[81]​ 2021 Nacional
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios Irregularidades en obras de reconstrucción al norte del Perú, a causa de El Niño costero de 2017. Se reportaron retrasos y malversación de fondos en las obras construidas,[82]​ en que la Municipalidad Provincial de Chiclayo recibió denuncias de 35 funcionarios.[83]​ Sus pérdidas se estimaron en 100 millones de soles en 2021.[84]​ 2017-2023 Nacional
Ministerio Público Caso la Fiscal de la Nación y su Cúpula de Poder. En su documento judicial, se señala a una presunta organización delictiva liderada por la máxima autoridad Patricia Benavides que buscaba influir «ilícitamente en decisiones de congresistas».[85]​ Se encontraron archivos en malas condiciones junto a un cuaderno sobre los «ataques del Ejecutivo».[86]​ 2023 Nacional

Véase también[editar]

Notas[editar]

  1. ↑ El caso de Fujimori permaneció en investigación por la Producaduría Anticorrupción hasta 2009. Casos relacionados con el exmandatario fueron investigados posteriormente.

Referencias[editar]

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  3. ↑ a b c d Bolaños, 2002, p. 16.
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  11. ↑ Merino, 2018, pp. 36-37.
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  15. ↑ «Al voto prescripción de juicios contra Alan García». La República. 27 de diciembre de 2000. Archivado desde el original el 4 de enero de 2002. Consultado el 15 de noviembre de 2023. «En este contexto, la abogada demandó al tribunal evaluar la aplicación o no al caso García de la ley de contumacia, norma expedida en 1994 que suspende la prescripción para aquellos procesados considerados rebeldes a presentarse a la justicia. Judith de la Matta sostiene que esta norma fue aplicada irregularmente al ex presidente García, como ha reconocido, dijo, una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y recientemente el juzgado de derecho público». 
  16. ↑ Sousa Debarbieri, Lorenzo (2003). El capital ausente 3 (primera edición). TETIS GRAF. p. 1432. ISBN 9972-628-05-1. OCLC 53898139. Consultado el 14 de noviembre de 2022. 
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Bibliografía[editar]

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