Anexo:Capturas realizadas en el Caso de La Línea en Guatemala
Capturas[editar]
Por este acto de corrupción fueron giradas inicialmente 47 órdenes de captura, entre estas contra Juan Carlos Monzón Rojas, secretario privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti.
El caso se lleva en el Juzgado Octavo de Instancia Penal, a cargo de la jueza Marta Sierra Stalling, donde se pretende que los acusados brinden su declaración y el MP junto a la CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala) presenten medios de prueba para ligar a proceso a los sindicados.[1] En la audiencia en que les hicieron saber los motivos de su aprehensión, les imputaron los delitos de asociación ilícita para el contrabando, contrabando aduanero y defraudación tributaria.[1]
El 20 de abril de 2015, Álvaro Omar Franco Chacón y Carlos Enrique Muñoz, los destituidos y capturados superintendentes de Administración Tributaria (SAT), se rehusaron a prestar primera declaración en el caso; también se negaron a declarar Gustavo Morales Pinzón, Salvador Estuardo González y Byron Izquierdo.[2] Sin embargo, un técnico de la SAT, Giovanni Marroquín Navas, sí accedió a prestar su primera declaración y explicó que llegó a esa institución en 2014 cuando lo llamó el entonces superintendente Carlos Enrique Muñoz, para elaborar un proyecto que favoreciera la recaudación de tributos internos, no externos, relacionados al tema de aduanas. Según él, se presentó ese plan al presidente Otto Pérez Molina.[2]
| Fecha de captura | Nombre | Ocupación | Caso |
|---|---|---|---|
| 16 de abril | Álvaro Omar Franco Chacón | superintendente de la SAT[2] | La Línea |
| Carlos Enrique Muñoz | exsuperintendente de la SAT[2] | La Línea | |
| Salvador González Álvarez («Eco»). | ciudadano[2] | La Línea | |
| Francisco Javier Ortiz Arriaga («Teniente Jerez»). | ciudadano[2] | La Línea | |
| Giovanni Marroquín Navas | técnico de la SAT[2] | La Línea | |
| Mónica Patricia Jáuregui Zamora | ciudadana[2] | La Línea | |
| Miguel Ángel Lemus | ciudadano[2] | La Línea | |
| José Rolando Gil | vista aduanero[2] | La Línea | |
| Carlos Ixtuc Cuc | vista aduanero[2] | La Línea | |
| 4 de mayo | Mynor Eduardo Martínez Castellanos | administrador de la aduana de Puerto Quetzal[3] | La Línea |
| Juan Carlos Ávila Morán | técnico aduanero de Puerto Quetzal[3] | La Línea | |
| 8 de mayo | José Arturo Morales Rodríguez | abogado y notario que dirigía un bufete que habría conseguido medidas sustitutivas mediante sobornos a la jueza Sierra de Stalling.[3] Fue también el abogado defensor del expresidente Alfonso Portillo cuando este fue juzgado en Guatemala en 2009.[4] | Bufetes de impunidad |
| Ruth Emilsa Higueros | abogado y notario que trabajaba en el bufete de Morales Rodríguez.[3] | Bufetes de impunidad | |
| Jorge Luis Escobar Gómez | abogado y notario que trabajaba en el bufete de Morales Rodríguez.[3] | Bufetes de impunidad | |
| 14 de mayo | José Luis Montenegro Santos | abogado y notario que trabajaba en el bufete de Morales Rodríguez.[5] | Bufetes de impunidad |
| Luis Fernando Zapeta | abogado y notario que trabajaba en el bufete de Morales Rodríguez.[5] | Bufetes de impunidad | |
| 20 de mayo | Juan de Dios Rodríguez, | presidente de la junta directiva del IGSS. Fue secretario privado del presidente, Otto Pérez Molina.[6] | IGSS-PISA |
| Julio Roberto Suárez Guerra[6] | presidente del Banco de Guatemala y vicepresidente de la junta directiva del IGSS. | IGSS-PISA | |
| Julia Amparo Lotan Garzona | vocal de los trabajadores ante la junta directiva del IGSS | IGSS-PISA | |
| Max Erwin Quirín Schoder | vocal del CACIF ante la junta directiva del IGSS | IGSS-PISA | |
| Erwin Raúl Castañeda Pineda | por delito de fraude | IGSS-PISA | |
| Jesús Arnulfo Oliva Leal | vicepresidente de la junta directiva del IGSS, representante de la Universidad de San Carlos y decano de la Facultad de Medicina de esa universidad estatal. | IGSS-PISA | |
