Atención médica en Canadá[editar]

La asistencia sanitaria a los refugiados es la prestación de servicios de salud a los mismos y a los solicitantes de asilo. Ya en 2009, los investigadores de la salud identificaron necesidades médicas específicas y vulnerabilidades de salud entre estas poblaciones. En comparación con otros inmigrantes, estos presentan más problemas físicos, emocionales y dentales y, comparados con aquellos nacidos en Canadá, tienen índices más altos de infecciones y enfermedades crónicas, ambas tratables y prevenibles. En Canadá, el gobierno federal ha sido el responsable del servicio de atención de médica a los refugiados desde 1957. En el contexto del derecho internacional, esta responsabilidad recae en las obligaciones de los derecho humanos de Canadá para reconocer el derecho a la salud para todos, incluidos los refugiados.

Derecho a la salud[editar]

Bajo el derecho internacional[editar]

El concepto de "derecho a la salud" se ha reconocido en varios de los instrumentos de derecho internacional a los que Canadá pertenece. Se articuló por primera vez en la Constitución de 1946 de la Organización Mundial de la Salud como “el derecho de toda persona al disfrute del más alto grado posible de salud física y mental”. El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 también menciona el derecho a la salud como parte del derecho a una calidad de vida adecuada. Algunos instrumentos internacionales de derechos humanos reconocen el derecho a la salud mediante la aplicación general y otros a través de la protección de los derechos de grupos específicos, como las mujeres o los niños. En 1966, el derecho a la salud se reconoce como un derecho humano en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que impone a los Estados Partes en el Pacto la obligación de “crear condiciones que aseguren a todos la asistencia y los servicios médicos en caso de enfermedad”.

En Canadá[editar]

La Carta Canadiense de Derechos y Libertades no incluye ninguna protección expresa del derecho a la salud. El gobierno canadiense ha argumentado frecuentemente ante el tribunal que los derechos sociales y económicos, incluido el derecho a la salud, son meramente “objetivos políticos” que no están sujetos a intervención judicial. El Comité del PIDESC ha expresado su preocupación por el inculplimiento de Canadá de estas obligaciones internacionales. Además, sostiene que tales presentaciones son incompatibles con las obligaciones de Canadá de poner remedio a las violaciones de los derechos del Pacto en la legislación interna.

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