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Crisis Institucional de Venezuela 2016

La Crisis Institucional de Venezuela se refiere al problema político de los principales cinco Poderes Públicos que conforman la División de Poderes. Pues, antes de la incorporación de la nueva la Asamblea Nacional, las Elecciones Parlamentarias ocurridas el 06 de Diciembre del 2015 le otorgaron a la Mesa de la Unidad Democrática (Partido opositor al Gobierno Nacional) la victoria con 112 escaños frente al Partido Socialista Unido de Venezuela, que obtuvo 55 escaños, dándole a la oposición la segunda victoria después del Referéndum constitucional de Venezuela de 2007, y la primera victoria de peso pesado en los últimos 17 anos.

Sin embargo, las relaciones entre gobierno y oposición desde entonces se tensaron demasiado tras este evento lo que ocasionó conflictos políticos entre ambos bandos, además de agresiones y denuncias por parte de los mismos.

Origén

Elecciones Parlamentarias del 2015

Vease también:Elecciones parlamentarias de Venezuela de 2015

Controversia por táctica de confusión MIN-Unidad

En un caso particular denunciado por la MUD se encuentra la supuesta táctica esgrimida por el partido MIN-Unidad de utilizar ilegítimamente los símbolos de la tarjeta de la MUD para "confundir" a los votantes afectos a la Mesa de la Unidad, argumento que tras ser denunciado oficialmente ante el CNE conllevó a la sanción de dicho partido por parte de la institución electoral.

Asesinato de Luis Manuel Díaz

El 25 de noviembre fue asesinado el dirigente del partido Acción Democrática Luis Manuel Díaz en un acto electoral en Altagracia de Orituco. La OEA, Unasur y Amnistía Internacional condenaron el hecho y llamaron a que se hiciera una investigación independiente. El presidente Nicolás Maduro dijo que creía que se trataba de un ajuste de cuentas. Desde el punto de vista de la MUD, el asesinato de Díaz sería el último de una serie de ataques violentos presuntamente perpetrados por colectivos del gobierno a distintas actividades de campaña opositoras a lo largo del país durante todas las primeras dos semanas de campaña, argumento sin embargo negado por el gobierno nacional en voz de la Canciller de la República Delcy Rodríguez, para quien tales incidentes son hechos aislados que no sirven como evidencia de un ambiente de violencia electoral.

Resultados

Distribución de los escanos en la Asamblea Nacional

El primer boletín de resultados se entregó a las 12:30 a.m. del 7 de diciembre por la presidenta del CNE Tibisay Lucena, más de 6 horas luego del cierre de las elecciones. Faltando 22 escaños por definir, se entregaron los siguientes resultados parciales, Mesa de la Unidad Democrática: 99 diputados y Partido Socialista Unido de Venezuela: 46 diputados. Una vez hecha oficial la entrega del primer boletín, el presidente Maduro se pronunció afirmando que las elecciones se dieron con normalidad, y reconociendo la victoria de la oposición, afirmando que "ha triunfado la guerra económica" y que "reconocía los resultados adversos", declarando que esto sería una victoria para la constitución y la democracia.   Maduro se había comprometido a reconocer los resultados días antes en un compromiso que firmó públicamente el 26 de octubre de 2015. El segundo boletín, entregado en la noche del 7 de diciembre, aumentó a 110 los diputados obtenidos por la MUD y 55 por el PSUV, faltando aun dos escaños por asignar.¹⁰¹

Finalmente, el 8 de diciembre, más de dos días luego del cierre de las elecciones y con el total de las actas y adjudicaciones, la MUD se le otorga 112 diputados y 55 para el GPP (PSUV + aliados).

Posterior a eso, la nueva Asamblea Nacional se instaló el 5 de enero de 2016, quedando designado Henry Ramos Allup como presidente de la misma, y Enrique Márquez y Simón Calzadilla como primer y segundo vicepresidente, todos de la MUD. Sin embargo, durante el tiempo transcurrido entre el 6 de Diciembre hasta el 5 de Enero, se presentaron irregularidades denunciadas por el Gobierno:

Denuncias de fraude e impugnación de resultados

Controversia por presuntas irregularidades por votos nulos

A pesar de haber reconocido formalmente los resultados emitidos por el CNE, el presidente Nicolás Maduro denunció, luego de pocos días, un presunto fraude que habría cometido la oposición por medio de una supuesta "compra de votos" por parte de candidatos opositores para garantizar votos a su favor. Aseguró tener pruebas, y encomendó la investigación al alcalde del municipio Libertador de Caracas y jefe del comando de campaña oficialista Jorge Rodríguez. Posteriormente, Rodríguez efectuó una alocución pública donde aseguraba haber reunido testimonios y evidencias de la ocurrencia de irregularidades que viciaban de nulidad los efectos de la elección, específicamente en el estado Amazonas e instó al CNE a investigar tales presuntos sucesos.

Paralelamente, el presidente Maduro denunció públicamente como presunta situación "irregular" la abundancia de votos inválidos registrados en las elecciones, asegurando que la suma de los mismos equivalía a "un millón y medio de votos". Aseguró que tales votos no efectivos, presuntamente resultado de una deliberada mala asesoría de los miembros de mesa a los votantes, había conseguido alterar en circuitos específicos los resultados. Presentó como ejemplo el icónico circuito 3 del estado Aragua, donde la candidata opositora consiguió su curul con solo 82 votos de diferencia de la candidata oficialista, a lo que volvió a pedir una investigación.