| Otto Fernando Molina Stalling[6] | subgerente financiero y asesor del IGSS en 2014. | IGSS-PISA | |
| Herbert Rodolfo García-Granados Reyes | representante de la droguería mexicana PISA. | IGSS-PISA | |
| Edgar René de la Peña Archila | por el delito de cohecho activo | IGSS-PISA | |
| Ramiro Armando Lorenzana Ortiz | miembro de la junta de licitación para diálisis | IGSS-PISA | |
| Arturo Adolfo Castellanos Poou | miembro de la junta de licitación para diálisis | IGSS-PISA | |
| Doris Elubia González Salazar | miembro de la junta de licitación para diálisis | IGSS-PISA | |
| Mayra Lissbeth Gómez Suárez | miembro de la junta de licitación para diálisis | IGSS-PISA | |
| Alba Maritza Maldonado Gamboa | miembro de la junta de licitación para diálisis | IGSS-PISA | |
| Delia Haydee Castañón | miembro de la junta de licitación para diálisis | IGSS-PISA | |
| Carmen Yadira Gil Quiñonez | miembro de la junta de licitación para diálisis | IGSS-PISA | |
| Adrián Israel Yela Gómez | ciudadano; Yela tenía solo 21 años de edad al momento de su captura. | La Línea | |
| Edgar Amado Zac[7] | ciudadano | La Línea | |
| Gustavo Adolfo Peña[7] | ciudadano | La Línea | |
| 21 de agosto | Roxana Baldetti[8] | ex vicepresidente de Guatemala | La Línea |
| 3 de septiembre | Otto Pérez Molina | ex presidente de Guatemala | La Línea |
| 14 de septiembre | Claudia Méndez Asencio[9] | ex intendende de Aduanas | La Línea |
| 22 de septiembre | Marta Sierra de Stalling[10] | exjuez | Bufetes de impunidad |
| 5 de octubre | Juan Carlos Monzón[11] | exsecretario privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti | La Línea |
Medida sustitutiva para algunos cabecillas[editar]
El 21 de abril de 2015, Salvador González Álvarez (alias «Eco») y Francisco Javier Ortiz Arriaga (alias «Teniente Jerez») ―quienes según el Ministerio Público eran líderes dentro de la red de defraudación aduanera «La Línea»― quedaron en libertad provisional por orden de la jueza Marta Sierra de Stalling;[a] la jueza octava de Instancia Penal determinó beneficiar en total a seis sindicados con libertad provisional.[12] Ortiz Arriaga se había convertido en el enlace entre los líderes y el resto de la estructura, luego de un período de transición en 2014, cuando fueron alertados de las investigaciones de la CICIG por alguien denominado «el Presidente», de acuerdo a lo que evidencia una llamada telefónica interceptada.[12] Dentro de las funciones del teniente Jerez, estaba la colocación y coordinación de miembros de la red en puestos importantes de la SAT; además, el procesado manejaba una cuenta bancaria donde se consignaban los sobornos que se cobraba a importadores a cambio de la reducción de los aranceles que estipula la ley.[b]
Los otros tres beneficiados con libertad provisional fueron los colaboradores externos de la red Mónica Patricia Jáuregui Zamora y Miguel Ángel Lemus, y los vistas aduaneros José Rolando Gil y Carlos Ixtuc Cuc. Los seis beneficiados con medida sustitutiva tienen arresto domiciliar, prohibición de salir del país, prohibición para comunicarse entre ellos y deben firmar cada 15 días el libro de medida sustitutiva del juzgado. Para poder obtener la libertad, deberán pagar fianzas entre los 200 000 y los 250 000 quetzales y el juzgado a cargo del caso dio a conocer que González Álvarez, Ortiz Arriaga y Jáuregui Zamora ya habían iniciado el proceso para cancelar la fianza ordenada.[12] Luego de beneficiar con arresto domiciliario y pago de multa a seis de los implicados en el caso de corrupción, la jueza Marta Sierra de Stalling buscó separarse del caso solicitando el traslado del expediente a una judicatura de alto impacto.[13]
Acusan a jueza Sierra de Stalling de prevaricato[editar]
«La decisión de jueza no fue un producto del clamor popular ni reflexiones jurídicas, fue un simple acto de corrupción. El hecho de que los jueces vendan sus decisiones genera sentimientos de tristeza.»
