Anexo:Causas estructurales del estallido social en Chile

El siguiente anexo indica las causas estructurales del estallido social. El estallido social fue una serie de manifestaciones ocurridas en Chile entre octubre de 2019 y marzo de 2020.

Estado subsidiario y otros aspectos constitucionales

Pancarta que simula un letrero de recorrido de buses de Red, mencionando hechos que suelen ser indicados como causa de las protestas.

Algunos han identificado el rol subsidiario del Estado chileno como una de las causas del Estallido social. Según la interpretación mayoritaria de la doctrina constitucional chilena, con la promulgación de la Constitución de 1980 se consagra el rol subsidiario del Estado en Chile.​​ Según este rol y sumado a la inspiración de ideas neoliberales, el Estado solo puede intervenir en la vida social y económica cuando la iniciativa privada no puede o no tiene interés en hacerlo. Esto conlleva que los derechos sociales como salud, educación y jubilaciones —que mundialmente se entienden como universales—^{[cita requerida]} sean provistos en gran medida por privados bajo las reglas del mercado. Con lo anterior, el Estado solo los provee si el mercado no lo hace, lo que generaría accesos desiguales entre la ciudadanía en función de su situación socioeconómica.​

Un ejemplo comúnmente citado de como la Constitución de 1980 ha impedido la evolución de costumbres, fue cuando en 2008, el Tribunal Constitucional impidió la entrega de Píldora del día después.​

Esta subsidiariedad se habría erigido en obstáculo para la implementación de políticas públicas más agresivas por parte de los gobiernos posteriores a la dictadura militar.^{[cita requerida]} Por ejemplo, algunos parlamentarios amenazaron con recurrir al Tribunal Constitucional para que declarara la inconstitucionalidad del Fondo de Compensación Solidaria propuesto durante la tramitación de la ley que creó el plan AUGE.​​

Igualmente, el rol de la familia como "núcleo fundamental de la sociedad" se esgrimió por sectores conservadores como argumento que impediría la adaptación de las leyes a la evolución de las costumbres sexuales y de filiación. Esta última postura, sin embargo, no prosperó. Es más, la misma disposición fue esgrimida por otros como fundamento constitucional a favor de las reformas en materia de filiación.​

Todas estas lecturas restrictivas de la Constitución habrían vinculado el porvenir de la sociedad chilena a un modelo específico inmutable, frenando su evolución conforme a la apreciación del interés general de los representantes de la nación a través del tiempo.​

Ahora bien, algunos autores son críticos de la visión según la cual el principio de subsidiariedad sería contraria a políticas sociales fuertes o la idea de un Estado Social, o que desprotegería los derechos sociales. Arturo Fermandois plantea que el principio de subsidiariedad en la Constitución, así como la supuesta inspiración neoliberal de esta, han tenido escasa relevancia en el ejercicio del control de constitucionalidad de las leyes por parte del Tribunal Constitucional, no habiendo constituido, al menos en este ámbito, un obstáculo para la actividad legislativa.​

J. F. García y S. Verdugo, por su parte, hacen un contraste entre el estado del debate sobre la subsidiariedad en un nivel teórico y en la práctica constitucional chilena. En efecto, señalan que en la discusión teórica la mayoría de los defensores y detractores de la subsidiariedad la asocian con una concepción reducida del Estado en materia social y económica, sin perjuicio de que no pocos autores objetan esta visión. Por otra parte, dicen que en el ámbito práctico, un cambio de paradigma en la jurisprudencia constitucional chilena sobre este principio ha puesto énfasis en la dimensión positiva y activa de la subsidiariedad, de la que nacen obligaciones que se pueden invocar incluso contra particulares, con lo que la subsidiariedad no se opondría a los derechos sociales, sino que los fortalecería.​

Es más, ni siquiera la existencia de un principio de subsidiariedad consagrado implícitamente en la Constitución es un tema pacífico en la doctrina constitucional chilena.​ Eduardo Aldunate plantea que el art. 19 N.° 21 de la Constitución, que suele citarse como el que consagra la subsidiariedad en materia económica, no consagra ningún criterio material que ordene al estado abstenerse del desarrollo de actividades económicas desarrolladas por particulares. Lo único que exige es una habilitación por ley de quorum calificado para que el Estado desarrolle actividades empresariales, por lo que el Estado siempre podría realizar actividades económicas con tal que lo habilite una ley aprobada por la mayoría de los parlamentarios en ejercicio.​

Más allá del tema de la subsidiariedad, la Constitución, en varias de sus disposiciones, exige mayorías parlamentarias calificadas para legislar acerca de ciertos aspectos institucionales que se consideran claves en la crisis. Por ejemplo, se exige quórum calificado de la mayoría de los parlamentarios en ejercicio para reformar el sistema de pensiones o mayoría de 4/7 de los parlamentarios en ejercicio para reformar algunas materias vinculadas a demandas de ciertos sectores, como la educación. Dado lo anterior, algunos sectores consideran que ha sido extremadamente difícil que la mayoría democrática reforme las leyes cuyo régimen jurídico fue definido durante la dictadura militar. Más aún, se requiere mayorías de 2/3 para modificar los capítulos de las bases de la institucionalidad y los derechos y deberes constitucionales, en donde se encontraría consagrado el principio de subsidiariedad.​

