Impuesto a la riqueza en Argentina

El aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia de COVID-19, impuesto extraordinario a las grandes fortunas, o, simplemente, Impuesto a la Riqueza, es un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina por los diputados del Frente de Todos Carlos Heller y Máximo Kirchner.^[1]

Durante el debate realizado para su análisis en la Cámara de Diputados, diversos diputados de la oposición acusaron que "con este impuesto el oficialismo hace populismo tributario".^[2]

Sobre el proyecto de ley[editar]

Según estimaciones preliminares serían alcanzadas unas 12 mil personas, a las que se les aplicaría un gravamen que va desde el 2% hasta el 3,5% del patrimonio.^[1]

Reacciones frente al proyecto[editar]

El proyecto ha generado rechazo de amplios sectores, incluyendo entidades del campo, la industria y los servicios.^[3] Los principales argumentos en contra son: que es inconstitucional, viola la igualdad tributaria, el mismo tiene visos de confiscatoriedad, grava bienes productivos y representa una doble imposición con el puesto de Bienes Personales. También se ha advertido que es muy probable que este impuesto ahuyente las inversiones al atentar contra el capital privado.

Doble imposición[editar]

Por una parte genera una doble imposición ya que grava al capital de las personas, el cual ya se encuentra gravado por el Impuesto a los Bienes Personales. Además grava bienes de capital y campos productivos del sector agrícola que se encuentran gravados por tasas e impuestos diversos.^[4]

Confiscatoriedad[editar]

Se argumenta que el impuesto es confiscatorio, ya que su monto comprende un porcentaje significativo de la renta o del capital gravado. O sea el impuesto implica una presión fiscal irrazonable y excesiva sobre los bienes o en su defecto los intereses que los bienes gravados devengan.