Constitución de Paraguay
La República del Paraguay se rige bajo la Constitución de 1992, que es la cuarta del país desde su independencia de España en 1811.
Reglamentos Gubernamentales de 1813
El Reglamento Gubernamental aprobado por el Congreso en octubre de 1813, con diecisiete artículos que establecía el gobierno por dos cónsules (fueron designados José Gaspar Rodríguez de Francia y Fulgencio Yegros). Los autores también se proporcionan para una legislatura de 1.000 representantes. Reconociendo la importancia de los militares en el país en peligro de guerra, los autores le dieron a cada cónsul el rango de general de brigada y se dividieron las fuerzas armadas y arsenales en partes iguales entre ellos. Sin embargo, dentro de diez años, Yegros y el poder legislativo habían sido eliminados y Francia gobernada directamente hasta su muerte en 1840.
Ley de Administración Pública de 1844
En 1841, Carlos Antonio López pidió a la legislatura para revisar el reglamento. Tres años más tarde, una nueva ley concede poderes a López que eran tan amplios como los que en virtud del cual Francia había gobernado. El Congreso quedó conformado por miembros notables de la sociedad (abogados, terratenientes, patricios) podría hacer e interpretar las leyes, pero sólo el presidente puede ordenar que se promulguen y ejecuten. La ley no puso restricciones a las facultades del presidente más allá de limitar su mandato a diez años. La ley no incluye garantías de derechos civiles y, de hecho, no hubo mención de la palabra "libertad" en todo el texto. A pesar de esta limitación, el Congreso posteriormente siguió reeligiendo a López de por vida. Se enmendó esta constitución en 1856, eliminándose los siguientes requisitos para ser presidente: civil, mayor de 45 años, casado, además de añadir al presidente el poder de designar a su sucesor. De esta manera, fue abierto el camino al hijo de Carlos Antonio López, Francisco Solano, militar, soltero y menor de 45 años, para ser presidente a la muerte de su padre.
Constitución de 1870
De inspiración liberal y basada en las leves fundamentales de los Estados Unidos, la Argentina y otros países de Occidente, la Constitución aprobada por la Convención establecía el más amplio y comprensivo sistema de derechos y garantías, sin privar por ello al Estado de los medios idóneos para la eficaz atención de los intereses sociales. Bajo su imperio y sin transgredirla en nada, pudieron regir la “Ley de Colonización y del Hogar” y otras disposiciones agraristas, así como también funcionaron el Departamento Nacional del Trabajo, el Banco Agrícola del Paraguay, con su Oficina Revisora de Frutos, y la Oficina Cambios, luego transformada en Banco de la República. Reconocía la Carta Magna el principio de a soberanía popular y organizaba el gobierno de acuerdo al sistema de separación de poderes. El Poder Legislativo, bicameral, a cargo de un Senado y una Cámara de Diputados, era el único legislador, sin perjuicio de la facultad promulgatoria del Ejecutivo y de su derecho de veto. Las instituciones de la interpelación parlamentaria y del juicio político ponían en sus manos poderosos medios de controlar y moderar a los otros dos poderes. El Poder Ejecutivo lo desempeñaba un Presidente de la República, paraguayo natural, cristiano, de treinta años cumplidos, nombrado por sufragio indirecto, que duraba cuatro años en sus funciones y no podía ser reelecto hasta transcurridos dos períodos completos desde su cese en el mando. Lo asistían cinco ministros que podía nombrar y remover a su arbitrio, los cuales refrendaban su firma en los decretos y demás actos de gobierno, Sustituto legal de aquél era el Vice-Presidente de la República, que debía reunir los mismos requisitos personales, era electo simultáneamente y presidía el Senado. Componían el Poder Judicial el Superior Tribunal de Justicia, de tres miembros nombrados por el Ejecutivo con acuerdo del Senado, y tribunales y juzgados inferiores. Inspirada en el interés general y elaborada por los representantes de la Nación, la Constitución de 1870 rigió por espacio de casi tres cuartos de siglo la vida política y social del Paraguay. Aunque nunca cumplida en su plenitud, fue un estatuto respetado y, en nuestra opinión, adecuado para el progreso de las instituciones y de la convivencia social. Durante su vigencia, el Paraguay se encaminó, de modo gradual y generalmente sostenido, al funcionamiento integral del sistema democrático representativo de gobierno.
