Diferencia entre revisiones de «Ley ordinaria»
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Su aprobación corresponde al [[Congreso]] o [[Parlamento]], normalmente, por 1/3 de los funcionarios en ejercicio de las camaras correspondientes. En los sistemas [[democracia|democráticos]] los miembros del parlamento o congreso son elegidos por [[sufragio universal]]. La aprobación de las leyes se puede realizar por votación en el pleno de la cámara, o por alguna de las comisiones legislativas que puede tener. |
Su aprobación corresponde al [[Congreso]] o [[Parlamento]], normalmente, por 1/3 de los funcionarios en ejercicio de las camaras correspondientes. En los sistemas [[democracia|democráticos]] los miembros del parlamento o congreso son elegidos por [[sufragio universal]]. La aprobación de las leyes se puede realizar por votación en el pleno de la cámara, o por alguna de las comisiones legislativas que puede tener. |
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Revisión del 16:30 13 sep 2017
La Ley ordinaria es la norma de rango legal q ue constituye, generalmente, el segundo escalón en la jerarquía jurídica de las leyes de un Estado, tras la Constitución y paralelamente a las leyes orgánicas u otras equivalentes (que suelen poseer requisitos extraordinarios para su aprobación y versan sobre materias especiales), de mismo rango jerárquico y distintas a nivel competencial.
Su aprobación corresponde al Congreso o Parlamento, normalmente, por 1/3 de los funcionarios en ejercicio de las camaras correspondientes. En los sistemas democráticos los miembros del parlamento o congreso son elegidos por sufragio universal. La aprobación de las leyes se puede realizar por votación en el pleno de la cámara, o por alguna de las comisiones legislativas que puede tener.
Las leyes ordinarias inician su tramitación, bien a iniciativa de la propia Cámara, o bien por iniciativa del poder ejecutivo. En algunos sistemas, además, se admite que sea a través de una iniciativa popular.
Son también leyes ordinarias las dictadas por los órganos legislativos de los estados federados, territorios o comunidades autónomas que, dentro de un Estado federal, regional o de autonomías, tienen atribuida esta capacidad. Regula temas generales, en abstracto sin tomar como referencia una situación concreta y fáctica.