Masacre de Aguas Blancas

Vado de Aguas Blancas donde, de acuerdo a fuentes oficiales, tuvo lugar la muerte de diecisiete campesinos miembros de la OCSS, el 28 de junio de 1995.

La Masacre de Aguas Blancas fue un crimen de Estado cometido por la policía del estado mexicano de Guerrero en el vado de Aguas Blancas (municipio de Coyuca de Benítez, región de la Costa Grande).

En este lugar, el 28 de junio de 1995, agentes del agrupamiento motorizado de la policía guerrerense dispararon en contra de un grupo de miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) que se dirigían a un mitin político que demandaba la liberación de Gilberto P Romero Vázquez, desaparecido un mes anterior y nunca más visto, en la población de Atoyac de Álvarez (región de la Costa Grande), lo que resultó en diecisiete campesinos muertos y veintiún heridos.​

El movimiento también demandaba acceso a agua potable, escuelas, hospitales y caminos.

El propio ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer sabía que se llevaría cabo ese mitin por lo que tomó las medidas necesarias. Entonces, 400 policías esperaban a los campesinos para detenerlos en el vado del río Las Hamacas, a tres kilómetros de Aguas Blancas. Era el punto en el que no había posibilidad de dar marcha atrás para las camionetas cargadas de campesinos. Se cuenta con datos que señalan un día antes de la masacre fueron retirados todos los policías municipales de Atoyac —lugar en donde se haría la protesta— y se avisó en el hospital regional que estuvieran preparados para recibir a los heridos.[1]

"28 de junio de 1995 varios miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) salieron con destino a la ciudad de Atoyac de Álvarez a bordo de dos camiones. Cuando se acercaban al vado de Aguas Blancas,fue detenido uno de los camiones por agentes de la Policía Judicial del Estado de Guerrero, obligando a descender y tirarse en el piso a más de sesenta campesinos. Unos diez minutos después, llegó al lugar de los hechos el otro camión, cuyos campesinos también fueron obligados a bajar, pero en el momento de descender, los policías comenzaron a dispararles indiscriminadamente, muriendo diecisiete personas y quedando otras heridas gravemente. Al terminar la balacera y luego de obligar a los sobrevivientes a regresar a sus pueblos, los policías se dieron a la tarea de colocar armas a los muertos, para que se fundamentara la versión de que se había producido un enfrentamiento."​

El Gobierno del Estado de Guerrero sabía de las posibles consecuencias de esta masacre, por ello inició una campaña de desarme en los municipios de la Costa Grande de Guerrero, principalmente en el municipio de Coyuca de Benítez.

Los sobrevivientes aseguran que los heridos fueron ejecutados con un tiro en la cabeza. Dieciséis campesinos resultaron muertos, otro falleció posteriormente. Después de la matanza, los policías colocaron armas de fuego en las manos de los campesinos muertos y aseguraron que ellos habían actuado en legítima defensa.

Aunado a lo anterior, se dieron a conocer las imágenes videograbadas por los mismos manifestantes en el momento en que fueron atacados. El crimen provocó protestas y el surgimiento de grupos armados como el EPR, que hizo su aparición cuando se conmemoraba el primer año de la masacre.

Por esta masacre, sólo se consignó a 10 policías por homicidio y abuso de autoridad.