Masacre de Palomitas

El 6 de julio de 1976, a unos 3 meses del inicio del llamado Proceso de Reorganización Nacional en Argentina, 11 personas fueron asesinadas en el paraje de Palomitas (departamento General Güemes), en el sur de la provincia de Salta, a unos 65 km de la ciudad de Salta.​

Fue el hecho más sangriento cometido durante la dictadura Militar en la provincia de Salta.​

Antecedentes

A partir de los años cincuenta, y durante largo tiempo, Salta y toda la región noroeste eran mirados con recelo desde Buenos Aires, ante la posibilidad del surgimiento de movimientos de extrema izquierda, dada la enorme brecha entre ricos y pobres existente en la región.​

Los años setenta llegaron a Salta con el mismo ímpetu y energía que ocurrió en el resto del país. En 1973 se levantó la proscripción al peronismo, Héctor Cámpora fue electo presidente, y en Salta, el justicialista Miguel Ragone obtuvo una abrumadora mayoría de 65% en la elección a gobernador.

Situación histórica

Ragone es depuesto a principios de 1976. Ya se vive en todo el país un ambiente de histeria. Montoneros intensifica sus operaciones armadas y una parte de la población empieza a pedir a gritos la instalación de un gobierno militar. En Salta, ya a fines de 1975, empiezan a producirse numerosas detenciones de sospechosos de colaborar con la guerrilla (estudiantes, sindicalistas, sacerdotes, trabajadores sociales, etc.)

El 24 de marzo de 1976, la presidenta es depuesta y se inicia el Proceso de Reorganización Nacional. El teniente coronel Carlos Mullhall es designado gobernador interventor de Salta. En toda Argentina, el Estado lanza una campaña criminal para eliminar a todos los sospechosos de participar o colaborar con la guerrilla. Miles de personas empiezan a "desaparecer", sin dejar rastro alguno.

En la ciudad de Salta, en la cárcel de Villa Las Rosas, hay 7 presos a quienes las autoridades del penal tienen fichados como subversivos. Según la mayoría de las investigaciones realizadas, el gobernador Mullhall ordena su traslado al penal de San Miguel de Tucumán. Jamás llegan a su destino.​

La masacre

En la madrugada del 6 de julio de 1976 los siete detenidos son sacados del penal de Villa Las Rosas y puestos en una camioneta. Se les dice que los trasladarán a la ciudad de San Miguel de Tucumán. Pero al llegar al paraje de Palomitas, aproximadamente a mitad de camino entre Salta y la ciudad de Tucumán, la camioneta se detiene. A los detenidos se les hace bajar de la camioneta y caminar unos 200 metros lejos de la carretera. En horas de la mañana el director del penal de Villa Las Rosas, Braulio Pérez, recibió una citación del entonces jefe de la Guarnición militar Salta, Coronel Carlos Alberto Mulhall. En despacho del militar, Mulhall le informó que esa tarde se iba a proceder a un simple traslado, sin proporcionarle los nombres ni el número de los presos.​

Fue así como a las 19.45 de ese día se presentó ante Pérez el capitán Espeche portando una orden escrita y la lista de los detenidos.

Enseguida se ordena no registrar en los libros de la cárcel la salida de los presos. También se ordena retirar de los lugares de acceso a todo el personal subalterno, permitiéndose que sólo los guardiacárceles afectados a los muros permanezcan en sus puestos.Momentos más tarde llega otra camioneta procedente de Jujuy, con 4 detenidos políticos. Se les hace bajar del vehículo y se les conduce hacia el grupo que llegó anteriormente.​

