Guerra del Gas (Bolivia)

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Pintada alusiva a la estatalización del gas en una calle de Uyuni.

La Guerra del Gas es el nombre popular de una disputa social en Bolivia, centrada en la explotación de las reservas de gas natural que se descubrieron en el departamento de Tarija, a mediados de la década de 1990[1] y catalogadas conjuntamente como el segundo yacimiento más grande de Sudamérica.

La guerra del Gas[editar]

La guerra del gas es un nombre que se dieron a los conflictos desde septiembre a octubre del año 2003, relacionados a la exportación de gas natural de Bolivia a Estados Unidos y México. El conflicto principal surge por la decisión del gobierno presidido por Gonzalo Sánchez de Lozada de exportar gas natural por Chile. Las principales demandas de la guerra del gas era a la no exportación del gas natural hasta que existiera una política para abastecer el mercado interno, de la misma manera por los precios bajos (considerados casi de regalo) a los que se pretendía exportar el gas, que eran menores de un dólar el millar de BTU. La segunda demanda era una Asamblea Constituyente, es decir, crear un nuevo pacto social hacia un nuevo Estado de consenso.

Antecedentes en el gobierno de Quiroga[editar]

El conflicto comenzó en el año 2002, cuando la administración de presidente Jorge Quiroga propuso construir un gasoducto a través del territorio boliviano y chileno, hasta el puerto de Mejillones en Chile, la ruta más directa al océano Pacífico. Sin embargo, el antagonismo hacia Chile es muy profundo en Bolivia debido a la pérdida de la salida al mar en la Guerra del Pacífico (1879 - 1884). Diversos sectores bolivianos comenzaron a vociferar y hacer campaña contra la opción del puerto chileno, exigiendo alternativas como la de un puerto peruano por donde transportar el gas, pero con la dificultad de la mayor lejanía. Según las estimaciones chilenas, la opción de Mejillones sería 600 millones de dólares más baratos. En Perú se señalaba una diferencia de no más de 300 millones. Los que se inclinan a la opción peruana dicen que también beneficiaría la economía de la región norteña de Bolivia por donde pasaría el gasoducto.

Poco antes de las elecciones presidenciales en julio de 2002, el gobierno de Jorge Quiroga pospuso la ejecución del gasoducto dejándoselo a su sucesor, alegando que no quería comprometer su posibilidad de ser elegido presidente en las hipotéticas elecciones de 2007, teniendo en cuenta la impopularidad de exportar el gas por el puerto chileno.[2] [3]

Sánchez de Lozada[editar]

Gonzalo Sánchez de Lozada, empresario minero que ganó las elecciones presidenciales de 2002, indicó su preferencia por la opción del puerto de Mejillones. Pero Sánchez de Lozada también evitó adoptar una declaración oficial de construir el gasoducto.

Durante el año 2003, se reavivó un período de crisis social y política, derivado en protestas exigiendo la estatalización de los hidrocarburos. Las protestas fueron dirigidas por los representantes del campesinado y minería de las diferentes regiones del país, destacándose los dirigentes indígenas Evo Morales, (dirigente sindical cocalero del trópico de Cochabamba) y Felipe Quispe (dirigente campesino del norte paceño).

Los planes[editar]

La Pacific LNG, la British Petroleum y Repsol YPF habían pronosticado una inversión de tres mil millones de dólares en territorio chileno, el precio de venta del gas era menor al dólar por millar de BTU y las ganancias aproximadas eran de mil millones de dólares de los cuales el estado Boliviano solo recibía del 18% es decir 180 millones de dólares por año. (En comparación el estado de Bolivia recibe cuatro mil millones de dólares por año).

Los planes, pasaban por exportar el gas por Chile, y vender a bajo costo gas a California y a México, ante una absoluta soberbia Gonzalo Sánchez de Lozada ratifica su decisión públicamente cuando en cadena nacional dice “el Estado soy yo” y no pretendía ceder ante los reclamos de la oposición política (liderada por el movimiento al socialismo).

Los peruanos también ofrecían a Ilo, y buscaban una mejor integración pero la historia de Bolivia muestra como se han despilfarrado los otros recursos naturales. Ante eso, la población también expresó que en esta última reserva natural de gran valor, no se iba perder la oportunidad de salir de la pobreza, especialmente reclamando por los bajos precios de exportación.

