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PRISIONES PRIVADAS

Una prisión privada o cárcel con fines de lucro, es un lugar donde los individuos están físicamente restringidos o encarcelados por una tercera persona que una agencia gubernamental contrata. Las compañías de prisiones privadas suelen tener acuerdos contractuales con los gobiernos que cometen a los prisioneros y luego, pagan una tasa diaria o mensual, o bien por cada prisionero en el establecimiento o por cada sitio disponible, estando éste ocupado o no. Este tipo de contratos pueden ser para el mantenimiento de la instalación o para el diseño, la construcción y funcionamiento.

Las prisiones privadas son controversiales. La parte buena de que los operadores privados contraten prisiones es que se ahorra dinero. La parte mala de esto es concernir que habrá un compromiso de los derechos y un trato justo con los presos y ciudadanos, debido a la variedad de factores que se verán más adelante.

Australia

Artículo principal: Castigo en Australia y prisiones privadas. Australia abrió su primera prisión privada, Borallon Correctional Centre, en 1990.

En 2018, un 18.4% de presos en Australia fueron retenidos en prisiones privadas. Una tasa mucho más alta que en Estados Unidos, que era un 8.4%.

Argumentos a favor y en contra

Un libro escrito en el 2016 por Anastasia Glushko (una extrabajadora en el sector de la prisión privada) argumenta a favor de las prisiones privadas en Australia. De acuerdo con la autora, gracias a las prisiones privadas ha disminuido el coste de retención de presos y han mejorado las relaciones positivas entre los reclusos y los trabajadores de allí.

Contratar los servicios de la prisión a las compañías privadas ha permitido recortar hasta la mitad de costes.

Comparado con los 270$ por día en una prisión Australiana sustentada por el gobierno, cada preso de Acacia Prision, carcel de propiedad privada, cerca de Peth, le cuesta al contribuyente 182 $. Glushko afirma que también se ha observado un comportamiento más positivo de los prisioneros durante la privatización en Australia debido a tener actitudes más respetuosas hacia los internos y programas de orientación, aumentando el tiempo libre fuera de la celda y más actividades constructivas.

Sin embargo, un informe de la Universidad de Sydney en 2016 mostró que, en general, todos los estados de Australia carecía de enfoques integrales para responsabilizarse de las prisiones privadas ante el gobierno. Los autores afirmaron que de todos los estados, Australia Occidental tenía el “enfoque regulatorio más desarrollado” para las responsabilidades de las prisiones privadas, como habían aprendido de los ejemplo en Queensland y Victoria. Australia Occidental proporcionó mucha información sobre el funcionamiento de las prisiones privadas al estado al público, lo que facilita la evaluación del rendimiento. Sin embargo, los autores señalan que a pesar de esto, en general, es difícil comparar el desempeño y los costos de las prisiones públicas y privadas, ya que a menudo albergan diferentes tipos y cantidades de presos, en diferentes estados y con diferentes regulaciones. Señalan que la prisión de Acacia, que suele mostrarse como ejemplo de cómo las cárceles privadas pueden estar bien administradas, no puede servir como ejemplo general de la privatización de la prisión.

Cárceles privadas de inmigración

Varias prisiones de inmigración australianas trabajan de manera privada, inluido el Centro de Procesamiento Regional de Nauru, ubicado en el país insular pacífico de Nauru y dirigido por Broadspectrum, en nombre del gobierno de Australia, con la seguridad subcontratada a Wilson Security. Las prisiones de inmigración suelen albergar a personas que han sobrepasado el tiempo o que carecen de un visado, o que han roto los términos de éstos. Algunos, como las instalaciones de Nauru, tienen solicitantes de asilo, refugiados e incluso niños pequeños que pueden ser detenidos indefinidamente. En muchos casos, las personas han estado detenidas durante años sin cargos ni un juicio previo. Esto, así como las malas condiciones, el abandono, los malos tratos y las muertes en algunos de los centros ha sido fuente de controversia en Australia e internacionalmente.

