Diferencia entre revisiones de «Derechos humanos en Chile»
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No hubo informes de que el gobierno o sus agentes cometiesen matanzas arbitrarias o ilegales.<ref name=report/> Los cargos han sido presentados contra funcionarios del gobierno por violaciones del pasado, incluyendo a miembros de la llamada [[Caravana de la Muerte]], el ex director de la DINA [[Manuel Contreras]], and retired security officer Rafael Gonzales (for the killing of [[Charles Horman]]). Al momento de su muerte en diciembre de 2006, el ex dictador [[ |
No hubo informes de que el gobierno o sus agentes cometiesen matanzas arbitrarias o ilegales.<ref name=report/> Los cargos han sido presentados contra funcionarios del gobierno por violaciones del pasado, incluyendo a miembros de la llamada [[Caravana de la Muerte]], el ex director de la DINA [[Manuel Contreras]], and retired security officer Rafael Gonzales (for the killing of [[Charles Horman]]). Al momento de su muerte en diciembre de 2006, el ex dictador [[Augusto Pinochet]] estaba bajo investigación o acusación en al menos seis casos que implican ejecuciones extrajudiciales, secuestro, y tortura que datan del gobierno militar de 1973-89. Sin embargo, Pinochet nunca fue procesado o condenado por cargos por derechos humanos.<ref name=report/> |
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Los reos [[Prisioneros en Chile]] generalmente están confinados en condiciones paupèrrimas. Las prisiones por lo general están sobrepobladas y las construcciones son anticuadas, con condiciones sanitarias deficitarias. En ocasiones aisladas los prisioneros han muerto debido a la falta procedimientos carcelarios limpios e insuficientes recursos médicos en las prisiones. Un estudio realizado por oficiales defensores públicos en 7 de las 13 regiones, reportò que durante el año 2005 el 59 porciento de los presos dijo ser víctima de abusos o ataques. En el 34 porciento de los casos de abuso repotado, los entrevistados dijeron que fueron los mismos gendarmes quienes cometierron los abusos.<ref name=report/> |
Los reos [[Prisioneros en Chile]] generalmente están confinados en condiciones paupèrrimas. Las prisiones por lo general están sobrepobladas y las construcciones son anticuadas, con condiciones sanitarias deficitarias. En ocasiones aisladas los prisioneros han muerto debido a la falta procedimientos carcelarios limpios e insuficientes recursos médicos en las prisiones. Un estudio realizado por oficiales defensores públicos en 7 de las 13 regiones, reportò que durante el año 2005 el 59 porciento de los presos dijo ser víctima de abusos o ataques. En el 34 porciento de los casos de abuso repotado, los entrevistados dijeron que fueron los mismos gendarmes quienes cometierron los abusos.<ref name=report/> |
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En Chile,durante la década de los 80's y los 90' se vio un proceso de destrucción de la democracia y la completa desaparición del respeto a los derechos humanos chilenos. Se vieron desapariciones inexplicables,tan misteriosas que causan escarmiento incluso en países completamente alejados de esta situación alarmante. En Colombia, se respetaron eternamente. |
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Por favor,¡no visiten Chile si quieren tener Derechos Humanos! |
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=== Arresto arbitrario o Detención === |
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Los grupos neo-nazis y skinhead comprometidos en actividades de bandas criminales y violencia contra inmigrantes, homosexuales, cantantes punk, y anarquistas. Mientras estos grupos comparten la retórica antisemítica de los grupos neo-nazis, no hubo informes de ataques Neo-nazis que apunten a la comunidad judía. Los neonazis identificados han sido despedidos de las fuerzas armadas y Carabineros, y el gobierno cerró un periódico neonazi en 2005.<ref name=report/> |
