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Caso Fernando Alvarado es un proceso judicial en materia penal en el Ecuador. La Fiscalía General del Estado investigó previamente a Fernando Alvarado Espinel, a quien formuló cargos toda vez que encontró los suficientes elementos de convicción.
Antecedentes[editar]
Fernando Alvarado en la SECOM[editar]
Enlaces ciudadanos (sabatinas)[editar]
Notitia criminis[editar]
La Contraloría General del Estado, a través del contralor general subrogante Pablo Celi, presentó el informe DNA4-0004-2018 a la Fiscalía General del Estado en el que establecen indicios de responsabilidad penal por parte de Fernando Alvarado Espinel, quien fungió como Secretario Nacional de Comunicaciones durante el gobierno de Rafael Correa. El informe está conformado por un documento de 22 páginas con respaldos en anexos en tres tomos de 625 páginas y 10 discos compactos. El informe analizaba las actuaciones contractuales dentro de la Secretaría Nacional de Comunicación durante el período comprendido entre el 1 de junio de 2013 y el 24 de mayo de 2017, lapso de tiempo en el cual Alvarado Espinel y Patricio Barriga estuvieron al frente de dicha cartera del Estado.
En el informe, la Contraloría señaló a Alvarado Espinel y a otros doce funcionarios de la SECOM como involucrados en varias irregularidades en las contrataciones referentes a los enlaces ciudadanos, denominadas popularmente como «sabatinas».
Investigación previa[editar]
Presunto delito investigado[editar]
Del análisis del informe DNA4-0004-2018 emitido por la Contraloría General del Estado con respecto a las irregularidades en los contratos realizados para los enlaces ciudadanos emitidos durante la presidencia de Rafael Correa, la Fiscalía General del Estado procedió a dar inicio a una fase de investigación previa por el presunto delito de peculado. De conformidad con el Código Orgánico Integral Penal (COIP), en su artículo 278, el peculado realizado por una persona que [...]en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado [...] en beneficio propio o de terceros; abuse, se apropie, distraiga o disponga arbitrariamente de bienes muebles o inmuebles, dineros públicos o privados, efectos que los representen, piezas, títulos o documentos que estén en su poder en virtud o razón de su cargo, es sancionado con una pena privativa de libertad (prisión) de diez a trece años.
Proceso judicial[editar]
Instrucción fiscal[editar]
La audiencia de formulación de cargos se realizó el día jueves 9 de agosto de 2018, a las 0:00, en las instalaciones de la Corte Nacional de Justicia ante la jueza Sylvia Ximena Sánchez Insuasti. En la audiencia, la Fiscalía General del Estado —representada por la fiscal general subrogante Ruth Palacios Brito— presentó los elementos de convicción suficientes para formular cargos por el presunto delito de peculado en contra de Fernando Alvarado Espinel. La jueza Sánchez Insuasti aceptó los cargos, dando inicio al proceso penal en la etapa de instrucción fiscal. La Fiscalía, para asegurar la presencia de Alvarado al proceso, solicitó medidas cautelares sustitutivas a la prisión preventiva, siendo concedidas por la jueza tales como la prohibición de salida del país, la comparecencia periódica ante la Fiscalía y el uso de un dispositivo de vigilancia electrónica.