Canadá

Hasta la fecha, solo ha habido dos centros de detención privados en Canadá, y a ambos los volvió a controlar el gobierno.

La única prisión privada en Canadá fue el Centro Correccional Centro Norte de máxima seguridad, Penentanguishene y Ontario, operado por la Corporación de Capacitación y Gestión con sede en los Estados Unidos, desde su apertura en 2001 hasta el final de su primer período de contrato en 2006. El contrato se dió entre el Ministerio de Seguridad Comunitaria y Servicios Correccionales de la provincia de Ontario. Una comparación del gobierno entre la “super cárcel” del norte central y una instalación casi idéntica, encontró que la prisión pública tenía resultados considerablemente mejores. Además, el grupo GEO construyó el Centro de Detención Juvenil de New Brunswick Miramichi bajo un contrato con el Departamento de Seguridad Pública de la provincia, y luego terminó su contrato en la década de 1990 después de las protestas públicas. A mediados de 2012, las empresas privadas de prisiones continuaron presionando al Servicio Correccional de Canadá para negocios de contrato.

Francia

El proceso de privatización de las cárceles en Francia se presenta a partir de los principales acontecimientos ocurridos entre 1987 y el presente, según ha informado un académico francés. Francia ha elegido un sistema semiprivado. Consiste en delegar las llamadas misiones no soberanas (cocina, lavandería, mantenimiento…) a las empresa y dejar la guardia y la seguridad al estado. Organizar el trabajo de los reclusos en los talleres de la prisión es una de las tareas que se ha delegado a las empresas de gestión de la prisión. La prisión es un espacio de confinamiento forzado donde la preocupación principal es la seguridad. Son varios niveles, y dependiendo del tipo de prisión (alta seguridad o no), la lógica de producción choca con la lógica de seguridad. Las limitaciones estructurales de la producción en una prisión pueden restringir las capacidades de obtención de ganancias de las empresas privadas. Sobre la base de un estudio de campo realizado en 2004 y 2005 en cinco prisiones elegidas por tipo de prisión y administración, Guilbaud muestra que la intensidad de la tensión entre producto y seguridad, y las diversas formas en que esta tensión surge y se maneja, varían según el tipo de prisión (estancia corta, para los convictos que esperan sentencia, o una estancia relativamente larga para los reclusos que cumplen condena) y el tipo de gestión. La tensión producción/seguridad parece estar mejor integrada en las prisiones del sector público que en las administradas por el sector privado en el sentido de que produce menos conflictos en ellas. Este resultado va en contra de la comprensión generalizada que dio forma a la reforma de 1987, la idea de que la introducción de la empresa privada y el profesionalismo asociado con ella en las cárceles mejoraría el empleo de los reclusos y la operación de la prisión.

Israel

En 2004, el Knesset israelí aprobó una ley que permite el establecimiento de prisiones privadas en Israel. El motivo fue ahorrar dinero mediante la transferencia de prisioneros a instalaciones administradas por una empresa privada. El estado pagaría a la franquicia 50$ por día por el recluso, ahorrando el costo de construir nuevas cárceles y expandiendo el personal del Servicio Penitenciario de Israel. En 2005, el Departamento de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho Académico de Ramat Gan presentó una petición ante la Corte Suprema de Israel contra la ley. La petición se basó en dos argumentos; primero, dijo que transferir los poderes de la prisión a manos privadas violaría los derechos humanos fundamentales de los presos a la libertad y dignidad. En segundo lugar, una organización privada siempre apunta a maximizar las ganancias y, por lo tanto, buscará reducir los costos mediante medios tales como escatimar en las instalaciones penitenciarias y pagar mal a sus guardias, lo que socavará aún más los derechos de los presos. Como el caso esperaba la decisión, la primera prisión fue construida por la concesionaria, Lev Leviev de Africa Israel Investments, una instalación cerca de Beersheba, diseñada para alojar a 2000 reclusos.

