Usuario:Moya013/Taller

En 2007 comenzó el juicio de los fondos NML Capital Ltd. y el EM Ltd contra el país. El 11 de enero de ese año, el juez federal de Nueva York Thomas Griesa decidió incautar US$ 1.834.000 de una cuenta que el Banco Central de Argentina opera en la Reserva Federal de esa ciudad. ​ El 15 de enero ambas partes llegaron a un acuerdo, por lo que el Juez Griesa decidió levantar el embargo ​​

El 23 de febrero de 2012, Thomas Griesa dictaminó que Argentina no podía discriminar a los tenedores de bonos que no habían aceptado ingresar en los canjes de 2005 y 2010, ya que se estaba violando la provisión de "pari passu" ("tratamiento igualitario"). Ordenaba abonar la deuda reclamada por los fondos buitres por 1.330 millones de dólares.​El país apeló el fallo planteando que si la fórmula presentada por el magistrado hubiera respetado los parámetros del canje del año 2010, se habría arribado a una propuesta consistente con la legislación argentina, que podría haber sido debatida en el Congreso. Los argumentos expuestos se basaban en la “inequidad manifiesta de la fórmula propuesta por Griesa para llevar a la práctica la cláusula de pari passu y que consiste en pagarles a los fondos buitre el total de su reclamo y en una cuota el 15 de diciembre, mientras los bonistas que entraron al canje tuvieron quitas importantes y se les aplicó plazos de pago que van hasta el año 2038”. El país contó con el apoyo de la Clearing House Association (la entidad de pagos más antigua de Estados Unidos) y la Depositary Trust Company (el mayor custodio de bonos de ese país).​​ que argumentaron que si se embargaban esos recursos se afectaría a inversores privados y no al país. A estos dos agentes, se sumaron las presentaciones del Bank of New York y de una decena de fondos de inversión que ingresaron en ambos canjes y que trataban de no quedar como "rehenes" de los holdouts. También la Reserva Federal pidió a Griesa que no se afectaran los pagos a bonistas: "La aplicación expansiva de los mandatos reclamados por el demandante es demasiado amplia y podría tener consecuencias operativas que impiden el buen y eficaz funcionamiento del sistema de pagos".

El 26 de octubre, la Corte de Apelaciones de Nueva York ratificó la decisión de Griesa y rechazó la apelación. ​ ​ Ordeno además que el juez dictaminara en qué proporción los desembolsos del Gobierno se distribuirán demandantes y tenedores de bonos re-estructurados. ​El fallo provocó que las calificadoras de riesgo Fitch y Standard & Poor's (S&P) bajaran la calificación de la deuda de Argentina ​​​​​​​ En 2013 la perspectiva de la deuda fue modificada, pasando de negativa (underweight) a neutral (marketweight).​​.​ Finalmente el 28 de noviembre la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, decidió suspender la resolución de Griesa hasta el año siguiente.​

El 25 de enero de 2013 los fondos buitres presentaron ante la Cámara de Apelaciones los argumentos para sostener el fallo de primera instancia. El Gobierno argentino insistió en que el fallo constituía un acto discriminatorio para los fondos que habían aceptado el canje. La cámara volvió a convocar a las partes para el 27 de febrero (y dio el visto bueno al gobierno de estadounidense para argumentar que sean 13 los jueces de ese cuerpo los que traten el caso y no los 3 que están asignados). A la audiencia asistieron el vicepresidente de la nación Amado Boudou y el ministro de economía Hernán Lorenzino.​ El 29 de marzo el país presentó ante dicha Camara dos alternativas para pagarle a los demandantes. La oferta implicaba términos equiparables a los de los tenedores de bonos que se adhirieron al canje de 2010. Además ofreció pagos por intereses atrasados y un cupón del PBI.​ ​

El 24 de junio Argentina apeló el dictamen de Griesa ante la Cámara de Apelaciones, antes de conocerse el fallo definitivo que deberá determinar si avala o no la propuesta de Thomas Griesa.​Ese mes en un escrito denominado "amicus curiae", el gobierno de EEUU sostuvo que la interpretación de Griesa de una cláusula del contrato "podría permitir a un solo acreedor frustrar la aplicación de un plan de reestructuración con apoyo internacional, y con ello socavar las décadas de esfuerzos que Estados Unidos ha gastado, para promover un sistema de cooperación y resolución de las crisis de deuda soberana". ​ ​

El 26 de julio, Francia presentó un documento `amigo´ del tribunal en apoyo a la petición argentina ante la Corte Suprema estadounidense. EE.UU. informó que opinará en el juicio cuando se lo pida la Corte Suprema. ​​​​ Ese mismo mes Argentina ganó en Francia un juicio contra el fondo buitre NML, la Corte Suprema de Francia rechazó las tres apelaciones de NML contra las decisiones de las Cortes de Apelación de Paris y Versalles que habían ordenado el levantamiento de los embargos sobre impuestos adeudados. ​ ​

En julio, Exchange Bondholder Group (EGB), Fintech y Euro Bondholders, que representan los intereses del 93% de los bonistas que entraron a los canjes de deuda de 2005 y 2010 y la Caja de Valores presentaron sendos amicus curiae ante la Corte Suprema de los Estados Unidos con argumentos respecto a la necesidad de que el máximo tribunal revierta la orden de las cortes inferiores. ​ El 23 de agosto, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York rechazó la fórmula de pago propuesta por Argentina el 29 de marzo de 2013. Sin embargo, le otorga "stay" que impedirá que se ejecute la pena hasta que el caso se defina en la Corte Suprema de Justicia estadounidense. De está forma, el fallo evita que la Argentina caiga en un default técnico. ​