Para expertos en temas electorales, los votos nulos no podían ser argumentados como efectos de nulidad para la elección nacional, en primer lugar, porque el voto nulo no es causal de impugnación, igualmente, la cantidad de votos nulos denunciadas por el presidente estaba sobredimensionada, y de acuerdo a análisis comparativos de la elección de 2015 con otras precedentes, no representaron un aumento significante como para considerarse una irregularidad, y de acuerdo al análisis individual de los circuitos electorales a nivel nacional, los casos en los que un candidato ganara con mayor cantidad de votos nulos que diferencia con el candidato rival fueron mayores a favor del oficialismo que a la oposición.   De acuerdo al experto en temas electorales Eugenio Martínez y al activista político Nicmer Evans el crecimiento de los votos nulos puede explicarse como votos de protesta por parte de tradicionales partidarios del oficialismo a la oferta electoral planteada por el GPP, y no a un fraude deliberado.

Impugnaciones ante el poder judicial

Semanas después de la realización de las elecciones parlamentarias, representantes de la Mesa de Unidad realizaron una rueda de prensa donde aseguraron haber recibido información por parte de fuentes ligadas al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), según la cual el PSUV había tramitado un recurso contencioso electoral ordinario a la Sala Electoral del TSJ para impugnar el proceso electoral en un número de circunscripciones que afectaban a un total de 22 diputados electos junto a una medida cautelar que pedía impedir la juramentación de tales diputados, programada por la constitución nacional para el 5 de enero de 2016, acción viciada de nulidad de acuerdo a expertos ligados a la MUD. Tal denuncia fue inmediatamente desmentida por autoridades oficiales del TSJ, asegurando nunca haber recibido las denuncias para las impugnaciones, lo que fue interpretado por dirigentes de la MUD como un "retroceso" por parte de los líderes del oficialismo en lo que hasta ese momento habían llamado "golpe judicial".

Sin embargo, apenas una semana después de las declaraciones anteriores, el TSJ difundió oficialmente que había aceptado 7 denuncias de impugnaciones que afectaban a un total de 8 diputados electos para representar a los estados Amazonas, Aragua y Yaracuy, de las cuales 6 fueron posteriormente declaradas improcedentes y la séptima aceptada como procedente, consecuentemente siendo declarado por el TSJ que se ordenaba la "suspensión" de los actos de totalización de votos y proclamación de resultados de la elección parlamentaria en todos los circuitos del estado Amazonas, afectando a tres diputados electos por la MUD (uno de ellos de la representación indígena por la región sur) y un diputado del PSUV elegido por votación lista.

La impugnación fue rechazada de manera instantánea por voceros de la Mesa de la Unidad, quienes reiteraron la denuncia de la maniobra como un "golpe judicial" para reducir la mayoría calificada alcanzada por la agrupación política , denuncia que fue llevada por los mismos a instancias internacionales tales como la ONU y la OEA. y anunciaron que a pesar de la sentencia judicial acudirán el 5 de enero a juramentar a los 112 diputados electos por la coalición para conformar la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional.

Según expertos electorales, la sentencia del TSJ carece de efectividad y resulta "inconstitucional e inejecutable", entre otras razones porque ordenaba la "suspensión" de un evento jurídico (la proclamación de los candidatos vencedores de la contienda electoral) que ya había tenido lugar y que por tanto ya no podrá suspenderse, lo que además es opuesto a lo estipulado en el artículo 200 de la constitución, que reconoce la inmunidad jurídica de los diputados nacionales al momento de su proclamación como tales, haciendo inefectiva una sentencia judicial que no viniese acompañada de la anulación de la inmunidad parlamentaria de dicho diputado por parte de la directiva de la Asamblea Nacional.  Aun así la impugnación recibió el respaldo explícito de dirigentes del partido de gobierno para quienes la impugnación respondía a las presuntas irregularidades electorales denunciadas por el alcalde Jorge Rodríguez

Actualidad

Decreto de Emergencia Económica

El día 8 de Enero de este año, en la presentación de Memoria y Cuenta por parte de Nicolás Maduro, el presidente presentó un Decreto de Emergencia Económica hacia la Asamblea donde pasó casi 3 horas exponiendo la situación de la crisis venezolana y que de ser aprobada por la Asamblea (Que debía ser discutida durante ocho días), el presidente tendría la potestad de crear diversos planes para acabar contra “la Guerra Económica” durante ochenta días. Diversos sectores de la oposición denunciaron que se trata de una “Ley Habilitante disfrazada” y, por lo tanto, le daría al presidente potestad de crear leyes de manera ilegal. Ya al pasar los ocho días, la Asamblea Nacional no aprobó el decreto. Sin embargo, días después, el Tribunal Supremo de Justicia decretó que dicho Decreto de Emegencia Económica es “Constitucional” y que está “Vigente”; la oposición, con ello, denunció que el TSJ está por encima de la constitución.

Referendúm Revocatorio

Durante la campaña de la MUD antes de las elecciones del 6 de Diciembre, Henrique Capriles Randonski, actual Gobernador de Miranda y ex-candidato a la Presidencia, promovió el proceso de "Referendúm Revocatorio". Dicho referendúm se hace cuando el presidente de la república cumple la mitad de su periodo presidencial.