Aforamiento

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Fachada del edificio del Tribunal Supremo de España.

El aforamiento es una situación jurídica según la cual determinadas personas por el cargo que ocupan o por la función que desempeñan no son juzgadas por los tribunales de primera instancia sino por los tribunales superiores, como ocurre en España donde existen más de 10.000 aforados —unos 2.500 cargos públicos y unos 7.500 jueces y fiscales— que son juzgados por el Tribunal Supremo o por los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas, a diferencia de otros estados democráticos donde no existe la figura del aforado o se aplica a muy pocas personas —en Italia o en Alemania sólo goza del «privilegio» del aforamiento el presidente de la República; en Francia, además del presidente de la República están aforados los miembros del gobierno—.

El aforamiento no debe confundirse con la inmunidad parlamentaria que existe en todos los países democráticos, a excepción de Gran Bretaña y de Estados Unidos. Sin embargo en España, donde los diputados y senadores también gozan de inmunidad, cuando éstos son acusados de un delito y sus compañeros acuerdan levantar la inmunidad atendiendo el suplicatorio presentado ante la Cámara respectiva, no son juzgados por los tribunales ordinarios, como ocurre en el resto de los Estados democráticos, sino por el Tribunal Supremo.[1]

Aforamiento en España[editar]

En principio el aforamiento estaba restringido según la Constitución de 1978 al presidente del Gobierno, a los ministros y a los diputados y senadores, pero la Ley Orgánica del Poder Judicial incluyó en esta figura jurídica a los jueces y fiscales, a los magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Cuentas de España, a los vocales del Consejo General del Poder Judicial, a los miembros del Consejo de Estado de España, al Defensor del Pueblo y a sus dos adjuntos. Finalmente los diversos Estatutos de Autonomía declararon aforados a los miembros de los gobiernos y parlamentos autonómicos, así como a sus respectivos defensores del pueblo.[1] Mención aparte merece la figura del rey que según el el artículo 56 de la Constitución no está sujeto a responsabilidad por lo que no puede ser juzgado por ningún tribunal.[2]

La finalidad del aforamiento es doble. Por un lado, se trata de que los cargos públicos y los parlamentarios así como los jueces y fiscales estén protegidos frente a demandas espurias; por otro, que los jueces de los tribunales de primera instancia no sufran presiones al juzgar a las personas destacadas de la vida política y a sus compañeros de profesión.[1]

Los expertos que defienden el aforamiento consideran que en el caso de los jueces y de los fiscales es donde más sentido tiene pues se evita que les investigue y juzgue «un igual», un compañero de su misma instancia judicial.[2]

La obra más importante sobre el tema es Tratado de jurisprudencia de aforamientos procesales de los juristas Iñaki Esparza y Juan Luis Gómez Colomer.[1]

Críticas[editar]

El catedrático de Derecho Penal Manuel Cancio opina que el aforamiento «no tiene ninguna justificación». «Que un cargo público esté aforado implica la suposición de que un tribunal superior será mejor o más justo que otro. Pero en realidad esta regla especial solo se puede comprender como un intento de proteger a ciertos cargos haciendo que los juzguen tribunales más cercanos el poder ejecutivo, ya que cualquier tribunal —el que resulte competente conforme a las reglas generales— es en sí mismo expresión indivisible del poder judicial».[1]

El juez decano de Palma y portavoz de los 47 decanos españoles afirma: «No entendemos adecuado que los aforamientos hayan alcanzado la extensión que han logrado. Crea suspicacias entre los ciudadanos».[1]

El magistrado Alfonso Villagómez en un artículo titulado ¿Qué sentido tiene el aforamiento? publicado por el diario El País el 13 de abril de 2014 afirmaba:[3]

Se ha dicho... que se trata de un instrumento jurídico que tiene como objetivo garantizar la independencia institucional para aumentar la seguridad jurídica sobre personas que el legislador entiende que deben ser objeto de una tutela. Un argumento no menos desenfocado del tratamiento que hoy en día merece esta figura. Porque la verdad es que el aforamiento contradice radicalmente el principio de igualdad sin justificación alguna: ¿por qué las normas procesales tienen que ser modificadas en beneficio de ciertas personas? ¿Es que la llamada al proceso de unos es distinta de la de otros?

Javier Tajadura Tejada, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad del País Vasco, también ha criticado el aforamiento:[4]

El problema que plantea la figura del aforamiento reside en el hecho de que la labor de los magistrados de estos altos tribunales [Tribunales Superiores de Justicia o Tribunal Supremo] —cuya composición determinan los partidos políticos mediante su control del Consejo General del Poder Judicial— no es investigar o instruir delitos. Su función es resolver recursos, unificar la doctrina. Resulta sumamente disfuncional atribuirles la instrucción de un sumario. Además, si hay un aforado implicado, el tribunal competente debe hacerse cargo de la totalidad del caso, con lo que pasa a enjuiciar también a personas no aforadas. Esta fuerza expansiva del aforamiento contribuye a retrasar más los procesos. Al mismo tiempo, transmite a los ciudadanos la imagen de que la justicia no es igual para todos, y de que los políticos presuntamente corruptos gozan de un estatuto jurídico “privilegiado” y diferente al de cualquier ciudadano, que puede ser directamente imputado por un juez de instrucción.

Debate público[editar]

El aforamiento saltó a la primera línea del debate político cuando en abril de 2014 el ministro de Justicia del gobierno de Mariano Rajoy, Alberto Ruiz Gallardón, incluyó en la propuesta de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial el aforamiento de la reina Sofía y los príncipes de Asturias.[3]

Tras la abdicación del Juan Carlos I y la proclamación del nuevo rey Felipe VI de España en junio de 2014 se aprobó el aforamiento de los dos exreyes, de la reina Letizia y de la princesa de Asturias.[2] Pero a finales de agosto el gobierno propuso debatir la propuesta del ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón de reducir el número de aforados de 17.621 (cifra dada por el ministro) a 22 como «medida de regeneración democrática», lo que implicaría la reforma de la Constitución de 1978 y de casi todos los Estatutos de Autonomía.[5]

UPyD, Izquierda Unida, Podemos y Ciudadanos[6] respondieron a la propuesta exigiendo la supresión total de los cargos públicos aforados. No debe haber «ni uno», dijo Cayo Lara, portavoz de Izquierda Unida.[2] También están en contra algunos políticos del Partido Popular como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, quien prepara un proyecto de ley para quitarlos de esta comunidad, incluido el suyo.

A fecha de 26 de abril de 2017, la Región de Murcia aprobó la eliminación del aforamiento para los cargos políticos, tras su correspondiente aprobación en el pleno, convirtiéndose en la primera Comunidad Autónoma en suprimirlo.

Referencias[editar]

Véase también[editar]