Usuario:Jesusdvav19/Taller

El Consejo Económico y Social del Principado de Asturias fue un órgano de carácter consultivo, creado por la ley 10/1988. Su misión principal consistía en el asesoramiento al Consejo de Gobierno y a la Junta General del Principado de Asturias, canalizando la participación de los ciudadanos, empresarios y los agentes sociales. Estuvo ubicado en la ovetense Plaza De La Paz. Sufrió una reforma de calado con la Ley 2/2001. Fue suprimido por la Ley 8/2017, de 27 de octubre, aduciendo razones de eficiencia.​

Antecedentes

Contexto político y económico

Asturias sufría por entonces las consecuencias de la crisis de 1973, sumada a una industria que daba síntomas de agotamiento desde unos años antes. Los gobiernos (tanto nacional como autonómicos) se preocupan de dar respuesta para ayudar en la recuperación. Esta es la conocida Reconversión Industrial española, una serie de medidas encaminadas a limitar la crisis económica y proponer nuevos modelos industriales más sostenible. El pilar fundamental desde el punto de vista legal fue la Ley 27/1984, de 26 de julio, sobre reconversión y reindustrialización. De gran importancia fue, asimismo, la Adhesión de España a las Comunidades Europeas, largamente negociada desde 1978 y firmada en 1985. Hubo concesiones por parte del gobierno español, que redundaron en el desmantelamiento de parte de la industria.​​

Asturias estaba en medio de un proceso de desindustrialización, que amenazaba gravemente la economía regional, tan característicamente industrial y dependiente del sector público (Ensidesa, Hunosa). En los años 60, a pesar del crecimiento global de la economía, el empleo industrial ya empieza a dar señales del progresivo descenso que sería característico durante los siguientes años. El sector industrial asturiano pierde más de trece mil trabajadores. Entre 1975 y 1985, sigue perdiendo importancia relativa en la economía, y destruye además treinta mil puestos. En 1985, se registra un decrecimiento del PIB regional del 1%.​

Es emblemático de la época el proyecto de la variante de Pajares, una remodelación de las vías de tren que conectaban León y Asturias. La infraestructura original se había construido en 1884. Aunque concebido inicialmente el 1979 por UCD, el proyecto sería abandonado por el PSOE, reclamado largamente por los asturianos y retomado durante los gobiernos de Aznar, pero concluido en 2023 como línea de alta velocidad.​El propio CES asturiano elaboraría su primer informe, en 1989, a este respecto, dando una idea de su prioridad.

La economía española, en su conjunto, obtuvo grandes beneficios por su adhesión a la CEE, creciendo con un buen ritmo en el período 1986-1991. Asturias, por su parte, crecería en términos globales bastante por debajo de la media, y el sector industrial siguió en caída. ​La referencia a la crisis es continua, y permea los debates políticos de la época. Los términos empleados pueden resultar dramáticos: Pedro de Silva hablará del Consejo Económico y Social como un medio de «pacificación».​

Los Consejos Económicos y Sociales

Los Consejos Económicos y Sociales (CES) "son instituciones, generalmente previstas en sus textos legales y Constituciones, aunque no siempre sea así, habitualmente de carácter consultivo de Gobiernos, Parlamentos u otras instituciones, en asuntos socioeconómicos, en la que se congrega a los interlocutores sociales (empresarios y trabajadores) y, en numerosos supuestos, a otros sectores de la vida civil organizada."​La denominación puede ser diferente, en función del país. Incluso, organismos con nombre similar puede tener funciones diferentes.​

Antes de la conformación de las autonomías, ya existían organismos de una naturaleza similar en países de la órbita europea. En concreto, el primer Consejo Económico moderno nace en 1919 en la República de Weimar, con el artículo 165 de la Constitución. Varios países europeos le seguirían, imitando a veces el modelo de órgano constitucional, y siendo un órgano previsto por ley simple en otros.​A nivel europeo, existía el Comité Económico y Social desde 1957.​

Para los sindicatos asturianos, sin embargo, había dos antecedentes muy cercanos: Francia e Italia. Francia, por un lado, tenía su Consejo Económico y Social, que existía como tal desde 1958, fecha en la que se incluyó en la constitución francesa, aunque su historia se puede rastrear al Consejo Nacional Económico de 1925.​Además, el país vecino contaba con la figura de los Consejos Económicos y Sociales Regionales, que se introdujeron legalmente en 1972 y empezaron a funcionar en 1973.

En Italia, por otro lado, existía el Consejo Nacional de la Economía y el Trabajo de Italia, órgano previsto en el artículo 99 de la Constitución Italiana.​

El Consejo Económico y Social de España

En España, todavía no había un órgano similar a nivel estatal. Podemos encontrar un origen en el Consejo de Economía Nacional, creado durante la dictadura de Primo de Rivera y reflejo fiel del corporativismo. El Consejo de Economía Nacional había seguido existiendo durante el franquismo, pero con escaso prestigio, y sería suprimido en 1980. Paralelamente, para sustituir a este organismo, el gobierno de Suárez elaboró un proyecto de creación de Consejo Económico y Social en 1976. Sin embargo, debido a la falta de un encaje constitucional, se desechó la idea.​

Ya después de la aprobación de la Constitución de 1978, el artículo 131 hacía pensar la posibilidad de un CES:

1. El Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución.
2. El Gobierno elaborará los proyectos de planificación, de acuerdo con las previsiones que le sean suministradas por las Comunidades Autónomas y el asesoramiento y colaboración de los sindicatos y otras organizaciones profesionales, empresariales y económicas. A tal fin se constituirá un Consejo, cuya composición y funciones se desarrollarán por ley.

