Masacre de Porvenir

El 11 de septiembre de 2008 se llevó a cabo la masacre de Porvenir, cerca de la población de Porvenir (en las cercanías de la ciudad de Cobija, capital del Departamento de Pando, Bolivia). Tuvo como resultado 18 campesinos muertos y cerca de 30 desaparecidos.

Estos hechos se llevaron a cabo como parte del golpe de estado civil contra el Presidente democráticamente electo de Bolivia Evo Morales Aima.

La masacre sólo se detuvo por la intervención del Gobierno de Morales y su decisión de declarar estado de sitio en el departamento de Pando y la aprehensión de los líderes de la masacre.

Investigaciones realizados por equipos de investigadores enviados por UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas, conformada por doce países de Suramérica) llegaron a la conclusión de que el hecho había sido planificado y llevado a cabo por personal de la prefectura de Pando y del servicio de Caminos de Bolivia, todos a órdenes de Fernández.

Desde el 16 de septiembre de 2008, Fernández y varios de sus colaboradores se encuentran en calidad de presos en la carcel de San Pedro de La Paz por ordenes del juez, mientras su caso se encuentra en proceso de investigacion por parte de la Fiscalía de Distrito, por las muertes y tortura de campesinos en Pando.

El golpe de estado civil

El golpe de estado encabezado por Branco Marincovic Presidente del Comite Civico de Santa Cruz y la colaboracion, Rubén Costas, Leopoldo Fernández, Mario Cosió y Ernesto Suárez Sattori, todos ellos prefectos de departamento, se realizó de manera violenta y sanguinaria. Se inició con bloqueo de caminos y continuó con la toma violenta de medios de comunicación, toma de aeropuertos, instituciones del estado boliviano (como la oficina de impuestos internos, aduana, etc.).

El golpe no pudo conseguir sus objetivos debido principalmente a dos factores:

1. La masacre de Porvenir y el repudio que esta tubo por parte de la poblacion civil.
2. La falta de apoyo de la clase alta (tradicionalmente golpista; pero horrorizada por la violencia y radicalismo de los participantes en este intento de toma violenta)
3. La expulsión del embajador estadounidense Philip Goldberg (que actuaba como coordinador y ademas proveía los medios económicos y logisticos para el golpe de estado)
4. La carencia de apoyo nacional e internacional a los conspiradores. Estos se vieron obligados a pedir el inicio de negociaciones con el gobierno central presidido por Morales.

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Apoyo exterior al golpe de estado

La embajada estadounidense tuvo un rol activo en el intento de toma violenta del gobierno, financiando y organizando a los distintos grupos participantes. El embajador Philip Goldberg fue por ello declarado persona non grata y expulsado de Bolivia por su participación en el intento golpe.

UNASUR y su apoyo incondicional a la democracia en Bolivia

La USASUR fue un factor de gran importancia en el aislamiento de los conspiradores ya que en reunión de emergencia llamada por la Presidenta de Chile Michelle Bachelet en el Palacio de la Moneda el 15 de septiembre le dieron todo su respaldo al Gobierno democrático de Bolivia en la Declaración de la Moneda:

Declaración de La Moneda

Santiago, 15 de septiembre de 2008

Las Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de UNASUR, reunidos en el Palacio de la Moneda, en Santiago de Chile el 15 de septiembre del 2008, con el propósito de considerar la situación en la República de Bolivia y recordando los trágicos episodios que hace 35 años en este mismo lugar conmocionaron a toda la humanidad;

Considerando que el Tratado Constitutivo de UNASUR, firmado en Brasilia el 23 de mayo del 2008, consagra los principios del irrestricto respeto a la soberanía, a la no injerencia en asuntos internos, a la integridad e inviolabilidad territorial, a la democracia y sus instituciones y al irrestricto respeto a los derechos humanos.

Ante los graves hechos que se registran en la hermana República de Bolivia y en pos del fortalecimiento del diálogo político y la cooperación para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, los países integrantes de UNASUR:

1. Expresan su más pleno y decidido respaldo al Gobierno Constitucional del Presidente Evo Morales, cuyo mandato fue ratificado por una amplia mayoría en el reciente Referéndum.

2. Advierten que sus respectivos Gobiernos rechazan enérgicamente y no reconocerán cualquier situación que implique un intento de golpe civil, la ruptura del orden institucional o que comprometa la integridad territorial de la República de Bolivia.

