Estatuto de autonomía de Cataluña de 1932
La firma del Pacto de San Sebastián entre republicanos, socialistas y catalanistas de izquierdas, en agosto de 1930, preveía atender las reivindicaciones nacionalistas, pero sin proponer un calendario concreto. Tras la abdicación del rey Alfonso XIII, en abril de 1931, Esquerra Republicana, dirigida por Francesc Macià, proclamó la República Catalana, el 15 de abril de 1931. El jefe del Gobierno provisional, Niceto Alcalá-Zamora, acudió a Barcelona y consiguió que Macià reconsiderase la proclamación, a la espera de la aprobación de la Constitución. Mientras tanto, se recuperó el viejo nombre de Generalitat, para designar el sistema institucional autónomo catalán.
Sin embargo, la Generalidad preparó un proyecto de Estatuto, el conocido como Estatuto de Núria, que fue plebiscitado por los ciudadanos catalanes el 2 de agosto de 1931. Con un 75% de participación, el proyecto de estatuto obtuvo una aprobación del 90% de los votantes.
El proyecto fue discutido en las Cortes en mayo de 1932. El fallido golpe de estado protagonizado por el general Sanjurjo aceleró el debate y la aprobación del proyecto el 9 de septiembre de 1932. Tras la aplicación de una serie de enmiendas, que dejaron los 52 artículos originarios en 18, el Estatuto de Cataluña fue aprobado por amplia mayoría: 314 votos afirmativos frente a 24 negativos.
El Estatuto aprobado rebajaba las pretensiones originales del proyecto. Mientras en el proyecto se afirmaba que «Cataluña era un Estado autónomo dentro de la República española», el texto final fijaba —de acuerdo con la constitución republicana que definía a España como «un Estado integral, compatible con la autonomía de los municipios y las regiones»— que «Cataluña se constituye en región autónoma dentro del Estado español». Otros aspectos sustanciales también fueron modificados. Por ejemplo, de la propuesta oficialidad única del catalán se pasó a la cooficialidad de catalán y castellano.
Sin embargo, a pesar de los recortes, el Estatuto confería una sustancial autonomía a Cataluña: la Generalidad pasaba a estar compuesta de un Parlamento, un Presidente y un Consejo Ejecutivo. También obtenía competencias en ámbitos como orden público y justicia.
Con la llegada de los radicales al gobierno de la República en 1933, se originaron los primeros conflictos del gobierno con la Generalidad catalana. La aprobación por parte de la Generalidad de la Ley de Contratos de Cultivo, la cual garantizaba a viticultores y arrendatarios catalanes (rabassaires) la explotación de tierras durante un mínimo de seis años, llevó a la derecha catalana a reclamar la declaración de inconstitucionalidad de la ley, pidiéndole al gobierno que recurriese la ley ante el Tribunal de Garantías Constitucionales. El tribunal declaró la inconstitucionalidad de la ley el 8 de junio de 1934. Este hecho fue considerado por Esquerra Republicana como un ataque a la autonomía catalana. Cuando en octubre de 1934 la Generalidad se alzó contra el Gobierno de coalición derechista de los radicales y la CEDA, proclamando su presidente Lluís Companys «el estado de Cataluña dentro de la República federal de España», la derrota del alzamiento trajo como consecuencia la suspensión de la autonomía. No sería hasta 1936, tras la victoria del Frente Popular, que el estatuto sería puesto en vigor de nuevo. La Generalidad fue restaturada, bajo la presidencia de Companys. Durante la guerra civil, la autonomía vivió un periodo de gran turbulencia, al que puso fin la entrada de las tropas franquistas en Cataluña (enero de 1939), eliminándose de nuevo la autonomía.
Véase también
Wikisource contiene obras originales de o sobre Estatuto de autonomía de Cataluña de 1932.- Estatuto de Autonomía del País Vasco de 1936.
- Proyecto de Estatuto de Autonomía de Galicia de 1936.
