Reformas borbónicas en Nueva España

Carlos III fue el principal ejecutor de las reformas.

Las Reformas Borbónicas fueron los cambios introducidos por los monarcas de la dinastía borbónica de la Corona Española: Felipe V, Fernando VI y, especialmente Carlos III; durante el siglo XVIII, en materias económicas, políticas y administrativas, aplicadas en el territorio peninsular y en sus posesiones ultramarinas en América y las Filipinas.

Estas reformas de la dinastía borbónica estaban inspiradas en la Ilustración y, sobre todo, se enmarcan dentro del nuevo absolutismo monárquico. Entre 1760 y 1808 se fueron implantando cambios en materia fiscal, en la producción de bienes, en el ámbito del comercio y en cuestiones militares. Estos cambios procuraban aumentar la recaudación impositiva en beneficio de la Corona, reducir el poder de las elites locales y aumentar el control directo de la burocracia imperial sobre la vida económica. Las reformas intentaron redefinir la relación entre España y sus colonias en beneficio de la península. Aunque la tributación aumentó, el éxito de las reformas fue limitado; es más, el descontento generado entre las elites criollas locales aceleró el proceso de emancipación por el que España perdió la mayor parte de sus posesiones americanas en las primeras décadas del siglo XIX.

Expulsión de los jesuitas

Ruinas en San Ignacio Miní, antigua reducción jesuítica en Argentina.

Una de las principales instituciones afectadas por el despotismo ilustrado español fue la Iglesia Católica, ya que la Corona pretendió afirmar el poder secular sobre el religioso. Esto incluía la restricción de los privilegios y exoneraciones fiscales que gozaban las órdenes religiosas. Fueron los jesuitas los que más se opusieron al proyecto centralizador de los borbones, por lo que fueron expulsados de España y sus posesiones ultramarinas en 1767. En este año, Carlos III decretó la expulsión de la Compañía de Jesús.Las reformas borbónicas llegaron del exterior, concretamente de la corte imperial de Madrid; llegaron de fuera como llegó la conquista en el siglo XVI. Afectaron todo el imperio, pues no eran sólo para la Nueva España y menos privativas del noroeste. El objetivo último de los monarcas de Borbón era la sujeción de las colonias para beneficio económico de la metrópolis: corregir las fugas fiscales y promover la producción para aumentar así la recaudación de impuestos. Para lograrlo se necesitaba reformar instituciones y procedimientos viciados —a juicio de los reformadores— que se habían incrustado en las sociedades coloniales y con los que ciertos grupos de privilegiados medraban al amparo de la debilidad de los gobernantes de la casa de Habsburgo. El Consulado de Comerciantes, algunas corporaciones religiosas como la Compañía de Jesús y la misma institución del virreinato fueron el blanco de los golpes de los reformadores.

Sistema de Intendencias

Entre las primeras funciones del visitador José de Gálvez, enviado a la Nueva España (1765-1771) estuvo la de establecer una centralización administrativa orientada a fortalecer el control de la Corona sobre el virreinato. Dentro de este propósito se buscaba tomar medidas encaminadas a romper el monopolio que tenían las élites locales en el gobierno municipal, y establecer un sistema de división territorial similar al francés, con divisiones en intendencias, que se había aplicado en España en 1742. Gálvez propuso al gobierno de Madrid un plan para dividir el virreinato en doce intendencias. El proyecto fue aprobado por el rey pero su implantación se demoró quince años.​ El intendente, quien ejercía todos los atributos del poder: justicia, guerra, hacienda, fomento de las actividades económicas y obras públicas. Los intendentes debían utilizar su autoridad para movilizar la economía de sus provincias, y debían solicitar la colaboración del pueblo a fin de tener éxito; se consideraba necesario mejorar la participación pública en los asuntos comunales para que hubiese contacto entre gobernantes y gobernados, y lograr con ello una mayor estabilidad. Los intendentes debían estimular la actividad económica directa e indirectamente, por medio de obras publicas. Se esperaba que los intendentes, adictos a la Corona y bien pagados acabarían con la corrupción y con los abusos de los alcaldes mayores, para ello serían los encargados de producir las reformas, y estimular el rendimiento colonial que debía comenzar por la agricultura. El intendente repartiría baldíos a los indios y españoles que carecieran de tierras, supervisando que las hicieran producir, además debía favorecer la artesanía y fomentar el comercio y la minería. Transcurrieron 19 años entre 1767, fecha en que Gálvez presentó su plan original de intendencias, y 1786, año en que la Corona española promulgó las Ordenanzas de Intendentes, que daban carácter legal y definitivo al sistema de intendencias. Las Ordenanzas establecían la nueva división territorial en 12 intendencias, cuyas capitales serían México, Puebla, Oaxaca, Mérida, Veracruz, San Luis Potosí, Guanajuato, Valladolid, Guadalajara, Zacatecas, Durango, y Arizpe (Sonora-Sinaloa). No formaban parte de las intendencias de esta Ordenanza los territorios de California, Nueva Vizcaya, Nuevo México, Coahuila y Texas, quizá por tratarse de provincias que constituían la Comandancia General de Provincias Internas; además las ordenanzas mencionan aparte otras regiones como el Nuevo Reino de León y Nuevo Santander, donde el gobernador debía tener el mando en las causas de Hacienda y de guerra.