Los grupos neo-nazis y skinhead comprometidos en actividades de bandas criminales y violencia contra inmigrantes, homosexuales, cantantes punk, y anarquistas. Mientras estos grupos comparten la retórica antisemítica de los grupos neo-nazis, no hubo informes de ataques Neo-nazis que apunten a la comunidad judía. Los neonazis identificados han sido despedidos de las fuerzas armadas y Carabineros, y el gobierno cerró un periódico neonazi en 2005.<ref name=report/> |
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=== Freedom of Movement within the Country, Foreign Travel, Emigration, and Repatriation === |
=== Freedom of Movement within the Country, Foreign Travel, Emigration, and Repatriation === |
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Revisión del 14:13 16 jun 2009
Los derechos humanos en Chile son generalmente respetados por el gobierno. Hubo informes aislados de uso excesivo de fuerza y maltrato por policías, de abuso físico en cárceles y prisiones, y de condiciones de prisión generalmente de calidad inferior. Las autoridades dejaron de informar puntualmente a los detenidos de sus cargos y de concederles una audiencia oportuna. La violencia doméstica contra mujeres y niños era extendida. Había incidentes aislados de trata de blancas a, desde y dentro del país. Algunas personas indígenas fueron marginadas, en particular en áreas rurales, y sufrieron algunas formas de discriminación. Muchos niños fueron empleados en la economía informal.[1]
La judicatura condenó y sentenció a varios ex oficiales por abusos de derechos humanos cometidos durante el régimen militar. Antes de su muerte el 10 de diciembre, el ex dictador militar Augusto Pinochet respondió a acusaciones por violaciones a los derechos humanos a partir de 1973 hasta 1990 y por tratos financieros según se afirma ilegales durante y después de aquel período.[1]
Respeto por la integridad de la persona
Privación arbitraria o ilegal de la vida
No hubo informes de que el gobierno o sus agentes cometiesen matanzas arbitrarias o ilegales.[1] Los cargos han sido presentados contra funcionarios del gobierno por violaciones del pasado, incluyendo a miembros de la llamada Caravana de la Muerte, el ex director de la DINA Manuel Contreras, and retired security officer Rafael Gonzales (for the killing of Charles Horman). Al momento de su muerte en diciembre de 2006, el ex dictador Augusto Pinochet estaba bajo investigación o acusación en al menos seis casos que implican ejecuciones extrajudiciales, secuestro, y tortura que datan del gobierno militar de 1973-89. Sin embargo, Pinochet nunca fue procesado o condenado por cargos por derechos humanos.[1]
Desapariciones
No hay reportes de desapariciones motivadas políticamente.[1]
Los tribunales procesaron varios casos históricos basados en los argumentos de los demandantes que el rapto de presos políticos constituía un delito en curso, no cubierto por la amnistía, a menos que la ejecución subsecuente del sujeto pudiera ser establecida concretamente por la identificación de los restos. La Corte Suprema sostuvo varias convicciones basadas en el secuestro indefinido o permanente.[1]
La justicia siguió investigando abusos de derechos humanos cometidos por el antiguo gobierno militar y, en varios casos, sentencia dictada en aquellos encontrados culpables. Según el Ministerio del Interior, desde octubre había 361 casos de tribunal activos que implican a 485 antiguos funcionarios (funcionarios sobre todo militares pero incluyendo a algunos civiles). Para finales de año, 126 individuos habían sido condenados y sentenciados por violaciones a los derechos humanos durante el régimen de Pinochet.[1]
El juez Jorge Zepeda siguió investigaciones de detenciones de la era militar y desapariciones de personas en la Colonia Dignidad, ahora llamado Villa Baviera, un establecimiento de habla alemana 240 millas al sur de Santiago. El fundador del establecimiento, Paul Schaefer, procesado en 2005 por su participación en cuatro secuestros bajo el antiguo régimen militar, fue condenado a siete años en la prisión por tenencia ilegal de armas en agosto y afrontó cargos múltiples por abuso de menores. Varios de los socios de Schaefer, incluso Gerard Muecke, fueron encarcelados y permanecieron bajo investigación por posibles violaciones de derechos humanos en Colonia Dignidad.[1]
