Diferencia entre revisiones de «Política de seguridad democrática»
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La política de "seguridad democrática" plantea que existe la necesidad de fortalecer las actividades y presencia de los órganos de seguridad a lo largo del territorio nacional, y que al mismo tiempo debe ser la sociedad y no sólo los órganos de seguridad quien debe colaborar para obtener un éxito militar satisfactorio frente a los grupos armados al margen de la ley, que lleve a la desmovilización o rendición de sus miembros. |
La política de "seguridad democrática" plantea que existe la necesidad de fortalecer las actividades y presencia de los órganos de seguridad a lo largo del territorio nacional, y que al mismo tiempo debe ser la sociedad y no sólo los órganos de seguridad quien debe colaborar para obtener un éxito militar satisfactorio frente a los grupos armados al margen de la ley, que lleve a la desmovilización o rendición de sus miembros. |
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Entre las propuestas mencionadas, se incluye la creación de redes de cooperantes, el ofrecimiento de recompensas a informantes, la estimulación de las deserciones dentro de los grupos armados ilegales, la creación de unidades de soldados campesinos, y el aumento del presupuesto asignado a la defensa nacional |
Entre las propuestas mencionadas, se incluye la creación de redes de cooperantes, el ofrecimiento de recompensas a informantes, la estimulación de las deserciones dentro de los grupos armados ilegales, la creación de unidades de soldados campesinos, y el aumento del presupuesto asignado a la defensa nacional. |
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Revisión del 21:23 25 may 2009
La política de seguridad democrática en Colombia es una política gubernamental del presidente Álvaro Uribe Vélez que propone un papel más activo de la sociedad colombiana dentro la lucha del estado y de sus órganos de seguridad frente la amenaza de grupos insurgentes y otros grupos armados ilegales.
La política de "seguridad democrática" plantea que existe la necesidad de fortalecer las actividades y presencia de los órganos de seguridad a lo largo del territorio nacional, y que al mismo tiempo debe ser la sociedad y no sólo los órganos de seguridad quien debe colaborar para obtener un éxito militar satisfactorio frente a los grupos armados al margen de la ley, que lleve a la desmovilización o rendición de sus miembros.
Entre las propuestas mencionadas, se incluye la creación de redes de cooperantes, el ofrecimiento de recompensas a informantes, la estimulación de las deserciones dentro de los grupos armados ilegales, la creación de unidades de soldados campesinos, y el aumento del presupuesto asignado a la defensa nacional.
Resultados
La política de seguridad democrática ha permitido que las carreteras puedan volver a ser transitadas sin temor a que los viajeros sean secuestrados o caigan en las llamadas Pescas Milagrosas. Además, la confianza que genera, ha permitido que la inversión extranjera vuelva al país[1]. Entre algunos hechos sobresalientes, resultado de la seguridad democrática, se encuentra el rescate de 15 secuestrados en la Operación Jaque, que se encontraban en poder de las FARC, entre estos 11 soldados, 3 contratistas estadounidenses e Íngrid Betancourt[2]. Al igual que ha llegado a golpear duramente a dicha organización afectando a varios miembros del secretariado de las FARC entre ellos está el fallecimiento de "Raúl Reyes" en la controvertida Operación Fénix[3] y el asesinato de "Iván Ríos" a manos de un subordinado a quien el gobierno pagó una recompensa.[4] Igualmente se han desmovilizado varios miembros rasos de las FARC e incluso algunos comandantes como lo fue el caso de alias "Karina" quien se entregó en mayo de 2008.[5]
Críticas y controversias
Una de las críticas de los detractores consiste en que, aunque haya dado algunos resultados en materia de seguridad, la política de seguridad democrática se queda totalmente corta a la hora de enfrentar todos los aspectos del complejo problema de la violencia y del conflicto colombianos.
Otra de las críticas considera que al involucrar a la población civil en la defensa activa del estado se estaría exponiendo a los civiles a un mayor grado de la intensidad del conflicto armado, por parte de todos los grupos armados, incluyendo de los abusos que ejecutasen algunos miembros de los organismos de seguridad.