Rechazo de la Corte Suprema de Israel

En noviembre de 2009, un panel ampliado de 9 jueces de la Corte Suprema de Israel que dictaminó que las prisiones privadas son inconstitucionales, determinó que el Estado transfiere la autoridad para administrar la prisión a un contratista privado cuyo objetivo es el beneficio monetario que violaría severamente los derechos humanos básicos de los presos. Derechos a la dignidad y libertad. El presidente de la Corte Suprema Dorit Beinisch, escribió: “Los principios legales básicos de Israel sostienen que el derecho de usar la fuerza en general, y el derecho de hacer cumplir la ley penal al poner a las personas detrás de las rejas en particular, es una de las potencias más fundamentales y más invasivas en la jurisdicción del estado. Así, cuando el poder de encarcelar se tranfiere a una corporación privada cuyo propósito es ganar dinero, el acto de privar a una persona de (su) libertad pierde gran parte de legitimidad. Debido a esta pérdida de legitimidad, la violación del derecho a la libertad del recluso va más allá de la violación que conlleva el encarcelamiento en sí.

Nueva Zelanda

En 2018, el 10% de los presos en Nueva Zelanda estaban alojados en cárceles privadas.

Privatización de las prisiones

El uso de prisiones privadas también ha sido probado, detenido y reintroducido. La primera prisión privada de Nueva Zelanda, la prisión central de remisión de Auckland, también conocida como Mt. La prisión de Eden, fue abierta bajo contrato con la administración Correccional de Australasia (ACM) en 2000. En 2004, el Gobierno del Trabajo, en oposición a la privatización, modificó la ley para prohibir la extensión de los contratos de las prisiones privadas. Un año después, el contrato de 5 años con ACM no fue renovado. En 2010, el Gobierno Nacional introdujo nuevamente las cárceles privadas y al conglomerado internacional Serco se le otorgó el contrato para dirigir la prisión de Mt Eden. Numerosos escándalos sobre la prisión de Mt Eden hacen que el contrato de Serco no se renueve allí. El 16 de julio de 2015, imágenes de “clubes de lucha” dentro de la prisión surgieron en línea y fueron informadas por TVNZ. Serco fue muy criticado por no investigar hasta después de que se proyectó la grabación. El 24 de julio de 2015, se revocó el contrato de Serco para dirigir la prisión de Mount Eden y se devolvió la operación al Departamento de Correcciones de Nueva Zelanda. Se le ordenó a Serco pagar 8 millones de dólares al gobierno de Nueva zelanda como resultado de los problemas en la prisión de Mount Eden mientras estaba bajo la administración de Serco. A Serco también se le ha otorgado el contrato para construir y administrar una prisión de 960 camas en Wiri. El contrato con Serco prevé multas económicas severas si sus programas de rehabilitación no logran reducir la reincidencia en un 10% más que los programas del Departamento de Correccionales. La instalación de Auckland South Corrections se inauguró el 8 de mayo de 2015. El contrato para operar la prisión finaliza en 2040.

