Corte Suprema de Justicia de la Nación

Palacio de Justicia de la Nación, sede de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina es el máximo tribunal de justicia de la República Argentina. Fue creada el 15 de enero de 1863.

La Corte es el último tribunal habilitado para impartir justicia, es decir que sus fallos no pueden ser apelados. También decide en casos en los que se ponga en duda la constitucionalidad de alguna ley o algún fallo de tribunales inferiores. Puede, por ejemplo, declarar inconstitucional (pero no nula, pues su sentencia solo es estrictamente obligatoria entre las partes en juicio) una ley aprobada por el Congreso Nacional si juzga que es incompatible con la Constitución.

Los requisitos para ser miembro de la Corte son: ser abogado de la Nación con ocho años de ejercicio y tener las condiciones requeridas para ser senador nacional (art. 111 C.N.). Los miembros son elegidos por el Presidente con acuerdo del Senado y duran en su cargo mientras tengan buena conducta (art. 110 C.N.). Sin embargo, la misma Constitución dispone (art. 99, inc. 4, párrafo 3º) la exigencia de un nuevo nombramiento una vez cumplidos los 75 años, y por el plazo de cinco años, pudiendo ser renovado indefinidamente. Pese a ello, esta disposición no es de aplicación, en virtud de haberse reputado inválida su incorporación por la reforma constitucional de 1994 al fallar la Corte Suprema sobre la cuestión en el caso "Fayt" (1999). En consecuencia, sus magistrados sólo pueden ser removidos de sus cargos por un proceso de juicio político, llevado a cabo en el Senado y exclusivamente bajo el cargo de mal desempeño de sus funciones.

Historia

La Constitución Argentina de 1853 determinó que la Corte Suprema iba a estar integrada por nueve jueces y dos fiscales. A fines de 1854, Justo José de Urquiza designó a una Corte que nunca llegó a reunirse. La reforma constitucional de 1860 cambió esta conformación, ya que dispuso que una ley nacional debía determinar el número de miembros. La Ley Nº 27 estableció en cinco el número de ministros de la Corte.

El 18 de octubre de 1862, el Presidente Bartolomé Mitre, por medio de un decreto, nombró la primera Corte argentina integrada por Valentín Alsina (Presidente de la Corte), Francisco de las Carreras, Salvador María del Carril, Francisco Delgado, José Barros Pazos y Francisco Pico como procurador general. El 15 de diciembre de ese año, el Presidente también dispuso que el tribunal comenzaría a funcionar el 15 de enero del año siguiente. Sin embargo, Alsina no aceptó ser presidente de la Corte, por lo que el 1 de junio de 1863 fue nombrado en el puesto Francisco de las Carreras. La Primera Corte quedó integrada por Francisco de las Carreras (Presidente), Salvador María del Carril, José Barros Pazos, José Benjamín Gorostiaga y Francisco Delgado.

El número de magistrados de la Corte no sería una constante en la Historia argentina. La Ley Nº 15.271 de 1958 aumentó su número a siete, mientras que Juan Carlos Onganía, mediante la Ley Nº 16.895 volvió su número a cinco. La Corte Suprema fue expandida de cinco a nueve miembros durante los años 1990 mediante la Ley Nº 23.774, siendo escogidos cinco nuevos miembros por el entonces Presidente Carlos Menem. El Dr. Bacque, miembro de la Corte al momento de la reforma, renuncia al oponerse a la medida.

Durante la década de 1990, la Corte fue duramente criticada por carecer de la suficiente independencia del Poder Ejecutivo. De hecho, muchos de sus miembros fueron acusados de conformar una "mayoría automática" que siempre fallaba a favor de los intereses del gobierno. Durante el 2003, año en que asume la presidencia Néstor Kirchner, los magistrados Julio Nazareno, Adolfo Vásquez y Guillermo López, renunciaron ante la posibilidad de resultar destituidos por juicio político, mientras que el Dr. Eduardo Moliné O´Connor fue removido de su cargo a fines de este año.

Desde el 19 de junio de 2003, por decreto presidencial, todos los candidatos a integrar la Corte Suprema deben pasar una etapa de exposición pública que tiene que presentar el Poder Ejecutivo en los principales medios de comunicación de todo el país. El curriculum del nominado (o los nominados) debe ser publicado y promocionado en el sitio web del Ministerio de Justicia y puede ser discutido por ONGs, asociaciones de Derecho, universidades, organizaciones de Derechos Humanos, y cualquier ciudadano que así lo desee. Luego de un período de tres meses, el Presidente, sopesando los apoyos y rechazos a la candidatura, queda habilitado para presentar la nominación al Senado, que debe decidir si aprueba o no que la persona propuesta por el Presidente forme parte de la Corte, necesitándose una mayoría de dos tercios para dicha aprobación.

La renovación de la Corte Suprema de Justicia durante los primeros años del gobierno de Kirchner, con la designación del Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni en 2003, y de las Dras. Elena Highton de Nolasco y Carmen María Argibay en 2004, fue vista y es usualmente reconocida por la oposición como un paso positivo,​​​ que brinda más independencia al Poder Judicial y equilibra la Corte tanto ideológicamente como por género.

Hasta hace unos años todos los jueces eran hombres, casi todos eran católicos y considerados, en general, conservadores. En cambio, dos de las más recientes elecciones del Senado para integrar la Corte son mujeres. Argibay es feminista, atea militante, y apoya la despenalización del aborto. Por su parte, Zaffaroni (el primero en ser designado a través del método público de nominación), es catalogado políticamente como de centro izquierda e inclinado hacia la tendencia jurídica vulgarmente conocida como garantismo.

Luego de la destitución del Dr. Antonio Boggiano, en septiembre de 2005, y a raíz de la coetánea renuncia del juez Augusto Belluscio (uno de los tres, junto con Carlos Fayt y Enrique Petracchi, que conformaban el tribunal desde la restauración democrática de 1983), la Corte Suprema mantuvo desde octubre de 2005 dos vacantes en su integración, lo que le impidió formar mayoría para resolver muchos casos de importancia donde había opiniones encontradas entre los magistrados.

Durante ese período la oposición política y muchas ONGs instaron reiteradamente al gobierno de Néstor Kirchner a que nominase a jueces para completar la integración del Tribunal, al tiempo que otros sugerían que se debía aprovechar la oportunidad para volver a cambiar el número de jueces y dejarlo en siete.

Finalmente, el gobierno vino a impulsar una ley que volvió a dejar el número de jueces de la Corte en los históricos cinco miembros. No altera la composición actual, por lo que de momento su integración permanece y se irá reduciendo en la medida en que se produzcan las vacantes. Fue aprobada por el Congreso y promulgada el 18 de diciembre de 2006, como ley 26.183.

A mediados de 2007 la Corte declaró inconstitucional el indulto del ex Presidente Carlos Menem al general Santiago Riveros, acusado de haber cometido delitos de lesa humanidad durante la última dictadura en Argentina. De esta manera se abre la posibilidad de anular los indultos a Jorge Rafael Videla y Emilio Massera entre otros acusados de represión ilegal.​​

Corte actual

• Presidente: Ricardo Luis Lorenzetti.
• Vicepresidente: Elena Highton de Nolasco.
• Ministros: Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda, Eugenio Raúl Zaffaroni, Enrique Santiago Petracchi y Carmen María Argibay.

Enlaces externos

• Sitio oficial
• Sitio oficial del Ministerio de Justicia.