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El 8 de mayo de 2015, Iván Velásquez ―jefe de la CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala)― dio detalles junto al Ministerio Público guatemalteco de cómo los cabecillas de la estructura «La Línea» contactaron a un bufete de abogados ―al que llamó «bufete de la impunidad»― para que tramitaran medidas sustitutivas con la jueza Marta Sierra de Stalling a través de sus contactos. Velásquez explicó con detalles cómo lograron establecer que Francisco Javier Ortiz ―alias «Teniente Jerez»― se contactó con Luis Mendizábal para comenzar a buscar el dinero y a los abogados que tramitarían las acciones para dejarlos en libertad.[14]
El bufete era dirigido por el abogado José Arturo Morales Rodríguez ―alias «Chepito»― quien fue capturado el 8 de mayo junto con dos de sus colaboradores. Velásquez informó que habló con el presidente Otto Pérez Molina para pedirle que como jefe de Estado realice las acciones necesarias para lograr la restauración de un ente de justicia autónomo.[14] Finalmente, por dictar resoluciones contrarias a la ley y supuestamente haber recibido soborno, la CICIG en conjunto con el MP presentaron una solicitud de antejuicio contra la jueza Octava de Instancia Penal, Marta Sierra de Stalling, señalada por cohecho pasivo y prevaricato.[14]
Recapturan a cabecillas[editar]
«Con todo esto identificamos una red de abogados dirigida por José Arturo Morales Rodríguez, que coordina y planifica la acción del grupo y pretende darle apariencia de legalidad a esa gestión profesional cuando todo es en virtud a los contactos que establecen con funcionarios judiciales, independientemente de cualquier argumentación jurídica. Busca el beneficio de sus clientes».
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El 8 de mayo fueron recapturados y enviados a prisión preventiva, Francisco Javier Ortiz ―alias «Teniente Jerez»―, Miguel Ángel Aldana y Salvador Estuardo González Álvarez ―alias «Eco»― quienes pagaron 200 000 quetzales para recuperar su libertad, con la ayuda de un grupo de abogados contratados para la defensa del caso pero que negociaron la libertad condicional con la juzgadora, de acuerdo a lo relatado por el titular de la CICIG, Iván Velásquez.[15][16]
Velásquez explicó que la acusación de soborno se basa en una serie de escuchas telefónicas y documentos recopilados por el ente investigador, que dejaron en evidencia cómo allegados de Ortiz contrataron a un grupo de abogados que le prestaron servicios no jurídicos para que el sindicado obtuviera beneficios de la jueza. Según Velásquez, la estructura «proveedora de impunidad», era dirigida por José Arturo Morales Rodríguez,, Jorge Luis Escobar Gómez y Emilza Higueros, quienes contactaban a sus clientes y ofrecían abogados defensores con «contactos» en el Organismo Judicial.[15] Asimismo, entre el 16 y 20 de abril de 2015, una hija y una hijastra de Ortiz Arriaga realizaron retiros de efectivo de una cuenta bancaria, cobrando varios cheques y en una de las transacciones bancarias se especifica que es para pagar una medida sustitutiva; Velásquez explicó que en las conversaciones se dijo que necesitaban el dinero «de puro contadito» para las medidas sustitutivas.[15][16]
Interpol en busca de Luis Mendizábal[editar]
El 18 de mayo de 2015 la Interpol anunció que giró una orden de captura internacional para Luis Mendizábal, quien ya tenía una orden de captura vigente en Guatemala por el delito de cohecho activo y es señalado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala de haber tenido comunicación con los otros integrantes de la estructura. La CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala) lo acusó de haber sido quien se encargó de coordinar con el «bufete facilitador de impunidad», para lograr las supuestas negociaciones con la jueza Marta Sierra de Stalling, a fin de buscar medidas sustitutivas.[17]
Caso IGSS-Pisa[editar]
«Si presentamos a una persona como presunta responsable de un delito es porque hay material probatorio que respalda esa afirmación».