Crecimiento de la población encarcelada

Desde su creación, el departamento ha tenido que hacer frente a un crecimiento dramático en la población carcelaria. Entre 1997 y 2011, el número de reclusos aumentó en un 70% y, con un 190 reclusos por cada 100000 habitantes (en 2011), Nueva Zelanda tiene una de las tasas más altas de encarcelamiento en el mundo occidental. Se han construido cinco nuevas cárceles en los últimos diez años para acomodar el aumento. El Quinto gobierno laborista construyó cuatro pisiones: en Ngawha (región norte), que albergaba a 420 prisioneros, Springhill (al norte de Huntly) que albergaba a  840, Auckland Women’s con 330 y Milton (Otago) con 425, a un costo de 890 millones de dólares. Cuando Nationalcame llegó al poder en 2008, el Departamento construyó una nueva prisión de 1000 camas en Mt Eden por 218 millones de dólares en una asociación público-privada y le entregó el contrato a Serco. El crecimiento del Departamento ha sido tal que, en julio de 2010, el ministro de Finanzas, Bill English, expresó su preocupación por el hecho de que el gasto gubernamental estaba “liderado por un sistema penitenciario en rápida expansión que pronto haría de Corrections el departamento más grande del gobierno”. A diciembre de 2011, Nueva Zelanda tenía 20 prisiones y el departamento empleaba a más de 8000 empleados. El presupuesto operativo del departamento es de más de mil millones de dólares al año. El 31 de marzo de 2011, había 8755 personas en prisión en Nueva Zelanda. sin embargo, la población carcelaria es muy fluida y en total, aproximadamente 20000 personas pasan tiempo en prisión cada año, la gran mayoría en prisión preventiva. Casi el 75% de los que reciben una sentencia de prisión son sentenciados a dos años o menos, y todos estos son liberados automáticamente en la mitad de su sentencia. A partir del 2001, el 96% de los reclusos eran hombres y el 51% de los hombres eran maoríes, por lo que los maoríes estaban representados en exceso en una base de población en 3,5 veces. El costo de mantener a una persona en prisión por 12 meses es de 91 mil dólares. En 2001, el departamento estimó que una vida de ofensa por parte de una persona les cuesta a las víctimas y a los contribuyentes 3 millones.

A pesar de las preocupaciones de los ingleses sobre el costo creciente, en 2011, el gobierno aprobó la construcción de una prisión de 960 camas en Wiri, cuyo costo estimado es de casi 400 millones de dólares.Más tarde de ese año, las previsiones del sector de justicia mostraron una caída en las previsiones de prisión proyectadas por primera vez. Charles Chauvel, portavoz del Partido Laborista por la justicia y la Asociación de Servicio Público, cuestionaron la necesidad de una nueva instalación cuando había 1200 camas vacías en el sistema penitenciario. En marzo de 2012, la ministra de correcciones, Anne Tolley, anunció que la nueva prisión permitiría el cierre de cárceles más antiguas como Mt Crawford en Wellington y la prisión de New Plymouth. Las unidades más antiguas en las prisiones de Arohata, Rolleston, Tongariro/Rangipo y Waikeria también se cerrarán.

(Traducido por Mar Villalvilla Navarro)

Reino Unido

Número de presos

En 2018,

• El 18,46% de presos en Inglaterra y Gales fueron encarcelados en prisiones privadas.

• El 15,3% de presos en Escocia fueron encarcelados en prisiones privadas.

Desarrollo

En la Edad moderna, el Reino Unido fue el primer país europeo que empezó a utilizar prisiones con fines de lucro. La prisión de Wolds fue inaugurada como la primera de ellas gestionada de manera privada en el Reino Unido en 1992. Este hecho fue posible gracias a la aprobación de la Ley de Justicia penal de 1991 que facultó al Ministro del Interior para contratar los servicios penitenciarios al sector privado.

Además, algunos de los centros de expulsión de inmigrantes del Reino Unido se gestionan de manera privada, entre ellos se encuentran el Centro de Expulsión de Inmigrantes de Harmondworth, el Centro de Expulsión de Inmigrantes de Yarl’s Wood y el Centro de Expulsión de Inmigrantes de Colnbrook.

En 2007, el nuevo gobierno de Escocia, formado por el Partido Nacional Escocés, anunció su oposición a las prisiones privadas y que no permitiría contratar más. Desde ese momento si se han construido nuevas prisiones en Escocia, pero solamente gestionadas de manera pública. El último contrato permitido en Inglaterra y Gales fue para la prisión HM de Northumberland, la cual fue transferida del sector público a Sodexo en 2013. La prisión HM de Berwyn (cerca de Wrexham), la más reciente que se ha construido en Inglaterra y Gales, fue trasladada al sector público para operar sin ninguna competencia cuando abriese en 2017. En las elecciones generales de 2017, el Partido Laborista afirmó que no permitiría nuevas prisiones privadas bajo su gobierno, pero no se comprometió a acabar con los contratos ya existentes.