Este artículo refleja la flexibilidad ideológica de la Constitución, fruto del consenso. La planificación económica se asocia tradicionalmente al marxismo, a pesar de que también tiene precedentes españoles en los Planes de Desarrollo del franquismo.​Es una solución intermedia, que surge del choque entre ideologías encontradas: capitalismo y socialismo.​Parte de la doctrina considera que este artículo se enfrenta diametralmente con el 38 (libertad de empresa). Otra opinión extendida es que la Constitución se mantiene ambigua e indeterminada, en este sentido, sin definirse muy claramente, o incluso abogando por una neutralidad. Según Gómez Barahona, no obstante, la mayor parte de la doctrina considera que el modelo establecido en la Constitución es una economía social de mercado.​

La creación del CES era, de todas formas, un punto fuerte del programa del PSOE en 1982.​ Y la idea que se manejaba era desarrollar este artículo 131.2 a través del Consejo Económico y Social, dedicándolo a cuestiones de planificación económica general. Se relacionaba, en este sentido, con la posible elaboración de los planes (o programas) de desarrollo regional.​

La participación de las Comunidades Autónomas sería un punto debatido. El Partido Comunista asturiano pretendía que las Comunidades Autónomas participaran, a través del CES estatal, en la planificación económica. En palabras de Javier Suárez Suárez: «se acepta "a priori" como algo no discutible, como algo no cuestionable, como algo en lo que no tenemos participación, los designios de la Administración Central sobre Asturias». Jesús Sanjurjo, del PSOE, le acusaba de querer «sustituir la soberanía de las Cortes Generales, por la soberanía del Consejo Económico y Social».​

El PSOE fue matizando su opinión respecto al CES a lo largo de la década de los 80. Hubo un punto importante, que sería el fallido proyecto de Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA). Este fue un proyecto acordado entre el gobierno de UCD y el PSOE, principal partido de la oposición, elaborado en 1981. Su objetivo era reconducir el proceso autonómico, para que fuera progresivo. Una de las principales medidas era que las leyes del Estado primasen sobre las Comunidades Autónomas. Los grupos nacionalistas firmaron un recurso previo de inconstitucionalidad. El resultado sería una famosa sentencia.​

El artículo 9 de la LOAPA mencionaba el "Consejo que se refiere el artículo 131.2", que todavía no existía en la práctica. Le otorgaba a este futuro organismo la competencia para arbitrar diferencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas en el proceso de elaboración de planes, programas o acuerdos. La sentencia consideró inconstitucional este y otros tantos artículos, alegando que esta atribución se salía de las competencias definidas en la Constitución. Este hecho provocó, además de un importante cambio en las funciones previstas para el organismo, el retraso de la Ley del CES hasta 1991.​

El Consejo Económico y Social de España se crearía finalmente con la Ley 21/1991.​El organismo público no sería planificador, sino un mero ente consultivo. Por tanto, el artículo 131 quedó sin desarrollo real.​En vez del 131.2, los distintos CES acabarían siendo, más bien, un desarrollo del artículo 105 de la CE: «participación institucional de carácter consultivo en la elaboración de disposiciones administrativas que afecten a los ciudadanos.» La planificación que se llevó a cabo fue sectorial: por ejemplo, el Plan de Carreteras 1984-1991, o el Plan Director de Infraestructuras 1993-2007.​

Hubo polémica parlamentaria al respecto del cambio de opinión del PSOE, tanto a nivel autonómico como en las Cortes Generales. Se acusaba al Gobierno de Felipe González, en 1991, de crear un Consejo a su medida.

Los Consejos Económicos y Sociales autonómicos

A lo largo de la década de los 80, los parlamentos autonómicos discutieron sobre la creación de un organismo autonómico de representación para los agentes sociales, orientado igualmente a la planificación económica. Se adelantaban, con ello, a la institución estatal. A pesar de que la planificación económica se entendía, por aquel entonces, como una competencia de la Administración central, ya había voces que abogaban por una planificación regional.​

Una constatación es que existía bastante disparidad normativa, debido en parte a las diferentes velocidades en las que las regiones asumen la autonomía y, por otro lado, a las transferencias de competencias que se fueron haciendo.

Como señala García Murcia, conviene distinguir dos tipos de organismos: los Consejos de Relaciones Laborales (CRL) y los Consejos Económicos y Sociales. Los CRL tienen la misión de resolver los temas de relaciones de trabajo, que son aquellas que se establecen entre empresa y trabajador. En concreto, pretendía la resolución de conflictos de trabajo. Por ello, son órganos muy ligados a la asunción de competencias en materia laboral por parte de la correspondiente Comunidad Autónoma, y por ello mismo se creó - aunque no exclusivamente - en aquellas que, en la época, asumido plenamente esas competencias laborales.​

El objetivo de un CRL era «el encuentro entre los interlocutores sociales, facilitar la relación entre estos y la Administración, y canalizar la atención de esta a los problemas laborales». Pero las funciones concretas variaban, dependiendo casi siempre de si la Comunidad Autónoma había asumido competencias en materia laboral.​

Los CRL fueron previos, en muchas ocasiones, al CES. Se crearon CRL en Cataluña (decreto de 10 de agosto de 1978), el País Vasco (Ley 9/1981, de 30 de septiembre), Andalucía (Ley 4/1983, de 27 de junio), Castilla-La Mancha (Decreto 134/1983, de 5 de julio), Madrid (Decreto 3/1984, de 19 de enero), Murcia (Decreto 5/1984, de 24 de enero), Comunidad Valenciana (Decreto 44/1987, de 13 de abril) y Galicia (Ley 7/1988, de 12 de julio). ​

Este tipo de organismo, sin embargo, se regularía en Asturias mucho más tarde, con el Decreto 122/2002, de 23 de septiembre, por el que se regula la organización y funcionamiento del Consejo de Relaciones Laborales y Políticas Activas de Empleo.

Los Consejos Económicos y Sociales, por su parte, iban a ser órganos de planificación, aunque terminaron siendo entes consultivos en temas socioeconómicos. Aunque también había representantes de empresarios y trabajadores, la orientación que tenían era informar las decisiones políticas del gobierno, y no tanto resolver disputas laborales. Era posible disponer de ambos organismos, como se ve en el caso del País Vasco, Andalucía y Madrid.

La primera comunidad autónoma en disponer de un Consejo Económico y Social, con dicha denominación, fue el País Vasco, con su Ley 4/1984, sobre Consejo Económico y Social Vasco. Desde 1981, existía además el Consejo de Relaciones Laborales.

