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El 12 de diciembre de 2006 el Congreso español aprobó una proposición que insta al Gobierno a favorecer la industria y el desarrollo del Software libre y a promover la generación de soluciones que en la actualidad solo existen bajo fórmulas de software privativo.

La proposición no de ley del PSOE, a la que se incorporaron enmiendas de varios grupos parlamentarios, fue aprobada con 299 votos a favor, y sólo uno negativo y una abstención.

La iniciativa aprobada insta al Ejecutivo a aplicar los criterios de "idoneidad, seguridad e interoperabilidad tecnológica" a la hora de adquirir programas informáticos y fomentar el desarrollo de sistemas "libres" y de código abierto también en las aplicaciones destinadas al uso de los ciudadanos.

El desarrollador mexicano de Software Libre Miguel de Icaza, propuso al gobierno de México un modelo de desarrollo basado en código abierto tanto para el acceso a la red de la comunidad en general, como de desarrollo de aplicaciones gubernamentales. En lugar de esta propuesta, el gobierno de su país decidió pagar a Microsoft para dotar de la infraestructura de software de éste proyecto.