3. Consecuente con lo anterior, y en consideración a la grave situación que afecta a la hermana República de Bolivia, condenan el ataque a instalaciones gubernamentales y a la fuerza pública por parte de grupos que buscan la desestabilización de la democracia boliviana, exigiendo la pronta devolución de esas instalaciones como condición para el inicio de un proceso de diálogo.

4. A la vez, hacen un llamado a todos los actores políticos y sociales involucrados a que tomen las medidas necesarias para que cesen inmediatamente las acciones de violencia, intimidación y de desacato a la institucionalidad democrática y al orden jurídico establecido.

5. En ese contexto, expresan su más firme condena a la masacre que se vivió en el Departamento de Pando y respaldan el llamado realizado por el Gobierno boliviano para que una Comisión de UNASUR pueda constituirse en ese hermano país para realizar una investigación imparcial que permita esclarecer, a la brevedad, este lamentable suceso y formular recomendaciones, de tal manera de garantizar que el mismo no quede en la impunidad.

6. Instan a todos los miembros de la sociedad boliviana a preservar la unidad nacional y la integridad territorial de ese país, fundamentos básicos de todo Estado, y a rechazar cualquier intento de socavar estos principios.

7. Hacen un llamado al diálogo para establecer las condiciones que permitan superar la actual situación y concertar la búsqueda de una solución sustentable en el marco del pleno respeto al Estado de derecho y al orden legal vigente.

8. En ese sentido, los presidentes de UNASUR acuerdan crear una Comisión abierta a todos sus miembros, coordinada por la presidencia pro témpore, para acompañar los trabajos de esa mesa de diálogo conducida por el legítimo Gobierno de Bolivia, y

9. Crean una Comisión de apoyo y asistencia al Gobierno de Bolivia, en función de sus requerimientos, incluyendo recursos humanos especializados.​

Resultados de la Investigación de la Comisión de UNASAUR

Los resultados de la Comisión Especial de UNASUR dirigida por el jurista argentino Rodolfo Mattarollo, tienen el siguiente tenor:​

La masacre en Pando del 11 de septiembre fue organizada bajo una cadena de mando prefectural y el atentado contra la vida y la integridad de personas en esos hechos son delitos comunes que corresponden a ser procesados en la justicia ordinaria, concluyó el informe final de la Comisión Especial de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

“A la luz de los hechos, la Comisión concluye que no se está ante delitos de función y esto, conforme a la misma jurisprudencia del Tribunal Constitucional de Bolivia. En efecto, la función pública no consiste en atentar contra la vida y la integridad personal de los ciudadanos, los delitos de esa naturaleza, no pueden ser nunca delitos de función. Se trata de delitos comunes que deben ser juzgados por la justicia ordinaria”, señala la octava conclusión del informe.

Estas son algunas de las 10 conclusiones que contempla el informe de la Comisión Especial que estuvo liderada por el jurista argentino, Rodolfo Mattarollo, quien fue el encargado de hacer al entrega el miércoles de este documento al presidente Evo Morales en instalaciones del hall de Palacio Quemado.

En el acto participaron los miembros de esta Comisión investigadora de los países miembros de la Unasur, autoridades nacionales, familiares de víctimas de la masacre de Porvenir, medios de prensa, entre otros.

Además, el informe determinó sobre los sucesos sangrientos el pasado 11 de septiembre en el departamento boliviano de Pando, concluyó que la masacre de campesinos fue premeditada y constituye un crimen de lesa humanidad.

Mattarollo aclaró que el informe fue firmado por todos los delegados unánimemente que trabajaron en esta investigación.

La Comisión Especial fue creada por la Declaración de la Moneda, de 15 de septiembre pasado, para investigar los trágicos hechos acaecidos en Pando, donde al menos 20 personas resultaron muertas, decenas heridas y desaparecidas, a manos de sicarios presumiblemente vinculados al ex prefecto Leopoldo Fernández, preso en la cárcel de San Pedro de La Paz.

Luego de varias semanas de trabajo, que incluyó visitas al lugar de los hechos, testimonios y la opinión de peritos, la Comisión elaboró un informe que contiene conclusiones y recomendaciones que fueron puestas en conocimiento del presidente boliviano Evo Morales. Cuyo informe tiempo después se le encontraron fallas y falencias.