El 5 de noviembre de 2018, el ministro de las prisiones, Rory Stewart, informó en la Cámara de los Comunes que las dos nuevas prisiones en Wellingborough (Northants) y Glen Parva (Leicestershire) serían construidas con finanzas públicas, pero su gestión sería contratada. El 29 de noviembre anunció un marco de competencia en la cual los operadores privados buscarían su inclusión en una lista de compañías. Estas compañías serían elegibles para pujar en futuras competencias, incluido el programa planeado para abrir 10 000 nuevos lugares que remplacen las prisiones viejas, y también para prisiones que se gestionan de manera privada, cuando sus contratos acabasen. Estaba implícito que el sector público se excluiría de todas las competencias. Expuso: “ Este Gobierno sigue comprometido con el papel del sector privado en la operación de los servicios de custodia. La competencia lanzada hoy buscará aprovechar la innovación y las diferentes formas de trabajo que el sector privado ha introducido previamente en el sistema. Este sector tiene un importante papel que desempeñar, y actualmente administra algunas prisiones de alto rendimiento, como parte de un estado penitenciario decente y seguro… Un enfoque equilibrado para la prestación de servicios de custodia que incluye una combinación de servicios públicos, voluntarios y privados, ha demostrado que la participación del sector introduce mejoras y ofrece rentabilidad para los contribuyentes”. (anunciado el 29 de noviembre)

Acuerdos contractuales

En el Reino Unido una compañía privada puede tomar la gestión de una prisión de tres formas:

1. Las compañías compiten para financiar, diseñar, construir y administrar una nueva prisión bajo la Iniciativa de Financiación Privada (de sus siglas en inglés, PFI). La mayoría de las prisiones en el Reino Unido son de este tipo, aunque ahora el uso de PFI se ha abandonado.

2. El Gobierno construye una prisión y luego contrata a su operador.

3. Una prisión que ha sido gestionada anteriormente por el sector público puede ser contratada después de una competencia (“prueba de mercado”).

Las cárceles pueden volver a competir al final del contrato. Cada vez más, la gama de servicios dentro de todas las prisiones, ya sean públicas o privadas, se contratan a nivel regional. Esto incluye obras, servicios de FM y programas de rehabilitación.

Gobierno y responsabilidad

Las prisiones gestionadas de manera privada son manejadas bajo contratos que establecen los estándares que deben cumplirse, que en muchos aspectos reflejan los Acuerdos de Nivel de Servicio que se aplican a las prisiones administradas públicamente. Los pagos pueden ser deducidos por el desempeño precario en contra del contrato. Los monitores gubernamentales ("controladores") trabajan permanentemente dentro de cada prisión de gestión privada para verificar las condiciones y el trato a los reclusos. El marco de trabajo para la regulación y las responsabilidades es prácticamente el mismo para las prisiones gestionadas de manera privada que para las públicas. Estas prisiones en Inglaterra y Gales están sujetas a revisiones sin previo aviso por parte del Inspector Jefe de las Prisiones de Su Majestad, a la supervisión de las Juntas de Inspección Locales Independientes, y las quejas de los presos son tratadas por el Defensor del Pueblo de Prisiones y Libertad Vigilada. Existen acuerdos similares en Escocia e Irlanda del Norte.

Evaluación

Ha habido una pequeña evaluación sistemática y objetiva de las prisiones privadas de Reino Unido. El mejor estudio, realizado por el Instituto de Criminología de la universidad de Cambridge, el cual utilizó observación directa del comportamiento de los trabajadores y de los prisioneros, descubrió que los trabajadores del sector tendían a ser más conocedores y seguros, mientras que el sector privado trataba a los presos con más respeto, aunque un prisión privada tenía buena calificación en ambos. Anteriormente, los estudios más crudos llegaron a la misma conclusión. Otro estudio encontró mejoras notables en la calidad de vida de los presos en la prisión de Birmingham después de la transferencia del sector público al privado. Un análisis de las evaluaciones de desempeño de prisiones individuales realizado por el Inspector Jefe de Prisiones y por el Servicio de Prisiones no sugirió diferencias consistentes en la calidad del servicio entre sectores. El mismo estudio mostró que los costos de construcción y operación fueron durante muchos años mucho más bajos en el sector privado , pero que la brecha se ha reducido.

