Usuario:Kgschv/Ley de Instrucción Primaria Obligatoria (1920)

Ley de Instrucción Primaria Obligatoria (1920)

Antecedentes

A principios del siglo XX, Chile enfrentaba enormes desigualdades y gran parte de la población vivía en condiciones de pobreza. La baja cobertura escolar, agravada por una asistencia media de los matriculados, aún más baja, frustraba el sueño de muchos educadores y políticos progresistas de contar con un pueblo instruido que pudiera superar, material y moralmente, el nivel de miseria en que vivían.

Algunas cifras que sirven para ejemplificar la situación son las siguientes: en 1895, la población entre 5 y 15 años era 674.955, los alumnos matriculados en las escuelas públicas: 114.565 y en las particulares 25.420. La asistencia media a las escuelas públicas: 71.901 alumnos; el porcentaje de asistencia en las escuelas particulares, aun cuando no existían datos, es muy posible que fuera similar al de las públicas.

Pese a los esfuerzos del Estado en formar profesores y habilitar escuelas, el ausentismo y la deserción hacían frecuentes las “salas vacías”. Enrique Mac-Iver con ocasión del primer centenario de la república, advertía que "a medida que las escuelas aumentan, la población escolar disminuye"​.

En 1902 el senador radical, Pedro Bannen presentó al Parlamento un proyecto que establecía la obligatoriedad de la instrucción primaria.

Durante largo tiempo, el proyecto fue rechazado por los sectores conservadores, los cuales concentran sus críticas principalmente en el excesivo poder que tendría el Estado, en la orientación de la educación de los niños. El Partido Conservador si bien estaba a favor de la libertad de enseñanza, pero se muestra contrario a la obligatoriedad de la educación. Un ejemplo claro es la intervención del diputado Barros Errázuriz quien en sesión de la Cámara señala que "en Chile no hay razones para llevar la Instrucción Primaria Obligatoria a la práctica debido a la falta de escuelas y de personal. La asistencia de los alumnos a las escuelas públicas es muy numerosa, hasta exagerada, por falta de infraestructura y personal docente.

En 1917 los diputados radicales iniciaron nuevamente el estudio del problema de la Instrucción Primaria Obligatoria presentando un acabado Proyecto de Ley al que el Partido Conservador opuso otro propiciado por los diputados Gumucio y Menchaca. Lo que los conservadores atacan del proyecto del partido Radical es que la clase de religión no sea obligatoria, por lo que al ser opcional, nadie la tomará, destacando la importancia que la clase sea dictada por un sacerdote y no por un laico.

La disputa entre radicales y conservadores se mantiene en el Congreso, los primeros argumentan que la escuela laica es la única forma de hacer práctica la verdadera democracia y la instrucción no tiene por objeto formar creyentes sino ciudadanos y el Estado tiene el deber de defender al niño de las influencias perniciosas. Por esto el Partido Radical aspira a la neutralidad absoluta de la enseñanza y le atribuye al Estado la facultad privativa de suministrar y dirigirla. Por su parte los conservadores afirman que la Ley se dicte en forma que deje garantizada la libertad de los padres de familia, la seriedad con que se dé la enseñanza religiosa y la subsistencia de la enseñanza particular que ayuda al Estado en la empresa de extirpar el analfabetismo.

En mayo de 1919, el Ministro de Justicia e Instrucción Pública, Pablo Ramírez, llevó al Congreso un plan del Ejecutivo en materia educacional.

El proyecto aprobado por la Cámara de Diputados fue puesto en primer lugar en la tabla de sesiones del Senado. La discusión del proyecto fue entre julio y septiembre de 1919, haciéndole algunas modificaciones. Vuelto a la Cámara de Diputados se aprobaron las modificaciones del Senado el Viernes 9 de Julio de 1920.

Uno de los puntos fundamentales por el que se logró el acuerdo fue el convenio celebrado entre liberales y conservadores, quien se acordó trabajar el difícil acuerdo entre ambos partidos políticos, estableciéndose que los padres o guardadores que no tengan religión o que profesen una distinta, podrán eximir de la clase de doctrina cristiana a sus hijos o pupilos, manifestándose por escrito ante una junta comunal, con la presencia del cura párroco​.

Este largo camino legislativo culminó en 26 de Agosto de 1920, fecha en que se promulgó la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria, hecho que debe recordarse como un logro importante en los anales de nuestra vida cívica.

La Ley de Educación Primaria Obligatoria de 1920 estableció que el Estado garantizaría a cada niño y niña el acceso gratuito a los centros educacionales y velaría para que se cumpliera esta normativa​.

