Eduardo Bours

José Eduardo Robinson Bours Castelo
Archivo:Ebcproceso.jpg
Archivo:Escudo del Estado de Sonora.gif Gobernador de Sonora
13 de septiembre de 2003-12 de septiembre de 2009
Predecesor	Armando López Nogales
Sucesor	Guillermo Padrés Elías
Información personal
Nacimiento	17 de diciembre de 1956 (67 años) Ciudad Obregón (México)
Nacionalidad	Mexicana
Religión	Iglesia católica
Familia
Cónyuge	Lourdes Laborín de Bours
Hijos	Lourdes, Mario, Lorena y Eduardo
Educación
Educado en	Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Información profesional
Ocupación	Político y empresario
Partido político	Partido Revolucionario Institucional

José Eduardo Robinson Bours Castelo (Ciudad Obregón, Sonora, 17 de diciembre de 1956) es un político mexicano, miembro del Partido Revolucionario Institucional, que se desempeño desde el 2003 hasta el 2009 como gobernador de Sonora.

Antes de ser elegido gobernador fue senador representando a su estado en el Senado. En 2003, ganó las elecciones a gobernador de Sonora con el 51% de los votos. Asumió el cargo en julio de ese mismo año. Su periodo termina en 2009 sin la posibilidad de reelección.

Negocios

Es Empresario accionista de la empresa Bachoco; graduado del Instituto Técnologico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) fue negociador y representante del sector privado en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), consejero de varias organizaciones del sector privado así como presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), una de las organizaciones empresariales más importantes de México.

Política

En el ámbito político se ha destacado como Senador de la República para el periodo 2000-2006 del cual se retiró en el 2003 para participar en las elecciones para gobernador de su estado, el cuál gano y fue nombrado Gobernador Constitucional del Estado de Sonora el 13 de septiembre del 2003.

Distinciones

• Ha sido nombrado como Líder Mundial del Mañana por el Foro Económico Mundial
• Fue incluido en el libro 100 Nombres de la Transición en México.

Predecesor: Armando López Nogales

Gobernador de Sonora 2003 - 2009

Sucesor: Guillermo Padrés Elías

Escandalos,nexos al narcotrafico y abuso de poder

• [[El paraíso financiero que el gobernador Eduardo Bours prometió al inicio de su mandato, y que iba a construir con su ambicioso Plan Sonora Proyecta, se esfumó. Ideado para beneficiar a los empresarios con contratos de obra pública y no a la población, el programa quedó pendiente, de modo que las verdaderas obras de Bours al final de su gestión son: millón y medio de pobres, la megadeuda de 16 mil millones, un férreo cacicazgo político, así como sonados casos de corrupción y tráfico de influencias