A ello se suma un sistema electoral binominal -hasta 2017- que favorecía un balance de fuerzas entre dos coaliciones políticas dominantes. Esto habría obligado a formar grandes bloques políticos, dejando de lado las colectividades más marginales.^{[cita requerida]}

Desigualdad socioeconómica

De acuerdo con cifras del Banco Mundial, Chile es el 13° país más desigual de Latinoamérica medido por índice de Gini​ y el segundo más desigual tras México entre los miembros de la OCDE.​ A pesar de ser una de las economías más prósperas del continente,​ las políticas neoliberales establecidas durante la dictadura militar y mantenidas por tres décadas desde el retorno a la democracia solo han logrado resultados muy modestos en mitigar la histórica disparidad en el ingreso, que no ha experimentado grandes cambios desde mediados del siglo XIX.​ Según el informe Panorama Social de América Latina de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) el 1 % más rico acapara un 7,5 % del ingreso medido por encuestas, y un 26,5 % de la riqueza neta (activos menos pasivos).​ Lo anterior ha sido invocado como una de las principales motivaciones de los manifestantes.​​

Dicha desigualdad en el ingreso conlleva desigualdad social. Esto se manifiesta, por ejemplo, en diferencias educacionales importantes entre los diferentes estratos socioeconómicos. En efecto, los jóvenes pertenecientes a los estratos más pobres obtienen resultados académicos mucho peores que los aquellos pertenecientes a los estratos más altos.​​ Asimismo, existe una importante segregación residencial, debido a políticas que fomentaron la construcción de viviendas sociales en la periferia de los centros urbanos, donde por lo general escaseaban los servicios públicos básicos, generando así «nuevas barreras para la inclusión social y para la superación de la vulnerabilidad» de las familias de escasos recursos.​ Esto, además, conlleva a que, en grandes ciudades como Santiago, los estratos pobres viven lejos de los lugares donde trabajan, lo que supone invertir mucho tiempo para trasladarse en el transporte público, sobre todo en hora punta.​​

Ahora bien, considerando que no ha existido un aumento de la desigualdad socioeconómica en la historia reciente de Chile (por el contrario, en las últimas décadas hubo una reducción moderada), algunos han objetado que la desigualdad socioeconómica propiamente tal pueda ser una de las causas. Por ejemplo, Carlos Peña considera que no es la desigualdad per se, sino la vivencia más intensa que las personas comenzaron a tener de ella a partir de la modernización de la sociedad chilena, lo que ha contribuido a una sensación de descontento en las personas.​

Sin embargo, de acuerdo a un trabajo realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en 2017, volcado en el documento “Desiguales: Orígenes, cambios y desafíos de la brecha social en Chile” ​, la desigualdad de ingreso en Chile medida en función del coeficiente Gini cayó entre el año 2000 y el 2015, y la magnitud de esa reducción no fue marginal. También disminuyó ostensiblemente la diferencia entre el primer quintil y el último. De hecho, la desigualdad reportada por el PNUD es la más baja que se haya medido en el país en su historia –un coeficiente Gini por debajo de 0,5–, y aunque sea todavía elevada en el concierto mundial, es significativamente más baja entre los jóvenes de la generación actual (desigualdad intrageneracional) respecto de la que experimentaron sus progenitores (desigualdad intergeneracional).​

A pesar de eso la mayoría de los encuestados percibe lo opuesto, que la desigualdad ha aumentado enormemente en los últimos 30 años​, la razón estaría en la desigualdad percibida, esto es, aquella que el sujeto no necesariamente experimenta del todo, sino que la que percibe influido por factores de orden simbólico, entre los que destaca, por ejemplo, el trato a las personas. El documento “Desiguales”, anteriormente citado, explica que “la discusión sobre las desigualdades abarca temas económicos, sociales, políticos, culturales, territoriales, étnicos, raciales y de género, entre otros. Casi no tiene límites pre-definidos, por lo que su discusión es particularmente difícil”.

Alto costo de la vida

El costo de vida en Chile es además alto. La razón entre PIB corregido por paridad de poder adquisitivo y PIB nominal es de 1,709, lo que vuelve al país el 61° más caro del mundo, el 2° más caro de Sudamérica tras Uruguay, y el 13° más caro de Latinoamérica y Caribe.​ Si bien existe educación gratuita, en los niveles primario y secundario los resultados son muy inferiores a los exhibidos por el sistema de educación particular pagada.​ Los niveles de satisfacción de la salud privada son por lo general también muy superiores a los de la salud pública.​ Lo anterior, sumado a la apertura en el acceso al crédito y su uso para satisfacer necesidades básicas,​ explica el alto endeudamiento de las familias chilenas. De acuerdo al Banco Central del país, en 2018 se alcanzó un máximo histórico de deuda equivalente a 73 % del ingreso disponible.​ Un estudio de 2019 reveló que en Chile hay casi 4,6 millones de personas morosas, equivalente a un 34 % de la población mayor de 18 años.​