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El 20 de mayo se descubrió el caso de corrupción de la junta directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) cuyos integrantes fueron capturados por supuestas anomalías en un contrato que el seguro social firmó con la empresa farmacéutica PISA, por medio de la cual se brindaron servicios a pacientes con enfermedades renales. En total hubo dieciséis capturas, entre ellas la del presidente de junta directiva del IGSS, Juan de Dios Rodríguez, quien fue detenido por fraude y quien fue secretario privado del presidente, Otto Pérez Molina; otro de los capturados fue Otto Molina Stalling, quien es hijo de la presidenta de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala (CSJ), Blanca Stalling ―que ya ha sido involucrada en las escuchas telefónicas del caso de La Línea―. Molina Stalling fungía como subgerente financiero del IGSS en 2014, y fue detenido por asociación ilícita, cobro ilegal de comisiones y tráfico de influencias.[6] Según la investigación, los detenidos se concertaron «con el ánimo de obtener beneficios económicos ilícitos a cambio de la adjudicación de un contrato millonario a la Empresa PISA, que no llenaba los requisitos, ni contaba con estructura básica para brindar el servicio a pacientes renales del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social» y se habrían quedado con el 15 % del total del monto del contrato, el cual asciende a los 116 millones de quetzales.[6]
Entre los miembros de la junta directiva del IGSS capturados estaba también Julio Roberto Suárez Guerra, presidente del Banco de Guatemala, por delito de fraude.[6]
Por la tarde del 20 de mayo se conoció que la jueza asignada al caso, Silvia Violeta de León Santos, fue señalada por la CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala) en 2013 de pertenecer a un grupo que en ese momento denominó Jueces de la Impunidad, para quienes solicitó un antejuicio que permitiera el enjuiciamiento respecto. Sin embargo, ese procedimiento no prosperó porque la Corte Suprema de Justicia lo declaró improcedente.[19]
El 21 de mayo, el CACIF emitió otro comunicado en el que destacaba que sus representantes ante diversas entidades han sido siempre escogidos sobre la base de su comportamiento ético y buen desempeño y que por ello, Max Quirín estaba ya a disposición del Juez competente para poder aclarar su situación personal. En los mismos términos, la Cámara del Agro (CAMAGRO) se expresó en un comunicado del 22 de mayo, donde destaca los cargos que ostenta Max Quirín: presidente de la Asociación de Cafés Especiales de Estados Unidos (SCAA), en representación de Guatemala; representante de Guatemala ante la Organización Internacional del Café (OIC); director de la Asociación de Productores y Exportadores de Café (PROCAFÉ); y ser uno de los altos directivos de la Asociación Nacional del Café (ANACAFÉ), la cual también ha presidido. Además de reconocer la trayectoria profesional y honorabilidad de Quirín, la CAMAGRO pidió indicó que Quirín es una persona idónea para que se le beneficie con la aplicación de una de las medidas sustitutivas que la ley contempla, en caso esté sujeto a algún proceso de investigación, cuando todavía el empresario no brindaba declaración en la audiencia ni se conocían las pruebas de su detención.[20] Finalmente, el 23 de mayo la Asociación de Exportadores de Café (ADEC) publicó un comunicado dirigido a la opinión pública, que se refiere en términos parecidos a la trayectoria de Quirín. Los tres comunicados dejan claro que para esos sectores empresariales Quirín es inocente y piden al MP que se realice una investigación seria, responsable y a fondo para castigar a los efectivamente responsables de los hechos que se señalan.[20]
Captura de Roxana Baldetti[editar]
El 20 de agosto de 2015, la casa de Roxana Baldetti en el residencial Los Eucaliptos, en una zona exclusiva de la Ciudad de Guatemala, fue cateada por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala quienes incautaron un lote de teléfonos móviles y equipo de cómputo por su posible vinculación con el caso de «La Línea». Baldetti no se encontraba en la casa al momento de los procedimientos judiciales, pues se encontraba hospitalizada desde el domingo anterior en un centro privado aquejada por problemas intestinales, recuperándose de una endoscopía. Sin embargo, fue capturada el 21 de agosto y puesta bajo custodia en el hospital, acusada de asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.[8]