HERMOSILLO, Sonora (Proceso).- Cuando Eduardo Bours empezaba a gobernar prometió que Sonora sería la principal entidad del noroeste del país por su capacidad financiera, ya que él la modernizaría hasta convertirla en “un estado de primer mundo”. Sin embargo, al final de su sexenio el mandatario y empresario dejará una deuda aproximada de 16 mil millones de pesos, un millón y medio de pobres, una red de complicidades políticas en las que destaca su propia familia, enriquecida al amparo de su poder, y sospechas de que su gobierno fue infiltrado por el narcotráfico, por lo que los sonorenses difícilmente olvidarán la estela de escándalos. A las críticas por el enriquecimiento de la familia Bours, que amplió sus negocios al turismo, la acuacultura y la especulación inmobiliaria en este sexenio, se suma la averiguación previa que la PGR abrió en contra de Lázaro González Cruz, jefe de escoltas del mandatario estatal, por sus presuntos vínculos con el narcotráfico (Proceso 1643). De igual forma, se abonan en las cuentas del gobernador el fracaso del Plan Sonora Proyecta, por el cual adquirió una deuda millonaria a pagar en los próximos 30 años, y la trágica muerte de 45 infantes en el incendio de una guardería que es parte de un amplio negocio en manos de funcionarios del gobierno estatal. Con todo, Bours Castelo se prepara para pelear por la Presidencia de la República en 2012, pero no por el PRI que lo llevó a la gubernatura, sino a través de Partido Nueva Alianza (Panal), creado por su amiga Elba Esther Gordillo, quien ha dicho en varias ocasiones que el gobernador de Sonora es uno de sus favoritos para disputar el máximo cargo de elección popular. Su carta fuerte para alcanzar esa candidatura son los supuestos “logros económicos” de su gestión. Según el último reporte del Instituto Mexicano de Competitividad (Imco), en el trienio 2003-2006 la situación competitiva del estado mejoró, ya que se ubicó en el lugar 14 en cuanto a la formación bruta de capital fijo (la productividad), en el sexto por su estabilidad económica y en undécimo por la fortaleza de los sectores económicos. Estas cifras no seducen a todos. La candidata del PRD al gobierno del estado, Petra Santos, asegura que la actual administración deja tras de sí un millón y medio de pobres, concentrados en las comunidades campesinas e indígenas del sur sonorense. El déficit también es político. Datos del mismo Imco indican que Sonora está casi en el fondo de la lista nacional en desarrollo democrático, en el lugar 30, debido al cacicazgo político absoluto del gobernador y empresario tanto en el PRI estatal como en el Congreso, en los medios de comunicación y en órganos que deben ser autónomos como el Consejo Estatal Electoral y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Alejandro Covarrubias, profesor e investigador del Centro de Estudios de América del Norte de El Colegio de Sonora, precisa que si bien es cierto que Bours ha tomado decisiones que han ayudado a atraer inversiones, “de nada nos sirve compararlo con Oaxaca o Chiapas, porque no se puede comparar. Nosotros seguimos siendo el estado que está a la zaga, entre los últimos en la frontera norte”. El doctor en Relaciones Industriales y Laborales por la Universidad de Cornell destaca la contradicción entre la aparente marcha económica y el rezago político de Sonora bajo el gobierno de Eduardo Bours. –¿A qué se debe este rezago? –Entre otras cosas se debe a que no hay alternancia en el gobierno de Sonora, no hay apertura política y el funcionamiento institucional tiene limitaciones que dejan mucho que desear. –¿Este aspecto refleja lo que ha sido el gobierno de Bours, de control, de familias de poder? –Sí, esa es una interpretación que ustedes pueden dar, pero yo en lo personal he puesto énfasis en que las instituciones que tiene la democracia no han avanzado en Sonora, y en esto cito dos casos particularmente: las instituciones vitales en la trayectoria política ciudadana, que son el Consejo Estatal Electoral y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Nosotros, en esas comisiones hemos visto un operar prácticamente desde arriba, empezando con la elección de consejeros y siguiendo con la elección del presidente de la CEDH. Covarrubias señala que en 1997, cuando se creó el Consejo Estatal Electoral, se vio con esperanza que había sido integrado con gente respetada, académicos con trayectoria, honorabilidad e independencia probadas, pero que a partir de 2003, con la llegada de Bours, la selección de consejeros se hizo siempre en un marco de conflicto “en el que los consejeros aparecían etiquetados”. Y lo mismo ocurrió con la Comisión Estatal de Derechos Humanos. En este sentido, insiste en que en el discurso de Bours representaba una posibilidad de modernización y transformación económica, pero que en la práctica nunca tuvo un discurso equivalente de modernización política.