Plan República[editar]

"El Plan República", el cual fue elaborado por los departamentos de Inteligencia de las tres Fuerzas Armadas con meses de anticipación ante posibles movilizaciones sociales o de insurgencia armada, que no era necesariamente de conocimiento de la población civil, por su calificación de "Secreto de estado", resultaron en la salida de los militares a las calles el día 16 de septiembre de 2003[cita requerida].

El 11 de septiembre de 2003, se da "alerta roja" poniendo en ejecución el "Plan República". Las tropas tomaron posiciones estratégicas ante los hechos que ocurrían en Warisata, Sorata y posteriormente en El Alto y en la ciudad de La Paz.

El General Arnez, testimonia que los regimientos: Calama, Boquerón, Vidaurre, Ranger, Aroma, Independencia, se alojaron en el Regimiento Ingavi y en otras dependencias militares desde el 8 al 10 de octubre, en ejecución -se entiende-, "del Plan República".

Enfatiza que recibió órdenes de custodiar Senkata el 9 de octubre, a las 11 y que el 10 de octubre recibió órdenes de escoltar las cisternas desde Senkata, enviando varios vehículos blindados. Expresa que en fecha 11 de octubre arribó a El Alto y a la ciudad de La Paz el primer convoy transportando gas licuado (GLP) para consumo de la población, más un carro cisterna para eventualidades.[4]

Conflicto y muerte...Un mes antes.[editar]

Un mes antes que se emita el Decreto 27209/03 el 20 de septiembre del 2003 los militares efectuaron represión en contra del pueblo de Warisata debido a los conflictos, bloqueos y enfrentamientos causados por los campesinos y comunarios del lugar, que dejó seis muertos, de los que cinco eran campesinos y un soldado. Ante ese resultado, los campesinos desafiaron al Gobierno con fusiles Mauser y carabinas en mano siendo esto el principio de la insurrección en contra del gobierno de Gonzalo Sanchez de Lozada .

Los pobladores de la ciudad de El Alto, con personas de los pueblos andinos que llegaron a la ciudad del Alto a reclamar por gas, son los protagonistas principales del conflicto de octubre de 2003. Este empieza más o menos en los primeros días de octubre, especialmente cuando El Alto declara un paro cívico. El día 13 de octubre, el gobierno decide llevar un convoy con gasolina y víveres para algunas familias de la ciudad de La Paz. En la zona de la portada, militares con armas de guerra y grandes ametralladoras empiezan a disparar contra un población, armada de palos y piedras; los helicópteros empiezan a disparar contra los techos de las casas y crecen las constantes denuncias mediáticas de los asesores estadounidenses en Bolivia.

En el conflicto muere un niño de cinco años que había salido al balcón de su casa y recibió un balazo, con un tiro certero de los militares parapetados en el puente de la ceja de El Alto, y con línea directa a la casa del niño. Mueren alrededor de 65 personas y los dirigentes de las organizaciones y comunidades claman la renuncia de Sánchez de Lozada, ante eso se suman otras organizaciones como la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, el Defensor del Pueblo, los residentes bolivianos en el exterior, etc., que buscaban la pacificación del país. Las marchas en contra de Sánchez de Lozada se extienden en todo el territorio nacional y la ciudad de La Paz, también se manifiesta desde todas sus latitudes. Ante tremendo clima hostil y ante un presidente que había optado por matar a la población hacen crecer las presiones de renuncia, más al ver compatriotas inocentes muertos. El 17 de octubre Gonzalo Sánchez de Lozada decide huir del país dejando su renuncia en el congreso. Las imágenes de televisión mostraban como asumía el presidente Carlos Mesa mientras Sánchez de Lozada abandonaba el país.

Dentro de lo sucedido, la característica principal fue el enfrentamiento entre las fuerzas armadas y los denominados "movimientos sociales" en un estado de anarquía. En El Alto, la Federación de Juntas Vecinales, FEJUVE encabezaba la resistencia, y la paz se logra después de la renuncia de Sánchez de Lozada.

Cabe destacar que en el afán por mantener la paz y estabilidad, el presidente Carlos Mesa emite el Decreto Supremo N° 27237 que otorga amnistía a todos los actores de octubre de 2003 (liberando así a los causantes de la crisis, entre ellos Evo Morales, de enfrentar juicio). El Decreto es luego enmendado para especificar que la amnistía no se aplica a los ex miembros del Gobierno, sino sólo a los movimientos.