Al mediodía de ese 21 de agosto, la CICIG y el MP ofrecieron una conferencia de prensa en donde explicaron que «La Línea» tenía un «nivel 1» y un «nivel 2», a quienes les correspondía 50 % de los ingresos de la red de defraudación aduanera y que estos niveles eran Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, respectivamente.[21]
Fue trasladada a las 6:49 PM, a la prisión-cuartel de Matamoros, en donde se espera que en los próximos días sea procesada por sus delitos.[22]
Captura de Otto Pérez Molina[editar]
El 2 de septiembre, el presidente Otto Pérez Molina presentó su renuncia y fue sustituido en el cargo por el vicepresidente Alejandro Maldonado Aguirre, quien se convirtió en el primer ciudadano guatemalteco que sirve como vicepresidente y presidente de la República en el mismo período sin haber optado a elección popular. Asimismo, Maldonado Aguirre pasó de juez de la Corte de Constitucionalidad a Presidente de Guatemala en tan sólo ciento doce días. Ese mismo día la exvicepresidente Baldetti fue trasladada al Centro de Detención Preventiva para Mujeres Santa Teresa en la zona 18 de la Ciudad de Guatemala. El 3 de septiembre se inició la audiciencia para determinar si Pérez Molina es ligado a proceso por su posible involucramiento en La Línea; tras dos sesiones maratónicas que concluyeron el 4 de septiembre, el juez a cargo del caso indicó que hará saber si liga o no a proceso a Pérez Molina el martes 8 de septiembre. Durante esa audiencia, lo más relevante fue que se escuchó la grabación de una conversación telefónica entre la exvicepresidente Roxana Baldetti y uno de los dirigentes operativos de la red, Estuardo González —«Eco»-, y le indicó que quería que ella y el presidente se desligaran poco a poco.[23]
El 8 de septiembre el juez Gálvez ligó a proceso a Pérez Molina y lo envió a prisión preventiva al cuartel de Matamoros.
Captura de Claudia Méndez Asencio[editar]
Claudia Méndez Asencio, hasta el 28 de abril Intendente de Aduanas, fue capturada en su residencia situada en la colonia El Encinal, zona 7 de Mixco, señalada de haber intervenido de manera directa en la estructura de defraudación aduanera La Línea. La captura fue ordenada con base a evidencias detectadas en escuchas telefónicas por el juez B de Mayor Riesgo, Miguel Ángel Gálvez. Investigaciones de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y la CICIG condujeron a establecer que la entonces funcionaria se implicó en esa red del crimen organizado al consentir no solo que operara dentro del sistema sino, además, tuvo una activa participación.[9]
Captura de jueza Marta Sierra de Stalling[editar]
El 22 de septiembre la jueza Marta Sierra de Stalling fue capturada por su involucramiento en el caso del Bufete de la Impunidad, en donde habría favorecido a los cabecillas de La Línea con medidas sustitutivas luego de obtener un soborno que habría ascendido a dos millones de quetzales. La conexión entre la estructura delincuencial y ella, habría sido su hijo, Roberto Stalling Sierra.[10]
Los beneficiados por la jueza fueron: Salvador Estuardo González —alias «Eco»—, Francisco Ortiz Arriaga —alias «Teniente Jerez»— y Miguel Ángel Lemus Aldana, quienes fueron recapturados luego de que se estableciera a través de escuchas telefónicas que previo a su primera declaración por el caso La Línea, ya habían pactado una fianza para poder recuperar su libertad.[10]
Véase también[editar]
Portal:Guatemala. Contenido relacionado con Historia.- Historia de Guatemala
- Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala
Notas y referencias[editar]
- ↑ La jueza octava de Instancia Penal ha sido protagonista de otras decisiones polémicas que han puesto en duda su parcialidad ante el Ministerio Público: en agosto de 2011, liberó de cargos al exjuez de niñez y adolescencia de Escuintla, Mario Peralta Castañeda, involucrado en una red de adopciones ilegales; en 2008 dejó en libertad a Eduardo González Rivera, expresidente del Bancafé ―entidad que había quebrado recientemente y dejó a miles de damnificados― quien fue beneficiado con una fianza de 500 000 quetzales, y quedó ligado a proceso por caso especial de estafa.[12]
- ↑ Ortiz Arriaga está vinculado a la vieja estructura de contrabando liderada por Alfredo Moreno Molina, alias «Moreno», la que supuestamente había sido desarticulada en 1996.[12]
Referencias[editar]
- ↑ a b Vásquez, Vivian. «Banda dedicada a la defraudación en aduanas testificará». La Nación (Guatemala). Consultado el 19 de abril de 2015.
- ↑ a b c d e f g h i j k Juárez, Tulio (20 de abril de 2015). «Exsuperintendentes Franco y Muñoz se niegan a declarar ante jueza». elPeriódico (Guatemala). Archivado desde el original el 21 de abril de 2015. Consultado el 20 de abril de 2015.