Fracaso económico

A mediados de 2007, Eduardo Bours presentó el ambicioso Plan Sonora Proyecta (PSP), a través del cual se planteaba el crecimiento económico estratégico y el desarrollo social del estado. “Es lo que Sonora necesita para ser un estado de primer mundo”, aseguró entonces el gobernador. El complicado esquema financiero creado por el exsecretario de Hacienda, Pedro Aspe, amigo del gobernador, consistía en crear uno o varios fideicomisos para administrar, en 30 años, 114 mil millones de pesos provenientes de los impuestos de tenencia, placas y el impuesto a autos nuevos, monto estimado entonces por el coordinador de la bancada del PAN en el Congreso del estado, Florencio Díaz Armenta. En agosto de 2007 Bours mandó dos iniciativas para reformar la Ley de Deuda Pública a fin de permitir la operación de un fideicomiso de financiamiento para obtener de inmediato hasta 9 mil 200 millones de pesos, emitiendo bonos garantizados con activos u otro tipo de deuda. Con estas iniciativas, aprobadas con un solo voto de diferencia, el gobernador señaló que obtenía de entrada 4 mil millones de pesos “para detonar” la creación de infraestructura en los 35 municipios, mientras que los 5 mil 200 millones de pesos restantes se destinarían a pagar la deuda pública de entonces. Según las alegres cuentas oficiales, los bonos estarían asegurados por tres décadas y, en caso de que los recursos del fideicomiso no fueran suficientes, el seguro lo cubriría. Además, Bours prometió un ahorro de 560 millones de pesos en cuatro años, pues la tasa de interés que se aplicaría sería 13% menor a la que pesaba sobre la deuda de aquel tiempo. “Es decir, los bonos limpian la deuda, dan recursos extras, se paga una tasa más barata y, al estar asegurados, se reduce el riesgo para esta y las futuras administraciones”, afirmó Bours al presentar el PSP en mayo de 2007. Pero el ambicioso plan se detuvo. En septiembre de 2007 algunos diputados inconformes presentaron una acción de inconstitucionalidad contra las iniciativas a la Ley de Deuda Pública, alegando que contraviene el artículo 117 de la Constitución Política Mexicana, el cual señala que los estados no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas. El caso es que las obras “estratégicas” de Bours no generan recursos porque se trata de la remodelación de auditorios, construcción de puentes, plazas públicas, caminos y carreteras, pasos peatonales y parques urbanos. Así, aunque el gobernador sonorense tiene experiencia de negocios –y pese a que su familia obtiene impresionantes ganancias con los hoteles de lujo en Puerto Peñasco, la compraventa de terrenos en Ciudad Obregón, la impresionante empresa acuícola Larvas Génesis y las trasnacionales Ocean Garden y Bachoco–, se le cayó su principal apuesta económica de gobierno. La mencionada controversia constitucional sigue sin resolverse y, según algunos especialistas, Bours podía continuar las obras ya que el fideicomiso nunca estuvo impedido para emitir bonos o para contratar un préstamo porque la controversia no tiene efecto retroactivo. Pero el gobernador no lo hizo y la deuda creció. El 30 abril del 2008, tras cuatro meses sin gestionar el financiamiento, el gobernador recurrió a su viejo amigo Roberto Hernández, el dueño de Banorte (banco del cual era socio el propio gobernador). Le pidió 4 mil 588 millones de pesos, de los cuales 4 mil millones destinó a las obras y el resto a gastos de constitución de crédito y de reservas. La candidata perredista Petra Santos sostiene que sólo por intereses de este préstamo ya se deben 9 mil millones de pesos y que la deuda que dejará Bours al terminar su gestión será de 16 mil millones. “El próximo gobernador recibirá un estado en bancarrota. Se planeaban 70 obras pero la mayoría no están terminadas. Sólo 10 han sido concluidas, pero con mala calidad, y ya no le va a alcanzar el tiempo porque termina su gobierno en septiembre. ¿Dónde está el dinero? Lo han gastado en las campañas, hay derroche”, asegura la legisladora, que junto con los panistas promovió la controversia constitucional. Afirma que el candidato del PAN a la gubernatura, Guillermo Padrés Elías, y el del PRI, su primo Alfonso Elías Serrano, han gastado 500 millones pesos cada uno, cuando la ley establece un tope de 80 millones. Dice Santos que esos aspirantes pagan páginas completas de propaganda en los periódicos, a razón de un millón y medio de pesos diarios. “Por eso la prensa esta muy controlada”, advierte.

