Diferencia entre revisiones de «Ley de Justicia y Paz»

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Revisión del 04:40 8 dic 2009

La Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005) es una ley colombiana, impulsada por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y aprobada por el Congreso de Colombia, como marco jurídico para el proceso de desmovilización de paramilitares en Colombia, aunque eventualmente podría ser utilizada en procesos de desmovilización de grupos guerrilleros.

Controversia

Durante su redacción y trámite, proyecto de ley fue criticado por grupos de derechos humanos y las Naciones Unidas, entre otras organizaciones. Sus críticos consideraron que podía ser demasiado generoso al ofrecer penas de 5 a 8 años por delitos graves, aplicables a aquellos delitos que los mismos desmovilizados confiesen o que el Estado pueda probar posteriormente. También se ha criticado el que en un principio fuese relativamente limitado el período de tiempo para las investigaciones o procesos de delación que ayuden a generar el material probatorio. Las Naciones Unidas, mediante su vocero Michael Frühling, han criticado el que la realización de una confesión total no fuera un requisito del proceso, sino que en principio se exija más bien una especie de versión libre sobre las actividades criminales de los desmovilizados, argumentando que eso constituiría un obstáculo para el pleno desmantelamiento del paramilitarismo y la reparación a las víctimas.

El gobierno colombiano y los defensores de la Ley de Justicia y Paz argumentaron que había que encontrar un balance entre los requerimientos de la justicia y los de la paz, lo que implica la aceptación de cierta impunidad implícita dentro de un proceso de negociación. También se argumentó que fue la primera ley y el primer proceso de desmovilización que ofrecía penas a combatientes y dirigentes que no habían sido vencidos en combate, en contraste con los procesos de desmovilización previos con las guerrillas. El entonces ministro del Interior y Justicia Sabas Pretelt declaró ante los medios que el exigir la confesión total podría haber constituido una violación a la Constitución vigente, mediante la autoincriminación. El Fiscal General Mario Iguarán declaró que su despacho pretende continuar con todos los procesos que impliquen posibles actividades criminales no confesadas y que se actuará en consecuencia tanto en ese caso como contra los crímenes posteriores de los desmovilizados, en caso de ser necesario.

La Corte Constitucional revisó la constitucionalidad de la Ley de Justicia y Paz. En un fallo de abril de 2006, por 7 votos contra 2, no encontró vicios de forma en el hecho de que el trámite de la ley en el Congreso haya sido el de una ley no estatutaria.^[1]

El 18 de mayo de 2006, en un nuevo fallo referido ya al contenido mismo de la ley, la Corte condicionó varios apartes de la ley y declaró inexequibles otros, en el fallo la corte declaró que "quienes se acojan a la ley deberán cumplir a cabalidad las resoluciones de la ley, como la confesión total de los delitos, la reparación y la verdad, y no volver a delinquir", a diferencia del proyecto de ley que pasó el gobierno y aprobó el congreso donde la confesión plena no era un requisito y los delitos que se demostraran posteriores a la desmovilización no afectaban los beneficios jurídicos obtenidos por los desmovilizados.^[2]

Human Rights Watch considera que el fallo de la Corte fue un gran correctivo, solucionando varios de los graves problemas y vacíos iniciales que existían en el proyecto de ley.^[3]

Referencias

Véase también

Enlaces externos

Artículos en Wikinoticias:

[1] (Caracol Radio)

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[3] Colombia: Al Corregir Ley de Desmovilización, Corte Evita Abusos Futuros