La investigación de la desaparición en 1985 del ciudadano estadounidense Boris Weisfeiler cerca de la Colonia Dignidad permaneció abierta a finales de año.[1]
Torturas y Otros Tratos o Castigos Crueles, Inhumanos o Degradantes
A pesa de que la ley prohíbe dichas pràcticas, las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), reciben reporrtes aislados de abusos y maltratos de parte de Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y Gendarmería.[1]
Pocos informes de abusos o maltratos llevaron a condenas. Los tribunales militares más bien que civiles típicamente trataban casos de abuso militar y policial (see section 1.e.).[1]
Los reos Prisioneros en Chile generalmente están confinados en condiciones paupèrrimas. Las prisiones por lo general están sobrepobladas y las construcciones son anticuadas, con condiciones sanitarias deficitarias. En ocasiones aisladas los prisioneros han muerto debido a la falta procedimientos carcelarios limpios e insuficientes recursos médicos en las prisiones. Un estudio realizado por oficiales defensores públicos en 7 de las 13 regiones, reportò que durante el año 2005 el 59 porciento de los presos dijo ser víctima de abusos o ataques. En el 34 porciento de los casos de abuso repotado, los entrevistados dijeron que fueron los mismos gendarmes quienes cometierron los abusos.[1]
Arresto arbitrario o Detención
La ley prohíbe el arresto arbitrario y la detención, el gobierno generalmente vigila estas prohibiciones.[1]
Rol de la Policía y Sistema de Seguridad
Los 27.000 miembros de Carabineros de Chile, bajo el control operacional de los Ministerios de Defensa y El Interior, tienen como responsabilidad primaria: el orden público, la seguridad ciudadana, el control de tráfico, y la seguridad fronteriza. La policía de Investigaciones de Chile (PICH), que se compone de aproximadamente 3.500 detectives, se encarga de las investigaciones criminales y el control inmigrante. Aunque este bajo la jurisdicción operacional del Ministerio del Interior, la PICH también recibe órdenes del fiscal o juez de una investigación criminal. La Gendarmería, con aproximadamente 620 oficiales and 8.520 vigilantes penitenciarios, operan el sistema nacional de reclución bajo la jurisdicción de Ministerio de Justicia. Carabineros ha experimentado una baja incidencia de corrupción. Carabineros, vigilantes penitenciarios, y oficiales toman clases de derechos humanos, los cuales son fundamentales en el currículo de la policía y academias militares.[1]
Arresto y Detención
Los funcionarios sólo públicos expresamente autorizados según la ley pueden arrestar o detener a ciudadanos. Las autoridades deben aconsejar a los tribunales 48 horas después de la detención y colocar al detenido a disposición de un juez. Nadie puede ser retenido o detenido excepto en su casa o una cárcel, prisión, u otra instalación pública diseñada para aquel objetivo.[1]
Mientras las autoridades generalmente respetaban provisiones constitucionales para el arresto y detención, los detenidos a menudo no eran aconsejados puntualmente de sus cargos en su contra, ni concedieron una audiencia oportuna ante un juez. Sin embargo, las reformas judiciales que entraron en vigor en junio de 2005 mejoraron la interpretación, y durante el año más del 80 por ciento de casos fue resuelto dentro del período designado. La ley permite que tribunales civiles y militares pidan la detención durante hasta cinco días sin el emplazamiento y amplíen la detención de terroristas presuntos durante hasta 10 días. La ley permite que jueces pongan la fianza. La libertad provisional debe ser concedida a menos que un juez decida que la detención es necesaria para la investigación o para la protección del preso o el público.[1]
La ley permite a los detenidos 30 minutos de acceso diario inmediato y subsecuente a un abogado (en la presencia de un carcelero) y a un doctor para verificar su estado físico. Se permiten visitas regulares por miembros de la familia.[1]
La ley requiere que la policía informe a detenidos de sus derechos y acelere la notificación de la detención a los familiares. La ley también prohíbe a la policía exigir la identificación o parar a personas basadas únicamente en la sospecha, y esto prohíbe el abuso físico por la policía contra personas detenidas (see section 1.c.).[1]