Luego los oficiales extraen de sus ropas ametralladoras y fusilan a todo el grupo. Posteriormente los cadáveres son dinamitados, a fin de simular un enfrentamiento, toda la documentación de la comisaría de Güemes desapareció con anterioridad al 8 de julio pero no se constató que ningún miembro del ejército haya sido lastimado, ni tampoco se pudo comprobar daños en los vehículos militares. Varias de las víctimas, en el momento de morir, se encontraban acostadas, y habían sido golpeadas. Los orificios de bala de los pocos cadáveres encontrados demuestran que los disparos fueron efectuados de abajo hacia arriba. Fueron acribillados Pablo Eliseo Outes, José Victor Povolo, Leonardo Benjamín Avila y su esposa Raquel Celia Leonard de Avila, María del Carmen Alonso de Fernández, Rodolfo Pedro Usinger con su esposa María Amarú Luque y Roberto Luis Oglietti. Evangelina Botta de Nicolay y Georgina Graciela Droz habrían sido dinamitadas dentro de un automóvil y al abogado jujeño José Turk Llapur.​

El único documento escrito que se conserva es la orden de Mulhall, que obra en el expediente judicial iniciado en Salta. Las órdenes verbales fueron corroboradas por la testigo Juana Emilia Martínez de Gómez, celadora del penal, y el oficial del Servicio Penitenciario de la provincia de Salta, Juan Carlos Alzugaray.​

Masacre

Masacre es un término utilizado para referirse a un tipo de asesinato, habitualmente de varias personas, caracterizado por la indefensión de las víctimas. Aunque el término masacre es impreciso en sus alcances, suele aplicarse a situaciones en las que existe una gran desigualdad de poder entre víctimas y victimarios, y los asesinatos se presentan como crueles, alevosos e innecesarios. El sacerdote brasileño Leonardo Boff relaciona la masacre con la cobardía.​

Víctimas​

• Roberto Luis Oglietti  (n.21 de enero de 1956) era soltero, estudiante en la Licenciatura de recursos naturales;
• Georgina Graciela Droz (n.26 de junio de 1941), era licenciada en ciencias de la educación;
• Pablo Eliseo Outes (n.3 de febrero de 1929), era agricultor con estudios universitarios, casado y separado;
• José Víctor Povolo (n.28 de julio de 1947), era vendedor ambulante;
• Rodolfo Pedro Usinger (n.12 de mayo de 1950, era electricista, casado con María Amaru Luque, en Junio de 1975, en su lugar de detención;
• María Amaru Luque de Usinger (n.6 de abril de 1950), era psicóloga, había nacido en fecha  y contrajo matrimonio estando detenida con Rodolfo Pedro Usinger. Mientras permaneció detenida y se lo permitieron, tuvo un libro de cabecera: “La Vejez de Simone de Beauvoir";
• Evangelina Mercedes Botta (n.20 de julio de 1946), era psicóloga, casada y separada, con hijos;
• María del Carmen Alonso de Fernández (n.14 de julio de 1937), era arquitecta, casada y separada con dos hijos menores y estaba detenida desde el  21 de junio de 1975. Era sobrina del desaparecido gobernador Dr.Miguel Ragone;
• Alberto Simón Savransky (n.31 de julio de 1947), tucumano, casado con Graciela Rosa. Bellos, médico;
• Celia Leonard de Ávila (n.22 de julio de 1943), era maestra normal, casada con hijos;
• Benjamín Leonardo Ávila (n.22 de julio de 1938) tenía estudios universitarios, era panadero, casado con hijos. 

Alberto S. Sabransky, Rodolfo P. Usinger, María A. Luque y Georgina G. Droz militaban en Montoneros. Roberto L. Oglietti, Evangelina M. Botta, José V. Povolo, María del Carmen Alonso de Fernández, Celía de Avila y Benjamín Leonardo Ávila estaban enrolados en el Ejercito Revolucionario del Pueblo y padecerían el cautiverio desde fines de Junio. Pablo Eliseo Outes sería el último que ingresaría a Villa Las Rosas tras un corto exilio en Venezuela.​