Beneficio para empresarios

Guillermo Noriega Esparza, director de la agrupación civil Sonora Ciudadana –quien renunció al consejo que vigilaría el desarrollo del PSP al descubrir que los constructores establecían las reglas de licitación–, advierte que ese plan se encamina al fracaso. Señala que no se ha visto el cumplimiento de los objetivos básicos para los que fue creado, como detonar el crecimiento y el desarrollo de la entidad. “Sigo viendo al estado en las mismas condiciones, con más puentes tal vez, pero persisten las mismas deficiencias”, explica. Desde el principio, Noriega ha sostenido que al PSP le hizo falta carácter social, pues no se tomaron en cuenta las verdaderas necesidades de la población, como las plantas de agua potable y la pavimentación de las calles de muchas ciudades pequeñas, donde la gente se enferma de las vías respiratorias por el polvo. “El punto es a quién favorece la construcción de la infraestructura. No es a la sociedad, sino a los constructores y a los empresarios”, critica. De acuerdo con investigaciones de varios organismos civiles, el gobierno de Eduardo Bours se ha caracterizado por el continuo tráfico de influencias para beneficiar a sus familiares y amigos. En marzo de 2006 una de sus primas, Rossana Robinson Bours Muñoz, cinco de sus hermanos y cuatro amigos, vendieron al gobierno varios lotes en el centro de la ciudad de Cajeme en 10 millones y medio de pesos para que ahí se construyera el nuevo edificio de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Cuando se le cuestionó al gobernador esta transacción, contestó que no le importaba las críticas porque la compraventa “no fue ilegal ni inmoral”. Otro caso fue la compra de 270 autobuses que el gobierno de Eduardo Bours le hizo a su hermano José Gerardo, socio y director general de la automotriz Mercedes Benz en la entidad. La operación, en el marco del Sistema Estatal para la Modernización del Transporte Urbano (Suba) –que a la postre fracasó al cambiar las rutas de los autobuses sin tomar en cuenta a los usuarios–, se realizó a pesar de que el Congreso de Sonora señaló claramente que contravenía la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y las unidades eran más caras de lo previsto. El director de Sonora Ciudadana señala que tampoco en el PSP se mostró la transparencia prometida a lo largo de la administración de Bours. “El gobernador dijo que sería un plan sumamente transparente y hasta el momento hemos visto que no funciona el consejo ciudadano de vigilancia. Yo renuncié por la nula intención de ser transparentes, no me quise prestar a una simulación y tener sobre mis espaldas el engaño del que ha sido víctima la población, porque realmente se está manejando como un programa netamente electoral. –¿Va hacia el fracaso el plan? –La tendencia es que la gente se dé cuenta de que los objetivos planteados desde el inicio no eran los correctos, porque no se detona el desarrollo del estado a partir de crear puentes e infraestructura. Esto sólo es una parte de una serie de actividades o de inversiones en capital humano y, además, con una visión estratégica, apuntando hacia un objetivo determinado. No veo que las obras del Plan Sonora Proyecta tengan una estrategia de gobierno, veo las obras más perfiladas a ser acciones de relumbrón electoral que de una idea estratégica. –¿No llama la atención que siendo Bours un empresario haya manejado mal este plan? –No, creo que es todo lo contrario porque, siendo un empresario, manejó esto para beneficiar a los empresarios y no a la población. Si dentro del PSP se hubiera planteado la creación de una planta para proveer de agua a la región cuando no la hay, hubiera sido una obra estratégica que beneficiara a la población, pero no fue así: el beneficio es para el constructor. Lo único que está haciendo (Bours) es tratar de salvar todo su sexenio e incidir en la elección. –¿Qué constructoras están siendo beneficiadas? –Prácticamente todas ellas son sonorenses. Unos meses antes de empezar el PSP aprobaron una nueva Ley de Obras Públicas en la cual las cámaras de constructores participaron en la definición de las reglas del juego. Entonces se generaron entre ellos mismos beneficios que inhibieron una sana competencia, y eso se llevó a cabo en complicidad con el gobierno. Por ejemplo, dice Guillermo Noriega, si la constructora es del estado se le da una ventaja del 5% en la licitación, y otro 5% si pertenece a una cámara empresarial, lo cual califica como un acto de corrupción. Por eso, dice, “a mí esto me ha creado una sospecha de quiénes son los principales donantes de las campañas del PRI, (es necesario) ver dónde terminaron esos millones de pesos del PSP que beneficiaron a los constructores. Muy posiblemente esos mismos constructores que se beneficiaron con las obras son los principales donantes de las campañas”.]]

• Sonora

"Asesiso, asesino que se valla..."

HERMOSILLO, SON., 13 DE JUNIO /En las postrimerías de su administración y a menos de cuatro semanas de que se realicen los comicios para la elección de su sustituto y para renovar el Congreso estatal, la figura de Eduardo Bours quedó aún más manchada.

El motivo: la muerte trágica de 45 infantes durante el incendio, el viernes 5, de la guardería ABC que durante cuatro años funcionó de manera irregular solapada por una red de complicidades de los tres niveles de gobierno.

Aún cuando falta medir el impacto que tendrá el siniestro en las elecciones del 5 de julio y también en las presuntas aspiraciones presidenciales de Bours, en los primeros días buena parte de la sociedad sonorense exigió la renuncia del gobernador y la presentación de los presuntos responsables que forman parte de su administración.

Ante el descontento generalizado el mandatario se lanzó contra el gobierno federal y responsabilizó al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por haber autorizado que la guardería funcionara. Pero miles de ciudadanos de la capital sonorense salieron a las calles y marcharon hacia el palacio de gobierno para exigir la renuncia de Bours.

Vestidos de blanco, con veladoras y fotos de los infantes muertos, el miércoles 10 por la noche miles de mujeres, hombres y niños rodearon el edificio de gobierno y al grito de “Asesino, asesino” pidieron su salida. Hace años que no se veía una movilización de ese tipo en la entidad.