Andalucía, comunidad también innovadora en este sentido, promulgó el Decreto 74/1983, que crea la Comisión de Planificación Económica de Andalucía. Se trata este de un organismo similar a un CES, que recuerda más al planteamiento original del artículo 131.2, orientado a la planificación. De gran importancia fue también la Ley 4/1983 de 27 de Junio, del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales. Esta fue una de las primeras leyes del parlamento andaluz.​

Otras comunidades que crean su CES antes que Asturias, o casi en paralelo, fueron Navarra (Decreto foral 105/1987, de 30 de abril), y Castilla-León (Ley 10/1988, de 28 de noviembre). Como vemos, también el mecanismo legal para crear el CES variaba en cada Comunidad Autónoma: la mayor parte de comunidades contaba con una Ley, pero en Navarra se utilizó la figura del Decreto Foral. En Asturias, se escogería la forma de una Ley.​

En varias Comunidades Autónomas, hubo grandes dificultades para la puesta en marcha efectiva de los Consejos Económicos y Sociales. Por ejemplo, el CES vasco, el más antiguo, no se puso en marcha de forma efectiva hasta 1998, con dos modificaciones legales de por medio (en 1994 y 1997).​La argumentación que se ofreció en 1985, ante una interpelación de un diputado de Euskadiko Ezkerra, es la existencia de otras prioridades.​

Posteriormente, tras la modificación de la ley en 1994, se justificaba que:

el Consejo ha sido, "desde su creación poco operativo. Su puesta en marcha se vio colapsada por "múltiples obstáculos que impidieron incluso la aprobación de su Reglamento de funcionamiento interno".

Se constituyó como tal el 11 de octubre de 1995, intentando elaborar un Reglamento de organización y funcionamiento, pero necesitó una nueva norma en 1997.

Situaciones parecidas, aunque con mucho menor retraso en los tiempos, hubo en Cantabria y Castilla-La Mancha.​

La primera etapa: 1988-2001

La creación del Consejo Económico y Social: diálogos previos

En el año 1985, el Partido Comunista asturiano se mostraba partidario de crear un Consejo Económico y Social en la región.​En junio de 1987 se producen elecciones autonómicas, en las que Pedro de Silva (PSOE) revalida la presidencia del Gobierno. En el debate para su elección como Presidente, de Silva ya anuncia la creación de un Consejo Económico y Social, «como lugar de encuentro, de análisis, de asesoramiento, de opinión, de participación de los principales actores sociales: sindicatos, Administración, fuerzas empresariales.»​

Es significativo que Pedro de Silva no menciona a representantes de la sociedad civil. Con esta concepción, se altera ligeramente el sentido del CES propio de otros países, como Francia, donde sí se incluyen miembros de asociaciones familiares, cooperativas y mutuales e incluso personalidades destacadas del ámbito económico, social, científico o cultural. Lo que propone, desde el principio, es un modelo tripartito (Administración, sindicatos y empresas) que no está exento de polémica.

En octubre de este mismo año, ya se estaban produciendo conversaciones entre grupos parlamentarios. La iniciativa estaba siendo desarrollada por la Consejera de Industria, Comercio y Turismo, Paz Fernández Felgueroso, una histórica dirigente del PSOE. Las razones que aduce para defender la iniciativa son las siguientes:

[...] que sirva como marco de adecuada discusión de los graves problemas socio-económicos y socio-laborales que padecemos y en el que nos proponemos integrar a todos aquellos sectores que, por su posición y responsabilidad, han de ser copartícipes en las decisiones que, desde la Administración, deben proponerse para facilitar la solución de los problemas y el relanzamiento de nuestra economía.​

A finales de 1987, el Gobierno presenta unos presupuestos en los que incluye una partida para los gastos corrientes del Consejo Económico y Social. La partida indica que existía entonces la voluntad política de crear el organismo. Esto provoca las preguntas de María Luisa García Romero, diputada del CDS, y del propio presidente de la Cámara, Juan Francisco Casero Lambás, que se sorprende ya que el Consejo Económico y Social todavía no existe, y quiere saber si hay alguna decisión reservada del Gobierno. El director regional de Trabajo, Simón González Sánchez, afirma que simplemente es una previsión meramente orientativa, pero reconoce que no hay un soporte administrativo, como pueda ser una resolución, para este dinero (3 millones de pesetas).​

El diálogo social

El momento político de 1988 se caracteriza por el crecimiento de los Acuerdos de concertación social tripartitos en las comunidades autónomas, «precisamente en el periodo en el que esta concertación entraba en crisis a escala nacional». En 1984, el Gobierno socialista de González había firmado un Acuerdo Económico y Social (AES), en el que participaron UGT y CEOE, pero el sindicato tradicionalmente asociado a Izquierda Unida, CCOO, se quedó fuera por diferencia de criterio.​Esta misma situación se repitió, en realidad, en Asturias. Los primeros acuerdos para la concertación social fueron firmados el 15 de abril de 1988 por Pedro de Silva, la Unión General de Trabajadores y la Federación Asturiana de Empresarios.​Y fue en este marco donde también se discute la creación de un CES.​

Todavía coleaba la idea de un CES como un órgano de planificación económica. Frente a esto, el gobierno asturiano pretendía darle la orientación consultiva que, finalmente, tendría. Comisiones Obreras, sindicato relacionado históricamente con Izquierda Unida, era partidario de un CES realmente participativo y progresista, al estilo de Francia o Italia. En ambos países, el CES podría presentar iniciativas legislativas al Gobierno para que este las asuma, así como participar activamente en la planificación económica. Pero el Secretario General de CCOO, Emilio Huerta Rodríguez, reconoce que magnificaron lo que podría ser el CES, ya que además, el Gobierno nacional de entonces pretendía que fuera meramente para cuestiones de concertación social. Desde CCOO, como decimos, no apostaron por ese modelo y deseaban hacer de él un organismo diferente. En consecuencia, los miembros que presentaron al Pleno no fueron los secretarios generales de sus organizaciones, sino técnicos especialistas en materias concretas​

La Ley 10/1988

El 30 de mayo de 1988, el proyecto de ley de creación del Consejo Económico y Social entraba en el parlamento asturiano. La Mesa de la Cámara acordó admitirlo a trámite. ​El letrado asistente fue Juan Carlos Duque Villanueva.

Un total de 40 enmiendas se presentaron durante la tramitación: 1 a la totalidad, y 39 al articulado. Un punto polémico, probablemente el que más, fue la composición del pleno del Consejo. El proyecto incluía, originalmente, una tercera parte de miembros nombrados por el Gobierno asturiano: nueve de veintisiete.