Carlos Mesa[editar]

En junio de 2005 el presidente Mesa propuso constituir una Asamblea Constituyente y convocar un Referéndum consultivo para dirimir el asunto del gas natural: una opción era permitir una mayor recaudación de impuesto y regalías por parte del Estado a las empresas transnacionales asentadas en el país. A esta posibilidad se oponían enérgicamente los empresarios y la derecha, por considerarla demasiado gravosa. La otra opción era por la estatalización completa, como exigían los sindicatos dirigidos por Evo Morales y Felipe Quispe.

En 2005 se desencadenó otra crisis paralela, las exigencias de autonomía del departamento de Santa Cruz, la región económicamente más rica de Bolivia. Unilateralmente, dirigentes empresariales y autonomista del departamento exigían otro referéndum para dirimir el asunto autonómico.

Debido a esta disyuntiva Mesa propuso su dimisión por primera vez en marzo de 2005, sin mayor resultado que una serie de baños de masas para Mesa y la consecuente atenuación de los conflictos sociales de forma momentánea. Las protestas a favor de la estatalización por un lado y por otro las presiones de las transnacionales, empresarios y algunos países con interés en Bolivia (España, Estados Unidos, Brasil, particularmente) se acrecentaron.

Mesa, ante las continuas manifestaciones, anunció su renuncia por segunda vez en un lapso de 90 días. Según él la intransigencia de los sectores opositores impedía enfrentar la crisis. Sugirió que la única forma de resolver el conflicto sería la convocatoria de elecciones anticipadas. Sin embargo debido a la falta de poder político y a la falta de apoyo del parlamento los líderes políticos populistas aprovecharon la debilidad del gobierno para exigir su renuncia de manera inmediata mediante multitudinarias manifestaciones de mineros y campesinos indígenas, que una vez más paralizaron por completo la ciudad de La Paz.

Ante la negativa de los congresistas de reunirse para evaluar la renuncia Mesa, el congreso se traslada a Sucre el 9 de junio de 2005, donde también se dirigen los manifestantes, mayormente del sector minero, ante la sospecha del posible nombramiento de Hormando Vaca Diez (presidente del Senado) o Mario Cossío (presidente de la Cámara Baja) como presidente de la república. Ahí se aceptó la renuncia de Carlos Mesa. No contentos con esto continuaron los manifestantes -sin un líder claro como si sucedió con las manifestaciones contra Sánchez de Lozada- exigiendo la renuncia de los Presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, ambos sucesores del Presidente saliente según la constitución. La convulsión se hizo generalizada y tras una serie de luctuosos acontecimientos que se saldaron con la muerte de un manifestante minero, el Congreso pudo reunirse tras la declinación pública de la sucesión tanto por parte de Cossio como de Vaca Diez. Se nombró al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez Veltzé, como sucesor constitucional. Una vez concretada la renuncia de Carlos Mesa, las protestas disminuyeron hasta desaparecer cuando el nuevo presidente convocó a elecciones anticipadas para el 4 de diciembre de 2005 poniendo en evidencia los intereses políticos de desestabilización en contra del gobierno de Carlos Mesa.

Estatalización de la industria gasífera[editar]

Las elecciones fueron postergadas por la Corte Electoral, luego de un reclamo judicial por el reclamo de bancas por parte del departamento de Santa Cruz. Finalmente, la fecha para las elecciones generales bolivianas se fijó para el 18 de diciembre de 2005.

En el año 2005, Evo Morales gana las elecciones nacionales con un histórico 54%, (por primera vez un candidato en Bolivia obtiene la mayoría de los votos). Esto significaba que no eran necesarias las alianzas post-electorales. Dentro de las principales promesas del actual presidente estaban la estatalización de los hidrocarburos y la Asamblea Constituyente. El primero de mayo del año 2006 después de negociaciones con las Empresas Transnacionales (quienes nunca había ratificado sus contratos con el parlamento nacional) se firman nuevos contratos. A partir de la estatalización se incrementan los ingresos por la explotación del gas; primeramente por la Ley aprobada después del referéndum del gas que establecía que un 50% debía pagarse en regalías para el Estado y un 18% por ciento en impuestos. El Estado pasa a ganar del 51% aprobado en el Referendo de 2004 en el gobierno de Carlos Mesa al 82% del negocio del gas. Cabe mencionar que el gobierno cobró el 82% a los megacampos entre mayo y octubre de 2006, es decir solo durante seis meses. A fines de octubre se firmaron los “nuevos” contratos” que mantuvieron el tiempo original de concesión de los campos, las mismas parcelas, etc. A partir de entonces el porcentaje básico es de 50% de los impuestos aprobados por el pueblo en el Referendo de 2004, sin embargo de acuerdo a cada campo y en función de cálculos específicos, podemos decir que los megacampos dejaban algo más del 60%, pero ni en sueños el 82%.

