Danilo Anderson

Danilo Baltasar Anderson
Información personal
Nacimiento	29 de octubre de 1966 Caracas
Fallecimiento	18 de noviembre de 2004 (38 años) Caracas
Causa de muerte	Atentado explosivo
Nacionalidad	Venezolana
Lengua materna	Español
Educación
Educado en	Universidad Central de Venezuela
Información profesional
Ocupación	Fiscal del Ministerio Público
Empleador	Ministerio Público de Venezuela

Danilo Baltasar Anderson (nació el 29 de octubre de 1966 – muere el 18 de noviembre de 2004) fue un fiscal del Ministerio Público venezolano que estaba investigando a más de 400 personas acusadas de crímenes en contra el estado venezolano y los asesinatos cometidos durante el fallido Golpe de Estado de abril de 2002. Anderson de 38 años, fue asesinado en la urbanización Los Chaguaramos de Caracas, mientras conducía a su casa desde la universidad en donde tomaba clases de postgrado. Allí fue ultimado cuándo estallo un aparato explosivo plástico llamado C-4 colocado debajo del asiento de conductor de su Toyota Autana, el C-4 fue activado al parecer desde un teléfono celular. Los testigos dicen que oyeron dos explosiones ruidosas y cuando observaron el vehículo, este ya se encontraba en llamas, a punto de impactar en contra de un edificio cercano.​

Anderson nació en Caracas, y terminó la carrera de Derecho en la Universidad Central de Venezuela en 1995, especializándose más tarde en criminología y leyes ambientales. Trabajó para varios bufetes de abogados y fue fiscal tributario entre 1993 y 2000. Fue el primer funcionario en abrir un caso de delitos ambientales ocurridos en Caracas. Según El Nacional, Anderson se describió a sí mismo como un izquierdista radical. Independientemente de sus opiniones políticas, era percibido por muchos como uno de los más brillantes y mejores fiscales del Ministerio Público venezolano, aunque este tardo mas de 10 años en graduarse de abogado.​​ Su asesinato conmociono la opinión pública venezolana a través de su espectro político.

Contexto

Después del fracaso del Golpe de Estado de abril de 2002, los líderes de los movimientos políticos que se oponían al Presidente Chávez centraron su atención a la economía venezolana para alcanzar sus objetivos políticos. Durante el mes de diciembre de 2002 y el mes de enero de 2003 organizaron de manera eficaz una paralización generalizada de Petróleos de Venezuela, la principal empresa del país, conjuntamente con otros conglomerados industriales en lo que se conoció como el Paro petrolero, en última instancia fracasaron en sus ambiciones y el Paro perdió fuerza y finalizó en febrero del 2003.

Esta huelga –a la cual partidarios Chávez a menudo llaman un cierre forzoso o lock-out– agudizo los problemas económicos para la administración de Chávez, y profundizo la situación política profundamente contradictoria resultante del golpe de abril. El gobierno Chávez logró sobrellevar esta crisis con la implantación de nuevas medidas económicas y otros planes sociales de gran impacto. Sin inmutarse, los políticos de oposición entonces enfocaron esfuerzos constitucionales para buscar la destitución del presidente Chávez, aprovechando la Constitución de 1999 y el novedoso mecanismo del Referéndum Revocatorio. La atención internacional se enfoco ampliamente en este Referéndum que tuvo lugar en agosto del 2004. El presidente Chávez ganó el Referéndum con una mayoría sustancial del 59 % del total de votos.

Durante todo el 2004 algunos extremistas de la oposición venezolana tanto dentro como fuera del país hicieron llamamientos para usar la violencia y así derrocar al gobierno. Las fuerzas de seguridad venezolanas en mayo de 2004 atraparon a un grupo de más de cien colombianos vestidos con uniformes militares en una finca ubicada en las afueras de Caracas.​ La finca en donde se alojaban pertenecía a Roberto Alonso, un cubano exiliado en Miami. Según se dice, el grupo había estado entrenándose para realizar ataques a objetivos del gobierno.

El 25 de julio de 2004, desde su exilio en Miami, el ex-Presidente Carlos Andrés Pérez declaró al Nacional que "trabajo para derrocar a Chávez. La violencia nos permitirá sacarlo. Chávez debe morir como un perro".​ Asimismo el 25 de octubre de 2004, el famoso actor de televisión Orlando Urdaneta en un programa de televisión de Miami clamo también por el asesinato del presidente Chávez.​

De la misma forma, varios grupos extremistas de oposición como Militares Democráticos y Frente Institucional Militar publicaron virulentos mensajes en sus sitios de Internet que incitaban al asesinato de miembros prominentes del gobierno venezolano. Danilo Anderson era claramente un objetivo vulnerable dado su papel principal en la investigación de los líderes destacados del golpe en abril de 2002.