El CDS asturiano presentó la enmienda a la totalidad con la siguiente argumentación:

El Consejo Económico y Social debe ser un órgano independiente, autónomo y plural, para que cumpla realmente sus funciones de participación y representación de los agentes sociales y económicos en materias de política económica y social. A nuestro juicio; esas condiciones fundamentales no se dan en el Proyecto de Ley presentado por el Gobierno regional para la creación del Consejo Económico y Social. Se constituye un órgano mediatizado en su composición con la presencia del Gobierno Regional y recortado en la representación de otros agentes profesionales, económicos y sociales. Al mismo tiempo se limita en algunos aspectos sus funciones y competencias; así como su capacidad reglamentaria. Estas son las razones fundamentales, aparte de otras accesorias de carácter formal, que nos lleva a presentar enmienda a la totalidad con presentación de texto alternativo al Proyecto de Ley de creación del Consejo Económico y Social del Principado de Asturias.​

El CDS planteaba que los nueve miembros políticos fueran los siguientes: "Nueve miembros designados por el Pleno de la Junta General del Principado de Asturias de los propuestos, uno por cada uno de los sectores de la región; instituciones, entidades o asociaciones siguientes: Cámaras de Comercio, Industria y Navegación; Caja de Ahorros; Cooperativas y Sociedades Anónimas Laborales; Cofradías de Pescadores; Organizaciones Agrarias, Organizaciones de Consumidores; Colegio de Economistas, Sector industrial público y Universidad."​

Alianza Popular, por su parte, también propuso eliminar al Gobierno del CES. El portavoz del grupo observa que el proyecto de ley no es más que un trasunto de la concertación social que se había llevado a cabo en abril. Eran partidarios, en definitiva, de dejar «el campo libre» para que sindicatos y empresarios tuvieran un canal de discusión. Asimismo, Alianza Popular estaba en contra de emplear este organismo para labores de planificación económica. ​

Izquierda Unida también propuso un cambio en la composición del Consejo en este mismo apartado: "Seis representantes de la Administración regional, que serán designados por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias y tres representantes de los ayuntamientos, entendiendo que uno lo será de los más pequeños, otro de los medianos y otro de los grandes".​Esta propuesta sería recogida finalmente en el Informe de la Ponencia.​

Otro punto de modificación importante fue sobre las funciones del CES y, en concreto, en lo tocante a los Presupuestos Generales del Principado. El texto original tenía la siguiente redacción en su artículo 3.1, apartado a):

a) Informar con carácter preceptivo y previo los Proyectos de Ley y Disposiciones Legales sobre materias de política económica y social en el ámbito de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, con la excepción del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Principado, sin perjuicio de que el Gobierno regional deberá informarle de su contenido.​

El grupo de Izquierda Unida presentó una enmienda para eliminar el inciso final, ya que, según su postura, no existían razones para incluir esa excepción.​ Los grupos parlamentarios acordaron, durante el debate de la Ponencia, una nueva redacción de consenso, después de aproximar posturas:

sustituir la redacción [...] del primer párrafo de la letra a) del arto 3.1, "... con la excepción del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Principado, sin perjuicio de que el Gobierno Regional deberá informarle de su contenido", por la siguiente: "...con la singularidad que se establece en el apartado b) de este articulo para el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Principado" y, con el voto en contra del representante del Grupo Parlamentario de Alianza Popular, adicionar un nuevo apartado b) al articulo 3.1 [...] del siguiente tenor: "b) En relación con el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Principado, el Consejo de Gobierno simultáneamente a su presentación ante la Junta General lo remitirá al Consejo Económico y Social a los efectos de su conocimiento y valoración".​

Durante la votación del Pleno, el CDS volvería a discutir ampliamente sobre el tema de la composición, puesto que se reservó las enmiendas para su debate en pleno. Entendían la presencia del Gobierno en el Consejo Económico como una injerencia. Además, añadían que en otros Consejos Económicos de Europa, y en el recientemente creado del País Vasco, no había representantes del Gobierno. Sin embargo, el PSOE argumentaba que el hecho de que la Administración estuviera presente daría mayor eficacia al organismo, actuando además como árbitro.​

El texto se aprobó, con los cambios mencionados y otros menores, el 30 de diciembre de 1988.​ La norma sería publicada en el BOPA el día 11 de enero de 1989, pero con un número de ley correspondiente al año en que fue aprobada por la Junta General, 1988.​

Actividad

El Consejo precisaba de una dotación económica, que fue aportada por los presupuestos generales de 1989. 25 millones de pesetas fueron incrementados para subvencionar la creación de tres instituciones: el Consejo Económico y Social, el Consejo de la Formación Profesional y la Fundación de la Economía Social.

En febrero de 1989, se nombra a los miembros del Pleno. En primer lugar, 6 representantes del Principado de Asturias (consejeros y directores generales). Para escoger a los representantes de Ayuntamientos, se cumple una disposición transitoria de importancia en la ley 10/1988: "en tanto no exista una Federación de municipios asturianos, los tres representantes de estos los designará el Consejo de Gobierno". La Federación Asturiana de Concejos no se crearía hasta seis años después, en 1995​, por lo que el gobierno asturiano tendría en su mano la opción de nombrar a tres personas más.

En representación de los Ayuntamientos con población inferior a 5.000 habitantes, se nombra a Joaquín García Gutiérrez, Alcalde de Bimenes. Para Ayuntamientos con población entre 5.000 y 20.000 habitantes, Domingo Martínez Fernández, Alcalde de Castropol. En representación de Ayuntamientos con población superior a 20.000 habitantes, Álvaro Álvarez García, Vicealcalde de Avilés.

En segundo lugar, había representantes de UGT y CCOO, los mayores sindicatos por entonces. En tercer y último lugar, había miembros escogidos por FADE, representantes de las empresas asturianas.​El primer presidente fue Eduardo Donaire Yáñez​, a la sazón secretario general de UGT Asturias.​En 1990, se cambiarían algunos representantes de los sindicatos​y de los representantes del gobierno.​​

Durante el proceso de elaboración de los presupuestos de 1989, las necesidades del personal del CES se calculaban en torno a tres o cuatro personas de servicios administrativos y tres técnicos de apoyo. El Consejo de la Formación Profesional no tendría personal propio, sino que usaría el del CES.​

La plantilla se compuso finalmente de:

• Un Secretario Administrativo, de nivel 28.​
• Un Jefe de Unidad de Estudios, de nivel 26.​
• Un auxiliar administrativo, de nivel 15​
• Un Ordenanza, de nivel 9​

En un principio, se esperaba que el Consejo Económico y Social pudiera realizar aportes a la elaboración del Programa de Desarrollo Regional (PDR). Los PDR eran un instrumento muy importante para la economía regional, ya que de ellos dependían las subvenciones europeas. Sin embargo, aprobada la ley del CES en diciembre de 1988, y siendo el plazo límite para presentar los programas en marzo de 1989, era difícil que esta participación se diera de manera efectiva. Además, a esto se suma que se produjeron retrasos en la creación real del Consejo Económico y Social.​