- ↑ a b c d e «Capturan a más implicados en caso de La Línea». Diario La Hora (Guatemala). 8 de mayo de 2015. Archivado desde el original el 8 de mayo de 2015. Consultado el 8 de mayo de 2015.
- ↑ Solano, Luis (9 de mayo de 2015). «Entre el Teniente Jerez y el "Bufete de la Impunidad": Alfonso Portillo». Plaza Pública, Universidad Rafael Landívar (Guatemala). Consultado el 9 de mayo de 2015.
- ↑ a b «Se entregan otros dos supuestos miembros del Bufete de la Impunidad». ElPeriódico (Guatemala). 14 de mayo de 2015. Archivado desde el original el 14 de mayo de 2015. Consultado el 14 de mayo de 2015.
- ↑ a b c d e f «Capturan a quince personas y buscan al presidente del IGSS». Emisoras Unidas (Guatemala). 20 de mayo de 2015. Consultado el 20 de mayo de 2015.
- ↑ a b «Caso SAT: capturaon a dos implicados más en Quetzaltenango y Escuintla». Emisoras Unidas (Guatemala). 22 de mayo de 2015. Archivado desde el original el 22 de mayo de 2015. Consultado el 22 de mayo de 2015.
- ↑ a b «Ex vicepresidenta Baldetti capturada esta mañana por tres delitos». ElPeriódico (Guatemala). 21 de agosto de 2015. Consultado el 21 de agosto de 2015.
- ↑ a b «Capturan a Claudia Ménez Asencio, ex intendente de aduanas». ElPeriódico (Guatemala). 14 de septiembre de 2015. Consultado el 14 de septiembre de 2015.
- ↑ a b c «Capturan a jueza Marta Sierra de Stalling por beneficiar a cabecillas de La Línea». ElPeriódico (Guatemala). 22 de septiembre de 2015. Consultado el 22 de septiembre de 2015.
- ↑ Juan Carlos Monzón para la noche en Pavoncito por orden del juez. Guatemala. 5 de octubre de 2015. Consultado el 5 de octubre de 2015}publicación=Siglo 21.
- ↑ a b c d e Palacios, Claudia (21 de abril de 2015). «Cabecillas de la estructura "La Línea" están en libertad». La Hora (Guatemala). Archivado desde el original el 21 de abril de 2015. Consultado el 21 de abril de 2015.
- ↑ a b c d «Velásquez: decisión de jueza fue un acto de corrupción». Diario La Hora (Guatemala). 8 de mayo de 2015. Archivado desde el original el 8 de mayo de 2015. Consultado el 8 de mayo de 2015.
- ↑ a b c d Rodríguez, M. (8 de mayo de 2015). CICIG desmantela red de abogados corruptos; accionan contra jueza. Guatemala. Consultado el 8 de mayo de 2015.
- ↑ a b Plaza Pública (8 de mayo de 2015). «La CICIG arremete contra los bufetes de la impunidad». Plaza Pública, Universidad Rafael Landívar (Guatemala). Consultado el 8 de mayo de 2015.
- ↑ «Interpol busca a Luis Mendizábal». Siglo 21 (Guatemala). 18 de mayo de 2015. Archivado desde el original el 18 de mayo de 2015. Consultado el 18 de mayo de 2015.
- ↑ «Jefe de la CICIG asegura que hay pruebas sólidas en el caso IGSS-Pisa». ElPeriódico (Guatemala). 28 de mayo de 2015. Archivado desde el original el 28 de mayo de 2015. Consultado el 28 de mayo de 2015.
- ↑ «Jueza a cargo del caso IGSS, fue señalada por la CICIG». Siglo 21 (Guatemala). 20 de mayo de 2015. Archivado desde el original el 20 de mayo de 2015. Consultado el 20 de mayo de 2015.
- ↑ a b Solano, Luis (2015). «Caso IGSS: se tocó al poder económico». Albedrío (Guatemala). Archivado desde el original el 25 de mayo de 2015. Consultado el 24 de mayo de 2015.
- ↑ Las entregas al 1 y la 2
- ↑ Del Centro Médico a una celda VIP en Matamoros.
- ↑ «Voz de Baldetti aparece en escucha de La Línea». Siglo 21 (Guatemala). 4 de septiembre de 2015. Consultado el 4 de septiembre de 2015.