La marcha, convocada el lunes 3, fue una respuesta organizada por la lentitud en las investigaciones del gobierno estatal para sancionar a los responsables del incendio que no sólo cobró las 45 víctimas sino que mantiene postrados a otros 25 menores que sufrieron de graves quemaduras por el material inflamable que cubría el techo de la bodega habilitada como guardería.

Poco proclive a las manifestaciones, en esta ocasión la sociedad de Hermosillo encaró al gobernador y le exigió que cumpla su palabra y sancione a los responsable.

Una estrategia avasallante

Vestido de traje y corbata negra, el mismo viernes 5 el gobernador puso en marcha su estrategia para amortiguar el golpe. Y recurrió a los medios, en particular la televisión estatal, en la que dijo estar preocupado por la situación y exigió justicia.

Así mismo, enfocó sus baterías contra el gobierno federal, al mencionar que una familiar de Margarita Zavala era una de las concesionarias de la guardería ABC, al tiempo que responsabilizó al IMSS de haber aprobado el funcionamiento de la guardería.

Con una actitud desafiante, el sábado 6 Bours difundió un comunicado para informar que, de acuerdo con el Registro Público de la Propiedad de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del estado, los dueños de la guardería ABC, subrogada al IMSS, eran Marcia Gómez del Campo prima de la Margarita Zavala; Antonio Salido, director Administrativo de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, esposo de Marcia; Gildardo Francisco Urquides Serrano, enlace empresarial de Antonio Elías Serrano, candidato del PRI a la gubernatura y primo de la funcionaria; Sandra Lucía Téllez Nieves; y Alfonso Escalante Hoeffer, subsecretario de Ganadería.

Escalante Hoffer, cuñado del empresario Ricardo Mazón y compadre del gobernador, pertenece, al igual que Urquides Serrano, a la asociación Yo con Bours.

Ese sábado declaró Bours: “En un boletín de prensa sacamos los nombres. No tenemos absolutamente nada que ocultar, ni (intentamos) proteger a nadie. Al contrario, se trata de investigar a fondo. Los nombres ahí están: Dos de ellas, mujeres casadas con funcionarios del gobierno del estado, actuales, efectivamente; la otra persona ha sido secretaria de finanzas del PRI en el estado, lo hemos dicho desde el primer día, porque no se trata de ocultar (nada).

Y deslizó el parentesco de Marcia Gómez del Campo con Margarita Zavala del Campo, pero evitó mencionar que también es prima de su esposa Lourdes Laborín.

Casi al mismo tiempo, el procurador estatal, Abel Murrieta, divulgó una carta de la delegación del IMSS, dependencia a cargo del delegado Arturo Leyva Lizárraga, en la que “felicitaba” a la guardería ABC por las medidas de seguridad.

Días después, el miércoles 10, el delegado del IMSS en Sonora fue relevado; para el viernes 12 cinco funcionarios más de dicho instituto fueron removidos de sus cargos, entre ellos Emigdio Martínez García, quien fungía como jefe delegacional de prestaciones económicas y sociales de la delegación del instituto en Sonora; Noemí López Sánchez, coordinadora delegacional de guarderías de la delegación del IMSS estatal; Delia Irene Botello Amante, también coordinadora zonal de guarderías de Hermosillo.

El procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, declaró que investigaría a todos los funcionarios municipales, estatales y federales implicados en este asunto, pero terminó por admitir que los cargos no eran graves y los implicados podían salir bajo fianza.

Pero lo que el gobernador omitió decir es que su administración pagaba 496 mil pesos mensuales más impuestos por la renta de la bodega adjunta a la guardería que servía de oficinas de Hacienda. Y fue precisamente ahí donde se inició el incendio.

Según la documentación oficial de la Secretaría de Hacienda del estado, el gobierno de Bours pagaba la renta a los dueños de esa bodega, María Esmeralda Matiella Mendoza y José Manuel Matiella Urquides, quien es padre de Gildardo, uno de los socios de la guardería.

Días antes, el 22 de mayo último, entre aplausos y felicitaciones, José Manuel Matiella Urquides fue reconocido por el Grupo Madrugadores Hermosillo como “Forjador 2009” por sus meritos empresariales y labor social. La distinción la recibió de manos del propio Eduardo Bours.

Hoy, el empresario aún no es citado por la procuraduría del estado para que declare sobre el siniestro, pese a que el procurador Abel Murrieta, y el propio Bours pregonaron que se aplicara todo el peso de la ley en este caso.

