Iniciativa ciudadana europea

La Iniciativa Ciudadana Europea es el mecanismo que permite a los ciudadanos de la Unión Europea presentar iniciativas invitando a las instituciones y a la Comisión a legislar sobre determinados temas e influir así en sus políticas.^[1] La Iniciativa Ciudadana Europea se presentó en el marco del Tratado de Lisboa en 2007 y entró en funcionamiento el 1 de abril de 2012, convirtiéndose en la primera forma de participación ciudadana directa en una instancia supranacional.^[2]

La Iniciativa Ciudadana Europea permite presentar peticiones legislativas formales a las instituciones de la UE sobre cualquier asunto siempre que sea de su competencia, y siempre que la iniciativa tenga el apoyo suficiente. Esto es, para que la iniciativa tenga validez y sea examinada por la Comisión Europea es necesario que se haya recogido un millón de firmas en al menos siete estados miembros de la Unión, con un mínimo en cada país dependiendo del número de habitantes.^[1]

Tramitación de las iniciativas

Los impulsores de una iniciativa ciudadana europea deberán organizarse en un comité que deberá tener al menos, como mínimo, siete ciudadanos europeos residentes en siete Estados miembros distintos (Las organizaciones no pueden plantear iniciativas ciudadanas aunque se les permite promover o apoyar iniciativas directamente).^[3]

Esto, junto con la obligación de que las firmas se recojan en al menos siete países distintos de la Unión, intenta propiciar que las iniciativas traten sobre temas generales y no sobre política nacional.^[2] Para formar parte de este comité será necesario tener la edad legal para votar (18 años en toda la UE excepto en Austria, donde se puede ejercer el derecho al voto a partir de los 16 años).^[1]^[3]

Las iniciativas deberán ser presentadas en el registro oficial en línea dispuesto por la Comisión, y una vez confirmada la inscripción se dispone de un año para la recogida de las firmas, que podrán suscribir todos los ciudadanos de la Unión Europea a través de un formulario que puede ser entregado por los promotores en papel o en soporte electrónico.^[1]

Finalmente, cuando se haya declarada válida una iniciativa por parte de la Comisión Europea, los promotores dispondrán de tres meses en los que deberán detallarla a esta institución y presentarla en una audiencia pública ante el Parlamento Europeo, a partir de lo cual la Comisión deberá anunciar una decisión al respecto.^[3]^[1] Si la Comisión decide legislar a partir de una de las iniciativas ciudadanas europeas, se pondrá en marcha el procedimiento legislativo habitual.^[4]