Caso Santiago Maldonado

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Marcha en la Plaza de Mayo por la aparición con vida de Santiago Maldonado. 2017

La desaparición de Santiago Maldonado se refiere al caso de la desaparición de Santiago Andrés Maldonado durante una protesta en el lof mapuche de Cushamen, ubicado en la provincia argentina de Chubut, el 1 de agosto de 2017.

Santiago Maldonado permanece desaparecido hace 2523 días.

Antecedentes

Desde comienzos de la segunda mitad del siglo XX, comunidades mapuches han reivindicado la propiedad ancestral sobre distintos territorios que históricamente pertenecieron a sus antepasados, tanto en la Argentina como en la vecina Chile. En el primer país, sus mayores éxitos se dieron en la provincia del Neuquén, donde obtuvieron numerosos territorios ("reservas") dispersos por el centro y el este del territorio provincial.​ En las vecinas provincias de Río Negro y Chubut, en cambio, las poblaciones mapuches llevaron adelante una serie de enfrentamientos de baja intensidad, orientados a obtener territorios propios, especialmente dentro de los parques nacionales y en las estancias de grandes terratenientes ausentistas; en el caso de Chubut, gran parte de los reclamos se orientaron contra las propiedades del italiano Luciano Benneton, dueño de algo menos de 900 000 hectáreas en la Argentina, especialmente en Chubut.​ Las discusiones al respecto comenzaron en la década de los 90, con ofrecimientos y rechazos mutuos.​

Diversas comunidades han continuado reclamando tierras pertenecientes al Grupo Benneton, entre ellas la organización Pu-Lof en Resistencia, que reclama tierras junto al alto río Chubut, en el departamento Cushamen (Chubut).​ Tradicionalmente, en la Argentina las manifestaciones para exigir la entrega de tierras han sido pacíficas, contrastando con la situación en Chile, donde desde fines del siglo XX han incluido hechos de violencia,​ y se centraban especialmente en marchas, ocupaciones de espacios públicos y ocasionales piquetes para el corte de rutas. No obstante, algunos hechos de violencia, tales como incendios de refugios de montaña, han aumentado la prevención contra los grupos de protesta mapuches.​

El argentino Facundo Jones Huala, de ascendencia mapuche y con antecedentes policiales en la Argentina por posesión de explosivos, fue detenido en enero de 2013 en Chile, acusado de participar u organizar atentados incendiarios en ese país, vinculados con las protestas indígenas de ese país.​ Posteriormente, Jones Huala fue liberado y regresó a la Argentina, donde se reintegró a la comunidad Pu-Lof en Resistencia de Cushamen, donde fue nuevamente detenido en mayo de 2016 por un pedido de extradición desde Chile.​

La detención de Jones Huala —que en agosto de 2017 aún no había sido extraditado— llevó a las autoridades judiciales y políticas argentinas a centrar su atención en la comunidad Pu-Lof en Resistencia. En septiembre de 2016, la comunidad bloqueó el paso del tren turístico conocido como La Trochita,​ y desde entonces se repitieron los cortes de rutas, especialmente sobre la vieja ruta nacional 40. La respuesta del gobierno nacional fue enviar sucesivos grupos de agentes de la Gendarmería Nacional, que se apostaron repetidamente en las cercanías del acampe mapuche.​ Por su parte, la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia rechazó un habeas corpus presentado por el grupo mapuche, ante la presunta represión que se desataría en su contra por parte de la Gendarmería Nacional.​

Los días 10 y 11 de enero de 2017, fuerzas de Gendarmería avanzaron sobre la comunidad Pu-Lof de Cushamen junto con fuerzas de la Policía de la Provincia del Chubut, destruyendo sus viviendas precarias y persiguiendo a tiros a los miembros de la comunidad, que incluían a mujeres y niños. Varios habitantes de las zonas vecinas se acercaron a colaborar en la protección de los manifestantes de la represión policial. Pese a que los miembros de la comunidad coincidieron en que el gobierno provincial los calificaba de «terroristas» y de «peligrosos», y de que se presume que la orden de desalojo provino del gobierno a pedido del Grupo Benneton,​ el gobernador Mario Das Neves rechazó esas imputaciones y culpó de la represión al juez federal de Esquel, Guido Otranto.​ Desde entonces, el control de las actividades de la comunidad quedó exclusivamente en manos de la Gendarmería, mientras que la Policía provincial se mantuvo al margen.

