Diferencia entre revisiones de «José Francisco Ulloa»

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Revisión del 02:08 31 may 2010

José Francisco Ulloa Rojas

Título Obispo de Cartago
Otros títulos Obispo de Limón
Información religiosa
Ordenación sacerdotal 19 de diciembre de 1964 por Mons. Carlos Humberto Rodríguez Quirós
Ordenación episcopal 22 de febrero de 1995 por Nuncio Apostólico Giacinto Berloco
Información personal
Nombre José Francisco Ulloa Rojas
Nacimiento 1 de octubre de 1940 Cartago, Costa Rica

José Francisco Ulloa Rojas nació en Cartago, Costa Rica, el 1 de octubre de 1940. Ingresó al Seminario Menor en el año 1959. El 19 de diciembre de 1964 fue ordenado sacerdote por Monseñor Carlos Humberto Rodríguez Quirós. Fue electo Primer Obispo de la Diócesis de Limón, el 30 de diciembre de 1994. El 22 de febrero de 1995 recibe su Ordenación Episcopal, en la Fiesta de la Cátedra de San Pedro, de manos del Excelentísimo Señor Nuncio Apostólico, Giacinto Berloco. Toma la posesión de su Sede, en la Ciudad de Limón.

Experiencia pastoral

Diócesis de Cartago

El establecimiento de un obispado en la provincia de Cartago y Costa Rica fue inquietud y proyecto a lo largo del siglo XVI, XVII y XVIII, tanto para el cabildo de Cartago y como para el clero de la Vicaría de Cartago.

En 1848, con la fundación de la República de Costa Rica, el Presidente y el Gobierno de la República hizo solicitud de un obispa­do para la ciudad de San José.

La Bula "Christianae Religionis Autor", de Pío IX erigió la Diócesis de San José, en Costa Rica, con sede en la ciudad capital de la República, comprendió las 5 provincias y las dos comarcas, la del Atlántico y la del Pacífico, que constituían la República en 1850.

La Bula "Praedecessorum", de Benedicto XV, del 16 de febrero de 1921, erigió la Provincia Eclesiástica de Costa Rica, con dos dióce­sis y un Vicariato Apostólico. La diócesis de San José se transformó en la Arquidiócesis con ese mismo nombre, ella comprendía los ter­ritorios de las provincias de San José, Cartago y Heredia. En 1927 el cantón de Turrialba, de la ciudad de Cartago, a excepción del distrito de Santa Cruz pasó al Vicariato Apostólico de Limón.


Conferencia Episcopal de Costa Rica

Mons. José Franciso Ulloa actualmente es el Vicepresidente de la CECOR.

Acusaciones de participación en escándalos de corrupción

Demanda de Ana Moscarelli por administracion fraudulenta

En abril de 2008, la empresaria suiza Ana Moscarelli presentó una denuncia por administración fraudulenta contra Monseñor Ulloa, el sacerdote Guillermo Godínez y la abogada Vivian Paredes. Según Moscarelli, dos empresas propiedad de la iglesia católica costarricense, SERMU S.A. y Servicios Pastorales le otorgaron créditos entre 2002 y 2007 por un monto total de US $ 3 millones. A cambio del crédito, Moscarelli firmó un fideicomiso un fideicomiso de garantía y endosó las acciones de tres hoteles de su propiedad, que comprendían un complejo conocido como Grupo Papagayo. En enero de 2007, según Moscarelli, los personeros de SERMU, empresa que figuraba como acreedora, le indicaron que debía negociar su acreencia directamente con monseñor Francisco Ulloa. En enero de 2007 Sermu S. A. ejecutó el fideicomiso que garantizaba la deuda de la empresaria Moscarelli por $3 millones. Así, la empresa acreedora, se quedó con la mayor parte de los bienes del grupo, valorados por la empresaria en aproximadamente $30 millones, lo que motivó la demanda de Moscarelli por el presunto delito de administración fraudulenta. Monseñor Ulloa reclama que la iglesia fue víctima de "(... ) actos impropios y abusivos de algunos empleados (...) quienes, en forma inadecuada y con un completo abuso, incurrieron en actos de disposición de recursos mercantiles no autorizados ni relacionados con la Iglesia".

Según los reportes de la prensa, monseñor Francisco Ulloa Rojas, señaló que los depósitos y giros realizados en las cuentas de Servicios Pastorales (la empresa de la iglesia involucrada en el presunto delito) se hicieron sin consentimiento de la Iglesia y alega desconocer por qué el caso no se denunció [Escándalo de corrupción sacude a jerarquía católica http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/general/27653].

Denuncia por intermediación financiera ilegal

Ana Moscarelli, en su denuncia contra Ulloa, señaló que los fondos prestados a sus empresas provenían, entre otros inversionistas, de Geovanni Bondaz, un político italiano cuestionado en su país por un escándalo de corrupción [Escándalo de corrupción sacude a jerarquía católica http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/general/27653].

Estas afirmaciones de Moscarelli motivaron la intervención de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) –entidad encargada de supervisar el sistema financiero. La SUGEF, tras inspeccionar por varias semanas las actividades financieras de la Conferencia Episcopal, elaboró un informe de 292 páginas. En este informe, la Sugef concluye que tiene indicios fundados para afirmar la existencia de una operación de intermediación financiera ilegal. La intermediación financiera al margen de la ley es un delito tipificado en el artículo 157 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica. El superintendente general de entidades financieras, Óscar Rodríguez Ulloa, denunció ante el Ministerio Público a la Conferencia Episcopal de Costa Rica, organización que reúne a los ocho obispos de la Iglesia Católica, por el delito de intermediación financiera ilegal[1].

Condena del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE)

En mayo de 2010 Monseñor Ulloa fue condenado por el Tribunal Supremo de Elecciones, a causa de haber exhortado a los creyentes católicos a no votar por políticos costarricenses que en su opinión adversaban la doctrina católica. Costa Rica se encontraba en el momento de las declaraciones de Ulloa (septiembre de 2009) en medio de una campaña electoral (las votaciones tuvieron lugar en febrero de 2010 y fueron ganadas por Laura Chinchilla, candidata muy cercana a Ulloa y a quien éste declaró con posterioridad a la elección como "hija predilecta de la Virgen María"). Según los reportes periodísticos, Ulloa hacía referencia en sus manifestaciones a un proyecto de ley que se tramitaba en la Asamblea Legislativa, que pretendía eliminar la obligación de ciertos funcionarios públicos de jurar a su cargo en nombre de Dios y separar la religión católica del Estado. La iniciativa no prosperó. El fundamento del TSE para declarar con lugar la gestión fue la falta al artículo 28 de la Constitución Política que prohíbe a clérigos hacer propaganda política invocando para ello motivos religiosos [TSE condena a Obispo http://www.nacion.com/2010-05-07/ElPais/FotoVideoDestacado/ElPais2363229.aspx].

Véase también


Enlaces externos