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Concepto de política social[editar]
El concepto de política social se refiere a las decisiones, acciones y programas que los gobiernos, instituciones públicas y organizaciones sociales implementan para abordar y atender las necesidades básicas y generales de la población. Estas políticas tienen como objetivo principal promover el bienestar social, la igualdad de oportunidades y la protección de los derechos de los ciudadanos.
La política social se considera una parte específica y especializada dentro del ámbito de la institución política general, ya que se enfoca en aspectos como la salud, la educación, la asistencia pública, la seguridad social, la vivienda y la redistribución de recursos para reducir las injusticias sociales. Además, la política social puede abordar tanto la asistencia social caritativa como la garantía de control social, dependiendo de los enfoques éticos y políticos que se adopten. Los trabajadores sociales utilizan el marco de la política social para comprender cómo las decisiones gubernamentales y las estructuras sociales impactan en las condiciones de vida de las personas a las que prestan servicio.
La política social implica la defensa de los derechos sociales, la promoción de la justicia social y la equidad, así como la identificación de las necesidades de la población y la formulación de propuestas para abordarlas. Los profesionales se involucran en la formulación, implementación y evaluación de políticas sociales con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los grupos vulnerables y promover el bienestar social.
Modelos de política social[editar]
En el ámbito de la política social, se han desarrollado diversos modelos que reflejan diferentes enfoques y estrategias para abordar las necesidades sociales de la población. Estos modelos se basan en distintas concepciones ideológicas y filosóficas sobre el papel del Estado, la sociedad y el mercado en la provisión de servicios sociales y la promoción del bienestar.
Modelo de Integración Total: Este modelo se caracteriza por la planificación total a cargo del Estado, donde se busca eliminar otros criterios de asignación que no sean el bienestar puro. Se centra en la programación pública o social de intervención para atender necesidades reconocidas y socialmente legítimas. Este enfoque se relaciona con el socialismo real, donde el Estado asume la responsabilidad de todos los servicios sociales universales.
Modelo Individual, de Logro Personal: En este modelo, las necesidades sociales se satisfacen en función de la capacidad de cada individuo, su mérito y su capacidad ejecutiva o productiva. Se propone que los servicios y seguros sociales se contraten según los recursos de cada persona o familia, y se basa en la teoría psicológica y económica del incentivo, el esfuerzo y la recompensa.
Modelo Institucional Redistributivo: Este modelo considera el bienestar social como un valor fundamental que debe ser asegurado a través de una institución integrada en la sociedad. Busca garantizar un servicio universal al margen del mercado, basado en el principio de la necesidad y orientado hacia la igualdad social. Incorpora sistemas de redistribución específicos para compensar a aquellos individuos que se convierten en víctimas del desequilibrio social.
Modelo Residual: Este modelo parte del supuesto de que existen dos vías naturales para satisfacer las necesidades de los individuos: el mercado privado y la familia. Las instituciones sociales asociadas a la política social intervienen solo cuando fallan estos canales y su intervención se considera temporal.
Modelo de Estado de Bienestar: Este modelo se caracteriza por la intervención activa del Estado en la provisión de servicios sociales y la protección de los ciudadanos a través de políticas de seguridad social, salud, educación y vivienda. Busca garantizar la igualdad de oportunidades y reducir las desigualdades sociales.
Propuesta liberal: En este modelo, se enfatiza la importancia de la libertad individual y la limitación de la intervención estatal en asuntos sociales. Se promueve la responsabilidad individual y se favorece la participación del sector privado en la prestación de servicios sociales.
Propuesta socialdemócrata: La propuesta socialdemócrata se sitúa entre el liberalismo y el socialismo, defendiendo un Estado de Bienestar fuerte que garantice la protección social y la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos. Se basa en la redistribución de la riqueza y la promoción del bienestar colectivo.
Estos modelos representan diferentes enfoques ideológicos y políticos y estrategias para abordar las necesidades sociales de la población, reflejando visiones diversas sobre el papel del Estado, la sociedad y el mercado en la promoción del bienestar y la igualdad. Es importante considerar las características e implicaciones de cada modelo al diseñar e implementar políticas sociales efectivas que respondan a las necesidades y demandas de la sociedad.
Concepto del estado de bienestar[editar]
El concepto de Estado de Bienestar se refiere a un modelo de organización socioeconómica en el cual el Estado asume la responsabilidad de garantizar el bienestar y la protección social de sus ciudadanos. Este enfoque se basa en la idea de que el Estado tiene la obligación de intervenir en la economía y en la sociedad para asegurar condiciones de vida dignas y equitativas para todos los miembros de la sociedad.
El Estado de Bienestar se caracteriza por la provisión de servicios públicos universales en áreas como la salud, la educación, la vivienda, la seguridad social y el empleo, con el objetivo de promover la igualdad de oportunidades y reducir las desigualdades sociales. Además, este modelo incluye políticas de redistribución de la riqueza a través de impuestos progresivos y programas de asistencia social para proteger a los grupos más vulnerables.