Siguiendo el ejemplo marcado por la comunidad autónoma, los Ayuntamientos asturianos crean paralelamente instituciones similares. En Gijón, de hecho, el Consejo de Desarrollo Local fue creado en 1988​. En Avilés, se realizó un intento, pero no cuajó por desavenencias en la composición.​

En junio de 1989, se aprueba el decreto 75/1989, que contenía el Reglamento de Organización y Funcionamiento del CES. Fue publicado el 15 de julio en el BOPA. Reproduce parcialmente la ley 10/1988, y desarrolla las funciones de cada órgano (Presidente, vicepresidentes y secretario). Introduce la figura de las Comisiones de Trabajo, que serán grupos de estudio para la elaboración de informes o dictámenes en las materias propias de la competencia del Consejo. También regula el régimen económico de la institución.​

Paralelamente, el CES empieza a elaborar informes y dictámenes en cumplimiento de sus funciones. Los documentos elaborados en la II Legislatura fueron los siguientes:

• Informe sobre la variante de Pajares, de mayo de 1989​
• Resolución en el documento "Nuevas medidas en la política de vivienda del gobierno regional"​
• Programa formativo-ocupacional y medidas urgentes relacionadas con el desempleo juvenil​
• Anteproyecto de ley de Asistencia y Protección al Anciano​

También informó la elaboración de los presupuestos generales de 1991 y posteriores​. A tal efecto, su presidente compareció en la Comisión de Hacienda de la Junta General del Principado de Asturias.​Lo que se hará en años posteriores es invitar a varios líderes sindicales y empresarios, que forman parte del CES, para que valoren los presupuestos.​

En 1991, a raíz de las elecciones autonómicas, se producen sustituciones en los miembros representantes del gobierno regional.​Uno de los nuevos miembros es Efrén Viejo de la Guerra, que llegaría a ser Jefe de la Unidad de Estudios diez años después. Se producirían otros cambios en 1992 y 1993.​​

El año 1991 fue complicado a nivel sindical en Asturias. Se produce una huelga general en octubre​, que tenía un claro componente político, contra la segunda reconversión industrial​ y que desemboca en una huelga minera a finales de año.​Estas fueron las llamadas Navidades Negras. Según cifras manejadas por sindicatos, el segundo plan de reconversión iba a suponer la pérdida de 40.000 puestos de trabajo.​ La huelga general del 23 de octubre se vio acompañada de una manifestación en la que participaron 100.000 personas, según la prensa.​

La conflictividad se puede ver trasladada incluso al informe que realiza el CES en 1991, su valoración de los Presupuestos Generales de Principado de Asturias para 1992.

[...] el actual equipo de gobierno del Principado ha venido sosteniendo, de forma sistemática, que en nuestra región no existe una crisis global, sino que, a lo sumo, existen algunos sectores y comarcas en crisis. Aunque, a partir de fechas recientes, las valoraciones han empezado a cambiar, todavía hoy se mantienen reticencias a reconocer abiertamente la dimensión global de la crisis económica regional. Esta divergencia en los planteamientos de partida condiciona desde el origen todo el proceso de elaboración de los Presupuestos Generales del Principado, al diseñarse para actuar sobre un marco de referencia sesgado por un análisis incorrecto e insuficiente.

El documento continúa con una fuerte crítica a los presupuestos generales, presentados por el Gobierno. ​

Las cifras de producción son bajas en el período donde se realiza la huelga, de 1991 a 1992, pero fueron cogiendo ritmo a lo largo de la III Legislatura:

• 1991: un dictamen, sobre los presupuestos generales de 1992.
• 1992: un dictamen, sobre el Proyecto de Ley del Servicio de Salud del Principado de Asturias.
• 1993: 5 dictámenes, de temática variada.
• 1994: 7 dictámenes, de temática variada.
• 1995: un dictamen, sobre el Plan Regional de Puertos.

Uno de los puntos fuertes fue, lógicamente, los dictámenes para la elaboración de presupuestos generales.​

En la legislatura que va de 1995 a 1999, se produce un cambio político de envergadura en Asturias. Por primera vez, gobierna el Partido Popular, con Sergio Marqués a la cabeza, debido en parte a que Izquierda Unida no quiso apoyar al PSOE. El escándalo del Petromocho, así como la corrupción del partido nacional (FILESA, GAL...), provocaron la llamada "pinza". Debido a esto, en 1995 empiezan los cambios institucionales en el CES: se sustituyen a los representantes del gobierno regional.​

La legislatura se caracteriza por la inestabilidad, también en el propio CES. En 1996 se produce el cese a petición propia del jefe de la Unidad de Estudios, un puesto que tendrá sus cambios en el futuro. ​El jefe nuevo sería Javier Álvarez García.​

En este mismo sentido, la producción del CES en la cuarta legislatura se redujo de manera importante. No hubo (o, al menos, no se conservan en su web) dictámenes sobre los presupuestos generales. En 1996, de hecho, no queda ningún dictamen. El informe anual sobre la situación económica y social tampoco se publicó con normalidad, puesto que unificó los años 1994 y 1995. Esto se explica por un "vacío institucional", provocado por los cambios surgidos a raíz de las elecciones autonómicas.​ En el informe que trata sobre el año 1996, que se elaboró el año siguiente, hay un voto particular de Comisiones Obreras, con lo que se pueden intuir diferencias de pareceres.​

Por otro lado, en 1997 se pidieron dos dictámenes y, para el año 1999, consta solo el dictamen sobre el PDR de Asturias.​Es una actividad sensiblemente inferior a la tercera legislatura.