Red de complicidades

Sin embargo las investigaciones han ido muy lentas y no han satisfecho las demandas de los sonorenses creando múltiples sospechas pues no han sido atendidas denuncias como la de vecinos de la colonia Y griega donde se localiza el predio incendiado.

Vecinos de esta colonia popular cuyas calles se encuentran sin pavimentar aseguran que hubo una explosión antes de que comenzara a salir el humo de la bodega alquilada por la Secretaría de Hacienda.

Así mismo, existen versiones de que en esas oficinas se quemaba documentación confidencial del gobierno de Bours. El propio mandatario dijo en esa conferencia que se trata de “mitos urbanos” que ni le ocupan ni le preocupan.

El gobierno estatal guarda la lista de las guarderías concesionadas por el IMSS que existen en Sonora ante el temor de que se sepa que algunos de los beneficiarios son amigos y familiares suyos.

Documentos oficiales obtenidos por Proceso indican que en Sonora hay 88 guarderías, 79 de las cuales están concesionadas a particulares y atienden a una población de 11 mil 407 niños cuyas edades van de los tres meses a los cuatro años. Por cada menor el IMSS paga un promedio de 2 mil 500 pesos mensuales, lo que implica un gasto total de 27 millones de pesos.

En el caso de la guardería ABC, que según el director general del IMSS en el estado, Daniel Karam Toumeh, estaba subrogada al IMSS desde 2001 con una concesión que expiraría el último día de este año, recibía un millón de pesos mensuales. Pese a esas entradas, los dueños no se preocuparon siquiera de cambiar los plafones falsos ni por los sistemas de seguridad, menos aún por abrir puertas de emergencias o ventanas.

La red de tráfico de influencias del gobierno de Bours en las guarderías no termina con el caso de la empresa ABC. En la lista oficial aparecen otros nombres de familiares ligados a su familia. Un ejemplo: Maquilas Tetakawi tiene como principales accionistas a Félix Tonella y a Roberto Gómez del Campo, quien es papa de Marcia, y tío de Margarita Zavala y de la esposa del gobernador Eduardo Bours.

También tienen guarderías concesionadas la empresa Dynatech, de la familia Mazón, allegada a Bours, lo mismo que JJ Seldner, de la familia de Luis Felipe Seldner, directivo de Tetakawi.

En la lista de guarderías amparadas bajo el Esquema Vecinal Único destaca el nombre de María de los Ángeles Félix Bours, prima del gobernador; lo mismo que Félix Bours, quien tiene la estancia infantil en Ciudad Obregón.

Aunque en dichos documentos no aparecen los nombres completos de todos los concesionarios, si destacan el de Antonio Scheleske, esposo de la prima del gobernador, María de los Ángeles Félix Bours; el mismo Scheleske aparece como propietario de la Guardería Norte, ubicada en “Av. Dalia No. 11 Esq. Cedros” de la ciudad de Hermosillo.

Según una investigación del reportero de Milenio Diario, Diego Osorno, el IMSS otorgó a la empresa de Scheleske, Soluciones Tecnológicas para la Ecología, SA de CV, la concesión para el manejo de los desperdicios de los hospitales del IMSS en Sonora. Además el primo político del gobernador tiene otras guarderías subrogadas por el IMSS en Ciudad Juárez y en Tijuana.

En la lista de guarderías subrogadas por el IMSS en Sonora, aparecen también la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), que ha encontrado un nuevo negocio en el cuidado de los niños de sus empleados.

Petra Santos, candidata del PRD al gobierno del estado, sostiene que el incendio en la guardería ABC puso al descubierto una red de complicidades en la que están implicados los tres órdenes de gobierno.

Santos advierte que si el dinero se diera directamente a las madres, muchas de ellas cuidarían personalmente a sus niños y no los enviarían a la guardería. La razón: actualmente trabajan por menos de esa cantidad en las maquiladoras.

Para ella, es evidente que las familias de grupos que gobiernan la entidad son los que adquirieron las concesiones.

“La corrupción está en todos los niveles –dice–. Bours permitió esto y aquí están las consecuencias. Los responsables deberían estar en la cárcel.

Y remata: “El gobernador debería de renunciar para que se haga la investigación pues se trata de un crimen de Estado.”

Enlaces externos

• Wikimedia Commons alberga una galería multimedia sobre Eduardo Bours.
• (en inglés) The Arizona Bilingual Magazine. Información de Sonora y Arizona
• Biografía en el sitio del Gobierno de Sonora

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