Controversias

A principios de 2012, Frances Crook, directora ejecutiva de la Liga Howard para la Reforma Penal, dijo que la Inspección de Prisiones de Su Majestad encontró un aumento de casi nueve veces en la restricción utilizada en el año anterior en la Institución de Jóvenes Delincuentes de Ashfield que alberga adolescentes de entre 15 y 18 años. Citó: “demasiados incidentes por registros sin ropa innecesarios”. Se ha utilizado la fuerza unas 150 veces al mes, en comparación con las 17 veces mensuales del año anterior, lo cual recuerda a los "ecos escalofriantes" por las circunstancias de la muerte por asfixia de un joven de 15 años en el Centro de Entrenamiento Seguro de Rainsbrook después de que se aplicaran las restricciones. El uso frecuente de la fuerza fue a raíz de que los pupilos no obedeciesen las instrucciones del personal. Tres años antes, la institución registró más de 600 ataques contra internos en un año, el mayor número entre todas las cárceles en el país, incluidas las de adultos. “Esta cárcel tiene un historial de fallar a los jóvenes y al público” afirmó Crook. Los gerentes afirmaron que este crecimiento se debía a un reporte mayor del uso de restricciones. La institución estaba medio llena momentos previos a la revisión sorpresa en 2010. El inspector jefe de las prisiones anotó que “algunos trabajadores carecían de confianza para desafiar el mal comportamiento”. El director de la prisión y el YOI (Institución para Jóvenes Delincuentes) admitieron que “se podría mejorar”.

Seis trabajadores fueron despedidos del Centro de Entrenamiento Seguro de Rainsbrook, gestionado por G4S, para niños en Rugby en mayo de 2015 después de una serie de incidentes por conducta grave. G4S tomó acción en respuesta a la inspección de Ofsted que informó de que los trabajadores estaban bajo el efecto de las drogas mientras trabajaban, que se confabulaban con los detenidos y se comportaban de manera “extremadamente inapropiada”. El comportamiento supuestamente incluía causar sufrimiento y humillación a los niños mediante trato vejatorio y comentarios racistas.

Cuatro líderes de G4S del Centro de Entrenamiento Seguro de Medway en Rochester fueron arrestados en enero de 2016 y otros cuatro trabajadores fueron asignados a tareas restringidas, luego de una investigación realizada por el programa de televisión Panorama de la BBC sobre el centro. Las acusaciones del programa incluían insultos y uso innecesario de la fuerza, como la violencia, el uso abusivo de técnicas de contención (las cuales provocaron a un joven dificultades para respirar), en diez jóvenes de entre 14 y 17 años; así como al personal evitando las cámaras de vigilancia para no ser grabados y disimular, e informando falsamente de incidentes a propósito para así evitar posibles multas y castigos. Por ejemplo, en un intercambio, algunos trabajadores no informan de que “dos o más pupilos están peleando” porque esto indica que “han perdido el control del centro”, lo cual sería una razón potencial de multa.

