Proceso monitorio

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El proceso monitorio es un procedimiento especial que tiene por objeto la resolución rápida de conflictos jurídicos en los que no existe contradicción. Es un procedimiento rápido y sencillo cuya finalidad es conceder cuanto antes al demandante un título ejecutivo en aquellos juicios en los que el demandado no se opone formalmente a la demanda. Nació para combatir los problemas de impagados que se producen en un elevado porcentaje de transacciones comerciales. Resulta especialmente útil para los pequeños y medianos empresarios, así como para todos los profesionales que necesitan disponer de un mecanismo rápido y sencillo para el cobro de sus deudas. Asimismo, resulta muy práctico para el cobro a los propietarios morosos de sus deudas con la comunidad de que forman parte. Una ventaja añadida de este tipo de procedimiento es que la petición inicial que se dirige al Juzgado no requiere la intervención de abogado ni procurador, lo que redunda en un ahorro de costes para el acreedor.[1]

El proceso monitorio español es documental, es decir, se deben aportar documentos que prueben la deuda. En cambio, el proceso monitorio europeo no es documental, ya que basta con que el demandante afirme que la deuda existe.[2]

Regulación por países[editar]

España[editar]

Esquema Proceso Monitorio en España. Actualizado a 10/11/2011

El procedimiento monitorio se introdujo en el ordenamiento procesal español en 1999 con ocasión de la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal que facilitó a las comunidades la reclamación de las deudas por gastos generales en que hubiera incurrido un propietario.[3] Poco después, la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de enero, generalizó este procedimiento a cualquier otra deuda que, siendo dineraria, vencida, líquida y exigible, no excediera de 30 000 euros. Este tope fue aumentado en 2009 hasta 250 000 euros por la Ley de implantación de la nueva Oficina judicial.[4] En marzo de 2011 se introdujeron otras modificaciones para facilitar la aplicación en España de los procesos europeos monitorio y de escasa cuantía,[5] y en octubre del mismo año se suprimió el límite dinerario para equiparar este procedimiento al aprobado por la Unión Europea.[6]

La Ley de Enjuiciamiento Civil regula el proceso monitorio en los artículos 812 a 818 y lo configura como un proceso declarativo especial, con vocación de rapidez, basado en la existencia de un documento previo que justifique una deuda dineraria de cualquier importe, líquida, vencida y exigible.[7] Se caracteriza por utilizar la técnica de la eventualidad. Esto supone que se requiere[8] al deudor para que, en el plazo de 20 días, pague o se oponga. El deudor puede:

  1. Pagar, en cuyo caso finaliza el procedimiento.
  2. No pagar o no oponerse. El secretario judicial dicta decreto dando por terminado el proceso y el acreedor puede instar el despacho de ejecución, bastando para ello la mera solicitud.
  3. Se opone, en cuyo caso el monitorio se transforma en el proceso declarativo[9] que corresponda según la cuantía: Si el importe de la deuda es inferior a 6.000 € el secretario judicial, por decreto, da por terminado el monitorio y acuerda seguir la tramitación por juicio verbal, convocando a las partes a la vista. Si es superior a 6.000 € el acreedor tiene un mes de plazo para presentar demanda de juicio ordinario.[10]

El procedimiento monitorio ordinario se podrá interponer ante el juez de Primera Instancia del domicilio del deudor[11] comenzando por petición del acreedor en la que se expresarán la identidad del deudor, el domicilio o domicilios del acreedor y del deudor o el lugar en que residieran o pudieran ser hallados y el origen y cuantía de la deuda, acompañándose de los documentos que especifica la ley. Para la presentación de esta petición inicial no será necesario valerse de abogado o procurador. Si se plantease escrito de oposición por parte del deudor, el proceso monitorio no podrá continuar y el asunto se resolverá definitivamente en el juicio que corresponda según la cuantía de la reclamación, teniendo la sentencia que se dicte fuerza de cosa juzgada.

Con este proceso se persigue agilizar el cobro de deudas dinerarias vencidas, exigibles y documentadas y se evitan juicios declarativos contradictorios, con la consiguiente descarga de trabajo para los órganos jurisdiccionales. Más del cincuenta por ciento de los procesos monitorios evitan el consiguiente declarativo, sea por el pago voluntario del deudor, sea por la ejecución del título presentado con la petición inicial. Al margen de su ampliación cuantitativa, la reforma introduce resoluciones del Secretario judicial en perjuicio de la efectividad del procedimiento. Como en cualquier otro procedimiento, el Secretario judicial admitirá el escrito inicial del procedimiento, del que deberá dar cuenta al Juez cuando estime que no concurren los requisitos para su admisión o cuando considere que la cantidad reclamada no es correcta, pero como además también dictará Decreto de terminación cuando el deudor no pague y también cuando el mismo se oponga.[12]

Notas y referencias[editar]

  1. Noticias Jurídicas. «Artículo 814.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de enero». Consultado el 26 de abril de 2012.
  2. El reglamento europeo 1896/2006 dice, literalmente, que hay que aportar «una descripción de los medios de prueba que acrediten la deuda». EUR-Lex. «Artículo 7 e) del Reglamento (CE) nº 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, por el que se establece un proceso monitorio europeo». Diario Oficial n° L 399 de 30/12/2006 pp. 1-32. Consultado el 26 de abril de 2012.
  3. Noticias Jurídicas. «Artículo 17º de la Ley 8/1999, de 6 de abril, de Reforma de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal». Consultado el 25 de abril de 2012.
  4. Boletín Oficial del Estado (4 de abril de 2009 y corrección de errores de 7 de abril de 2010). «Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial». Consultado el 25 de abril de 2012.
  5. Boletín Oficial del Estado (25 de marzo de 2011). «Ley 4/2011, de 24 de marzo, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para facilitar la aplicación en España de los procesos europeos monitorio y de escasa cuantía». Consultado el 25 de abril de 2012.
  6. Boletín Oficial del Estado (11 de octubre de 2011). «Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal». Consultado el 25 de abril de 2012.
  7. Noticias Jurídicas. «Artículo 812.1 en la redacción dada por la Ley 37/2011, de 10 de octubre». Ley de Enjuiciamiento Civil. Consultado el 25 de abril de 2012.
  8. Si no se localiza al deudor, el juez, por auto, da por terminado el proceso. Solamente se utilizará la comunicación edictal si la deuda es por gastos comunes de una comunidad de propietarios.
  9. Hay dos clases de procesos declarativos: el juicio ordinario y el juicio verbal. «Artículo 248 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil». Consultado el 26 de abril de 2012.
  10. Si la deuda es por falta de pago de arrendamiento de finca urbana y se presenta oposición, el asunto se resolverá definitivamente por los trámites del juicio verbal, cualquiera que sea su cuantía.
  11. En el caso de deudas con comunidades de propietarios, puede ser competente el Juzgado de Primera Instancia del lugar donde se halle la finca, a elección del solicitante.
  12. Artículos 816.1 y 818.2 Ley Enjuiciamiento Civil 1/2000