Constitución de 1940
En 1939 el presidente José Félix Estigarribia respondió a un estancamiento político al disolver el Congreso y se declaró favorable dictador. Para dramatizar el deseo de su gobierno para el cambio, que desechó la Constitución y promulgó una nueva en julio de 1940. Esta constitución refleja la preocupación de Estigarribia para la estabilidad y el poder y por lo tanto siempre por un estado extremadamente de gran alcance. El presidente, que fue elegido en elecciones directas por un período de cinco años con reelección permitida para un período adicional, puede intervenir en la economía, el control de la prensa, reprimir grupos privados, suspender las libertades individuales, y tomar medidas excepcionales para el bien del Estado. El Senado fue abolido y la Cámara de Representantes limitada en el poder. Un aviso nuevo Consejo de Estado fue creado, el modelo de la experiencia de corporativista de Italia y Portugal, para representar los intereses de grupo incluidas las empresas, agrícolas, banqueras, militares, y la Iglesia católica. El militar fue responsable de salvaguardar la Constitución.
Constitución de 1967
Después de tomar el poder en 1954, el presidente Alfredo Stroessner gobernó durante los próximos trece años bajo la Constitución de 1940. Una asamblea constituyente convocada por Stroessner en 1967, mantiene el marco general de la Constitución de 1940 y dejó intacto el amplio alcance del poder ejecutivo. Sin embargo, se restableció el Senado y la Cámara de Diputados. Además, la asamblea permitió que el presidente sea reelegido por otros dos términos a partir de 1968.
La Constitución de 1967 contiene un preámbulo, 11 capítulos con 231 artículos, y un último capítulo de disposiciones transitorias. El primer capítulo contiene once "estados fundamentales" la definición de una amplia variedad de temas, incluyendo el sistema político (una república unitaria con un gobierno democrático representativo), los idiomas oficiales (español y guaraní), y la religión oficial (catolicismo). Los siguientes dos capítulos con el territorio, divisiones administrativas, la nacionalidad y la ciudadanía. El capítulo cuarto contiene una serie de "disposiciones generales", tales como estados que prohíben el uso de poderes dictatoriales, exigir a los funcionarios públicos a actuar de conformidad con la Constitución y la defensa nacional y el orden público confiar a las fuerzas armadas y la policía, respectivamente.
El capítulo cinco, con sesenta y siete artículos, es por mucho la sección más corta de la Constitución, y se ocupa en detalle de los derechos de la población. En este capítulo se garantiza la libertad de la población y la igualdad ante la ley. Además de los amplios derechos individuales, enunciados en treinta y tres artículos, hay secciones que cubren derechos sociales, económicas, laborales, y políticos. Por ejemplo, el artículo 111 establece que "El sufragio es derecho, deber y función pública del elector... Su ejercicio será obligatorio dentro de los límites que se establezcan por la ley, y nadie puede defender o recomendar la abstención electoral. La formación de los partidos políticos también está garantizada, aunque los partidos que defendían la destrucción del régimen republicano o el sistema representativo democrático multipartidista no están permitidos." En este capítulo también especifica diez obligaciones de los ciudadanos, incluyendo la obediencia a la Constitución y las leyes, la defensa del país, y el empleo en actividades legales. El capítulo ocho identifica la reforma agraria como uno de los factores fundamentales para el logro del bienestar rural. También pide la adopción de sistemas equitativos de distribución de la tierra y la propiedad. La colonización se proyecta como un programa oficial que involucra no sólo los ciudadanos sino también los extranjeros.
Los capítulos del nueve al diez se refieren a la composición, selección, y las funciones del poder legislativo, ejecutivo, judicial y fiscal general, respectivamente. El capítulo once aborda disposiciones para modificar o reescribir la constitución. El último capítulo contiene artículos transitorios, el más importante de los cuales establece que para efectos de elegibilidad y de reelección del presidente, se tendrán en cuenta únicamente de los términos que se completará después de que el plazo debido presidencial expira el 15 de Agosto 1968. La enmienda constitucional del 25 de marzo de 1977, modifica este artículo para permitir reelecciones indefinidas.
Constitución de 1992
La Constitución democrática del 20 de junio de 1992 sustituyó a la Constitución altamente autoritaria que había estado en vigor desde 1967.
La Constitución del 1992 mejoró considerablemente la protección de los derechos fundamentales. Esta constitución tiene un carácter híbrido, que no plantea un régimen parlamentario, ni tampoco uno absolutamente presidencialista, y otorga algunas atribuciones especiales al poder Legislativo,[1] como la redacción del presupuesto general de la nación o el juicio político y remoción del Presidente de la República, el Vicepresidente, los ministros del Poder Ejecutivo, los ministros de la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General del Estado, el Defensor del Pueblo, el Contralor General de la República, el Subcontralor y los integrantes del Tribunal Superior de Justicia Electoral.[2]
Véase también
Enlaces externos
Referencias
- ↑ Morínigo, José Nicolás. «"Esta Constitución garantizó el proceso electoral democrático"».
- ↑ «Paraguay: Constitución de 1992».