Los gerentes de Medway, gestionado por G4S, fueron premiados con remuneraciones por su rendimiento en abril de 2016, a pesar de que el inspector jefe de prisiones dijo semanas antes que “la supervisión de la gerencia no protegió a los jóvenes de los peligros en la cárcel”. En enero, el programa Panorama mostró a un reportero encubierto como trabajador en el Centro de Entrenamiento Seguro de Medway (de sus siglas en inglés, STC) en Kent. Los videos mostraban a niños supuestamente siendo maltratados y confirmaron que los trabajadores falsificaban las grabaciones de los incidentes violentos. Ninguno de los gerentes más antiguos fueron sancionados ni despedidos. Antes de que se emitiese el programa Panorama, la Junta de Justicia Juvenil (de sus siglas en inglés, YJB), el cual se encarga de supervisar la custodia, dejó de enviar jóvenes a Medway. En febrero, una investigación de The Guardian reveló que, en 2003, los denunciantes habían advertido a G4S, al Ministerio de Justicia (MoJ) y al YJB que el personal estaba maltratando a los jóvenes detenidos. La carta enviada por el profesor John Pitts, un experto en justicia juvenil, fue ignorada. Cuando los inspectores de prisiones realizaron un registro rápido en Medway, se descubrió que los detenidos habían informado de que el personal empleaba lenguaje insultante, agresivo o racista hacia ellos y estos se sentían inseguros en zonas de las instalaciones que no estaban cubiertas por el circuito cerrado de televisión. Los revisores aceptaron la legitimidad de las evidencias presentadas por Panorama que mostraban“...acoso dirigido a jóvenes vulnerables” por parte de los empleados y de “un gran grupo de empleados que debían estar al tanto de estas prácticas inaceptables, pero que no reportaron ni pararon este comportamiento.”

En el informe anterior de Ofsted sobre Medway, los inspectores explicaron que el personal y los gerentes intermedios informaron de que sentían una falta de liderazgo y que tenían “poco o nada de confianza en los gerentes más antiguos”. Nick Hardwick, el inspector jefe de prisiones por aquel entonces, dijo: "La supervisión de la gerencia no logró proteger a los jóvenes de los daños. La supervisión efectiva es clave para crear una cultura positiva que evite que ocurran prácticas deficientes y garantizar que se informe de estas cuando ocurran". El periódico The Guardian se enteró de que los altos directivos de Medway recibieron bonificaciones salariales relacionadas con el desempeño en abril por un valor de entre el 10% y el 25% de sus salarios anuales, según la antigüedad. Una joven de 15 años internada en Medway contó en 2009 que durante unos 18 meses la inmovilizaban con frecuencia de manera ilegal; y cita una ocasión en la que estamparon su cara contra el suelo repetidas veces. “Asumí que el personal más antiguo sería despedido… Pero ahora parece que han sido recompensados por dejar que los jóvenes sean abusados en la prisión,” afirmó. La ex diputada laborista Sally Keeble se ha quejado del maltrato de G4S en el STC durante más de diez años, y explica: “Se trata de personas que se benefician de la tragedia. Espero que la ministra de justicia, Liz Truss, intervenga y se asegure de que no sea un contratista del Ministerio de Justicia quien pague estas bonificaciones”. A pesar de los resultados de las investigaciones, ningún alto directivo de Medway fue reprendido o despedido. En mayo, el Ministerio de Justicia dijo que el Servicio Nacional de Gestión de Delincuentes (de sus siglas en inglés, NOMS) se haría cargo de la gestión de Medway. En julio, asumió formalmente el control del STC. En febrero de 2016, G4S anunció que iba a vender el negocio de servicios para niños, incluido el contrato para administrar dos centros de capacitación seguros. La compañía esperaba completar el proceso para finales de 2016.

Tras la publicación de un informe extremadamente crítico respecto a una cárcel gestionada por G4S, el secretario de justicia en oposición del Partido Laborista afirmó que se verían inclinados a tomar el control de las prisiones con fines de lucro si los competidores en la industria no hubieran cumplido con los plazos impuestos. El inspector jefe de prisiones Nick Hardwick recomendó la elaboración de un plan de contingencia de adquisición. “No es lo que el público debería esperar de los millones que se pagan a G4S para que lo ejecuten”. Khan dijo: “No veo ninguna diferencia en si el bajo rendimiento es del sector público, privado o voluntario… No debemos tolerar la mediocridad en el funcionamiento de nuestras prisiones”. Khan continuó: "No podemos continuar con un escándalo tras otro, donde el dinero público se desperdicia y la calidad de lo que se crea no está a la altura. El gobierno depende demasiado de un grupo que acoge grandes empresas. El público con razón el público se está hartando tanto de las grandes empresas que obtienen vastos beneficios del contribuyente, lo cual parece que se esté recompensando el fracaso”.

[Traducido por Cristina Marzá]