Orden europea de investigación en materia penal

Directiva 2014/41/UE
Título	Directiva 2014/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, relativa a la orden europea de investigación en materia penal
Aplicabilidad	Todos los Estados miembros de la UE con excepción de Irlanda y Dinamarca.
Hecho por	Parlamento Europeo y Consejo
En base a	Artículo 82.1.a) del TFUE, e; Iniciativa del Reino de Bélgica, la República de Bulgaria, la República de Estonia, el Reino de España, la República de Austria, la República de Eslovenia y el Reino de Suecia.;
Referencia del DOUE	DO L 130 de 1.5.2014, p. 1/36
Cronología
Fecha de aprobación	03 de abril de 2014
Entrada en vigor	21 de mayo de 2014
Fecha de transposición	22 de mayo de 2017 (plazo máximo)
Legislación relacionada
Reemplaza	Sustituye, a partir del 22 de mayo de 2017, a las disposiciones correspondientes de los siguientes convenios aplicables a las relaciones entre los Estados miembros vinculados por la presente Directiva: a) Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Materia Penal del Consejo de Europa, de 20 de abril de 1959, así como sus dos protocolos adicionales y los acuerdos bilaterales celebrados con arreglo a su artículo 26;; b) Convenio relativo a la aplicación del acuerdo de Schengen;; c) Convenio de asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea y su Protocolo.; ; Decisión Marco 2008/978/JAI para todos los Estados miembros vinculados por la presente Directiva.; Decisión Marco 2003/577/JAI para todos los Estados miembros vinculados por la presente Directiva en relación con el aseguramiento de pruebas e inmovilización de activos.; Decisión marco 2008/987/JAI para todos los Estados miembros vinculados por la presente Directiva.;
	Legislación vigente
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La Orden Europea de Investigación en materia penal (OEI) es una resolución judicial emitida o validada por una autoridad judicial de un Estado miembro de la Unión Europea para llevar a cabo una o varias medidas de investigación en otro Estado miembro de la Unión Europea con vistas a obtener pruebas en una investigación criminal o tener acceso a las ya obtenidas por otros Estados miembro de la Unión. Comprenderá todas las medidas de investigación con excepción de la creación de un equipo conjunto de investigación y la obtención de pruebas en dicho equipo por ser dicha materia objeto de regulación en el Convenio de asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea y en la Decisión Marco 2002/465/JAI del Consejo.

La Directiva fue adoptada, en base al artículo 82.1.a) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que regula la cooperación judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea, vista la propuesta de siete de dichos Estados miembros: Bélgica, Bulgaria, Estonia, España, Austria, Eslovenia y Suecia.

Adoptada por el Parlamento Europeo y el Consejo el 3 de abril de 2014, su aplicación no se extiende ni a Irlanda ni a Dinamarca en aplicación de sendos protocolos al Tratado de funcionamiento de la Unión que articulan las cláusulas opt in para Reino Unido e Irlanda y opt out para Dinamarca.

El Gobierno de España aprobó en Consejo de Ministros de 24 de noviembre de 2017 remitir al Congreso de los Diputados un Proyecto de Ley para trasponer la Directiva que regula este instrumento al Derecho español,^[1] aunque la misma se encuentra todavía en fase de tramitación parlamentaria.^[2]^[3]