Policía de Tucumán

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Archivo:CCD Jefatura de policía de tucumán.jpg
Jefatura de Policía de Tucumán en una foto del Nunca Más en el que se describe su uso como centro clandestino de detención durante la última dictadura militar

La Policía de Tucumán es una de las 23 policías provinciales existentes en la Argentina, y está a cargo de la seguridad pública de los habitantes de la provincia de Tucumán.

Historia[editar]

Los antecedentes de la Policía tucumana se remontan a la fundación de San Miguel de Tucumán, en 1565. Su fundador, Diego de Villarroel, designó entre los integrantes del Cabildo, al denominado Alguacil Mayor, quien era el encargado de las funciones policiales.

El 30 de junio de 1824, luego de las guerras de la Independencia, el gobernador Javier López designó a Juan Venancio Laguna con el título de “Intendente de Policía de esta ciudad y campaña”.

En 1832, el gobernador Alejandro Heredia dictó el primer “Reglamento de Policía” y en 1842 se dictó otro reglamento. El mismo continuaba otorgando a la Policía algunas funciones judiciales y la facultaba para aplicar penas de azotes; todo esto mezclado con funciones municipales, como la inspección de las obras públicas, o la vigilancia de la regularidad de pesas y medidas, por ejemplo.

En 1856 se dictó otro Reglamento, y en 1867, al sancionarse la Ley Orgánica de Municipalidades, e instalarse, de acuerdo a ella los organismos comunales, la Policía fue aliviada de las funciones de ese orden que venía ejerciendo desde hacía siglos. En 1877 se dictó un nuevo y minucioso Reglamento.

En 1888 quedó habilitada la Cárcel Penitenciaria, en 25 de Mayo y Av. Sarmiento. El edificio tenía serias deficiencias y se le practicaron múltiples reformas en los años que siguieron. Se lo reservó para los penados, mientras contraventores y encausados se alojaban en la planta baja del edificio del Cabildo. Allí también se estableció, en 1894, la Cárcel de Mujeres. En 1906, una ley permitió construir un edificio para sede de Cárcel de Encausados y oficinas de la repartición, en avenida Sarmiento 590, cuyo local aún subiste en parte.

En 1899 se fundó el Cuerpo de Bomberos, dependiente de la Policía, y en 1900 quedó sancionada la Ley de Contravenciones Policiales. Fue muy importante el nuevo Reglamento General, de 1901: un verdadero Código de Policía, de 1033 artículos.

En 1910 se instaló la primera “Escuela de Cadetes”, y en 1912 ya actuaba una específica sección de Investigaciones. La Jefatura se trasladó en 1914 a la nueva Casa de Gobierno (inaugurada dos años atrás, y edificada en el solar del viejo Cabildo, que se demolió). Esta medida permitió anexar la cárcel de Encausados a la Penitenciaría, que se hallaba en la misma manzana.

En 1917 se creó la Gendarmería Volante, y en 1927 quedó inaugurada la monumental Cárcel de Villa Urquiza. La policía caminera se instaló en 1941, y en 1942 se abrieron la Escuela de Policía y el Museo Policial.

En 1970 se dictó la “Ley Orgánica de la Policía de Tucumán”, que con sucesivas modificaciones, es el ordenamiento que enmarca hasta la actualidad, la estructura y el accionar de la repartición.[1]

Controversias[editar]

La policía tucumana es considerada una de las más corruptas del país, debido a las constantes coimas, las reitaradas ausencias policiales, y ciertas acciones en contra del orden público.

Durante las rebeliones policiales en Argentina de 2013, cientos de policías se acuartelaron reclamando aumentos salariales. La ausencia dio lugar a múltiples saqueos y enfrentamientos armados, con lo que miles de ciudadanos reclamaron al gobierno, y fueron los mismos policías quienes le reprimieron. Dentro de la gran corrupción que es posible observar en todos los cuadros policiales en Tucumán sobresale por ser la peor la Policía Vial, por lejos la más afecta a las coimas, la más incapaz, y la que más mortifica a los ciudadanos.

Derechos Humanos[editar]

Como la mayoría de fuerzas policiales argentinas, la Policía de Tucumán tiene su página más negra durante el período del Terrorismo de Estado, y la dictadura militar que se instauró en 1976.

La represión en Tucumán estuvo a cargo del convicto Luciano Benjamín Menéndez, como ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército –que abarcaba las provincias de Córdoba, Santiago del Estero, San Luis, San Juan, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Mendoza y Tucumán– ya teniendo otras tres condenas perpetuas en su haber: dos en Córdoba y otra en Tucumán. Junto con Roberto “El Tuerto” Albornoz, el ex jefe de inteligencia de la policía tucumana, recibieron la pena de prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos en la ex Jefatura de Policía de Tucumán.

También fueron condenados los policías Luis y Carlos De Cándido. El primero recibió dieciocho años de prisión y su hermano, tres de ejecución condicional. Durante la dictadura cumplieron, respectivamente, funciones de carceleros y apropiadores de casas de personas secuestradas.

Los cuatro represores fueron juzgados y condenados por la muerte y desaparición de veintidós personas en el centro clandestino de detención “Jefatura de Policía”, durante la década del ’70, cuando Menéndez se desempeñaba como jefe del Tercer Cuerpo de Ejército.

En esta causa también estaba acusado originalmente Antonio Domingo Bussi, pero fue luego excluido por razones de salud. Otros dos represores involucrados en el expediente, Albino Zimmerman y Alberto Cattáneo, murieron mientras se desarrollaba el debate.[2]

Los principales represores[editar]

Menéndez fue condenado a prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua, por ser autor mediato penalmente responsable de la comisión de los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravada, torturas seguida de muerte, homicidio agravado por alevosía con el fin de lograr impunidad y por el concurso premeditado de dos o más partícipes, todos delitos de lesa humanidad, dice el fallo.

El represor Roberto Heriberto Albornoz recibió la condena a “prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua, por ser co-autor material penalmente responsable de la comisión del delito de asociación ilícita en calidad de organizador, por ser autor material penalmente responsable de los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravada, torturas seguida de muerte y homicidio agravado por alevosía, con el fin de lograr impunidad y por el concurso premeditado de dos o más partícipes”.

Luis De Cándido fue condenado a “dieciocho años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua, por ser co-autor material penalmente responsable de la comisión del delito de asociación ilícita agravada, violación del domicilio, privación ilegítima de la libertad agravada, torturas seguida de muerte y usurpación de domicilio”.

Carlos De Cándido recibió la condena de “tres años de prisión de ejecución condicional, al cumplimiento de las reglas de conducta por ser autor material penalmente responsable de la comisión del delito de usurpación”.[2]

Mario Oscar "Malevo" Ferreyra, quien había sido declarado prófugo por parte de la Justicia Federal en una causa por desaparición de personas durante la dictadura, finalmente se suicidó antes de llegar a juicio.[3]

Referencias[editar]

  1. Historia de la Policía de Tucumán
  2. a b Rearte, Ramiro (9 de julio de 2010). «Condenas para represores inmutables». Página/12. http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-173978-2011-08-07.html. Consultado el 7 de agosto de 2011. 
  3. «El 'Malevo' Ferreyra se mató ante las cámaras de televisión». Tucumán Noticias. 22/11/2008. http://www.tucumanoticias.com.ar/noticia.asp?id=20098. Consultado el 7 de agosto de 2011. 

Enlaces externos[editar]