Cabe mencionar que la financiación del Consejo procedía de la Junta General del Principado de Asturias y también, para determinadas actuaciones, de transferencias de la Agencia Regional de Empleo.​Para el presupuesto de 1997, la partida destinada al CES en los presupuestos generales aumenta. Anteriormente, la cantidad era de 34 millones de pesetas​, pasando a 54 millones.​

No podemos dejar de señalar, además de las contribuciones a la actividad parlamentaria y administrativa, la actividad editorial desarrollada por el CES. Cumpliendo el mandato de la ley 10/1988, publicó sucesivos informes de análisis de la situación económica y social del Principado de Asturias, a partir de 1989. Su periodicidad fue anual, con la única excepción del período 1994-1995. Tampoco hubo informe anual para el año 1997. Esta serie continuó también en la segunda etapa, tras la ley 2/2001, y constituye una fuente primordial de información estadística de la región.​

También editó otras publicaciones de carácter técnico como El papel del Consejo Económico y Social de Asturias en la solución de los conflictos laborales, libro de Joaquín García Murcia. Esta obra de 1996 fue un encargo del CES al mencionado autor, catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Oviedo. Se enmarca dentro de un proceso de reflexión. Una de las ideas presentes en el libro es variar la misión del organismo y que éste pudiera desempeñar funciones de apoyo a la resolución de conflictos laborales. García Murcia señala que, tras la reforma del Estatuto de Autonomía de 1994, Asturias asume competencias de ejecución en materia laboral, con lo que ya no habría un obstáculo normativo para que el CES pudiera intervenir en materia de conflictos de trabajo.​Sin embargo, esta idea no se recogerá en el futuro proyecto de ley 2/2001.

Segunda etapa y supresión: 1999-2017

La quinta legislatura y la Ley 2/2001

Desde 1996, el propio Consejo Económico y Social venía solicitando una nueva Ley reguladora del CES para "tratar de superar las carencias de la actual normativa". El CES había realizado ya una propuesta en octubre de 1996, que sería presentada por el Grupo Parlamentario de IU, como proposición de Ley ante la Junta General del Principado de Asturias.​

Los resultados de las elecciones autonómicas de 1999 otorgan una mayoría absoluta al PSOE.​Obtienen 24 de 45 diputados, lo que les permite desarrollar sus proyectos de ley con menores trabas que en anteriores legislaturas. En octubre de 1999, se empiezan a producir cambios en la estructura del CES. Se dispone el cese, como Jefe de la Unidad de Estudios de este Organismo, del funcionario Javier Álvarez García.​En febrero del año siguiente, obtiene dicho puesto José Antonio Díaz Lago. En julio de este mismo año, se dispone su cese y se convoca un nuevo concurso de provisión. Finalmente, cuando ya se está terminando de elaborar el nuevo proyecto de ley, el 30 de enero de 2001, se nombra al funcionario don Efrén Viejo de la Guerra.​

Al mismo tiempo, la Consejería de Trabajo asume el proyecto de una nueva ley del CES. En este sentido, se recoge la anterior propuesta de octubre 1996, elaborada por el propio órgano consultivo. En mayo de 2000, entra en la Junta General el nuevo proyecto de ley del Consejo Económico y Social, tras consultar y solicitar un informe del propio CES​. Se aducen dos razones principales para esta nueva norma: a) el tiempo transcurrido desde su creación y b) adecuación a las innovaciones producidas en el ordenamiento jurídico, especialmente las leyes 30/1992, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, y 2/1995, sobre régimen jurídico de la Administración del Principado de Asturias. Para esta importante reforma, se cuenta además con un conjunto de referencias normativas en España que no existían la primera vez: la ley del Consejo Económico y Social español y las correspondientes en las autonomías​.

Este proyecto de ley, pensado para sustituir al original de 1988, introduce tres cambios principales:

1. Otorgar el carácter de ente público al CES
2. Reordenar las funciones propias del organismo
3. Modificar la composición del pleno, que sigue estando integrado por tres grupos, pero el número de sus miembros varía. El CES pasa a tener veinticuatro miembros además del titular de la Presidencia. Asimismo, en el tercer grupo se integraban sendos representantes de la Universidad de Oviedo y del sector de la economía social, junto a las representaciones de las administraciones regional y local. Se establece un nuevo sistema para la elección de la Presidencia, cuyo mandato renovable tendrá una duración de cuatro años, con la finalidad de otorgar una mayor estabilidad a su función. Se modifica también la configuración de la figura de la Secretaría General, que ya no será miembro del Consejo Económico y Social, sino un funcionario.​

Uno de los puntos controvertidos fue precisamente relativo a las funciones del Consejo Económico y Social. El texto presentado decía, en su artículo 4, que era una función del CES:

a) Emitir dictamen con carácter preceptivo y no vinculante sobre:

1. Anteproyectos de Ley que regulen o afecten a materias socioeconómicas que sean competencia de la Comunidad Autónoma y proyectos de decretos que los desarrollen, salvo el anteproyecto de Ley de presupuestos generales del Principado de Asturias.​

El CES únicamente conocería el proyecto de presupuestos una vez que se hubiera presentado en el parlamento asturiano. Este aspecto fue objeto de dos enmiendas parciales, presentadas por Izquierda Unida y el Grupo Parlamentario Renovador Asturiano. Siendo los presupuestos generales de gran importancia, se consideraba que el Consejo debía emitir su dictamen respecto al anteproyecto​. Las propuestas realizadas no se tuvieron en cuenta. Aprovechando el grupo socialista su mayoría absoluta, mantuvo el texto original para el dictamen de la ponencia.​

Hubo otras enmiendas que, en su mayoría, trataban del artículo dedicado a la composición del Pleno, así como cuestiones menores de mejora de la coherencia y técnica legislativa​. La mayoría de enmiendas fueron rechazadas. Se aceptaron aquellas que presentó el propio grupo socialista. Hubo una redacción de consenso del artículo 7 y 8, sobre los miembros y el funcionamiento del CES. Además, se eliminó lo que era el artículo 3 en el texto original, que desaparece y se integra en el art. 2.1. Era un artículo dedicado a la configuración legal del CES que, por técnica legislativa, se encuadraba mejor en el mencionado 2.1. Por motivaciones similares, desaparece el artículo 17, que mencionaba la legislación aplicable y se consideraba redundante.​

La Ley 2/2001 fue finalmente aprobada por el Pleno de la Cámara en la sesión número 80, celebrada el día 22 de marzo de 2001, y publicada el 27 de marzo en el Boletín Oficial de la Junta General.​Sería publicada en el BOPA Nº 79 del miércoles 04 de abril de 2001.​

El 31 de diciembre de 2003, se publica en el BOPA una Ley de Medidas Presupuestarias, Administrativas y Fiscales. Esta modifica la ley del CES de la siguiente manera:

Se modifica la letra c) del apartado 1 del artículo 3 “Funciones” que queda redactada como sigue:

“c) Conocer y valorar el proyecto de Ley de presupuestos generales del Principado de Asturias que le será remitido por el Consejo de Gobierno simultáneamente a su presentación ante la Junta General del Principado de Asturias.