Una crítica adicional consistiría en que dicha política no sería más que una versión de la política de seguridad nacional bajo otro nombre. En ese sentido, se plantea que la política de seguridad democrática tendría antecedentes en las políticas de seguridad nacional promovidas en América Latina en las décadas de 1970 y 1980 ante la amenaza comunista.
Desde esa perspectiva, se considera que la seguridad democrática pretendería distanciarse de la controvertida "seguridad nacional" en el sentido de que no sería una lucha específicamente en contra del comunismo, sino en contra de la violencia y que en aras de la democracia y como tal se pretende que los actuales actores armados puedan participar políticamente una vez se desmovilicen.
Como aspecto positivo se destaca que las fuerzas de seguridad del estado se empiezan a reconocer como una parte de la sociedad aclarando que el conflicto es entre los grupos armados ilegales y el pueblo Colombiano y no contra las fuerzas de seguridad del estado como se intentaba mostrar en el pasado.
"Falsos positivos"
Durante la aplicación de esta política se han presentado denuncias sobre "falsos positivos", casos donde miembros de las fuerzas de seguridad habrían elaborado y/o desactivado falsos atentados terroristas, además de detenido o asesinado a diferentes personas para mostrar más resultados o "positivos" en la lucha contrainsurgente.
Después de las detenciones masivas de ciudadanos acusados de ser miembros o colaboradores de la guerrilla, se ha denunciado por parte de varias de las comunidades afectadas, incluyendo entre ellas grupos de campesinos e indígenas, que sus miembros eran capturados después de ser señalados por individuos que decían conocer de sus vínculos con grupos armados ilegales.[6]
Muchas de las personas capturadas masivamente han sido puestas en libertad posteriormente por falta de pruebas en su contra. Diversos tipos de personas han sido afectadas por estas capturas incluyendo alcaldes municipales y ciudadanos discapacitados, entre ellos un campesino invidente quien estuvo privado de la libertad por cerca de dos años bajo la acusación de ser un supuesto jefe de explosivos de las FARC. El periodista Hollman Morris en su programa "Contravía" ha denunciado varios casos de personas que, tras ser liberadas al no encontrarse suficientes evidencias en su contra, fueron asesinadas posteriormente, presuntamente por grupos paramilitares.
En octubre de 2007 la ONG Cinep, presentó un estudio donde denunció que las Fuerzas Armadas colombianas y otros organismos de seguridad habrían cometido ejecuciones extrajudiciales, torturas, masacres y detenciones arbitrarias entre otros crímenes y en algunos casos aliados con grupos paramilitares para así poder mostrar mayores resultados. Según la ONG, dicha actitud se debe principalmente a la presión del gobierno sobre las fuerzas de seguridad para que estas presenten resultados que favorezcan la política de seguridad.[7][8]
Referencias
- ↑ «Inversión Extranjera». Sistema de Información Minero Colombiano. 7 de abril de 2009. Consultado el 7 de abril de 2009.
- ↑ «Colombian video shows hostages joyfully hugging in helicopter during rescue». International Herald Tribune. 5 de julio de 2008. Consultado el 5 de julio de 2008.
- ↑ «La operación que puso fin a Reyes». La Patria (Colombia). 01-03-2008. Consultado el 02-03-2008.
- ↑ «Alias Rojas sí recibirá recompensa por la muerte de Iván Ríos». W Radio (Colombia). 16 de junio de 2008. Consultado el 16 de junio de 2008.
- ↑ «Una emblemática guerrillera de las FARC se entrega en Colombia». Agence France-Presse. 18-05-2008. Consultado el 19-05-2008.
- ↑ Nueva Avalancha de Detenciones masivas en Quinchía
- ↑ Cinep denuncia 90 "falsos positivos" de la Fuerza Pública colombiana en un año. Caracol Radio
- ↑ Democracia y seguridad, editorial que cuestiona la efectividad de la política
Enlaces externos
- Política de Defensa y Seguridad Democrática
- La Verdad en los tiempos de la "Seguridad Democrática"
- «El informe de la discordia». El Espectador. 25 de abril de 2008. Consultado el 30 de abril de 2008.