Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos

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La Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos mencionada a veces por sus siglas LAECSP es una ley española que reconoce a los ciudadanos su derecho a relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas, así como la obligación de éstas a garantizar ese derecho.

Los trabajos para la elaboración de esta norma comenzaron en la primavera de 2006 y en ellos han participado representantes del sector privado a través del Consejo Asesor de Administración Electrónica; ciudadanos, mediante los espacios de participación de la Red 060); partidos políticos y miembros de otras administraciones públicas.[cita requerida]

La Ley 11/2007] es la primera norma con rango de ley que se centra enteramente en la problemática propia de la administración electrónica, es por tanto la norma legal de referencia en esta materia y establece un marco homogéneo para las tres administraciones en la materia.

Su principal objetivo es reconocer y garantizar el derecho del ciudadano a relacionarse por medios electrónicos con las Administraciones Públicas. Por otra parte se pretende impulsar el uso de los servicios electrónicos en la Administración creando las condiciones necesarias, y de manera indirecta ejercer con ello un efecto arrastre sobre la sociedad de la información en general.

Las Administraciones Públicas tienen la obligación de posibilitar el acceso a todos sus servicios electrónicos, incluyendo registros, pago, notificaciones y la consulta del estado de tramitación de sus procedimientos desde el 31 de diciembre de 2009.

Estructura de la Ley[editar]

• 5 títulos (1 título preliminar) • 46 artículos • 6 disposiciones adicionales • 1 disposición transitoria • 1 disposición derogatoria • 8 disposiciones finales • 1 Anexo con definiciones

Nombre de los títulos:

  • Título preliminar. Ámbito de aplicación y los principios generales
  • Título I. Derechos de los ciudadanos a relacionarse con las administraciones públicas por medios electrónicos
  • Título II. Régimen jurídico de la administración electrónica
  • Título III. De la gestión electrónica de los procedimientos
  • Título IV. Cooperación entre administraciones para el impulso de la administración electrónica

Principales Características de la Ley 11/2007[editar]

Los puntos más destacables de la ley son:

  • Los ciudadanos ven reconocidos nuevos derechos. Entre otros el derecho a relacionarse con las administraciones públicas utilizando medios electrónicos[1]
  • Creación de la figura del Defensor del Usuario[2]
  • La Administración General del Estado tendrá la obligación de hacer estos derechos efectivos a partir del 31 de diciembre de 2009.[3]​ En las administraciones autonómicas y locales esto queda supeditado a las disponibilidades presupuestarias.[4]
  • Es una ley de consenso. En su elaboración han participado otras administraciones, así como ciudadanos, partidos políticos, empresas y asociaciones.[cita requerida]
  • Sólo dos países (EE.UU. e Italia) tienen una norma con un contenido tan avanzado.[cita requerida]

Normativa de desarrollo[editar]

  • Real Decreto 1671/2009, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos
  • Real Decreto 3/2010, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica
  • Real Decreto 4/2010, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica

Notas[editar]

  1. Artículo 6.1.
  2. Artículo 7.
  3. El punto 2 de la disposición final tercera dice textualmente:

    En el ámbito de la Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de ésta, los derechos reconocidos en el artículo 6 de la presente Ley podrán ser ejercidos en relación con la totalidad de los procedimientos y actuaciones de su competencia a partir del 31 de diciembre de 2009. A tal fin, el Consejo de Ministros establecerá y hará público un calendario de adaptación gradual de aquellos procedimientos y actuaciones que lo requieran.



  4. Puntos 3 y 4 de la disposición final tercera.

Véase también[editar]

Bibliografía utilizada[editar]