Nacionalización del cobre
La nacionalización del cobre es el resultado de las políticas públicas iniciadas en el año 1953 con la creación del Ministerio de Minería de Chile bajo la segunda presidencia de Carlos Ibáñez del Campo y que se concretizó con la Ley N° 17.450,[1] publicada el 16 de julio de 1971 durante la presidencia de Salvador Allende, que estatizó la gran minería del cobre en Chile. Esto completó el proceso de adquisición que había iniciado el Estado de Chile durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva, denominado «Chilenización del cobre».
La nacionalización de la minería se llevó a cabo con el apoyo unánime de todos los sectores políticos, siendo aprobada su ley por unanimidad en el Congreso Nacional. A las empresas mineras se les pagaría una indemnización, pero restándole las «utilidades excesivas» que habrían obtenido durante los años anteriores, bajo el supuesto de que pagaban bajos impuestos, según una rentabilidad «razonable» del 10% a partir de 1955. Por este sistema, las empresas Anaconda y Kennecott no recibieron un solo peso, y terminaron debiéndole al Estado chileno cifras millonarias.[2] En un discurso durante su visita a Nueva York en 1972, en el marco de una reunión ante las Naciones Unidas, Allende respaldaba la nacionalización del cobre argumentando que las empresas mineras estadounidenses Kennecott y Anaconda habían obtenido ganancias cercanas a los USD 4 mil millones en las décadas anteriores.
Uno de sus principales precursores fue el destacado abogado, jurista y académico chileno Eduardo Novoa Monreal.
Véase también
Referencias
- ↑ Ministerio de Minería (16 de julio de 1971), «Ley 17450: Reforma la Constitución política del Estado», Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, consultado el 9 de marzo de 2011.
- ↑ Fermandois, Joaquín (2005). Mundo y fin de mundo. Chile en la política mundial 1900-2004. p. 377.