El presidente está autorizado a conceder el indulto a presos y típicamente lo concede a un número limitado de presos cada año por razones humanitarias.[1]
Proceso judicial
La ley asegura una judicatura independiente, y el gobierno generalmente respetaba esta provisión en la práctica. La ley asegura el derecho a un proceso justo, y una judicatura independiente generalmente hacía cumplir este derecho. La ley asegura el derecho a asesor legal, y oficinas del defensor público en 12 regiones y la Región Metropolitana proporcionan asesoría legal profesional a alguien que busque tal ayuda.[1]
La modernización de la judicatura tiene que afectar aún el sistema de justicia civil, que fue caracterizado por procedimientos anticuados e ineficaces. Los tribunales fueron abrumados por más de 800,000 nuevos casos cada año. El proceso civil medio dura más de cinco años, y los pleitos civiles podrían seguir durante décadas.[1]
No hubo informes de presos políticos o detenidos, aunque varios presidiarios en la prisión de máxima seguridad de Santiago acusados de actos terroristas después de la vuelta a la democracia en 1989 reclamaron ser presos políticos. En julio de 2005, el Senado aprobó una ley que permite que los presos condenados por cargos de terrorismo puedan solicitar la libertad condicional; 32 presos eran elegibles para aplicarse bajo las provisiones, pero no había ningún informe en cuantos fueron liberados bajo libertad condicional.[1]
Interferencia Arbitraria con intimidad, familia, a casa, o correspondencia
La ley prohíbe tales acciones, y el gobierno generalmente respetaba estas prohibiciones en la práctica.[1]
Libertades civiles
Libertad de expresión y prensa
La ley asegura la libertad de palabra y prensa, y el gobierno generalmente respetaba estos derechos en la práctica, sujeto a restricciones legales significativas.[1]
Los grupos de derechos humanos y las asociaciones de prensa criticaron la existencia y la aplicación de leyes que prohíben insultar a instituciones estatales, incluyendo a la presidencia, la legislatura, y cuerpos judiciales, y aquellos que permiten que funcionarios del gobierno presenten cargos contra periodistas que los insultan o critican. Los tribunales militares pueden acusar y juzgar a civiles por la difamación del personal militar y sedición, pero sus fallos pueden ser apelados a la Corte Suprema (ver la sección 1.e.). Las organizaciones de medios y los individuos también pueden ser demandados para el libelo.[1]
La ley prohíbe la grabación subrepticia de conversaciones privadas.[1]
Dos grupos de medios principales, que eran en gran parte independientes del gobierno, controlaron la mayor parte de los medios escritos. El gobierno era el dueño de la mayoría del periódico La Nación, pero no controlaba directamente su contenido editorial.[1]
Los medios de emisión generalmente eran independientes de la influencia directa del gobierno. Televisión Nacional era nacional, valga la redundancia, pero no en el control del gobierno directo. Fue autofinanciado por la publicidad comercial, editorialmente independiente, y gobernado por una junta directiva designada por el presidente y aprobada por el Senado.[1]
El Consejo Nacional de Televisión, financiado por el gobierno, era responsable de asegurar que la programación de televisión "respeta la moral y valores culturales de la nación." El papel principal del CNT debía regular la violencia y sexo explícitas tanto en emisión como en televisión vía cable que programa los contenidos. Las películas y otros programas juzgados por el CNT por ser en exceso violentas, tener lenguaje soez, o represente escenas sexualmente explícitas pueden ser mostradas sólo después de las 22h00, cuando finaliza el "horario familiar". El CNT de vez en cuando imponía multas.[1]
No hay restricciones gubernamentales en el acceso a Internet. Individuos o grupos pueden partcipar en la manifestación pacífica de opiniones por medio del Internet, incluso por correo electrónico. Aunque Investigaciones de Chile mantiene una unidad contra crímenes sexuales que monitorea sitios webs de pornografía infantil y procesa a los individuos que vendan, guarden, o intercambien pornografía infantil en Internet, no hay reportes de que el gobierno monitoree los e-mail o salas de chat por otros propósitos.[1]