 Por otra parte, a los pocos días algunas familias reciben un comunicado que les indicaba dónde habían sido enterrados. Los cadáveres habían sido distribuidos en tres lugares distintos: los cuerpos de Savransky, Ávila y Leonard fueron enterrados en Salta; los de Outes, Povolo y Alonso en Tucumán; y por último, Usinger, Luque y Oglietti, en Jujuy. En todos los casos, se habían labrado actas que afirmaban que habían muerto en enfrentamientos con la policía local. Los cadáveres de Georgina Droz y Evangelina Botta nunca fueron encontrados.​ Las investigaciones que siguieron más tarde, determinaron que los cuerpos hallados habían sido golpeados salvajemente y que todos presentaban impactos de bala hechos de abajo hacia arriba. Los certificados de defunción de algunos de ellos, como el caso de Celia Leonard de Avila, que fue identificada en el documento errónamente como Nora, que es el nombre de su hermana y que también se hallaba detenida al momento de iniciarse el "traslado",  fueron expedidos por un  médico llamado Quintín Orué. Sin embargo, los registros profesionales de la República Argentina no constataron la existencia de ningún médico con ese nombre. Integrantes de la familia Leonard, se entrevistaron con el mencionado Orué a objeto de la corrección del error en el certificado, y este rompió el que poseían los deudos y de inmediato confeccionó otro y se retiró de su presencia.Jamás volvieron a tenerse noticias de él.​

Se entregaron los cajones cerrados del matrimonio Avila y de María del Carmen Alonso. En el caso de los primeros, éstos fueron exhumados legalmente y se comprobó el terror petrificado en sus cuerpos al encontrar balas del ejército, lo que confirma la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en los crímenes. En Yala, Provincia de Jujuy, se encontraron los cadáveres del matrimonio Usinger, de Oglietti y de Dominga Alvarez, la única presa política sacada del Penal de Jujuy cuyo cuerpo apareció.​

Hasta este punto ya se pueden observar una de las primeras dificultades para acercarse al tema. El número de muertes totales, en un primer momento, resultaba confuso. Habitualmente se reconocen los once muertos que partieron del penal de Villa Las Rosas, pero el número asciende a doce en el comunicado de Mulhall, ya que podría rastrearse una víctima adicional desaparecida el mismo día de la masacre en la provincia vecina de Jujuy.​