Hechos denunciados

Acto por la aparición con vida de Santiago Maldonado.

El día 1 de agosto, la Gendarmería Nacional realizó un allanamiento sin que medie orden judicial en el campamento Pu Lof, ubicado en Cushamen, provincia del Neuquén. Las fuerzas de seguridad rompieron la tranquera con un camión hidrante, e ingresaron al predio una cantidad indeterminada de gendarmes armados. Los agentes procedieron a reprimir a los integrantes de la comunidad y a otros que se encontraban en el campamento con disparos de balas de goma, y a la quema de elementos pertenecientes a la comunidad. Algunos de los que se encontraban en el campamento huyeron hacia río y la vegetación que se encontraban cercanas al campamento.​​​​

Los denunciantes señalaron que en ese contexto, Santiago Maldonado huyó hacia la vegetación y se escondió antes de llegar al río por no saber nadar. Testigos grabados por la Fiscalía en la zona de los hechos, relataron que «entre los tiros y las agresiones, un segundo más tarde lo pierden de vista y escuchan que un gendarme da la voz de ‘Tenemos uno’ y luego acercan una camioneta de la Gendarmería, abren las puertas traseras y entre varios efectivos rodean las puertas para que no se pueda ver». La denuncia sostiene que Maldonado fue apresado y subido a un vehículo perteneciente a las fuerzas de seguridad.​​

Causa judicial

Los hechos fueron denunciados por los familiares de Santiago Maldonado, que se presentaron como parte querellante en la investigación penal.​ La acción pública quedó bajo la dirección de la Fiscalía Federal de Esquel, mientras que el defensor oficial designado fue Fernando Machado. La causa judicial quedó a cargo del juez federal de Esquel Guido Otranto, quien delegó la investigación en la fiscal federal Silvina Ávila.​

El juez intimó al gobierno nacional a informar si esa fuerza había detenido a Maldonado el 1 de agosto y qué medidas había adoptado para investigar la desaparición. Gendarmería contestó la intimación negando haber detenido a Maldonado y sin informar si había tomado medidas tendientes a investigar la suerte del militante desaparecido.​

El 24 de agosto la causa se modificó la recaratuló la causa como "desaparición forzada de persona".​

Causas internacionales

El gobierno argentino fue demandado ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas, para que tome medidas para encontrar a Santiago Maldonado.​ El 7 de agosto el Comité expresó su "preocupación por la integridad física y psicológica del joven" y requirió al Estado argentino que adopte “una estrategia integral y exhaustiva para la búsqueda y localización", tomando "todas las medidas urgentes que sean necesarias para buscarlo y localizarlo, tomando en cuenta los datos proporcionados por los miembros de la comunidad mapuche Pu Lof presentes durante la acción represiva”. El organismo de las Naciones Unidas exigió también que “la Gendarmería Nacional Argentina se abstenga de participar en la búsqueda e investigación de la desaparición” y que el gobierno argentino resguarde las pruebas que permitan identificar a los responsables.​ El mismo día, el Ministerio de Seguridad de la Nación ofreció una recompensa para quienes "sin haber intervenido en el hecho delictual, brinden datos útiles que sirvan para dar con el paradero". ​​​

El 23 de agosto, también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, dictó una medida cautelar para que el Estado argentino «adopte las medidas necesarias para determinar la situación y el paradero del señor Santiago Maldonado» y que «informe sobre las medidas adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos».​