Unión de Armas

La Unión de Armas fue proclamada en 1626 por Felipe IV para la creación de un ejército de 140.000 reservas reclutados y mantenidos por las diferentes provincias, reinos y virreinatos de acuerdo a sus necesidades y posibilidades.

Antecedentes

Durante los siglos XVI y XVII la defensa de los intereses de la Monarquía Hispánica fuera del territorio peninsular recaía casi exclusivamente en Castilla. Tras más de un siglo de guerras ininterrumpidas, Castilla pasó de ser la Corona más rica y dinámica del Imperio a una región empobrecida con graves problemas de despoblación. Economistas castellanos llevaban décadas pidiendo un reparto más equitativo de los gastos de defensa, algo que el Consejo de Finanzas recomendó ya en 1622. Asimismo en las cortes castellanas se propuso en ese mismo año el reemplazar el impuesto de los millones por el pago correspondiente a un ejército de 30.000 soldados al que el resto de provincias y reinos también deberían contribuir (Corona de Aragón, Portugal, Navarra, Vizcaya y Guipúzcoa).

Los estados italianos solían contribuir a sus propios gastos defensivos. Los Países Bajos también aportaban para su defensa, si bien en menor medida a la requerida pero debido a que era un frente normalmente abierto. Navarra, Aragón y Valencia contribuían ocasionalmente a la defensa del imperio. Finalmente, Cataluña y Portugal siempre se habían negado a cualquier aporte concerniente a esta materia.

La estructura de la Monarquía Hispánica era complicada, pues cada reino tenía leyes propias y un poder legislativo propio. Así pues cualquier intento de repartir los gastos de defensa se encontraba con la oposición frontal de dichos reinos, cuya oligarquía lo convertían en una defensa del poder de los reinos frente al central de la Monarquía Hispánica.

En esta situación la Monarquía Hispánica entra en la guerra de los Treinta Años, situación que Castilla puede soportar a duras penas, a lo que se le añade las grandes caídas de recursos procedentes de América en los años 1629–1631 y 1639–1641. Ante la falta de recursos fiscales y militares de la tradicional fuente castellana, en esta ocasión se comienza a considerar seriamente el que las provincias y coronas no castellanas también contribuyan a la defensa de los intereses del conjunto.

El conde-duque de Olivares con Felipe IV en 1621 incorpora las ideas de reparto y uniformidad fiscal en su idea de gobierno; en los planes de Olivares estaba una mayor unión del imperio bajo leyes uniformes, lo cual supondría una cesión en los intereses constitucionales de los distintos reinos; como contrapunto ofrecía el repartir los frutos del Imperio (junto con sus cargas), hasta entonces reservados principalmente a Castilla.

Unión de Armas

A esto añadió otra vía paralela para acelerar la uniformidad de las coronas y reinos españoles: la Unión de Armas, que proponía la creación de un ejército de 140.000 reservas reclutados y mantenidos por las diferentes provincias, reinos y virreinatos de acuerdo a sus necesidades y posibilidades; con esto pretendía conseguir una mayor unión a través de una unión militar. Pero esto no fue aceptado, pues un decreto de las cortes castellanas no podía obligar a recaudar dinero en Aragón, Valencia y Cataluña.

A partir de 1626 el rey fue convocando las distintas cortes; de Aragón y Valencia obtuvo el costear 2.000 y 1.000 soldados al año durante 15 años (144.000 y 72.000 ducados al año respectivamente). De Cataluña pretendía obtener 250.000 ducados al año para la defensa de sus fronteras terrestres y mediterráneas, pero la negociación fue ardua y sin éxito. Olivares publicó la Unión de Armas, a pesar de que Cataluña seguía fuera. Asignó a Perú una cuota por valor de 350.000 ducados y a México 250.000 ducados para la defensa del comercio transatlántico, si bien las colonias ya tenían una carga impositiva alta, similar a la de Castilla.

Reticencias a su implantación

Cataluña seguía oponiéndose a la propuesta con diversos argumentos, por lo que Olivares decidió unilateralmente intentar incluirla en la Unión de Armas en una segunda ocasión en las cortes catalanas, aunque siempre con la decidida oposición de los estamentos catalanes. De nuevo la negociación fue ardua principalmente debido a los representantes barceloneses, que a su oposición añadían, naturalmente, sus propias demandas. Existe evidencia de que algunos miembros de la Diputació estaban interesados en sabotear las relaciones entre la corona y las cortes catalanas para prevenir una investigación sobre asuntos del gobierno interno catalán (corrupción?). En agosto de 1632 los oficiales reales recibieron las órdenes de aceptar cualquier propuesta por poco beneficio que supusiese, pero en octubre las cortes catalanas se prorrogan con Cataluña aún fuera de la Unión de Armas y siendo el principal obstáculo a esta, ya que para los gobernantes catalanes, esta unión suponía un "despilfarro" y argumentaban, entre otras cosas, que el dinero podría estar mejor invertido en otros menesteres.

El empeoramiento de las relaciones entre la corona y Cataluña derivaría finalmente en la sublevación de Cataluña de 1640, a la que seguiría inmediatamente otro levantamiento en Portugal que derivaría en su independencia. La principal causa de la sublevación catalana fue el mal comportamiento de las tropas castellanas, quienes abusaban de su posición de fuerza y actuavan violentamente, hiriendo y llegando a causar la muerte a varios campesinos, lo que acabó sublevando al pueblo catalán en contra de los opresores.

Las consecuencias de la guerra, funestas para Cataluña, comportaron la amputación de la parte norte del Principado (el Rosellón y la Cerdaña, entres otras comarcas) y su anexión a Francia, la cual fue notificada "oficialmente" a Cataluña cuarenta años más tarde, coincidiendo con un edicto del "Rey Sol", Luis XIV de Francia, que prohibía la lengua catalana en los territorios de la, desde entonces, "Catalogne Nord".

Enlaces externos

• La Unión de Armas en los Países Bajos Católicos — Alicia Esteban Estríngana (Universidad de Alcalá)