Descontento contra las reformas borbónicas

Antes de tomar medidas para con la Nueva España, el gobierno español decidió, primero que nada, organizar una inspección militar (1764) y una visita general a las oficinas virreinales (1765), aunque estas dos medidas provocaron una división entre las autoridades coloniales. Con la llegada de José Gálvez, con carácter de visitador general las tensiones aumentaron, hasta que sale en 1771 de la Nueva España. De su visita resultó la nueva división política del territorio en intendencias y comandancias de provincias internas, el aumento al triple de las rentas públicas, la reducción de restricciones al comercio, la fundación del obispado de Sonora y la Academia de Bellas Artes. El virrey-inspector general inicia una segunda reorganización del ejército e intenta establecer una nueva modalidad en las milicias. Toma medidas intrascendentes que fracasan y sólo hacen perder dinero. La economía de la Nueva España es cargada con los cuantiosos gastos que provocaban los preparativos militares para el conflicto en América del Norte. La recuperación de La Habana (1763) y las medidas para modernizar sus defensas se transformarían en la insaciable boca que engulle cuanto Nueva España no se basta para producir: dinero, hombres, pólvora, carne, maíz, arroz, habas y harina. En Veracruz enfermaban los cientos de reos que esperaban para ser llevados a trabajar en la isla. Se calcula que las obras de fortificación de la isla requirieron del envío de más de 5 mil trabajadores novohispanos. La quiebra del erario se fue agudizando debido al aumento de los gastos, provocados por el mantenimiento de las tropas y trabajadores en La Habana. Ante esto, las tensiones sociales aumentan y comienza a organizarse la oposición. El Gobierno de Carlos III recibe desde 1766 noticias, las que considera sin fundamento, sobre el supuesto espíritu de rebeldía existente en la nueva España, y sobre un plan de insurgencia que contaba con el apoyo de Inglaterra.

Efectos socioeconómicos de las reformas borbónicas

Como es de suponerse, las reformas económicas trajeron consigo múltiples efectos y consecuencias, tanto positivas como negativas. El gobierno español tomó diversas medidas para explotar al máximo los recursos de la colonia, con el propósito de generar mucha más materia prima para la metrópoli. Con las reformas borbónicas se tocaron todas las áreas principales en la Nueva España, entre ellas se encontraba la minería. También estaban la agricultura, el comercio (pequeño) y algunas empresas de manufactura. Obviamente hubo beneficios, se permitió ampliar los negocios entre ciertas colonias (Trinidad, Margarita, Cuba, Puerto Rico). La medida que mayores desajustes provocó en la Nueva España fue la real cédula de 1804 sobre la enajenación de bienes raíces de las corporaciones eclesiásticas, que desató reacciones violentas en contra del gobierno español. Esto se debió a que, con excepción de los comerciantes más ricos, aquella disposición afectó a los principales sectores productivos del virreinato (agricultura, minería, manufacturas y pequeño comercio), y en particular a los agricultores, pues la mayoría de los ranchos y haciendas estaban gravados con hipotecas y censos eclesiásticos, que los propietarios se vieron obligados a cubrir en un plazo corto, a fin de que ese capital fuera enviado a España. De esta manera, no sólo la Iglesia se vio afectada por la real cédula, sino también casi toda la clase propietaria y empresarial de la Nueva España, así como los trabajadores vinculados con sus actividades productivas. Por ello, se levantó un reclamo y por primera vez en la historia del virreinato todos los sectores afectados expusieron al monarca por escrito sus críticas contra el decreto en cuestión. A pesar de todo, la cédula se aplicó desde septiembre de 1805 hasta enero de 1809, produciendo un ingreso de alrededor de 12 millones de pesos para la Corona, que supusieron el 70 % de lo recaudado en todo el territorio hispanoamericano. Para la Nueva España, la aplicación de la cédula aparte de provocar una severa crisis de capital, agrietó considerablemente las relaciones entre la Iglesia y el Estado; desde entonces esos dos poderes no sólo rompieron los lazos de unión que tuvieron en el pasado, sino que se convirtieron en facciones antagónicas. Las reformas borbónicas también afectaron al Consulado de Comerciantes de la ciudad de México; esta corporación, que había acaparado el comercio exterior e interior del virreinato por medio del sistema de flotas y del control de los puertos, perdió su enorme monopolio con la expedición de las leyes sobre la libertad de comercio. Al mismo tiempo, la supresión de los alcaldes mayores, agentes comerciales del Consulado en los municipios del país y en las zonas indígenas, acabó con la red de comercialización interna y rompió el lazo político que permitía a los comerciantes de la capital controlar los productos indígenas de mayor demanda en el mercado exterior e interior. Al parecer los reformadores borbónicos, encabezados por Gálvez, no tenían una visión completa del funcionamiento del sistema económico en la Nueva España. Aunque es cierto que muchos alcaldes mayores eran corruptos y abusaban de su autoridad, el repartimiento del comercio era mucho más que un mero mecanismo de explotación; constituía el más importante sistema de crédito para las comunidades indígenas y los pequeños agricultores. Los alcaldes mayores se beneficiaban porque proporcionaban a crédito servicios necesarios: distribuían semillas, herramientas y otros bienes agrícolas básicos; facilitaban la compra o la venta de ganado, y con frecuencia vendían los productos de algunos grupos que quizá no hubieran encontrado otra forma de colocar su producción. Todo esto fue interrumpido con el decreto que suprimía las funciones de los alcaldes mayores.

Véase también

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