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 El [[18 de mayo]] de [[2006]], en un nuevo fallo referido ya al contenido mismo de la ley, la Corte condicionó varios apartes de la ley y declaró inexequibles otros, en el fallo la corte declaró que ''"quienes se acojan a la ley deberán cumplir a cabalidad las resoluciones de la ley, como la confesión total de los delitos, la reparación y la verdad, y no volver a delinquir"'', a diferencia del proyecto de ley que pasó el gobierno y aprobó el congreso donde la confesión plena no era un requisito y los delitos que se demostraran posteriores a la desmovilización no afectaban los beneficios jurídicos obtenidos por los desmovilizados.<ref>[[n:Corte Constitucional de Colombia condiciona aplicación de la Ley de Justicia y Paz|(WN)]]</ref>
-'''Los vacíos de Ley de Justicia y Paz'''
 Human Rights Watch considera que el fallo de la Corte fue un gran correctivo, solucionando varios de los graves problemas y vacíos iniciales que existían en el proyecto de ley.<ref>[http://hrw.org/spanish/docs/2006/07/19/colomb13773.htm Colombia: Al Corregir Ley de Desmovilización, Corte Evita Abusos Futuros]</ref>
-En su momento fue presentada como un modelo de justicia transicional para la solución de conflictos armados, pero hoy deambula por el laberinto de la morosidad judicial, las confesiones a retazos y el enrevesado camino de buscar que a los principales artífices del paramilitarismo les quede alguna voluntad para colaborar con la justicia colombiana, a sabiendas de que resolver sus cuentas con la norteamericana representa en la actualidad su acción prioritaria.
-Estaba advertido desde los vacíos de aplicación en que la ley fue cayendo con el curso de los acontecimientos. A tropiezos pasó el examen jurídico en la Corte Constitucional en 2006, donde afortunadamente se hundió por errores de forma la columna que sostenía el objetivo de las autodefensas de lograr su expedito tránsito a la política. La sedición como comportamiento, también atribuible al paramilitarismo, que tampoco acabó de convencer como argumento de fondo.
-Después llegó la parapolítica, que puso contra la pared tanto a los jefes desmovilizados obligados a decir la verdad, como a un alto número de dirigentes políticos que aún se discute si obraron como soporte de su expansión electoral y militar. Los comandantes de las autodefensas no rompieron del todo sus tentáculos con el narcotráfico y en medio de las ambigüedades de un proceso de paz sujeto a manipulaciones y chantaje terminaron extraditados.
-Hoy el escenario no puede ser más escéptico. En el interior del país la Ley de Justicia y Paz sigue a la espera de que se produzcan sentencias y que se masifique la divulgación de las confesiones para fortalecer el objetivo de la verdad; mientras en el exterior avanza a la zaga de lo que buenamente la justicia norteamericana facilite a los investigadores de Colombia, sin perder nunca su norte esencial: que los extraditados del paramilitarismo salden sus cuentas de narcotráfico.
-Sin verdad ni justicia a la vista, ni mucho menos ejercicio real de reparación a las víctimas, la Ley de Justicia y Paz continúa en un limbo extenuante, eternamente sometido a los cíclicos escándalos de aquellos desmovilizados que equilibran el juego de sus confesiones con descontextualizados y oportunistas señalamientos en los medios de comunicación; o los desesperados anuncios de algunos jefes paramilitares extraditados a Estados Unidos que ya no quieren colaborar con la justicia colombiana.
-Sin embargo, no es tarde para que la Ley de Justicia y Paz recobre su importancia en escenarios de reconciliación y verdad. Como instrumento jurídico aporta elementos válidos para la desmovilización de combatientes y ya existe un camino andado que será de mucha utilidad en términos de reconstrucción de memoria. Pero necesita líderes que la fortalezcan y dinamicen antes que apurar su advertido fracaso. Y los promotores ideales no pueden ser otros que quienes hoy imparten justicia.
-En otras palabras, especialmente en manos de la Fiscalía y de la Corte Suprema, descansa la alternativa de que la desmovilización de combatientes del paramilitarismo, incluyendo la de aquellos que terminaron extraditados, no se convierta en un proceso a la deriva con evidencias desperdigadas en múltiples expedientes y uno que otro esfuerzo asistencialista en materia de reparación. Colombia urge verdades claras y contundentes, por dolorosas que ellas sean. Sólo así podrá cerrarse un capítulo sombrío en la historia nacional.
-http://www.elespectador.com/opinion/editorial/articulo164713-los-vacios-de-ley-de-justicia-y-paz
 == Referencias ==