Para ello se definió que padres y apoderados tenían la obligación de que sus hijos y pupilos "frecuenten durante cuatro años a lo menos y antes que cumplan 13 años de edad, un establecimiento de educación primaria fiscal, municipal o particular" (Ley N° 3654, 1920)

Además, la normativa indicaba "los menores que hubieran cumplido trece años sin haber adquirido los conocimientos de los dos primeros años de la educación primaria, deberán seguir asistiendo a una escuela hasta ser aprobados en las pruebas reglamentarias anuales, o hasta cumplir los quince años de edad. Si obtienen una ocupación de carácter permanente, continuarán sometidos a esta obligación hasta los dieciséis años de edad, debiendo satisfacer en alguna escuela suplementaria o complementaria" (Ley N° 3654, 1920)

El primer ciclo de formación contaría con tres grados de educación general compuestos de dos años escolares cada uno. Además, se podría acceder a un cuarto grado de educación vocacional donde se enseñaría agricultura, minería, industrias manuales y comercio, cuya duración podía variar de uno a tres años." (Ley N° 3654, 1920).

La ley establecía que en toda comuna debía haber una escuela primaria para cada género por cada mil habitantes. Mientras que en aquellas comunas donde no hubiese necesidad de nuevas escuelas elementales, la municipalidad debía mantener una de adultos​.

Causas sociales, económicas y políticas que influyeron en promulgación de la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria

La ley de instrucción primaria obligatoria fue promulgada en 1920 debido a la necesidad de instruir a los niños de los sectores populares y favorecer la posibilidad de reducir la desigualdad de condiciones sociales y económicas entre los estratos sociales.

Es importante destacar que esta ley se consideró por la necesidad de incorporar a los niños de escasos recursos a la educación formal, muchos de ellos, quienes eran hijos e hijas de proletarios, que no podían acceder a la escuela o asistir con regularidad debido a que debían priorizar las necesidades económicas familiares. Por ello, en 1900 comenzaron las primeras iniciativas por parte del proletariado para brindar educación aquellos niños que “incluso quedaban fuera de los recintos escolares para pobres estatales”​ por medio del desarrollo de escuelas públicas a las que pudieran asistir.

Este tipo de iniciativas dio paso a que en 1902 la comisión del senado aprobara un proyecto de ley de instrucción primaria obligatoria elaborado y presentado por Pedro Bannen, al  reconocer la necesidad de considerar en la educación a los sectores populares y para permitir el progreso de la nación.

No obstante, la educación obligatoria en estudiantes de educación básica también se propuso con fines “prácticos”, pues permitiría formar no solo a ciudadanos, sino también a “trabajadores disciplinados y eficientes para participar del desafío de la industrialización, y obtener el crédito que de ella se esperaba: mayor riqueza y riqueza mejor distribuida que convocará a la esquiva paz social​”.  Durante las primeras tres décadas del siglo XX el sistema escolar tuvo como propósito principal “disciplinar y controlar a la sociedad, a través de la instrucción del pueblo, asunto indispensable, para avanzar en el proceso de modernización en que las élites gobernantes estaban empeñadas”​.

Sin embargo, el proceso de aprobación de las Ley de Instrucción Primaria Obligatoria pasó por diversos procesos de revisión y debates por las principales áreas políticas, es decir, liberales y conservadores, quienes tras una década de luchar por el control ideológico de la educación debieron llegar a un consenso. El retraso de la aprobación de esta ley se debe a las creencias de ambas áreas tras el desarrollo de una ley que favorecía la presencia de sectores populares en la educación, específicamente porque se creía que esto permitiría el avance de ideas socialistas, la amenaza de “la educación laica y el control fiscal de la enseñanza y otros denunciando el oscurantismo de las escuelas católicas”​ .

Importancia de la Ley

La importancia de la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria es la trascendencia de ésta, especialmente en el ámbito doctrinario, ya que el Partido Conservador de la época presentaba cierta desconfianza de la implementación de la ley producto de la creencia de una influencia interna del radicalismo tras este proyecto, lo que dificultó su aceptación. Sin embargo, esta ley fue aprobada luego de casi 20 años después, tras las consideraciones del Partido Conservador por priorizar el progreso de la enseñanza técnica atribuyéndole características como la pobreza industrial, la inexistencia de una marina mercante y el estancamiento de las mineras. Como solución complementaria, en las escuelas gratuitas se planteó una enseñanza que preparara para el bachillerato y que las carreras liberales deberían ser pagadas para apartar a los jóvenes de orientarse a las especialidad en donde podrían aportar mucho al país​.