Justicia

• La causa por la masacre se reabrió en 2002  y las detenciones de los responsables se concretaron tras la anulación de las leyes de impunidad.​
• En mayo de 2003 el juez federal Miguel Medina (investigado por el Consejo de la Magistratura por la demora en la instrucción) procesó a a los coroneles retirados Carlos Alberto Mulhall, Miguel Raúl Gentil y Hugo César Espeche,  que seis años después juzga el subrogante Olivera Pastor. Mulhall, que llegó a ser interventor de la provincia, fue el encargado de entregarle al juez federal de facto Ricardo Lona una nota con la versión oficial de la masacre: “Una comisión del Ejército que procedía al traslado de presos subversivos hacia Córdoba fue interceptada y atacada por otros subversivos”. Gentil era el interventor de la policía y Espeche, quien encabezó la comisión militar que los retiró del penal.  Según el informe de la Red de Derechos Humanos, hay otros cinco represores procesados por la masacre: Juan Carlos Alzugaray, Joaquín Guil, Luis Donato Alvarez, Andrés del Valle Soraire y el condenado Menéndez.​
• En febrero de 2005, el represor del Tercer Cuerpo de Ejército,  Luciano Benjamín Menéndez,  se negó a declarar en Salta en la causa por la masacre de las Palomitas. Menéndez estaba implicado en la masacre de las Palomitas por su posición en la cadena de mandos, dado que la Guarnición del Ejército Salta, que ejecutó los crímenes, dependía del III Cuerpo de Ejército donde él mandaba.​ 
• El 21 de diciembre de 2006, la Cámara Federal de Apelaciones de Salta ratificó el fallo que consideró “prima facie” a Espeche como “partícipe secundario responsable del delito de homicidio doblemente calificado por haberse cometido el hecho investigado con alevosía y mediando participación de dos o más personas”. A pesar de que todavía no había cumplido los 60 años, Espeche consiguió que la Cámara salteña reviera la decisión del juez Abel Cornejo y le autorizara la prisión domiciliaria en Comodoro Rivadavia, Chubut, a más de cuatro mil kilómetros del lugar del proceso. Problemas cardíacos motivaron el deseo concedido. Ni siquiera ese beneficio le fue suficiente y su defensa presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de la Nación reclamando la excarcelación.​ 
• En octubre de 2007, la Corte Suprema dejó firme la prisión preventiva de los acusados por la masacre de Palomitas. El máximo tribunal lo decidió ante un pedido de excarcelación del ex jefe de la guarnición Salta del Ejército, coronel Carlos Alberto Mulhall; el ex jefe de Policía de esa provincia, teniente coronel Miguel Gentil, y el capitán Hugo Espeche.​
• En enero de 2010, la Justicia federal de Salta comenzó a juzgar por estos crímenes a estos represores.​Los principales responsables fueron condenados a reclusión perpetua por el juez federal Carlos Olivera Pastor.​
• En noviembre de 2015, la Cámara Federal de Salta confirmó el auto de prisión preventiva al ex juez federal de esa ciudad, Ricardo Lona, a quien consideró como partícipe necesario en los homicidios doblemente calificados de 11 presos políticos durante la denominada Masacre de Las Palomitas. El tribunal consideró acreditado que Lona "contribuyó intencionalmente, desde su función como magistrado, con el terrorismo de Estado, permitiendo que los hechos aquí descriptos como delitos de lesa humanidad pudiesen cometerse, garantizando la impunidad judicial a sus autores durante largos años".​ Durante casi una década, Lona salió indemne de todos los procesos por su actuación durante el terrorismo de Estado. En 2004, cuando todavía era camarista, fue sometido a un juicio político justamente por haber consentido y no investigado la Masacre de Palomitas. Frente a las evidencias y a los reclamos de los familiares de los detenidos, incluso antes del fusilamiento, Lona contó con el apoyo de una sólida red de contención en la corporación judicial. ​
• En 2016, el fiscal Carlos Amad respondió, con reflexiones e información, al ex ministro Ricardo Gil Lavedra, que en declaraciones periodísticas se pronunció por dar por concluidos los juicios y causas por delitos de lesa humanidad perpetrados durante el terrorismo de Estado. El rol de Gil Lavedra como abogado defensor del ex juez Lona, cuyas imputaciones amplió la Fiscalía salteña dos días antes de las declaraciones del ex camarista.​

Homenaje

En julio de 2016 y a 40 años de la masacre, diferentes organizaciones sociales, políticas, sindicales y de derechos humanos participaron de una conmemoración especial: se concentraron en el Portal de la Memoria, en Yrigoyen y San Martín y de allí partieron en colectivos y autos particulares hasta Palomitas, donde realizaron los recordatorios.  También participaron grupos de Jujuy, Tucumán y Rosario de Santa Fe.​

Poemas

La poeta salteña y  profesora de Filosofía Teresa Leonardi Herrán,   estuvo tempranamente vinculada a los movimientos de memoria. Integró la comisión salteña de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Su primer libro "Incesante memoria" fue publicado en abril de 1984, en él figuran tres poemas vinculados a la matanza: “Masacre de Palomitas”, “Masacre de Palomitas II” y “Georgina Droz”,  una de las víctimas de la masacre. Si bien los poemas fueron publicados luego del retorno de la democracia, es conveniente destacar que circulaban en forma de  fotocopias durante los últimos años de la dictadura y luego serían leídos consecuentemente en cada uno de los aniversarios de la masacre.​ 

Véase también

• Salta
• Proceso de Reorganización Nacional
• Lista de masacres en la Argentina (Siglo XX)

Enlaces externos

• Causa Palomitas en el sitio Nunca Más.
• Varios artículos sobre la masacre
• Masacre de palomitas. 07/07/14. Julio Etchepare 
• La Masacre de Palomitas. 17/06/15. Rosalinda del Carmen Liendro 
• La Masacre de Palomitas. (2010) Tesis de Pablo Rodolfo Ávila