No había ninguna restricción del gobierno contra la libertad de cátedra o eventos culturales.[1]
Libertad de Asamblea Pacífica y Asociaciones
La ley provee de libertad de asamblea y asociaciones, el gobierno generalmente respeta estos derechos en práctica.[1]
Libertad de Religión
La ley provee de la libertad de religión, el gobierno generalmente respeta este derecho en la práctica.[1]
Se requirió que organizaciones religiosas se registraran con el Ministerio de Interior a fin de disfrutar del estado no lucrativo religioso y proporcionaran ciertos servicios religiosos, como ceremonias de matrimonio.[1]
Aunque la ley conceda a las religiones no católicas el derecho de tener a capellanes en hospitales públicos, prisiones, y unidades militares, algunos líderes de las iglesias Protestantes del país (explicando más del 15 por ciento de la población) notaron una renuencia para llamar a capellanes Protestantes en las fuerzas armadas y obstáculos a visitas pastorales en hospitales militares. Los hospitales y las prisiones fuera del sistema militar, sin embargo, proporcionaron el acceso bueno a los evangélicos, así como otras denominaciones religiosas minoritarias.[1]
Mientras se requirió que escuelas ofrecieran la educación religiosa dos veces a la semana por la escuela secundaria, la inscripción en tales clases era opcional. Los mandatos de la ley que enseñan el credo solicitado por padres, pero imposición eran a veces flojos. La instrucción era casi exclusivamente Católica.[1]
En septiembre de 2005, la Suprema Corte sustained a government challenge to the registration of the Unification Church as a religious nonprofit organization. Since then, the Unification Church continued to operate under a more limited private nonprofit status.[1]
There were isolated reports of anti-Semitic incidents, including spray-painted graffiti of swastikas and derogatory comments directed at Jewish individuals. The Jewish community was estimated at approximately 21,000 persons.[1]
Los grupos neo-nazis y skinhead comprometidos en actividades de bandas criminales y violencia contra inmigrantes, homosexuales, cantantes punk, y anarquistas. Mientras estos grupos comparten la retórica antisemítica de los grupos neo-nazis, no hubo informes de ataques Neo-nazis que apunten a la comunidad judía. Los neonazis identificados han sido despedidos de las fuerzas armadas y Carabineros, y el gobierno cerró un periódico neonazi en 2005.[1]
Freedom of Movement within the Country, Foreign Travel, Emigration, and Repatriation
The law provides for these rights, and the government generally respected them in practice. The law prohibits forced exile, and it was not used.[1]
The law provides for the granting of asylum or refugee status in accordance with the 1951 UN Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 protocol, and the government established a system for providing protection to refugees. In practice the government provided protection against refoulement, the return of persons to a country where they feared persecution. The government granted refugee status or asylum. During the year, 850 persons residing in the country had recognized refugee status. The government also provided temporary protection to approximately 450 individuals applying for status as refugees under the 1951 convention and the 1967 protocol. These individuals were eligible for government-funded health care and education while awaiting adjudication of their cases and were financially supported by the UN High Commissioner for Refugees (UNHCR) and other organizations. The government cooperated with the UNHCR and other humanitarian organizations in assisting refugees and asylum seekers.[1]
Political Rights
The law provides citizens the right to change their government peacefully, and citizens exercised this right in practice through periodic, free, and fair elections held on the basis of universal suffrage.[1]
Elections and Political Participation