El parecer emitido será enviado a la Junta General por conducto del Consejo de Gobierno.”​

Actividad

En septiembre de 2001, se nombran los miembros del Pleno.​Poco después, Nicolás Álvarez Álvarez es nombrado Presidente.​ Había sido senador en la II Legislatura, por el PSOE.​

En 2002, para dar cabida a las novedades legales, se aprueba el nuevo Reglamento de Organización y Funcionamiento. Es un reglamento considerablemente más extenso que el anterior, que entra en más detalle en cuanto a los procedimientos (votación, desarrollo de las sesiones, emisión de dictámenes y comisiones de trabajo), y en cuanto a la gestión de personal.

Destaca la aparición de tres Comisiones de Trabajo permanentes:

1. Presupuestos.
2. Análisis Económico y Social.
3. Desarrollo Regional y Medio Ambiente.​

Asimismo, en materia de personal, el Reglamento distingue por primera vez, de manera sistemática, dos tipos de empleados: personal propio (vinculado por una relación laboral) y personal funcionario de la Administración del Principado de Asturias. Posteriormente, en la modificación de 2003, este artículo pasaría a decir "Personal funcionario de otras Administraciones Públicas". Así, se abren mucho más las opciones, pudiendo formar parte del CES funcionarios de diversa procedencia tanto orgánica como geográfica, al no estar cerrado al Principado de Asturias.

En febrero de 2003, se aprueba la relación de puestos de trabajo y catálogo de personal laboral del Consejo Económico y Social.​La plantilla quedará compuesta por personal funcionario y personal laboral.

Personal funcionario:

• Secretario General, de nivel 30
• Jefe de Área de Análisis económico, de nivel 28, al que se le exige titulación en Ciencias Económicas
• Jefe de Área de Análisis jurídico, de nivel 28, al que se le exige titulación en Derecho.
• Secretaría del Presidente
• Unidad Administrativa: dos funcionarios de nivel 16

Personal laboral:

• Documentalista, de nivel 24
• Ordenanza, de nivel 12

Destaca que, entre el personal funcionario, la libre designación es la forma preferida de provisión. Cuatro de los seis puestos serían en esta modalidad. Únicamente las dos personas de la Unidad Administrativa tendrían que pasar un concurso.

Más allá de cuestiones organizativas, el CES continúa y, en muchos aspectos, amplía su actividad. Vuelve a los tiempos de la III Legislatura. En 2001, contribuye al Reglamento de autorización, registro, acreditación e inspección de centros de atención de servicios sociales y el anteproyecto de los presupuestos generales de 2001.​

Además, pone a disposición su sede para negociaciones colectivas:

• Tablas salariales para el año 2001 del Convenio Colectivo del Transporte por Carretera​
• Acuerdo Interprofesional sobre Solución Extrajudicial de Conflictos Laborales​

La producción de dictámenes continúa siendo alta desde 2002 hasta 2017, pronunciándose sobre las leyes dentro de su ámbito de competencias. El máximo histórico lo marcaría el año 2014, con un total de 17 dictámenes.​El CES, en línea con otros organismos en Europa, comienza en esta nueva etapa a producir informes sobre la Situación Medioambiental de Asturias.​

En 2003, el CES organiza su Primer Premio de Investigación. Tenía por objeto distinguir aquellos trabajos de investigación, cuyo contenido verse sobre alguna materia de carácter económico, social y laboral. La temática elegida para esta edición fue: "El empleo femenino en Asturias. Análisis de los factores que condicionan la empleabilidad de las mujeres en el mercado de trabajo asturiano. Propuestas para mejorar la empleabilidad femenina a corto y medio plazo" Se daba un primer premio de 6.000 euros y un accésit de 3.000.​ Tendría once ediciones más, no siempre centradas en un único tema, hasta diciembre de 2016.​

Los trabajos premiados, así como otros encargados por el propio CES, centrados en temas como las prejubilaciones en la industria asturiana, el trabajo a tiempo parcial, o los cuidados paliativos, fueron publicados dentro de su Colección de Estudios. En esta segunda etapa, se publicaron un total de 21 estudios. Los autores o, en su caso, directores, eran mayoritariamente expertos, profesores y catedráticos universitarios, tanto españoles como extranjeros.​

El CES organizó charlas y conferencias, que también se publicaron en su web, sumando un total de ocho.​Asimismo, editó una memoria de actividades anual entre 2002 y 2016.​Por último, el CES promovió una serie de trabajos de investigación, que denominó Papeles de Trabajo, donde se estudiaban temáticas concretas, como la inmigración en Asturias, el fundraising o la fiscalidad. Estas investigaciones se producen en el marco del Convenio de colaboración celebrado entre dicho organismo y la Universidad de Oviedo, a través de diferentes programas de máster y doctorado. Un total de 16 trabajos fueron elaborados.​

Supresión del Consejo Económico y Social

La supresión definitiva del CES ocurre en la X Legislatura de la Junta General, tras un largo debate. Ya en la anterior legislatura, hubo dos iniciativas que intentaban cesar la actividad del CES. Por un lado, en 2012, la proposición de ley del grupo parlamentario popular, con la que pretendía suspender temporalmente el funcionamiento del organismo. Aunque esta iniciativa tuvo el criterio desfavorable del gobierno, continuó su tramitación y llegó a nombrarse una Ponencia.​Sin embargo, a pesar de que podía existir una mayoría de 23 diputados a favor de suprimir el CES, los trámites se alargaron y la legislatura terminó antes de que pudiera llegarse a votar en Pleno.