La Comisión Especial está encabezada por el jurista [Rodolfo Mattarollo] y lo secundan Juan Gabriel Valdés y Luciano Fouillioux (Chile), Fermino Fechio (Brasil), Francisco Borja (Ecuador), Guido Toro (Perú), Carlos Pita (Uruguay), Freddy Gutiérrez (Venezuela), Fulvia Benavides (Colombia) y Nicolás Gutman, Eduardo Zuain y Ciro Annichiarico (Argentina).

Cadena de mando

La Comisión de la Unasur en sus investigaciones determinó que aun cuando hubo personas que actuaron particularmente, los agresores de los campesinos lo hicieron de forma organizada y respondían, según testimonios, “a una cadena de mando y contaban con funcionarios y bienes del gobierno departamental, al servicio de una empresa criminal”.

Según el informe, de esa masacre fueron víctimas fatales un número no definitivamente establecido de campesinos. El número enteramente comprobado hasta el momento es de 20 campesinos asesinados.

“Dicha masacre reviste por sus características los rasgos de una violación extremadamente grave y flagrante de derecho a la vida y a la integridad de la vida, cuyo goce y ejercicio es condición de todos los derechos humanos”, señala el documento.

Actuación de la policía y políticos

Las conclusiones también identifican a la Policía y los políticos en su rol pasivo que permitió estos hechos violentos con saldos lamentables.

El documento señala que los funcionarios políticos de los que depende la obligación de garantía de los derechos humanos y los cuadros superiores de la Policía incumplieron de manera patente su obligación de preservar la vida y la integridad física de las personas que fueron objeto de ataque, con lo que no observaron su obligación de garantía de derechos humanos fundamentales.

Téngase en cuenta que la responsabilidad criminal alcanza aquellos que tenían el dominio de los hechos, porque en cualquier momento los podrían haber hecho cesar y por su omisión de actuar, se hacen responsables del resultado trágico de estas muertes producidas con premeditación y alevosía”, señala.

Se muestra en un video el accionar militante y político del senador opositor José Villavicencio, quien advierte sobre sangre y violencia.

También se observó en los testimonios el trabajo de una policía (presumiblemente Mirtha Sosa), quien, aparentemente trabajó en complicidad con los agresores de campesinos.

Campesinos torturados

La Comisión mostró la tortura de los campesinos una vez detenidos cuando pretendieron obligarlos a incriminar a algún responsable y hasta cuando los trasladaban a los heridos a un centro hospitalario.

"Igualmente hay testimonios y evidencias suficientes para calificar como tortura en unos casos y como tratos crueles inhumanos y degradantes en otros, el trato recibido por numerosos campesinos que fueron detenidos por (funcionarios) estatales y para estatales”, señala otra conclusión.

La Comisión califica como tortura el trato recibido por muchos campesinos heridos, que fueron sometidos a brutales agresiones físicas y psíquicas, cuando eran conducidos a los hospitales.

Se evidenció que se desencadenó una clara persecución de un grupo o colectividad con identidad propia, fundada en motivos raciales, nacionales, étnicos, culturales y sociales.

También el informe recomienda investigar la muerte de los funcionarios prefecturales Pedro Oshiro y Alfredo Céspedes (caídos entre la mañana del día 11 de septiembre y el 12 de septiembre).

“Ambos presentaban heridas de armas de fuego por lo que se encarece a las autoridades judiciales de Bolivia su investigación exhaustiva y la sanción correspondiente”, señala el informe.

Impunidad

Mattarollo, que dio lectura las conclusiones, afirmó que es necesario superar la impunidad que ha sido una constante en muchos de los países de la región, no sólo bajo las dictaduras militares, sino también después de restituido el orden constitucional.

“Se trata de erradicar un fenómeno complejo que deslegitimiza al Estado y aleja a la sociedad del apego al derechos y la justicia, ya que sustituye el respeto a ley, por la búsqueda de los intereses individuales o sectoriales a cualquier precio”, afirmó.

El informe considera que la impunidad es especialmente reprobable cuando, como en el caso de Pando, se está ante delitos extremadamente graves conforme al derecho interno y al derechos internacional.

Referencias

Artículo elaborado por la gaceta Libertad y Prensa de la Universidad Loyola de Bolivia.