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El terrorismo de Estado en Argentina en las décadas de 1970 y 1980 fue un período que culminó con la caída de la última dictadura cívico-militar autodenominada «Proceso de Reorganización Nacional», parte del Plan Cóndor, que gobernó desde el 24 de marzo de 1976 hasta la restauración de la democracia el 10 de diciembre de 1983. Durante este tiempo el Estado llevó adelante una política de represión ilegal, violencia indiscriminada, persecuciones, tortura sistematizada, desaparición forzada de personas, centros clandestinos de detención, manipulación de la información y demás formas de terrorismo de Estado. Durante ese período las fuerzas represoras del gobierno de facto hicieron desaparecer, asesinaron, torturaron, secuestraron, obligaron a exiliarse y borraron la identidad de miles de personas, tradicionalmente expresadas por las organizaciones de derechos humanos con el número de 30.000 víctimas (ver Sección «cantidad de víctimas»).
La denominación también utilizada de «guerra sucia» alude al carácter informal y no reglamentado del enfrentamiento entre el poder militar —desligado de la autoridad civil—, contra las organizaciones guerrilleras, que no obtuvo en ningún momento la consideración explícita de guerra civil. El uso sistemático de la violencia en el marco de la toma del poder político y burocrático por las Fuerzas Armadas, determinó la inmediata suspensión de los derechos y garantías constitucionales y propició la aplicación de tácticas y procedimientos bélicos irregulares a toda la población. Bajo la tutela de la CIA, las dictaduras de América Latina en la década de 1970 unieron sus servicios de inteligencia para la persecución ilegal de activistas, sindicalistas, guerrilleros, artistas, periodistas, sacerdotes y opositores en general.