Por otro lado, estaba la proposición de ley del grupo mixto (compuesto únicamente por un diputado de UPyD), de supresión del CES. La tramitación de esta iniciativa terminó pronto, con el criterio desfavorable del Consejo de Gobierno.​

Estos intentos se pueden relacionar con la crisis económica y el esfuerzo, en especial del Partido Popular (que gobernaba a nivel nacional), por contener el gasto público y recortar en los organismos que consideraba superfluos. La suspensión temporal del CES se llevó a cabo en La Rioja​ y las Islas Baleares​. Al mismo tiempo, en Castilla-La Mancha​ y en Cantabria​ se suprime completamente el organismo. La Rioja recuperaría el organismo en 2022.​

El presidente del CES contestó, en la Memoria de Actividades de 2012, a estos intentos de suspensión y supresión. Recordó que no existía duplicidad con el CES nacional, una acusación que se emplearía también para suprimir el Procurador General. Según Álvarez Álvarez, la descentralización propia del Estado español «no se ha de confundir con la duplicidad de la que se habla en los últimos tiempos. La duplicidad implicaría que las funciones que despliega el CES de cualquier autonomía, las ejercita igualmente otro organismo del Estado, por ejemplo, el CES del Reino de España. Ahora bien, los dictámenes que elabora el CES sobre los proyectos de normas autonómicas no son elaborados por ningún otro órgano estatal, de manera que si no los hace el CES, no los hace nadie. Por lo tanto, no da lugar a duplicidad alguna.»​

Las elecciones autonómicas de 2015 arrojaron un panorama de fragmentación. El PSOE obtenía 14 escaños, que le permitió gobernar pero en clara debilidad parlamentaria. El PP disponía de 11 escaños, junto con 3 de Foro, partido más cercano ideológicamente más cercano. Los factores decisivos eran Podemos, con 9, y Ciudadanos, con 3 diputados.

El grupo parlamentario popular no tardó en presentar una proposición de ley para la supresión del Consejo Económico y Social. Se argumentaban razones de austeridad y eficiencia. En su exposición de motivos, además, aduce que la supresión del CES sería "sin perjuicio de las mesas sectoriales que pudieran ser necesarias para mantener el diálogo con los denominados agentes económicos y sociales". ​El Consejo de Gobierno asturiano, a las pocas semanas, emite su criterio desfavorable.​De todas formas, frente a un gobierno en minoría, el Pleno de la Cámara opta por tramitar la proposición.​

El propio presidente del CES haría declaraciones en sucesivas Memorias de Actividades (de 2015 y 2016), pidiendo la continuidad del organismo.​

El procedimiento legislativo continuó su curso. Se nombró una Ponencia, dirigida por el diputado Luis Armando Fernández Bartolomé, de Ciudadanos, que se reunió a partir de junio de 2016. Según cuenta el propio diputado Fernández Bartolomé, la Ponencia quedaría congelada en algún punto hasta octubre de 2017, fecha en que se publica el Informe. Este retraso se explica en los objetivos de trabajo que adoptó la Ponencia: por un lado, salvar la función consultiva y de representación (que se consideraba útil), pero, por otro lado, el intento de renovar el órgano, que se había quedado obsoleto. Esta era la idea de Ciudadanos, de Izquierda Unida y de Foro: no tanto eliminar el CES, sino reformarlo.​

Se realizaron bastante reuniones a tal efecto, generando un documento con medidas concretas:

• reducir el número de miembros;
• abrir la participación al Consejo Asesor Regional de Consumo, del Trabajo Autónomo, de Economía Social o del tercer sector;
• mandatos limitados del Presidente;
• un recorte presupuestario;
• crear comisiones de enlace, para disponer de un órgano más plural que reflejase la elección política de la sociedad asturiana en aquel momento. ​

El grupo parlamentario de Podemos, por su parte, recriminaba al CES estar alejado de las necesidades laborales de los asturianos. Además, denunciaba que el organismo "sólo servía como una forma de colocar bien a políticos, expolíticos de diferentes partidos políticos". En la negociación de los presupuestos para 2017, el grupo parlamentario Podemos pidió eliminar el personal eventual, hacer un convenio con la Universidad para elaborar informes y limitar esa "financiación encubierta". El Partido Socialista rechazó tal propuesta.​

El 21 de marzo de 2017, comparece, a instancia del Grupo Parlamentario Podemos, el presidente del CES, Nicolás Álvarez Álvarez, con objeto de informar sobre las actividades llevadas a cabo por el Consejo en el primer semestre de 2016 y sobre el informe de la situación económica y social de Asturias del año 2015. La comparecencia fue, a juicio de Foro y Ciudadanos, un punto de no retorno, en el que el CES demostró la poca iniciativa que tenía para reformarse. Según la representante de Foro, Cristina Coto de la Mata, la contestación sistemática era: “No puedo decírselo porque eso viene recogido en todos los informes que hacemos. Me remito una vez más al informe”. ​

La comparecencia se había producido, efectivamente, en un ambiente bronco. Cabe destacar el enfrentamiento entre el presidente del CES, Nicolás Álvarez, y Daniel Marí Ripa, del grupo parlamentario de Podemos, que preguntó en varias ocasiones "¿Sabe decirme un solo dato del informe?". A lo anterior, el Presidente del CES llegó a contestar que "Yo no tengo que darle ninguna explicación ni ningún dato. Me remito al informe y punto." En una comparecencia que tenía un límite de tiempo de 30 minutos, llega a decir 11 veces que se remite a los informes y dictámenes emitidos.​

Debido a esta comparecencia, Ciudadanos decide reactivar la Ponencia y publicar el Informe preceptivo. De esta forma, los trámites se vuelven a poner en marcha. La votación final sobre la ley tendría que producirse el 27 de octubre de 2017. Tres días antes de la votación, entra en la Cámara una propuesta de FADE, UGT y Comisiones para reformar el CES. Esto provoca las quejas de los grupos parlamentarios que, además de no compartir el contenido de las medidas, consideran que el ajustado plazo de presentación no permite ni siquiera considerar la propuesta.​

Finalmente, se aprobó la ley de supresión del CES, con los 19 votos en contra del PSOE e IU, y los 26 votos a favor del resto de grupos parlamentarios: PP, Foro, Ciudadanos y Podemos.

XI Legislatura: intento de reactivación

En 2022, el grupo parlamentario de Izquierda Unida presentó una proposición de ley, que pretendía revivir el Consejo Económico y Social del Principado de Asturias. El PSOE aceptaba la iniciativa, que formaba parte del acuerdo de investidura con IU. Podemos, por su parte, también consideró positivamente la proposición de ley, al tiempo que señalaba que el órgano anterior había perdido su espíritu fundacional.

El resto de grupos parlamentarios no veían con buenos ojos la propuesta. PP y Foro, así como el diputado del Grupo Mixto, Armando Fernández Bartolomé, consideraron que no procedía recuperar un organismo que había funcionado mal y para el que no había un proyecto claramente distinto del anterior. Vox y Ciudadanos utilizaron el término peyorativo de "chiringuito".​

Finalmente, la legislatura se agotó sin que la proposición de ley fuera aprobada, con lo que caducó.