Investigación del asesinato

Después del asesinato, las autoridades venezolanas formaron una investigación de alto nivel que identificó a dos ex-agentes de policía que estaban estrechamente comprometidos con el complot homicida, Otoniel y Rolando Guevara.​ Fueron detenidos el 26 de noviembre de 2004 y acusados de homicidio calificado. El mismo día que los hermanos Guevara fueron detenidos, otros dos sospechosos en el caso, el abogado Antonio López Castillo​ y el ex-agente de policía Juan Carlos Sánchez cayeron abatidos por efectivos oficiales en incidentes separados. Una búsqueda por parte de la policía de la casa de López Castillo reveló un pequeño arsenal de armas, municiones y el equipo militar.

Posteriormente, la investigación se amplió en busca de los organizadores y autores intelectuales del asesinato. Hacia agosto de 2005 las autoridades venezolanas habían detenido a Giovanni José Vásquez de Armas, un antiguo miembro confeso de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la organización colombiana paramilitar de ultraderecha. En el testimonio jurado del 29 de agosto de 2005, Vásquez de Armas declaró que había participado en dos reuniones para planificar ataques en contra de altos miembros del gobierno venezolano.​ Alego que los participantes del segundo encuentro habían fijado como objetivo al fiscal Danilo Anderson. Después de aquel segundo encuentro, Vásquez de Armas dijo que recogió 12kg de explosivo C-4 en Panamá y lo transportó a Venezuela.

La credibilidad de este testigo clave entró en duda después de que se descubriera que tenía antecedentes penales en su nativa Colombia por fraude de identidad y no era el psiquiatra que había dicho ser.​ Documentación de procedencia incierta ha sido difundida y al parecer muestra que Vásquez de Armas cumplía condena en una de prisión en Santa Marta, Colombia, durante el mismo periodo de tiempo en el que aseguro haber sido testigo de la planificación del asesinato del fiscal Anderson por algunos líderes de la oposición venezolana.​ El Fiscal General para ese momento, Isaías Rodríguez prohibió difundir información sobre el caso Anderson a la prensa nacional que organizaba una investigación paralela sobre Vásquez de Armas mientras el caso se encontraba inconcluso.​ La prohibición de hablar de la vida privada y la presunta falta de fiabilidad de Vásquez fue levantada en agosto de 2006.

Su testimonio ha sido sumamente polémico ya que directamente implica a algunas de las principales figuras de la oposición venezolana,​ aunque cabe destacar que ha modificado sus declaraciones en varias oportunidades. El mismo fiscal general ha dicho que no se debe creer completamente en todo lo que haya atestiguado. De todos modos, en base a su testimonio, fueron emitidas órdenes para la detención de la periodista Patricia Poleo, el empresario Nelson Mezerhane, el general retirado Eugenio Áñez Núñez y Salvador Romaní.​ Mezzerane, Áñez y Romaní se entregaron a las autoridades y se les concedió la libertad bajo fianza en diciembre de 2005. Poleo no se presentó a las autoridades.

El 20 de diciembre de 2005, Otoniel y Rolando Guevara fueron sentenciados a 27 años y nueve meses en prisión, su hermano Juan Bautista fue sentenciado a 30 años de prisión.​

La investigación sobre quiénes fueron los autores intelectuales en el asesinato de Anderson continua, y se ha convertido en uno de los asuntos más controvertidos en la política venezolana actual. Periodistas de algunos medios de comunicación opositores al gobierno han divulgado un informe de un sinnúmero de supuestas irregularidades en la investigación. Según estos informes, Anderson estaba envuelto en una red de extorsión que apuntaba a banqueros y otras figuras opositoras, estas personas habrían cancelado una determinada suma de dinero para ser excluidos de la investigación sobre los hechos del 11 de abril.​​ Estas investigaciones han sido rechazadas por la mayoría de los familiares y personas cercanas al fiscal Anderson así como por el gobierno.​ En su momento, la oposición vocifero que tres fiscales asignados en la investigación del asesinato de Anderson públicamente fueron acusados de participar en la mencionada red de extorsión.

Asimismo, Isaías Rodríguez fue acusado por los opositores de convertir la investigación del asesinato de Anderson en una cacería de brujas con tintes políticos,​ usando el caso para acosar a opositores al gobierno. Todas estas acusaciones eventualmente fueron desmentidas por Rodríguez.​

Enlaces externos

• Asesinato de Danilo Anderson Galería Fotográfica de la Radio Nacional de Venezuela
• Caso Anderson El Universal