Finalmente el día 1 de mayo de 2006, firmó un decreto que indicaba que todas las reservas del gas debían ser estatalizadas. El aviso fue realizado para coincidir con el día del trabajo, el 1 de mayo. Ordenando a los militares y a los ingenieros de YPFB que, durante la firma, ocuparan y aseguraran las instalaciones gasíferas. Morales dio a las compañías extranjeras un plazo de seis meses como “período de transición” para renegociar los contratos, o sino serían expulsadas del país. Sin embargo, el presidente Morales indicó que la estatalización no tomaría la forma de expropiaciones o de incautaciones. El vicepresidente Álvaro García Linera dijo en la plaza principal de La Paz, que las ganancias por el gas del gobierno llegarían hasta los $780 millones el año siguiente, creciendo casi seis veces si se las compara con el año 2002, esto debido principalmente al enorme incremento del precio de los hidrocarburos . Entre las 53 instalaciones afectadas por la medida están Petrobras del Brasil, uno de los inversionistas más grandes de Bolivia, que controla el 14% de las reservas del gas en el país. El Ministro de energía de Brasil, Rondeau de Silas, reaccionó, considerando el movimiento como “antipático” y contrariamente al entendimiento histórico entre su país y Bolivia. Petrobras, Repsol YPF, PLC Británico del grupo del productor BG de gas y petroleo, Repsol y la francesa Total son las principales compañías del gas presentes en el país. Según Reuters, “el eco de las acciones de Bolivia, donde el presidente venezolano Hugo Chávez, aliado de Evo Morales, el quinto exportador más grande de petroleo del mundo con las migraciones forzadas y las alzas del impuesto retroactivo, hizo que los comandantes aceptaran gran parte de las condiciones del contrato.” YPFB pagaría a las compañías extranjeras sus servicios, ofreciendo cerca del 50% del valor de la producción, aunque el decreto indicó que las compañías en los campos de gas más grandes del país conseguirían apenas el 18%.[5]

La negociación y aprobación de los contratos por el poder legislativo (las cuales se realizaban por primera vez; es decir que anteriormente ninguna empresa capitalizada en Bolivia cumplía con todas las formalidades de la ley), tropieza con una oposición que no estaba dispuesta a discutir la aprobación de los contratos que mediante la presión popular se logra constitucionalizar en contratos petroleros.


Se estuvo negociando durante un período de 6 meses; dicha negociación había sido difícil, especialmente con la compañía brasileñá Petrobras. Petrobras rechazaba ls aumentos o la reducción a un abastecedor de servicios. Como resultado Andres Soliz Rada, el ministro de energía boliviano, atascado en las negociaciones, terminó dimitiendo en octubre y fue substituido por Carlos Villegas. “nos obligan vivir con el Brasil en una unión sin divorcio, porque ambos nos necesitamos”, dijo Evo Morales en la ceremonia de firma del contrato, lo cual subraya la dependencia mutua de Brasil y de Bolivia en la producción del gas boliviano.[6]

La estatalización no termina con las empresas productoras, hoy en día también se estatalizó Transredes, la transportadora del gas que se encargaba de mantener y construir los gaseoductos. La estatalización de los hidrocarburos bolivianos coadyuva a la soberana decisión en la integración energética de la región sudamericana. Hasta el momento, los pactos realizados entre Argentina, Bolivia, Brasil, y Venezuela, demostraban un proceso de integración energética sudamericana.

Las negociaciones entre el gobierno boliviano y las compañías extranjeras se intensificaron durante la semana previa al plazo que finalizaba el 28 de octubre de 2006. Un día antes se alcanzó un acuerdo con dos de las compañías (incluida Total) y el sábado antes del plazo con el resto de las diez compañías restantes (Petrobras y Repsol YPF, entre ellas) el funcionamiento en Bolivia también había surgido de un acuerdo. Los detalles completos de los nuevos contratos no se habían dado a conocer, pero el objetivo del gobierno de levantar los réditos de los dos campos principales del 60% al 82% parecía haber sido alcanzado. La parte del rédito para el gobierno en los campos de menor importancia se fijaba en 60%.

Referencias[editar]

Véase también[editar]

Octubre de 2003 "El principio del fin de la democracia"

Enlaces externos[editar]