A pesar de esto, se buscaba desprestigiar a los liceos pues eran considerados una pérdida de influencia. Por otro lado, los parlamentarios conservadores plantearon un proyecto en el que se incluyera la enseñanza religiosa, la subvención de escuelas particulares y eliminación de la preparatoria en los liceos. Los senadores aliancistas eran partidarios de una educación laica y gratuita, pero la oposición conservadora se opuso a ello, la subvención a los colegios particulares se buscaba mantener a las escuelas primarias católicas  y gratuitas destinadas a ofrecer una posibilidad alternativa educacional a los sectores de bajos recursos, si bien la alianza Liberal planteaba una educación laica no significaba perder la educación religiosa.

En relación a la preparatoria la clase conservadora quería mantener la separación con los liceos ya que se habían mantenido como centros exclusivos de las personas pudientes y así mantener la separación de las clases sociales.

Para las personas con tendencias liberales, esta ley no sólo permitiría un cambio en las condiciones sociales y económicas de los obreros sino que también un cambio en el proceso industrial y un orden intelectual y moral, ya que mediante la educación se forman ciudadanos con deberes y derechos aumentando sus aspiraciones.

TASAS DE ALFABETIZACIÓN

EN LAS PROVINCIAS DE SANTIAGO Y VALPARAÍSO Y EN CHILE

1885-1930​

	1885	1895	1907	1920	1930
Santiago	36,2	45,2	50,5	61,8	86,4
Valparaíso	40,7	43,9	53,5	63,9	-
Chile	28,9	31,9	40	50,3	56,1

Otro factor importante posterior a la aprobación de la Ley de Primaria Obligatoria es el alza en las tasas de alfabetización en chile, esta fue subiendo paulatinamente desde la aprobación de la ley, debido a una cláusula en la que se estipulaba que si el niño no recibía los primeros cuatro años de primaria obligatoria no podría trabajar a tiempo completo hasta los diecisiete años. Sin embargo no todos los niños lograban completar la primaria debido a la necesidad de trabajar, por lo esto trajo consigo una alza en la matrícula pero no significaba que todos la terminaran​.

Efectos y/o consecuencias de iniciativas en la alfabetización del sector popular

La promulgación de esta ley fue tomada como un gran triunfo tanto por miembros del congreso como ciudadanos chilenos y fue manifestada con numerosos festejos a través de múltiples ciudades. En Santiago, el 29 de agosto de 1920 se vivió una extensa celebración liderada por el inspector general de instrucción primaria, Darío Salas, por medio de una marcha a través del centro de Santiago. Con la aplicación de la ley vemos como se mejoraron los estándares de calidad para los colegios tanto como para la educación en Chile a nivel general. La Dirección de Educación Primaria ahora tenía más atribuciones, se formó un grupo de inspectores que se dedicaban a visitar las escuelas y establecimientos educacionales, junto con la creación del Consejo de Educación Primaria, encargado de llevar a cabo todo tema relacionado a las matrículas escolares, al igual que supervisar y notificar sobre las condiciones de los establecimientos en donde se desarrollaban las clases​.

La nueva normativa permitió un avance en la educación chilena y mejoró los niveles de escolaridad. Sin embargo, este avance dio lugar a un nuevo desafío: reformular y reestructurar el funcionamiento estatal de la educación para que estas disposiciones efectivamente se cumplieran​.

Y para asegurar su éxito, establece diversos mecanismos, uno de los más Interesantes de todos, fue el Artículo N°12, respecto de la obligación de padres y "guardadores" (apoderados); el cual señala lo siguiente: "El padre o guardador sufrirá la pena de presidio en su grado mínimo, o multa de uno a treinta pesos, si en el propósito de eludir las obligaciones que impone esta ley o de limitar el período de cumplimiento, diese información falsa acerca de la edad de su hijo o pupilo en el momento de la matrícula".

Otras herramientas para este propósito, fueron: mejorar la oferta educativa mediante "escuelas temporales en lugares apartados y rurales; exámenes para aquellos niños que eran educados en sus casas, pero solo para los dos primeros años; prohibición del trabajo infantil menor de 16 años, creación de Juntas de Educación Municipales, para censar a todos los niños en edad escolar de su respectivo territorio y ubicarlos en establecimientos de enseñanza y supervisión de las condiciones de salud de los establecimientos, que el Estado arrendaba a particulares, para habilitarlos como escuelas; además de establecer sanciones, para los directores que incumplieran esta ley.