Plantilla:See In January voters elected Michelle Bachelet of the Socialist Party as president in a free and fair runoff election. Bachelet is a member of the center-left Concertación coalition, which includes the Socialist Party, the Christian Democratic Party, the Party for Democracy, and the Radical Social Democrat Party. En diciembre de 2005, los votantes decidieron a 20 de los 38 senadores y 120 miembros de la Cámara de Diputados en elecciones generalmente consideradas libres y justas. La presidenta Bachelet y el nuevo congreso tomaron posesión del cargo el 11 de marzo.[1]
There were 15 women in the 120-seat Chamber of Deputies, two women in the 48-seat Senate, and 10 women in the 18-member cabinet. Indigenous people have the legal right to participate freely in the political process, but relatively few were active. No members of the legislature acknowledged indigenous descent.[1]
Women became more visible in political life after Michelle Bachelet assumed the presidency in March. As a result of her policy of "gender parity," women filled nearly 50 percent of governmental appointments. However, women continued to be vastly underrepresented among elected officials, constituting, for instance, only 12 percent of municipal mayors.[1]
Corrupción y transparencia del gobierno
Hubo informes aislados sobre corrupción del gobierno durante el año. El índice de corrupción anual del Interciudadano de Transparencia registró que el público percibió el país como relativamente sin corrupción. El Acta de Libertad de Información requiere que el gobierno y sus agencias haga toda la información no clasificada sobre sus actividades disponible al público, aunque sus exigencias no siempre sean realizadas por funcionarios del gobierno.[1]
Governmental Attitude Regarding International and Nongovernmental Investigation of Alleged Violations of Human Rights
Varios grupos de derechos humanos domésticos e internacionales generalmente funcionaban sin la restricción del gobierno, investigando y publicando sus conclusiones en casos de derechos humanos. Los funcionarios del gobierno eran cooperativos y sensibles a sus vistas.[1]
La Corte Interamericana de Derechos Humanos publicó dos fallos contra el gobierno en septiembre. En un caso, la corte dictó que la aplicación de la Ley de Amnistía de 1978 por la muerte en 1973 de Luis Almonacid Arellano constituyó negación de justicia. El tribunal dictó posteriormente que la Ley de Amnistía no podía ser aplicada en el caso Almonacid u otros casos que comprenden delitos contra la humanidad para objetivos de investigaciones de cierre o suspensión de la sentencia contra personas condenadas por aquellos delitos. La Corte ordenó que el gobierno le pagara a la familia Almonacid 10,000 dólares para honorarios de abogados. El gobierno aceptó el dictamen del tribunal, y a final de año el Congreso pensaba que la legislación restringía el alcance de la Ley de Amnistía.[1]
In the case of Claude Reyes, the court issued a ruling regarding the government's refusal to release certain financial information about a forestry contract negotiated with a foreign investor in 1998. The contract was never finalized, and the environmentally sensitive project was terminated. However, the court ruled that the government had violated the plaintiff's right to free speech by denying access to public information without a valid justification. The ruling called on the government to provide all the requested information and guarantee effective access to public information in the future. The court also ordered the government to pay the plaintiffs $10,000 in compensation for legal fees and other expenses.[1]
Discrimination, societal abuses, and trafficking in persons
The law prohibits discrimination based on race, color, gender, age, nationality, national origin, or social status, and the government enforced this prohibition; however, such discrimination continued to occur.[1]
Women
Domestic violence against women is a serious problem. One study reported 34 percent of married women had suffered physical violence. Rape, including spousal rape, is a criminal offense; the government generally enforced the law. Experts believe that most rape cases went unreported. Although adult prostitution is legal, bordellos are not.