El surgimiento del Estado de Bienestar se relaciona con el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, donde se buscaba reconstruir las sociedades europeas y garantizar la estabilidad social y económica. Este modelo se consolidó en países como Suecia, Dinamarca y Francia, y se extendió a otras regiones del mundo, adaptándose a las particularidades de cada contexto.
De la cuestión social al estado de bienestar[editar]
La evolución de la cuestión social hacia el Estado de Bienestar representa un cambio significativo en la forma en que las sociedades abordan los desafíos relacionados con la pobreza, la desigualdad y la protección social. A lo largo de la historia, la cuestión social ha sido un tema central en el debate político y social, refiriéndose a las condiciones de vida precarias, la explotación laboral y la falta de acceso a servicios básicos que afectan a amplios sectores de la población.
El surgimiento de la cuestión social en el siglo XIX estuvo estrechamente vinculado a la industrialización y la urbanización, que generaron nuevas formas de desigualdad y marginación social. En este contexto, surgieron movimientos sociales y teorías políticas que abogaban por la intervención del Estado para proteger a los trabajadores, garantizar condiciones laborales dignas y promover la justicia social.
El paso de la cuestión social al Estado de Bienestar se produjo en el siglo XX, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial. Durante este periodo, se reconoció la necesidad de establecer mecanismos institucionales para garantizar la seguridad social, la salud, la educación y otros derechos fundamentales para todos los ciudadanos. Este enfoque se materializó en la creación de sistemas de protección social, como la seguridad social, los servicios de salud pública y la educación universal.
El Estado de Bienestar representa un cambio de paradigma en la forma en que se abordan los problemas sociales, pasando de enfoques asistenciales y paliativos a políticas estructurales y universales que buscan prevenir la exclusión y promover la igualdad de oportunidades. Este modelo se basa en la idea de que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar el bienestar y la protección social de todos los ciudadanos, independientemente de su origen o condición social.
Crisis del estado de bienestar[editar]
La crisis del Estado de Bienestar es un fenómeno complejo que ha sido objeto de debate en las últimas décadas, especialmente a partir de finales del siglo XX y comienzos del XXI. Esta crisis se manifiesta en diversos aspectos y desafíos que ponen en cuestión la sostenibilidad y eficacia de los sistemas de protección social establecidos en muchos países desarrollados. A continuación, se presentan algunos de los factores que han contribuido a la crisis del Estado de Bienestar:
Presiones económicas: La globalización, la competencia internacional y las crisis económicas han generado presiones sobre los sistemas de protección social, dificultando la financiación de los programas sociales y la redistribución de la riqueza.
Envejecimiento de la población: El aumento de la esperanza de vida y la disminución de la tasa de natalidad han generado un desafío para los sistemas de pensiones y de salud, que deben hacer frente a una población cada vez más envejecida y con mayores necesidades de cuidado y asistencia.
Desempleo y precarización laboral: La crisis económica y la transformación del mercado laboral han contribuido a un aumento del desempleo, la informalidad y la precarización del trabajo, lo que afecta la capacidad de los sistemas de protección social para garantizar la seguridad económica de los ciudadanos.
Desigualdad creciente: A pesar de los avances logrados por el Estado de Bienestar en la reducción de la desigualdad, en muchos países se ha observado un aumento de la brecha entre ricos y pobres, lo que pone en entredicho la eficacia de las políticas redistributivas.
Presiones demográficas y migratorias: El aumento de la diversidad cultural y la llegada de migrantes han planteado nuevos desafíos para los sistemas de protección social, que deben adaptarse a las necesidades de una población cada vez más heterogénea.
Ante estos desafíos, algunos países han implementado reformas en sus sistemas de protección social, buscando adaptarse a las nuevas realidades económicas, demográficas y sociales. Estas reformas incluyen medidas para mejorar la eficiencia de los programas sociales, promover la inclusión laboral, garantizar la sostenibilidad financiera de los sistemas de pensiones y salud, y fomentar la participación activa de la sociedad civil en la provisión de servicios sociales.
Bibliografía[editar]
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[1]
[2]
- ↑ Montesdeoca, N.; Calabuig, P.; Corbera, J. A.; Rocha, J.; Orós, J. (2017). «Final outcome of raptors admitted to the Tafira Wildlife Rehabilitation Center, Gran Canaria Island, Spain (2003–2013)». Animal Biodiversity and Conservation 40 (2): 211-220. ISSN 1578-665X. doi:10.32800/abc.2017.40.0211. Consultado el 16 de febrero de 2024.
- ↑ “Alduán Guerra, M. (2008). Manual Universitario de Teleformación Política Social. Las Palmas de Gran Canaria. España: ULPGC.”