Acto administrativo

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El acto administrativo, es el medio a través del cual la Administración pública cumple el objetivo de satisfacer los intereses colectivos o públicos. Es la formalización de la voluntad administrativa, y debe ser dictado de conformidad con el principio de legalidad.[1]

El tema del acto administrativo es de suma importancia en el Derecho público, dado que el reconocimiento de un acto como administrativo implica someterlo a un régimen especial que lo diferencia de otras manifestaciones estatales, por lo que es una materia que ha sido muy discutida en la doctrina jurídica, sosteniéndo diferentes definiciones, según sea el concepto que se tenga, en general, de la función administrativa.

Definiciones de acto administrativo[2] [editar]

Manifestación de la voluntad de una autoridad en su ejercicio de la actividad administrativa que produce efectos jurídicos como crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones.

Acto Administrativo: es la declaración o manifestación de voluntad, juicio o conocimiento expresada en forma verbal, escrita o por cualquier otro medio que, con carácter general o particular, emitieren los órganos de la Administración Pública y que produjere o pudiere producir efectos jurídicos.

Regulación por país[editar]

España[editar]

Los actos administrativos de la Administración Pública de España reciben su regulación esencial en la Ley 30/1992, aunque en octubre de 2016 entrará en vigor la nueva Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común.[3]

Acorde a la Constitución española de 1978, los actos administrativos son controlados por órganos pertenecientes al Poder Judicial, que integran la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de España.

Referencias[editar]