Sexual harassment generally was recognized as a problem. A 2005 law against sexual harassment provides protection and financial compensation to victims and penalizes harassment by employers or co-workers. Most complaints are resolved quickly, resulting in action against the harasser in 33 percent of cases.[1]
Women enjoy the same legal rights as men, including rights under family law and property law. The quadrennial 2004 National Socio-Economic Survey suggested that the overall gender income gap remained at 33 percent, and women's workforce participation rose to 42 percent. The labor code provides specific benefits for pregnant workers and recent mothers.[1]
A 2005 study by Corporación Humana and the University of Chile's Institute of Public Affairs revealed that 87 percent of women surveyed felt that women suffered discrimination.[1]
Children
The government is committed to children's rights and welfare. Education is universal, compulsory, and free from first through 12th grade. The government provided basic health care through a public system, with equal access for girls and boys. Violence against children was a problem. A 2003 study by the Citizens' Peace Foundation indicated that 60 percent of children surveyed between the ages of seven and 10 had suffered some type of aggression against them or their belongings either inside or outside their homes. Child prostitution was a problem (see Human trafficking in Chile), as was child labor in the informal economy (see Labor rights in Chile).[1]
Trafficking in persons
The law does not specifically prohibit trafficking in persons, and there were isolated reports that persons were trafficked to, from, and within the country for the purposes of sexual exploitation and involuntary domestic servitude. The law criminalizes promoting the entry into or exit from the country of persons for the purpose of facilitating prostitution, as well as the prostitution of children and corruption of minors.[1]
Most trafficking victims were minors trafficked internally for sexual exploitation. Law enforcement authorities stated that small numbers of victims were trafficked to the neighboring countries of Argentina, Peru, and Bolivia, as well as to the United States, Europe, and Asia. Anecdotal reports suggested that young women were the primary targets for trafficking to other countries. Traffickers looking for children also targeted economically disadvantaged families, convincing the parents that they were giving the child the opportunity for a better life.[1]
The government makes substantial efforts to prevent trafficking and to assist trafficking victims.[1]
Personas discapacitadas
Aunque la ley prohíbe la discriminación hacia las personas con discapacidades físicas o mentales, muchas de ellas han sufrido de hecho diversas formas de discrriminación. La ley obliga a la construcción de accesos especiales para los discapacitados, pero un estudio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo basado en un censo entre el 2002 y el 2003, reveló que el 70% de los edificios de uso público no cumplían con la norma. Una mejora en el sistema de transporte público urbano de Santiago proveyó a algunas máquinas de las rutas troncales de acceso especial para discapacitados. Algunos rutas alimentadoras también proveen de rampas de acceso a los buses menores. Las líneas del metro del área metropolitana aún carecen de acceso para discapacitados. La situación del transporte público fuera de Santiago es más problemática.[1]
En abril de 2005, el gobierno lanzó el Primer Estudio Nacional de la Discapacidad, el cual reveló que por cada persona discapacitada en los estratos socioeconómicos mayores, existen dos personas discapacitadas en los estratos más humildes. Aproximadamente 100.000 personas discapacitadas menores de 13 años no han recibido cuidado especial ni educación.[1]
Pueblos indígenas
Según el censo de 2002, aproximadamente 692,000 personas (un 5% de la población total) se identifican como de origen indígena. La ley da a los pueblos indígenas derecho a voz en las decisiones que atañen a sus tierras, a su cultura y sus tradiciones, y les garantiza educación bilingüe en las escuelas con componente indígena. Alrededor de la mitad de quienes se identifican como indígenas permanecen al margen del resto de la sociedad. Los pueblos orginarios también han experimentado discriminación social, y han denunciado ser víctimas de ataques y acoso.[1]
LGBT rights
Derechos laborales
Los trabajadores tienen el derecho a formar y afiliarse a sindicatos sin autorización previa, y aproximadamente el 10 por ciento del personal total es agremiado. La ley permite que los sindicatos dirijan sus actividades sin interrupción, y el gobierno en la práctica protege este derecho. Mientras los empleados del sector privado tienen el derecho a huelga, el gobierno regula este derecho, y hay algunas restricciones. La ley prohíbe el trabajo forzado u obligatorio, y no hubo informes que tales prácticas ocurrieran. La ley restringe el trabajo infantil, pero esto es un problema en la economía informal. Hay informes que los niños son traficados. El salario mínimo es puesto según la ley y es sujeto a ajuste anualmente. La ley pone la semana laborable legal en seis días o 45 horas; el máximo de duración del día laborable es de 10 horas. La ley establece seguridad ocupacional y estándares de salud.[1]
Referencias
- ↑ a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an añ ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg Report on Human Rights Practices 2006: Chile. United States Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor (March 6, 2007). This article incorporates text from this source, which is in the public domain.